 La muerte anunciada de los Guaraní Kaiowá (Brasil)Frei Betto |
La
muerte precoz, inducida -la que nosotros, caraspálidas, llamamos
suicidio- es un recurso frecuente adoptado por los guaraní-kaiowá para
resistir frente a las amenazas que sufren. Prefieren morir a degradarse.
En los últimos veinte años casi mil indígenas, la mayoría jóvenes,
pusieron fin a sus vidas en protesta por las presiones de empresas y
terratenientes que codician sus tierras.
La
carta de los guaraní-kaiowá fue divulgada después que la Justicia
Federal determinara la retirada de 30 familias indígenas de la aldea
Passo Piraju, en Mato Grosso do Sul. Dicha área es disputada por
indígenas y terratenientes. En el 2002, por un acuerdo con la mediación
del Ministerio Público Federal, en Dourados, se destinaron a los
indígenas 40 hectáreas ocupadas por una hacienda. El supuesto
propietario recurrió a la Justicia.
Según
el CIMI (Consejo Indígena Misionero), vinculado a los obispos
brasileños, hay que saber interpretar el lenguaje de los indios: “Ellos
hablan de muerte colectiva (que es diferente del suicidio colectivo) en
el contexto de la lucha por la tierra, o sea si la Justicia y los
pistoleros contratados por los terratenientes insisten en sacarlos de
sus tierras tradicionales, están dispuestos a morir todos en ellas, sin
abandonarlas nunca”, dice la nota.
Datos
del CIMI indican que, entre el 2003 y el 2011, fueron asesinados en el
Brasil 503 indios. Más de la mitad -279- pertenecían a la etnia
guaraní-kaiowá. Como protesta, el 19 de octubre, en Brasilia, fueron
plantadas cinco mil cruces en el engramado de la Explanada de los
Ministerios, simbolizando a los indios muertos y amenazados.
Están
comprobados los asesinatos de miembros de esa etnia por pistoleros al
servicio de los terratenientes de la región. Junto al río Hovy
recientemente fueron asesinados dos indios mediante golpes y torturas.
La
Constitución acepta el principio de la diversidad y la alteridad, y
consagra el derecho congénito de los indios sobre las tierras habitadas
tradicionalmente por ellos. Esas tierras debieron haber sido demarcadas
hasta 1993, pero desgraciadamente la Justicia brasileña es
extremadamente morosa cuando se trata de los derechos de los pobres y
excluidos.
Un
cuarto de siglo después de la aprobación de la carta constitucional, en
1988, las tierras de los guaraní-kaiowá todavía no fueron demarcadas,
lo que favorece la invasión de ladrones y acaparadores de tierras y
agentes del agronegocio.
Durante
el gobierno de Lula participé en toda la polémica en torno a la
demarcación de Raposa Serra do Sol. Gracias a la decisión presidencial y
a una sentencia del Tribunal Supremo Federal, los terratenientes
invasores fueron retirados de aquella reserva indígena.
En
el caso de los guaraní-kaiowá no se ve, hasta ahora, la misma firmeza
del poder público. Incluso la Abogacía General de la Unión, responsable
de la salvaguarda de los pueblos indígenas -dado que ellos son tutelados
por la Unión- llegó a editar un estatuto que en la práctica reduce el
ejercicio de varios derechos.
El
argumento de los enemigos de nuestros pueblos originarios es que sus
tierras podrían ser económicamente productivas. Argumento tras el cual
perdura la idea de que los indios son personas inútiles, descartables, y
que el interés del lucro del agronegocio debe estar por encima de la
sobrevivencia y de la cultura de dichos pueblos ancestrales.
Los
indios no son extranjeros en las tierras del Brasil. Cuando llegaron
aquí los colonizadores portugueses -equivocadamente calificados en los
libros de historia como “descubridores”- se encontraron con más de cinco
millones de indígenas, que dominaban centenares de idiomas distintos.
La mayoría fue víctima de un genocidio implacable, quedando hoy apenas
817 mil indígenas, de los que 480 mil viven en aldeas, divididos entre
227 pueblos que dominan 180 idiomas diferentes y que ocupan el 13% del
territorio brasileño.
Para
nada sirve que el gobierno brasileño firme documentos en favor de los
derechos humanos y del desarrollo sustentable si eso no se traduce en
gestos concretos para la preservación de los derechos de los pueblos
indígenas y de nuestro medio ambiente.
Hizo
bien la presidenta Dilma al introducir retoques en el proyecto del
nuevo Código Forestal aprobado por el Congreso. Entre agradar a los
políticos y los intereses de la nación y la preservación ambiental, la
presidenta no dudó en descartar privilegios y abrazar los derechos
colectivos.
Ahora
queda por demostrar la misma firmeza en la defensa de los derechos de
esos pueblos que constituyen nuestra raíz y que marcan predominantemente
el DNA del brasileño, según comprobó el Proyecto Genoma Humano. (Traducción de J.L.Burguet)
http://www.alainet.org/active/59303
- Frei Betto es escritor, autor de la novela indigenista “Uala, el amor”, entre otros libros. www.freibetto.org/ twitter:@freibetto.
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