Opinión: De la amenaza, al atentado

Opinión:

De la amenaza, al atentado

Las mineras se sienten apoyadas por el Gobierno.

Miguel Ángel Albizures

 

Miembros de diversas organizaciones y comunidades que resisten a la implementación de proyectos mineros, especialmente de oro y plata, han denunciado hostigamientos y amenazas de grupos paramilitares o “guardias de seguridad” contratados especialmente para defender los intereses de compañías transnacionales, pero no han sido escuchados ni protegidos por el Estado que, se supone, tiene obligación de garantizar su integridad física.

Entendemos que la política del Gobierno sea lograr una mayor inversión extranjera, pero no a costa del derecho de las comunidades al agua, a un ambiente sano y seguro que no atente contra las futuras generaciones, porque ya se ha denunciado hasta la saciedad de los estragos que provoca la extracción de oro y plata y las migajas, grandes cráteres y efectos ambientales que le dejan al país. El atentado que sufrió Yolanda Oquelí, una de las liderezas de la resistencia pacífica antiminera en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, tiene como objetivo generar temor en las comunidades y en todas las regiones del país en donde se han concedido licencias de exploración y explotación minera.

Las empresas y las bandas que han contratado pueden actuar con toda impunidad y porque se siente protegidas por el Gobierno que ha movilizado fuerzas de seguridad para garantizar su funcionamiento en contra de la voluntad de las comunidades que, con base al Convenio 169 de la OIT, han realizado consultas que han rechazado la implementación de proyectos que atentan contra la vida. No es casual que al frente de empresas privadas de seguridad se encuentren militares, ni que al frente de las bandas contratadas por los empresarios también estén militares, tal el caso que se denuncia del coronel Arias Méndez que participa en la protección de los intereses de la empresa Servicios Mineros de Centro América que explotará los recursos en pleno departamento de Guatemala, pues ambos lugares arriba mencionados están a escasos kilómetros de la capital.

Imponer a balazos la voluntad de las empresas mineras no conduce a nada bueno, más que a la polarización y el enfrentamiento. Si Guatemala es signataria del Convenio 169 de OIT, el Gobierno debe respetarlo y buscar mecanismos que no sean la imposición, la arbitrariedad y represión contra las comunidades.