Estados Unidos y el juicio por genocidio.
El embargo de armas y la militarización regional.
Rodrigo Véliz Estrada
Centro de Medios Independientes (CMI)
Ayer el Departamento de Estado anunció la llegada al país de Stephen J. Rapp, embajador “de mayor alcance” (Ambassador at Large) especialista en problemas de crímenes de guerra. Según la información pública del cable, en su visita tendrá reuniones con
organizaciones de víctimas, misiones internacionales, la misma
Embajada, y personal del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Su
estadía es corta, de miércoles al viernes, por lo que podemos esperar
que el objetivo de su visita sea muy claro y específico. La visita se da
en un momento en que el juicio por genocidio se encuentra suspendido,
mientras presenta por momentos señales de retroceder y, peor aún, de
verse anulado.
Fuente: Internet
¿A
qué responde la visita del embajador de crímenes de guerra? ¿Cómo puede
entenderse esta visita, tomando en cuenta el proceso regional de
militarización que se ha dado en Colombia y, más reciente, en México?
¿Cuál es la postura de Estados Unidos en el juicio por genocidio?
Para responder de manera sintética a esta última pregunta
es necesario tener claro que desde el 2008 el Departamento de Estado
tiene reuniones con el Estado de Guatemala acerca de la importancia de
levantar el embargo de armas, con el pretexto de combatir el
narcotráfico en el país. El
territorio guatemalteco, junto con los países del Triángulo norte
centroamericano, ha pasado a ser central en el comercio de las drogas
provenientes del sur del continente. En el 2006, el 33% de la droga
procedente del sur de América pasaba por Centroamérica; para el 2012,
esa cifra ha llegado a un 84%. Con este panorama, y tomando en cuenta la
diversidad de sectores que se ven beneficiados por el tráfico de drogas
(bancos, gobiernos municipales y nacionales, comerciantes de armas, variados estratos en la cadena de comercio, etc.),
Estados Unidos ha decidido más que resolver el problema de las drogas,
administrar de la mejor manera posible el caos que lo rige.
Y
en ese aspecto la militarización de la región parece que ha sido la
salida, como lo mostró por años Colombia y, por su parte, el sexenio de
Felipe Calderón en México,
donde varias decenas de miles de personas murieron tras declarar una
guerra frontal contra algunos de los principales carteles del
narcotráfico, ocasionando su fraccionamiento y posterior guerra intestina.
Si
bien desde la administración de Carter, en 1977, Guatemala cuenta con
un embargo de armas, por años se ha ideado formas de colaborar
militarmente con las fuerzas represivas del Estado, incluido el ejército del país.
Según el sitio Just the Facts,
sólo en el 2011, US$16 millones fueron donados con fines de seguridad y
combate contra el narcotráfico, al gobierno de Álvaro Colom. De 1999 al
2010, se han entrenado alrededor de 3 mil 555 agentes miembros del
ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC). En los mismos años, la
venta de artículos militares, sin mediación de parte del gobierno de
Estados Unidos, incluyendo armas, fue de US$73 millones. Este aumento en
la ayuda militar se ha visto acompañado por nuevas instituciones, como
la Central American Regional Security Institute (CRIS), que sólo en el 2008 donó una cantidad de US$496 millones a la región.
Tal
vez uno de los principales problemas de estas donaciones sea que no
sólo los gobiernos son los que están recibiendo este tipo de ayuda, sino
también las organizaciones del crimen organizado, como lo mostró la
infame operación Rápido y furioso, donde
se descubrió el tráfico de armas por la frontera norte de México de
parte de instancias gubernamentales estadounidenses a carteles del
narcotráfico.
El panorama actual de la militarización es aún peor. En abril del presente año seanunció que en su Presupuesto para el año fiscal 2014, la ayuda de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida (México y parte de Centroamérica) se verá reducida en US$124 millones, para el Plan Colombia en US$61 millones. Mientras tanto el CRIS fue el único que recibió un aumento en la región, al serle asignado
un total de US$162 millones, 26 más que los que está recibiendo en el
año fiscal 2012. Se afirma que tanto Colombia como México, luego de sus
intestinas guerras internas, están en una etapa de capacitación y
fortalecimiento institucional. Mientras que en la América Central, dada
su alta conflictividad y panorama del narcotráfico, es necesario
fortalecer la etapa del aprovisionamiento de material bélico costoso.
Dentro de este progresivo proceso, el levantamiento al embargo es central.
Y las relaciones diplomáticas han seguido este panorama. Según el entonces presidente Álvaro
Colom en el 2009 fueron seis los requisitos que presentó el
Departamento de Estado para comenzar un cabildeo en el Congreso
norteamericano con el fin de terminar con el embargo. Entre los
requisitos se menciona, además de la cantidad de droga incautada, la
situación de los derechos humanos en la actualidad, y la apertura de
archivos militares, el avance en la justicia transicional, en donde está enmarcado el actual juicio a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
Se tiene conocimiento del papel que el
ex-embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, tuvo
desde su llegada en preparar las condiciones para que los juicios de
justicia transicional fueran llevadas a cabo con cierta celeridad (ver Wikileaks).
Esto allanó el terreno para la llegada del actual embajador, Arnold
Chacón, ex-especialista de la CIA y proveniente del medio oriente. Según
información, desde el inicio Chacón tuvo reuniones con organizaciones
de víctimas, incluida la AJR, y otras organizaciones de derechos
humanos, quienes se mostraron sorprendidos por la anuencia a colaborar.
Como parte de estos cambios, en septiembre del 2012 la Oficina de
Derechos Humanos y Asuntos Laborales de la Embajada pasó a llamarse, de manera sorprendente, Oficina de Derechos Humanos y Asuntos Militares.
Por
esto es que Pérez Molina se encuentra en una encrucijada. Se sabe de
los problemas que puede causarle la jurisprudencia de una sentencia por
genocidio. Además de las presiones que está recibiendo de facciones del
ejército contrarios a la continuidad de los juicios. Pero también se va a
beneficiar, así como el ejército en general, de la militarización
regional y de la posición favorable que tendrán en ese marco de
alianzas.
Tomando
en cuenta las tensiones sociales y la crisis más amplia que se vive
actualmente en diferentes regiones del país, el avance de la
militarización es al mismo tiempo una amenaza para la movilización
social democrática y es, en definitiva, una iniciativa para dar salidas autoritarias a los problemas y la crisis actual, como otras veces en nuestra historia.
Este panorama general permite aclarar las razones de la visita de Stephen J. Rapp en el país. Su consigna debe ser clara: La anulación del juicio podría perjudicar el levantamiento del embargo.
Para
los sectores que valoran la justicia a militares y que critican la
nueva militarización del país, en contraposición a salidas que busquen
una mayor democratización y consenso, la consigna debe ir buscando la
justicia sin que eso implique una mayor militarización de nuestra
sociedad.
La historia no debe repetirse.
NOTA:
Este pequeño trabajo es resultado de una investigación más amplia sobre
el problema de la militarización, la justicia por genocidio y la posición del actual gobierno. En los próximos días saldrán dos documentos como parte de un trabajo conjunto entre el Centro de Medios Independientes
y El Observador que intentarán profundizar en varios de los aspectos
arriba reseñados. El primer documento fue elaborado por Gustavo Illescas
Arita, bajo el título «El papel de la institucionalidad de la paz en el gobierno del PP», mientras que el otro tiene una coautoría de Illescas Arita con el autor de este documento, bajo el nombre «Genocidio y militarización: La paradoja de la actual coyuntura».
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