Publicado en junio 20, 2013de comitedeunidadcampesina
El Parlamento Xinca y el Comité de Unidad Campesina (CUC), presentaron un Amparo en contra de la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, Carol Patricia Flores, por haber realizado una audiencia anticipada, de forma anómala, en donde, después de haber escuchado la supuesta declaración de cinco agentes de la Policía Nacional Civil, se dictaron órdenes de captura en contra de 18 líderes comunitarios de Mataquescuintla, Santa María Xalapán, Jalapa y San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa.
De acuerdo con Sergio Beltetón, asesor jurídico del CUC, todo lo actuado por la jueza Carol Flores, en este caso, es anómalo porque los jueces de mayor riesgo solo pueden actuar cuando la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia les otorgue esa facultad a petición de la Fiscal General del Ministerio Público y en audiencia ampliada, pero en este caso la juzgadora actuó a requerimiento del fiscal contra el Crimen Organizado, Rony López.
La única prueba que tiene Flores de la audiencia anticipada es un memorial redactado por ella misma. “De esa forma esta violando el Código Procesal Penal que establece que toda audiencia judicial debe ser grabada electrónicamente”, dijo Beltetón. La excusa de la juzgadora es que se perdió el audio y no esta grabado en Disco Compacto, ni en el disco duro de la computadora.
De acuerdo con el defensor de los comunitarios lo mencionado anteriormente “acredita fehacientemente la ilegalidad en la que cayó la jueza Carol Flores”.
Se conoció que será la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que conocerá el amparo presentado este 19 de junio en el Centro de Gestión Penal de la Torre de Tribunales.
Criminalización y persecución política
De acuerdo con Beltetón, tanto las órdenes de captura como la aprehensión de líderes comunitarios de la región Xinca durante el Estado de Sitio decretado por el presidente Otto Pérez Molina el 1 de mayo de 2013 en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa fue una confabulación del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el fiscal contra el Crimen Organizado Rony López y de la jueza Carol Flores.
Beltetón añadió, que existe una persecución penal y política de parte de este Gobierno en contra de Roberto González Ucelo presidente del Parlamento Xinca y Mayordomo Principal de Santa María Xalapán, y de Rudy Pivaral del Comité en Defensa de la Vida y la Paz, y 21 líderes comunitarios más, a quienes se les acusa falsamente de haber participado en hechos ilícitos y de pertenecer a una organización criminal identificada como antimineros.
En los allanamientos realizados por las fuerzas represivas del estado, durante el estado de sitio y de prevención no se encontraron armas de grueso calibre ni droga que según Otto Pérez Molina y Mauricio López Bonilla poseían los habitantes Xincas que luchan en contra de la minería y defienden la vida.
Rafael Maldonado, coordinador general de CALAS, dijo que a partir del viernes 14 de junio será el juzgado de primera instancia penal de jalapa que llevará el caso de los cuatro líderes y una lideresa aprehendidos durante el estado de sitio en Jalapa y Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Flores de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa.
Por su parte, miembros del Parlamento Xinca exigen al gobierno que deje de criminalizar, reprimir y perseguir penalmente a lideres y lideresas de comunidades que rechazan la minería, hidroeléctricas y otros proyectos extractivos en Jalapa y Santa Rosa.
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