COLUMNA DE OPINIÓN
Alejandro Flores
Área de Estudios sobre Imaginarios Sociales
AVANCSO
Una constante del pensamiento colonizador ha sido crear justificaciones para el despojo y la violencia. Esas justificaciones se basan en un esquema de oposiciones binarias: los amigos contra los enemigos, los justos contra los injustos, los civilizados contra los salvajes. Con la reciente difamación del trabajo del Mecanismo de los Pueblos Indígenas es evidente que los “proyectos de desarrollo” impulsados por la industria extractiva mantienen ese patrón basado en el uso de instrumentos de manipulación de masas y fuerzas de violencia. No está de más repetir entonces el refrán que dice que todo acto de desarrollo inicia con el horror que produce el sonido de un arma automática.
Dicho pensamiento colonizador ha desplegado esas mismas estrategias de poder desde hace siglos, basándose en la idea hegemónica que ha puesto en duda la naturaleza de los indígenas para contribuir al “avance” de la civilización. Una de las herramientas principales para esta empresa ha consistido en culpabilizar a las víctimas de los despojos, las matanzas y la dominación que han sufrido.
En los primeros debates colonizadores del siglo XVI se plantearon una serie de ideas sobre ellos: si tenían alma o eran bestias; que su estado de “salvajismo” los alejaba de la ley divina y la ley del hombre; que eran siervos por naturaleza, por lo que sólo les correspondía obedecer, nunca mandar; que eran como niños, por lo que se les debía corregir con violencia cuando fuera necesario, etc., etc. Mediante todos esos falsos argumentos se justificó la usurpación, la explotación y el servilismo, durante los siguientes 400 años.
Luego, a finales del siglo XIX, y siempre desde esa misma perspectiva, se planteó que los indígenas eran, esencialmente, “brazos” para el trabajo; para que se completara el cuadro de riqueza que suponía el cultivo del café para la nación. Bajo esta lógica se argumentó que era justo disponer de ellos y de sus tierras para el avance de la civilización y el progreso de Guatemala. Quienes no se sometieran a esa forma de pensar serían considerados como la rémora del avance nacional y por ello, culpables del castigo que sufrirían.
Tales discursos justificaron, a su vez, un modelo económico materializado en las grandes fincas dedicadas a los monocultivos, como las figuras jurídicas que dieron pie al desplazamiento y el despojo de las poblaciones, mediante las cuales se aseguró la demanda de trabajadores requerida en la boca costa cafetalera. De tal cuenta, se promulgaron una serie de reglamentos y decretos, como el de la vagancia y el batallón de zapadores que fueron el pivote de los trabajos forzados a que fueron sometidos los indígenas hasta los años 40 del siglo XX. En suma, en ese período fueron clave discursos políticos y normas jurídicas para garantizar el peculiar desarrollo del capitalismo finquero que ha favorecido a la oligarquía criolla guatemalteca desde hace más de cien años.
Hoy, con los discursos sobre el desarrollo sucede lo mismo. De nuevo, los poderosos colonialistas, que cuentan con dinero, medios de comunicación masiva, armas y con el Estado a su disposición, culpabilizan a las poblaciones indígenas y campesinas de los abusos que se cometen en su contra.
Dicen que los indígenas y campesinos deben contribuir al avance y el desarrollo del país cediendo sus territorios a las corporaciones nacionales y transnacionales que están introduciendo la minería, nuevos monocultivos e hidroeléctricas. Y cuando se oponen, son catalogados como terroristas; con el evidente riesgo de que la violencia recaiga sobre ellos.
Puede afirmarse que la situación actual no es muy distinta de la del siglo XVI. Periodistas como Silvia Gereda, Pedro Trujillo y Humberto Preti culpabilizan a las poblaciones de los abusos que se cometen (o que se puedan cometer) en su contra. Además de acusarlos de terroristas y desestabilizadores, dicen que estas poblaciones son retrógradas, que se oponen al desarrollo que traerán a la nación las corporaciones nacionales y extranjeras.
No puede uno dejar de preguntarse: ¿qué pasa con el derecho de los pueblos a decidir el modo de vida que quieren tener? ¿Por qué el modelo capitalista basado en el binomio consumo-trabajo debe ser el único, el más justo, desarrollado y civilizado? ¿Están creando nuevas condiciones para desplegar otros dispositivos de violencia “justa”? ¿Justa para quién? ¿Para ellos, sus patrones y sus intereses?
Por la asesoría técnica y jurídica que dan a las organizaciones, el trabajo que realizan instancias como el Mecanismo de los Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz´ikin es de suma importancia. El mecanismo apoya técnica y jurídicamente procesos comunitarios que dan vitalidad a la construcción de una Guatemala democrática, basada en prácticas ciudadanas activas. Apoyar a organizaciones indígenas y campesinas que luchan contra esas lógicas no es apoyar terroristas. Más aún, oponerse a la organización social de indígenas y campesinos calificándola de desestabilizadora y amenazante, no es más que el remanente de un pasado racista, autoritario, violento y abusivo.
La Opinión fue el Editorial del Noticiero Maya Ka`t de la FGER. el 21 de marzo del 2012.
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