Mario Roberto Morales
En mi país se está librando una feroz lucha ideológica por la memoria
histórica. Se trata de una pelea de la que depende la versión que de la
historia reciente se enseñará a las generaciones venideras. A esto
responde lo que escriben por encargo extranjeros fascistas a sueldo por
parte de la derecha neoliberal, cuyos libelos tergiversan hechos y hacen
interpretaciones que reducen los actos patrióticos de algunos
personajes a motivaciones mezquinas. Es el caso de las versiones
fascistas de la Revolución de Octubre del 44, del conflicto armado
interno de 1960-96 y de las luchas jurídicas actuales en contra de
militares genocidas.Tratándose de una guerra ideológica, es bastante estúpido pretender –como propone la izquierda biempensante y el izquierdoderechismo oenegero– “que no haya polarización”. ¿Por qué no la va a haber si lo que está en juego es nada menos que la hegemonía sobre la memoria histórica? No es cualquier cosa. Se trata de algo por lo cual vale la pena luchar, polarizarse y llegar a las últimas consecuencias. Eso lo entiende muy bien la canalla fascista integrada por la Fundación Contra El Terrorismo, la Asociación anticomunista, Avemilgua, la Liga Pro Patria y otras agrupaciones conformadas por torturadores, robacarros, contrabandistas y tratantes de personas. Es decir, empresarios cuyo rubro de acumulación es ilegal, pero no por eso menos rentable que cualquiera otra actividad que obedezca a la lógica de ampliar márgenes de lucro, sin que importen las consecuencias.
La lucha por la memoria histórica es parte de la lucha por la hegemonía popular, es decir, por la prevalencia de la versión de los hechos que pone a la colectividad y sus organizaciones (y no a las élites oligárquicas) como protagonista de los cambios sociales. De modo que cuando sintamos la tentación de caer en la trampa biempensante, según la cual “todos son genocidas” o “todos tenemos la misma responsabilidad en las atrocidades cometidas en el conflicto armado”, es necesario recordar que el genocidio es un delito que se comete utilizando el poder del Estado para eliminar total o parcialmente a un conglomerado cohesionado, legitimado e identificado por elementos culturales, étnicos o raciales. Y que si bien los crímenes de guerra son castigables (vengan de donde vengan), en el caso nuestro los contendientes los amnistiaron. Cosa que no pudieron hacer con el genocidio, pues éste es un delito que no prescribe nunca.
En la lucha por la memoria histórica, es decir, en la lucha por la versión que se escribirá de la historia de una etapa social, política y cultural, no caben medias tintas. Una cosa es la reconciliación como necesidad para seguir adelante, y otra muy diferente resulta de invocarla para proponer que no se haga justicia cuando ésta es la piedra de toque que permitirá escribir la historia objetivamente y reconciliarnos. Pretender, pues, que no se polarice la sociedad en torno al actual juicio contra militares genocidas, equivale a situarse en el interés de las derechas y de su expresión fascista (militar-oligárquica, neonazi, franquista, opudeísta) y neoliberal (“libertaria”, hayekiana, montpeleriana, pinochetista, tatcherista, reaganiana). No importa de quien venga la biempensante propuesta.
La lucha por la memoria histórica es la lucha por nuestra legitimación final como pueblo digno. De aquí que sea una batalla que no podemos perder.
www.afuegolento.mexico.org
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