Claudia Paz y Paz es una mujer excepcional en muchos sentidos, sobre todo si la comparamos con otras personas que ocupan cargos públicos. Para empezar, su currículum profesional es amplio, da cuenta de una trayectoria de años en la academia, como investigadora y como abogada. Todo ello la ha hecho acreedora de reconocimientos internacionales por su trabajo al frente del Ministerio Público, en la lucha contra la impunidad y a favor de la justicia en Guatemala. La revista Forbes la colocó entre las mujeres más poderosas del mundo y la Newsweek la describió como una mujer valiente. Además, fue nominada al Nóbel de la Paz y obtuvo un premio del Center for Justice and Accountability el año pasado.
Aparte de lo anterior, es la responsable de la captura de capos del narcotráfico como Juan Ortiz Chamalé, Waldemar Lorenzana y Guayo Cano, así como de integrantes de bandas de sicarios, falsificadores de pasaportes, lavadores de dinero, autores de violaciones sexuales y femicidio, agentes corruptos del Estado, militares implicados en actos de genocidio y todo tipo de delincuentes y criminales, entre ellos los implicados directos del caso Siekavizza. Bajo su gestión el número de sentencias aumentó notoriamente, con lo cual se fue recuperando la fe ciudadana en las instituciones del Estado.
Al interior del MP se han implementado mecanismos e instancias que favorecen su buen funcionamiento. La fiscalía de la Mujer, por ejemplo, es un intento por mejorar el seguimiento a casos que merecen particular atención. Las fiscalías de delitos contra la vida, el patrimonio, la de Derechos Humanos han recibido especial apoyo para desarrollar su labor y los resultados saltan a la vista. Los informes rendidos evidencian sus buenas prácticas y logros, aún considerando que la corrupción está fuertemente enraizada en su interior.
La decisión de una corte muy cuestionable de reducir su mandato, aceptando el recurso de un individuo y acogiéndose a acuerdos transitorios, es demasiado burda, tiene dedicatoria política. Coincide con las campañas de desprestigio y ataques que grupos violentos han utilizado en su contra. Evidencia la confabulación que se ha montado para destituir a una de las pocas funcionarias que ha demostrado con capacidad y transparencia que la justicia puede hacerse efectiva. Es una batalla por la impunidad.
La historia parece retroceder cuando analizamos los argumentos de los enemigos de la Fiscal General: su peor insulto es llamarla comunista y guerrillera, invocando a los obtusos fantasmas de la Guerra Fría. Lo que revelan es su intención de apropiarse del Estado para operar a su antojo. Si observamos el mapa de quienes la adversan, encontramos a personajes que temen ser conducidos ante la ley por sus delitos y crímenes.
El camino de la justicia en Guatemala está plagado de obstáculos. Por fortuna siempre hay gente dispuesta a construir una sociedad donde el bien común sea prioritario.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20140208/opinion/242298/
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