Los últimos hechos acontecidos en diversas regiones del país, ameritan un alto en los planes y el camino que se han propuesto recorrer el Presidente de la República y el Ministro de Gobernación, pues ambos responden a los intereses transnacionales y a las directrices del poder económico nacional y, por lo tanto, hay corresponsabilidad en relación a la violencia que se ejerce contra el movimiento social, que sigue provocando enfrentamientos, muertos y heridos en Guatemala, que se convierten en una bomba de tiempo que les puede estallar en plena cara.
Una ligera mirada, nos demuestra que los conflictos sociales están presentes en los cuatro puntos cardinales y que muchos de ellos, como el de Palín, estallan en forma espontánea, por cualquier razón o actitud de las propias autoridades, e involucran a niños, mujeres y adultos que, comúnmente son pacíficos, y se violentan por incumplimiento de promesas, ausencia de justicia o presencia y accionar de policías privadas que resguardan intereses foráneos o nacionales que extienden su dominio a tierras históricamente comunales.
Los problemas por las concesiones de exploración y explotación minera se extienden de San Marcos a Huehuetenango, pasando por Quiché, Jalapa, Nueva Santa Rosa y ahora en Izabal, y a lo largo de la región del Polochic en donde varias personas resultaron heridas y tres perdieron la vida, además de los asesinatos que ya se han producido a lo largo de los conflictos por la tenencia de la tierra.
Los intereses mineros, de los agroexportadores y grandes terratenientes, se pueden defender hasta cierto punto y ponerse al servicio de ellos, pero no se puede ni se debe, a costa de vidas humanas, salvo que estas les importen un comino. La situación merece un alto en el camino y es el momento de pensar seriamente en una moratoria que permita escuchar las razones que las comunidades tienen para oponerse a la minería a cielo abierto, pues no se trata solo del mísero uno por ciento de regalías, sino de la vida de futuras generaciones que carecerán del líquido vital, porque hoy se perfora sin ton ni son, se contaminan los ríos y se deforesta sin compasión alguna.
Continuar criminalizando los conflictos sociales, reprimiendo, encarcelando o asesinando líderes comunitarios o sindicales, sin atender las causas que los provocan, es miopía de la cual padecen los gobiernos dictatoriales contra los que más de una vez este pueblo se ha levantado. La búsqueda del diálogo y la solución efectiva de los problemas que generan conflictividad, es el camino más indicado.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130604/opinion/229223/
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