Estos hechos, tipificados como uno de los crímenes más abominables, fueron ejecutados por agentes del Estado de Guatemala durante el gobierno del militar de facto Oscar Humberto, Mejía Víctores en el periodo 1983 a 1985.
Los familiares de víctimas de la política de Estado durante el conflicto armado interno, del caso Diario Militar Ante la opinión pública, hacemos saber:
Durante más de 37 años los familiares hemos luchado, en primer lugar, por esclarecer y conocer la verdad de los hechos. Sobre los autores materiales e intelectuales. Desde el momento de las detenciones ilegales de nuestros familiares denunciamos ante el sistema de justicia nacional, después, ante la denegación de justicia, en el año 2005 acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en diciembre del año 2012 la Corte IDH, dictó sentencia, en la que dentro de las medidas de garantía de no repetición mandata al Estado de Guatemala a investigar para conocer que pasó y que los criminales paguen por los hechos y sean reparados.
El Estado de Guatemala, tiene que adoptar las medidas que se requieran para desmantelar las estructuras ligadas al crimen, la corrupción y la impunidad que han operado durante décadas y modificar procedimientos que garantice la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos, ante todo en un contexto, en el que nuevamente se criminaliza la defensa de los derechos humanos, la organización y la oposición.
Con alta expectativa y confianza en que la justicia prevalecerá e impedirá que la impunidad continúe en este caso, saludamos al sistema de justicia, en especial, a la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, por lo accionado contra altos mandos del ejército de Guatemala.
Sobre todo, porque la justicia transicional, sobre delitos de lesa humanidad, es una cuenta pendiente en Guatemala. Reafirmamos nuestro compromiso con la demanda de justicia, para que grupos de poder enquistados en el sistema guatemalteco, ligados además a delitos de corrupción e impunidad, sean juzgados y condenados en juicio, en el marco del debido proceso, derechos que hombres, mujeres y niños incluidos en dicho Dossier, no tuvieron.
Demandamos al Estado, garantizar la integridad de los familiares de las víctimas y sobrevivientes que son atacados continuamente por miembros del pacto de corruptos e impunidad, por medio de listas y ataques en redes sociales por su trabajo en favor de los derechos humanos.
A la comunidad internacional pedimos observe para garantizar el debido proceso judicial y acompañe a las familias y sobrevivientes en nuestra demanda de justicia y del paradero de nuestros familiares, así como estar atenta a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a los años de la década de 1980.
Esclarecer los hechos y condenar a los responsables permitirá alcanzar la justicia anhelada durante décadas y aproximará al Estado de Guatemala a dar ese paso hacia el avance y garantía de los derechos humanos y ante todo, a la no repetición. Pensar distinto y disentir no es delito, por eso continuaremos reivindicando la militancia de nuestros familiares. Nuestra lucha y compromiso por la búsqueda de memoria, verdad, justicia y la aparición de nuestros familiares es hoy más firme que nunca,
PORQUE A ESTOS DESAPARECIDOS YA NADIE LOS CALLA, HASTA ENCONTRAR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Guatemala, 28 de mayo de 2021
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