IMPUNITY WATCH MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LAS MANIOBRAS DILATORIAS DE LOS ACUSADOS DEL CASO DE GENOCIDIO IXIL

Impunity Watch expresa su preocupación por la actitud de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la cual, en vez de resolver sobre la aplicación o no al General Ríos Montt de la amnistía recogida en el Decreto-Ley 8-86, teniendo en cuenta la Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados Internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos, la ley del Organismo Judicial y sus propias resoluciones denegando esta amnistía en al menos dos ocasiones, ordena reenviar a la Sala Primera de Apelaciones el caso para que fundamente mejor su decisión de no aplicación de dicha amnistía. Hay que señalar que dos de los cinco magistrados que conforman la CC emitieron voto razonado disidente sobre la misma. 

Nos encontramos ante otra maniobra dilatoria de la defensa de los acusados por genocidio en el área ixil durante el Gobierno de facto de Ríos Montt, que, de nuevo, ha tenido como resultado el retraso en la obtención de justicia por parte de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Este tipo de decisión – calificada en el voto disidente de la magistrada Gloria Porras como incorrecta y ambigua – no hace sino evidenciar la continua violación de la independencia judicial por parte de ciertos sectores interesados en mantener la impunidad de los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos contra población civil no combatiente durante el conflicto armado interno. 

Exhortamos a los Magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, a que en aras que prevalezca su independencia jurisdiccional mantengan su decisión de no aplicación de una amnistía no sólo derogada sino que incumple claramente los compromisos internacionales suscritos por Guatemala en esta materia, especialmente la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

El Estado de Guatemala debe renovar su compromiso por investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el Conflicto Armado Interno. Consideramos que cualquier resolución favorable a la aplicación de una amnistía, constituiría un grave retroceso en materia de justicia, y una muestra de desprecio para las víctimas del Conflicto Armado Interno. 

Guatemala, 29 de octubre de 2013.