COMUNICADO DE LAS MUJERES DE LAS DOCE COMUNIDADES KAQCHIKELES DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, HACEMOS SABER:

 1. Que el día de hoy viernes, como pudimos, cada una juntó su pasaje pagó su bus y decidimos venir a la ciudad capital, para denunciar más de 1300 casos de violencia contra la mujer que hemos sido víctimas por parte de las fuerzas de seguridad, bajo el Estado de Prevención, que se ha ampliado dos veces por el Presidente de la República,

2. Como mujeres, lamentamos los hechos acaecidos el pasado 19 y 20 de septiembre de este año, lo cual nos ha causado mucho dolor y tristeza que enluta nuevamente a nuestras comunidades, por lo que demandamos una investigación objetiva para que procese a los verdaderos responsables y se reparen los daños causados.

3. Las mujeres, hemos acompañado desde hace varios años esta lucha por la defensa de la tierra y el territorio, han sido múltiples las veces que hemos realizado largas caminatas hacia la municipalidad local, hacia las instituciones del Estado situadas en la ciudad capital; varias manifestaciones; escritos; recursos de amparo, en búsqueda de ser consultados y el cese de las actividades mineras, tal como lo dijo el Relator James Anaya en su informe del mes de junio de 2012 relacionado al caso de San Juan.

4. Este Estado racista, machista y misógeno, se niega a oírnos, pues nos ve como ciudadanas, de tercera categoría, que al no ser sujetas de derecho, no merecemos una respuesta conforme a la ley; por lo que durante la caminata del pasado 16 y 17 de junio, planteamos un nuevo amparo ante la Corte Suprema de Justicia (1109-2014-of. 5º),para obligarle a que resuelva la petición de consulta previa por la carretera privada de Cementos Progreso presentada al Ministerio de Comunicaciones el 20 de enero de 2011, quien ha otorgado el amparo provisional y ha fijado el plazo de 5 días para que nos resuelva. Estamos a la espera, entonces, cuál va a ser la postura de este Estado.

5. Mientras hemos llegado a esta fase, hemos sufrido la prisión de nuestros esposos, hijos y hermanos; la militarización de nuestro territorio, y hoy los estados de prevención, como mecanismo para atender esta conflictividad generada e impulsada por el Estado y Cementos Progreso quien con todo su poder económico y político se ha impuesto con violencia y represión, pues han sido mas de 60 denuncias penales que hemos presentado por las agresiones sufridas, y ni una sola ha sido capaz el Ministerio Público de investigar, configurándose un patrón de racismo de estado que debe ser objeto de investigación por la PDH y OACNUDH.

6. En este día importante para nosotras, que pudimos romper el cerco militar, después de que de casa en casa decidimos convocarnos para reunirnos en la ciudad capital, por la prohibición de hacerlo en nuestras comunidades, al fin pudimos hablarnos entre todas, dialogar y llegamos a acuerdos de continuar con la lucha por la defensa de la tierra y el territorio; y hoy en una sola voz nos dirigimos a la PDH y luego a la casa presidencial, para a pedir que finalice el Estado de Prevención que lleva más de un mes, pues esta suspensión de garantías ha traído mas daño que beneficio, pues se han dado estos hechos.

7. La utilización de las fuerzas armadas, evidencia el interés del gobierno y la Cementera, por desarticular las estructuras comunitarias para finalizar este movimiento, al suprimir nuestras autoridades, eliminar las asambleas comunales, usurpar la propiedad comunal para instalar los campamentos, la recopilación de datos personales de la dirigencia y autoridades comunitaria mediante la visita a las escuelas.

8. Este fin de semana, presentamos más de 1300 denuncias a la PDH, por violencia ejercida en contra de la mujer, también pedimos medidas de protección a nuestro favor para que podamos gozar de una vida libre de violencia; con pruebas en mano evidenciamos que la militarización ha intimidación, acoso, miedo, angustia, temor, nuestros hijos e hijas tienen miedo de asistir a la escuela, algunos han abandonado el ciclo escolar.

9. Más de 67 mujeres hemos sido acosadas sexualmente por elementos de la Policía Nacional Civil y el ejército, varias hemos dejado de realizar sus actividades productivas como el cuidado del cultivo de las rosas y hortalizas repercutiendo gravemente en la economía familiar.

10. La limitación al ejercicio de las actividades espirituales, tales como la no celebración del Dia de San Francisco de Asís; la fiestas de la Virgen del Rosario, la Virgen del Pilar y la visitación de la Virgen Peregrina.

11. Hay pérdidas económicas en las familias, pues por la persecución selectiva y constante de líderes, la población está atendiendo parcialmente sus actividades productivas, importante mencionar que como comunidades floricultoras de exportación, las flores, requieren de cuidado permanente, al no poder hacerlo se evidencia una pérdida considerable de las cosechas.

12. Se ha evidenciado la total ausencia de protocolos de las fuerzas de seguridad para ser aplicados en estados de prevención, pues es importante resaltar que los militares no están educados ni capacitados para el trato en sociedades multiculturales, ya que la mentalidad castrense está para atacar al enemigo, por lo que al estar en estos procesos reproducen y reviven las distintas formas de represión utilizadas durante el Conflicto Armado, como es la intimidación, el acoso sexual para humillar más a sus víctimas.

13. La violación a la propiedad privada, pues varios terrenos fueron ocupados por las fuerzas de seguridad para colocar sus campamentos, tal el caso de la señora Petrona Saban de Subuyuj, a quien se le despojó de un área de 30 metros por 15; también la apropiación de un terreno de la señora Victoria Pajoc Patzan de Guamuch por parte de la Cementera para imponer su carretera privada.

PEDIMOS:

1. La solidaridad de todas las mujeres, de los hombres, de los sectores democráticos para que se unan en esta demanda al Estado para que cese el Estado de Prevención y podamos recuperar nuestra libertad, para luchar por la paz comunitaria y la justicia por los hechos acaecidos en el pasado mes de septiembre; así como las demandas colectivas iniciadas desde hace mas de 8 años.

2. A la Procuraduría de Derechos Humanos, que con las denuncias presentadas, se ha evidenciado la innecesaria presencia de las fuerzas de seguridad, además el Estado no nos garantiza nuestro derecho a una vida libre de violencia, porque nos sentimos agredidas, acosadas, reprimidas violentadas en nuestra libertad, y amenazadas en nuestra integridad física, psicológica en lo individual como para nuestras familias; solicitamos que se requiera al Presidente de la República, la finalización del ESTADO DE PREVENCIÓN en nuestro territorio.

3. Al Presidente de la República

a) Que en vista de que han variado las circunstancias que dieron origen al Estado de Prevención, además se ha excedido del plazo establecido en la Constitución Política; por la violencia en contra de la mujer que de manera sistemática han ejercito las fuerzas de seguridad, así mismo que el decreto no cumple con los estándares internacionales en derechos humanos, se derogue de forma inmediata

b) Que en virtud de acercarse el Dia de los Santos, momento en que la economía comunitaria se vuelve más activa por la cosecha y comercialización de nuestras flores, la libertad de movilización y de relacionamiento con comerciantes del interior de la República, así como de Honduras, El Salvador y Chapas, se hacen necesarias, para lo cual necesitamos trabajar con libertad, especialmente la última semana del mes de octubre, por lo que urge que de forma inmediata se levante el Estado de Prevención.

Guatemala, 24 de octubre de 2014