sábado, 24 de agosto de 2013

Libertad de expresión en sentido amplio

La libre emisión del pensamiento es un derecho de toda la población.

Rosalinda Hernández Alarcón

Las condenas por los recientes asesinatos y agresiones a periodistas se conocieron de inmediato a través de importantes espacios en la prensa. Distintas redes, agrupaciones y sujetos políticos individuales demandaron el esclarecimiento de los hechos. Todos ellos demostraron una importante capacidad de reacción, situación que desgraciadamente no ocurre en otros hechos lamentables en Guatemala.

A las condenas hay que agregar de manera explícita manifestaciones de solidaridad para quienes han sido agredidos, o han perdido de manera inesperadamente a sus seres queridos. La muerte violenta de cuatro comunicadores sociales en un corto lapso sin duda provoca, no solo el rechazo sino gran preocupación, porque simboliza un atentado contra la libertad de expresión.  Estos hechos que han causado dolor y desasosiego merecen una reflexión mayor en esta coyuntura, ya que la protección a periodistas y la libertad para difundir información y opiniones se están interpretando de manera muy disímil. 

Hay algunos personajes que como columnistas, amparados en la libre emisión del pensamiento, ocupan espacios no para difundir sus ideas –cuestión que nadie les puede negar, porque es un derecho– sino para insultar a actrices o actores políticos con los que discrepan y para lanzar calumnias a quienes quieren desaparecer de la escena política. En contraste, hay periodistas y creadores de opinión que defienden la aplicación de códigos de ética, como mecanismo para evitar la difusión de injurias en los medios de comunicación masiva. 

Por otro lado, hay quienes únicamente responsabilizan al Gobierno de la seguridad de los periodistas, incluso hablan de formar cuerpos policíacos especiales, otros entienden que la protección a las y los colegas implica una seguridad integral. Así lo confirma la reciente Declaración de Mixco –suscrita por casi un centenar de periodistas de todo el país– en la que solicitan a los propietarios de medios cumplir la legislación en materia de derechos laborales, específicamente sobre el pago de salarios dignos, la dotación de equipo de trabajo, la contratación de seguros de vida y cobertura de seguridad social, “urgimos a las empresas de medios a desarrollar protocolos de seguridad y ponerlos en práctica”.

Con base en lo anterior, es necesario precisar que las entidades que violan los derechos a la comunicación, es decir, la libertad de expresión y el libre acceso a la información, no son solo quienes han asesinado o mandado agredir a periodistas, sino las empresas que niegan la posibilidad de formar corrientes de opinión a determinadas actrices y actores políticos, o borran de manera intencional el abordaje profundo de algunas problemáticas sociales. Así también los irrespetan aquellas instituciones del Estado que ocultan o alteran información pública.  

La ética periodística plantea reconocer el protagonismo de las mujeres, la juventud y los pueblos indígenas, sin embargo siguen estando subrepresentados en la mayoría de medios. Además, reconoce la importancia del balance de las fuentes, pero existen varias temáticas tratadas de manera avasalladora solo por voces empresariales. Este panorama requiere un cambio, entonces corresponde a toda la ciudadanía demandar la libre emisión de ideas.

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