En Guatemala se ha perdido la independencia judicial.
Por: Miguel Ángel Albizures
En todos lados se cuecen habas. Las recientes noticias nos presentan acontecimientos en diversos países de América Latina que paran el pelo y no es para menos, pues andan dando pasos legales para controlar los diversos poderes del Estado y encaminarse hacia una dictadura unipersonal con todas las consecuencias que eso tiene para el libre ejercicio de los derechos de los pueblos. Unos con pequeños cambios y una amplia y falsa sonrisa lo han logrado, otros con la represión más feroz contra las protestas populares que han dejado cientos de heridos, asesinados o encarcelados. Eso sigue siendo el resultado de la lucha de los pueblos por la democracia.
Después de lo sucedido en El Salvador, Bukele citó a los embajadores para regañarlos y, sin ni más ni más, les dijo: “Están malinformando a sus países”; pero además anunció que las destituciones de funcionarios de gobiernos anteriores continuarán diciendo que “el pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos”. Por lo tanto, parece que seguirá haciendo lo que le venga en gana. El pueblo no lo mandó a negociar, pero tampoco a destruir la frágil democracia.
En Guatemala estamos en las mismas, los tres poderes del Estado cooptados por las fuerzas más obscuras del país; unos desde el Ejecutivo, haciendo su agosto en pleno mayo; otros desde el Legislativo, obedientes al Ejecutivo y a las elites nefastas que siguen gobernando atrás del trono; y, por otro lado, el sistema de administración de justicia, léase Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad y Salas de Apelaciones que han quedado, en su mayoría, en manos de gente que solo ve el derecho de su nariz y de los miembros del Pacto y pasan como si nada pisoteando el Estado de derecho e incluso sobre aspectos importantes que contiene la Constitución.
No es raro que el Tribunal Supremo Electoral ahora reserve información que es y debe ser pública, y se mantenga en sus 13, a pesar de las recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos. Según ‘elPeriódico’, con el Decreto 72-2021, clasificaron 104 documentos como “información pública con condición confidencial y reservada”. Así las cosas, el retroceso en el derecho de acceso a la información, a la libre expresión y libertad de prensa están en grave peligro.
Lo de El Salvador ha sido catalogado como un golpe de Estado, pues de un manotazo se destituyó a magistrados y se cambió al Fiscal General, algo parecido al Serranazo en 1993, que los dignos magistrados de la CC en esa época y el pueblo en las calles evitaron.
En Guatemala se ha perdido la independencia judicial, pero la ciudadanía no ha tenido la capacidad de salir a la calle, como lo hizo en 2015; es tiempo ya de dejar la modorra, porque se avecinan tiempos peores en los que no solo será anulado el acceso a la información, sino el de informar, analizar, opinar y publicar los actos de gobierno, de magistrados o diputados.
Es tiempo que los funcionarios públicos entiendan que no están por encima de la Ley y que sus actos tienen consecuencias nefastas para la frágil democracia que vivimos y que, tarde o temprano, tendrán que responder por lo que hagan. Por ello es importante que no solo veamos lo que pasa en otros países, sino lo que está sucediendo en Guatemala para hacerle frente.
https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/05/06/la-democracia-en-peligro-o-la-paja-en-el-ojo-ajeno/
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