En 1990, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsó la demarcación de un
día especial en el que se pudiera demandar el fin de las desapariciones
forzadas, esclarecimientos, juzgamientos, castigos a los responsables y
el resarcimiento a los familiares de las víctimas.
Después de la realización de muchas movilizaciones y actividades para
llamar la atención del poder público, en junio de 2004, el Congreso
guatemalteco decretó el 21 de junio como ‘Día Nacional contra la
Desaparición Forzada’.
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