martes, 13 de noviembre de 2012

La tragedia de los pobres Los estragos de los fenómenos naturales les afectan a ellos.


Opinión: elPeriódico, 13 de noviembre de 2012
La tragedia de los pobres
Los estragos de los fenómenos naturales les afectan a ellos.
Miguel Ángel Albizures

Treinta y seis años después, la naturaleza pone a la vista la realidad de una región del país que todos conocemos, pero que nos negamos a ver y a transformar. Las sacudidas no impactan en las conciencias fundidas con hierro y concreto, ni animan a los gobernantes a realizar las transformaciones estructurales que el país entero necesita para prevenir tragedias que se repiten una tras otra.

Por el contrario, los gobiernos, los partidos políticos, los empresarios y finqueros, aprovechan las desgracias para llevar agua a su molino y aumentar el control de la población y de las organizaciones sociales por el temor a una respuesta organizada que derrumbe las injustas estructuras que históricamente mantienen oprimida a la mayor parte de la población guatemalteca, pues si el sismo hubiera llegado con fuerza a las Verapaces o a cualquier otra región, la tragedia sería mayor.

Los estragos de otros fenómenos naturales aún no han sido superados, y los llamados y recomendaciones de los expertos siguen siendo desatendidas, porque ello representaría tocar la médula de los problemas que son de orden estructural. Ojalá que así como se mantendrá control sobre las poblaciones y movimientos, así se controle la corrupción imperante para que los recursos, por lo menos, lleguen a los más afectados que hoy se encuentran en albergues o en plena calle, sin esperanzas de tener en el futuro una casa digna y segura.

Brenda Gutiérrez Martínez publicó en 2004 un estudio sobre el Derecho Humano a la Vivienda, y ya en esa época señalaba que “en el año de 1986, existían en la capital 130 asentamientos precarios, con unas 450 mil personas, y a finales de 1991 ascendió a 230 con 750 mil habitantes; actualmente (en el 2004) se considera que existen más de 400 asentamientos ubicados en áreas marginales y de riesgo”. Y señala que hay un déficit de un millón de viviendas y que se deberían de construir 200 casas diariamente para superar el déficit.

Los paliativos se han utilizado en cada tragedia. Mientras los dueños del país estén seguros, qué importan los ranchos de paja y adobe o las viviendas –si así pueden llamarse– de quienes viven en los asentamientos humanos y que se salvaron de las correntadas de invierno, pero quién sabe si se salvarán si por desgracia se da otra sacudida que afecte otras regiones del país.

Opinión: elPeriodico, 13 de noviembre de 2012

Interceptación ilegal de comunicaciones

Editorial

A pesar de que se dice que vivimos en una democracia, la sociedad guatemalteca es controlada, amordazada y aterrorizada, y uno de tantos mecanismos de control y de terror es el deleznable pero eficaz espionaje telefónico y la interceptación clandestina de las comunicaciones personales (correspondencia, correo electrónico, etcétera). Por supuesto, esta actividad clandestina no tiene nada que ver con las escuchas telefónicas autorizadas por juez en un marco de legalidad.

Interceptar ilegalmente las comunicaciones, a través de instrumentos sofisticados o de la colocación de micrófonos ocultos para escuchar conversaciones privadas, ha sido y sigue siendo una práctica constante.

El supuesto ha sido que los gobiernos (nacionales y algunos “municipales”) y los grupos de poder (político y económico) quieren estar enterados de qué hacen ciertos ciudadanos clave (no delincuentes). Los gobiernos, por ejemplo, quieren saber lo que dicen y hacen los opositores, críticos y disidentes y, al efecto, los espían y, haciendo alarde de abuso de poder, “pinchan” sus comunicaciones personales. Asimismo, políticos y empresarios desleales quieren estar enterados de las estrategias de los adversarios o competidores, para anticiparse.

A los gobiernos y los políticos también les interesa conocer las fuentes de información de los periodistas y cuáles son los temas del periodismo de investigación, para atajarlos, desalentarlos o, en su caso, desinformarlos.

También ciertos funcionarios están sujetos a control, por vía del espionaje telefónico o de la interceptación clandestina de sus comunicaciones personales.    

En todo caso, no podemos decir que vivimos en democracia mientras existan sistemas de control clandestino como el espionaje telefónico y la interceptación de las comunicaciones personales. No podemos afirmar que nuestra sociedad es de seres libres, mientras el Estado y grupos de poder controlen a los ciudadanos, por la vía de escucharlos o acosarlos.

La garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia es un elemento esencial de un Estado de Derecho, que no se está haciendo efectiva al mantenerse y no perseguirse este tipo de patético espionaje, que busca controlar a los ciudadanos, someterlos a un régimen de imposición y terror, o, en su caso, chantajearlos o destruirlos por la vía de la intimidación o de la coacción.

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