Guatemala: Para salvar el país el muro de la impunidad debe caer

RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA

COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Para salvar el país el muro de la impunidad debe caer

Guatemala está inmersa en el fango de la violencia y la corrupción y la sociedad entera está harta de promesas electorales para erradicarlas, que luego no se concretan por la falta de voluntad y capacidad de los gobernantes para enfrentar esas lacras. Por ello, la ciudadanía castigó a Colom y la UNE en las elecciones pasadas y, ahora, muchos cuestionan fuertemente al presidente actual y al partido en el gobierno. La paciencia está llegando a su límite, porque el acontecer nacional ha pasado de difícil a intolerable. Hay falta de justicia y los mayores esfuerzos desde el poder se concentran en garantizar la impunidad, desde la primera magistratura, pasando por las decisiones cómplices de la Corte de Constitucionalidad y el ámbito judicial, hasta la aparición de políticos renegados de sus anteriores “convicciones democráticas” que hoy se suman a la deshonra, así como gente que ha estado involucrada en los aparatos militares, tanto abiertos como clandestinos. La propuesta de estos al país es que para poder tener paz –como bien han dicho distinguidas personas: ¡de cuál paz están hablando!— hay que mantener la impunidad, negar que el Estado y sus fuerzas fueron responsables del 93% de los 200,000 crímenes de lesa humanidad y de guerra y, abiertamente, olvidar el genocidio, crimen que a la luz del derecho internacional no prescribe y todos los Estados deben llevar a juicio, aún si el crimen no se cometió en su territorio.

El crimen de genocidio es muy grave en el campo internacional. Aparte del Holocausto Judío a manos de los Nazis, se han caracterizado como tales las masacres cometidas en la ex Yugoeslavia, Rwanda, Cambodia y Guatemala. No fue fácil de caracterizar en nuestro caso, como lo describe el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, porque si bien las 440 masacres son innegables, lo difícil era demostrar que existía la intención de aniquilar a grupos de personas por su condición étnica. Eso lo demostró fehacientemente la Comisión y ha sido corroborado en los planes contrainsurgentes del Estado guatemalteco: “había que destruir a todo el pueblo Ixil, porque todo el pueblo era guerrillero” (incluidos niños menores y bebés no nacidos, semilla del pueblo Ixil). El genocidio, en ciertas zonas de Guatemala y en un cierto período de tiempo, está fuera de discusión; lo que falta es demostrar la responsabilidad individual a lo largo de toda la cadena de mando, ya sea que se haga en los tribunales guatemaltecos o en tribunales internacionales ad-hoc para juzgar crímenes de lesa humanidad, como en la ex Yugoslavia, Rwanda y Cambodia. Resultaría irónico que Ríos Montt, el inventor de los ilegales tribunales de fuero especial para ejecutar supuestos guerrilleros, terminara siendo juzgado en un tribunal internacional.

En Guatemala hay que recuperar la justicia y romper con la impunidad. Solamente así nuestro Estado casi-fallido podrá salir adelante. En caso contrario, criminales, narcotraficantes, mareros y sicarios se seguirán burlando de nuestras instituciones y de nuestra población y cometiendo todo tipo de crímenes, incluidos los más aberrantes, que son copia de las prácticas contrainsurgentes del período del conflicto. Mientras 200,000 crímenes bestiales sigan impunes, los nuevos criminales, muchos de ellos trasladados de los “escuadrones de la muerte” gubernamentales al “sicariato privatizado”, seguirán sumiendo a nuestro pueblo en el terror. Le han dado continuidad al “terrorismo de estado”, a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el “terrorismo pagado”, el cual solamente puede ser desmantelado con la eliminación de la impunidad. Nos sumamos al enérgico llamamiento que hacen las Naciones Unidas de que el juicio a Ríos Montt continúe. Es una aberración jurídica plantear que el juicio vuelva al estado en que se encontraba hace muchos meses o que cambie de manos para que empiece de cero. Ese retraso, una maniobra más para impedir la justicia, pretende seguir ocultando tanto la verdad como a los demás responsables, desde generales hasta magistrados.

Nosotros, parte de la diáspora guatemalteca regada por el mundo, contribuiremos con la divulgación más amplia posible de los hechos, ya condenados por la Historia, y trataremos de que se ejerza la mayor presión posible sobre el Estado guatemalteco. Recordamos al Presidente de la República que la Convención contra el genocidio establece, claramente, la obligación del Estado correspondiente de juzgar el delito. No hacerlo o negarlo es una transgresión de la Convención, que también amerita sanción. Al acercarse la conmemoración del Día de los Trabajadores, nos sumamos con determinación al clamor nacional: “Por la Justicia”. En función de ella, hay que dejar en libertad a los presos políticos, hay que aclarar los crímenes que hoy comete el sicariato privado y hay que desmoronar el muro de la impunidad que impide la justicia para las víctimas de la “guerra sucia” perpetrada por el Estado contra el Pueblo. Nos solidarizamos totalmente con los cientos de testigos que acudieron a prestar valiosos y valerosos testimonios a lo largo del período de audiencias. Les aseguramos que sus esfuerzos no serán en vano. Más temprano que tarde la justicia reinará en el territorio nacional.

Guatemala, 27 de abril de 2013

   Comité Ejecutivo de la RPDG