CON LA POLÍTICA DE OÍDOS SORDOS
DEL GOBIERNO DE PÉREZ MOLINA
Molina, la policía y el ejército irrumpieron en San Rafael las Flores para intervenir en un conflicto social generado por la penetración de la empresa Minera San Rafael S.A. subsidiaria de Taohoe Resoucer Inc. en ese municipio.
Los habitantes de San Rafael las Flores han demandado la realización de consulta comunitaria para expresar su voluntad sobre la presencia de empresas mineras en su territorio, antes de que empezara a operar la minera, tal y como lo establece la ley; pese a ello, la Minera San Rafael S.A. subsidiaria de Taohoe Resoucer Inc., sin contar con licencia para explotación, ha continuado desarrollando sus actividades; por tal razón, los habitantes de este municipio se declararon en resistencia a partir de las 7:00 pm del 17 de septiembre y se hicieron presentes en la entrada de la mina, para manifestar su desacuerdo con las operaciones de la empresa minera que ha pasado por encima de la voluntad popular y las leyes del país.
La respuesta del gobierno fue enviar a la PNC y el ejército que agredieron a los manifestantes, con el saldo de 3 heridos de bala y alrededor de 29 hombres y mujeres capturados. La noche del 18 de abril, el ejército se mantuvo circulando las calles de la cabecera municipal intimidando a sus pobladores y exigiendo que fueran entregadas liderezas de un listado que el ejército tiene en su poder.
Denunciamos que el resultado de los hechos de este 18 de septiembre y lo que pueda suceder posteriormente es responsabilidad de la empresa minera y el gobierno de Pérez Molina que, a pesar de conocer la conflictividad generada por la penetración de empresas nacionales e internacionales, sin la debida consulta a los vecinos y pasando por encima de las leyes del país, permite la operación de empresas mineras.
Ante las demandas de centenares de comunidades y más de 60 consultas comunitarias exigiendo el retiro de la minería, el Sr. Pérez Molina se hace de oídos sordos y pospone un verdadero abordaje a la conflictividad generada por el irrespeto a las leyes nacionales y convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco.
Como lo hicimos durante la Marcha Indígena, Campesina y Popular en marzo de este año, exigimos Como primer paso, la suspensión de operaciones de los distintos proyectos mineros, hidroeléctricos o de construcción de megaproyectos, que están causando conflictividad e impactos en comunidades campesinas e indígenas.
El retiro de las empresas mineras de todos aquellos municipios que se han pronunciado en contra de la minería y los que se pronuncien en el futuro.
La investigación, deducción de responsabilidades y revisión de todas las medidas anómalas, actos de corrupción, estudios de impacto ambiental amañados y demás medidas poco transparentes y sin consulta a las comunidades afectadas según el Convenio 169 de la OIT, que dieron lugar a la concesión de licencias de exploración y explotación minera.
El retiro del ejército de San Rafael las Flores y de todas las Comunidades con'conflictividad generada por la penetración de empresas nacionales y transnacionales que no respetan la voluntad comunitaria amparada por el Convenio 169 de la OIT.
El reconocimiento de la validez de las onsultas, tal y como lo ha demandado el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU y el respeto de la voluntad comunitaria.
Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo de las y los Trabajadores del Campo
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA
Miembro de CLOC-Vía Campesina y Waqib’ Kej
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