Por Gustavo Illescas/CMI-Guatemala
I
¡Que se respete la Ley de Reconciliación Nacional!
La amnistía contemplada en la Ley de Reconciliación Nacional firmada previo a los Acuerdos de Paz establece en su artículo 8 que…
“La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.”[1]
En ese sentido comparto la posición de familiares de militares veteranos, que protestaron en las afueras del Cuartel Matamoros donde guarda prisión el General retirado Efraín Ríos Montt que exigían -entre otras cosas- el respeto a la Ley de Reconciliación Nacional.
Ana Virginia Girón, hija de un oficial del ejército asesinado en 1973, se pronuncia fuertemente a favor de Ríos Montt argumentando que el ejército defendió la patria contra los “guerrilleros terroristas.” Detrás hay una manta que lee: “La Ley de Reconciliación es para todos.”
Sin embargo, en el juicio histórico por Genocidio, no se juzgó perse, el enfrentamiento armado entre un ejército regular de ocupación y un ejército irregular revolucionario. No se juzgaron los muertos en combate, sino la violación de códigos éticos de guerra. Se juzga el genocidio cometido contra el pueblo Ixil -civil y desarmado-. Aunque duela la ausencia del ser querido -de uno u otro bando-, las muertes entre combatientes son Amnistiables. Se juzga y se juzgará a los responsables de pensar y ejecutar la política de tierra arrasada. Se dignifica y se dignificará a los y las familiares de los cientos de cuerpos apilados en cientos de fosas clandestinas que se ubican, incluso adentro de destacamentos militares.
En frebrero de 2013 se cumplió un año del inicio de las exhumaciones en el antiguo destacamento de Cobán y actual sede del Comando de Entrenamiento para la Paz (CREOMPAZ) de los cascos azules de la ONU. Hasta el momento se han recuperado mas de 500 osamentas en fosas comunes. El padre de Ricardo Méndez Ruíz de la Fundación contra el Terrorismo, y el propio general retirado Luis Felipe Miranda Trejo de AVEMILGUA podrían estar relacionados con estos crímenes.
Lo cierto es que están en todo el derecho de protestar y realizar movilizaciones defendiendo su postura, pero resulta llamativo como los Medios de Información Corporativa presentaron la noticia, pues no los llamaron “seudo” militares o “seudo” familiares para poner en duda su gremio, tampoco los llamaron un “grupúsculo” a pesar que no pasaban de 50 personas.
Durante la coyuntura del juicio por Genocidio, las movilizaciones relevantes en apoyo al general Ríos Montt han sido:
-La caravana de autobuses Nebaj-Guatemala:
La movilización fue convocada por Virgilio Bernal, exalcalde de Nebaj 2004-2007 (FRG) y 2008-2011 (PP), y según Ricardo Méndez Ruíz fue pagada por su Fundación contra el Terrorismo y empresarios. Durante la campaña electoral 2007, Bernal declaró a Otto Pérez Molina “Embajador de la Paz de la Región Ixil”[2]y corría como candidato a reelección por el PP en las elecciones municipales 2011, pero no fue inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debido a que no entregó a tiempo su finiquito en la Contraloria General de Cuentas (CGC). Luego de la manifestación el TSE ordenó la repetición de las elecciones. El actual alcalde Pedro Raymundo Cobo ha manifestado respeto por el juicio por genocidio y es anuente a las demandas de defensa del territorio del pueblo Ixil. Tanto Bernal como Méndez Ruíz formaron parte del FRG.
Al frente: Ricardo Méndez Ruíz luego de haberse dirigido a los manifestantes Ixiles frente al Palacio de Justicia el 23 de abril de 2013. Foto: Plaza Pública.
-La concentración convocada por la “Comunidad Agropecuaria de los Milicianos de Chiantla”:
Luego de la sentencia emitida el 10 de mayo “día de la madre”, el lunes 13 de mayo en el campo de futbol de Chiantla, Huehuetenango, hubo una concentración de aproximadamente 3000 personas -en su mayoría hombres- que exigieron la anulación de la sentencia y la destitución de las juezas y el juez que condenaron por Genocidio a Ríos Montt. Según uno de los manifestantes…
“Nosotros pedimos su inmediata liberación o paralizamos el país. Estos (mensajes y reuniones) son goterones (de lluvia) y falta el mero aguacero”[3]
“Los milicianos” afirmaron que son miles y pretenden hacer una marcha hasta la ciudad capital y realizar bloqueo de carreteras. Foto: Prensa Libre.
Esta amenaza proveniente de hombres que se autonombran como si fueran un ejército irregular, no han sido acusados de ingobernables por el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla y el presidente Pérez Molina. Tampoco son acusados de terroristas por afirmar que van a paralizar el país.
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II
¿Se repetirá la historia?
Este tipo de discurso nos hace recordar que hace 10 años, para estas fechas, el general Ríos Montt se encontraba realizando campaña como candidato presidencial por el FRG, a pesar que la Constitución Política de la República establece que ningún presidente que haya gobernado de facto puede ser candidato presidencial. Un mes después, el 15 de junio de 2003, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su candidatura en coherencia con la Carta Magna, y éste apeló a la Corte de Constitucionalidad.
Los discursos subieron de tono por parte de simpatizantes a Ríos Montt, hasta que el 24 de julio de 2003 aproximadamente 30 mil exPAC se movilizaron en todo el país, realizando acciones de shock que generaron conmoción social, pusieron en jaque a los tres poderes del estado y a una parte de la oligarquía como los Bosch-Gutiérrez y los Campollo-Codina, con quienes ya habían tenido roces por las medidas arancelarias del gobierno de Portillo. La jornada fue conocida como el Jueves Negro.
Archivos de Prensa Libre y elPeriódico. 24, 25 y 26 de julio de 2003.
En base a esta pugna de poder que se dirimió en el gobierno del FRG, así como por los señalamientos en su contra por haber coadyuvando a la cooptación del Estado por parte de “Poderes Ocultos” de militares vinculados al crimen organizado y el narcotráfico; para algunos no resulta extraño que el viernes 10 de mayo de 2013 durmieran en la misma cárcel ubicada en el Cuartel Matamoros, el entonces Presidente de la República, Alfonso Portillo y presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt.
Sin embargo, el reencuentro entre correligionarios pende de lo que suceda en los próximos días, ya que ayer 15 de mayo de 2013 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de la extradición de Portillo a los Estados Unidos, decisión que apelará la defensa de Portillo, y situación por la cual el Ministerio Público (MP) también se ve atacado.
Asimismo, ayer la CC entró a conocer 6 acciones legales presentadas por la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, luego de que 15 minutos antes hubo una amenaza de bomba en las instalaciones de la CC y se encontraba en las afueras un grupo de exPAC de Escuintla.
Se espera que hoy jueves 16 de mayo la CC resuelva, pero en medio de esta coyuntura, con los actores en cuestión, no dejamos de preguntarnos ¿se repetirá la historia?
El 30 de julio de 2003 la CC falló a favor de Ríos Montt y pudo competir en las elecciones. El entonces presidente de la CC era el Magistrado Mario Guillermo García Wong, quien había sido Ministro de Gobernación en los inicios del gobierno de Portillo y el FRG.
Los principales señalados de movilizar a las exPAC para que realizaran las acciones violentas del jueves Negro y el Viernes de Luto, fue el propio FRG y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) creada en 1995. Uno de las figuras mas visibles de AVEMILGUA es el general retirado Luis Felipe Miranda Trejo, quien ha sido su presidente desde el 2006. Fue oficial de inteligencia (S-2) de 1980 a 1983 y fue Comandante de varias Zonas Militares.
En 1994 Miranda Trejo fue destituido de la Comandancia en la Zona Militar (No.19) de Huehuetenango, tras haber sido señalado de reclutar jóvenes indígenas a la fuerza.[4] En 1999 fue electo diputado de Huehuetenango por el FRG tras haber sido uno de los promotores de conformar a las exPAC como base social del FRG, a través de la promesa de recibir compensaciones monetarias por el papel que jugaron durante los años mas sangrientos de la dictadura. Posteriormente formó parte de la comisión gubernamental que negoció con las exPAC.
En 2002, AVEMILGUA ayudó a organizar protestas masivas de los ex PAC para exigir el pago de 20 mil quetzales a cada ex patrullero, por los “servicios rendidos al Estado durante el conflicto armado interno”.[5]
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III
¿Quienes provocan la polarización social?
Las redes de poder que se articularon desde sus inicios en el FRG han perdido peso político, sin embargo prevalecen vínculos que son incentivados por medio de un discurso violento que llama a la venganza e intenta colocar el juicio como una estrategia de la guerrilla y sus remanentes, restandole objetividad al momento histórico que vivimos la población.
No obstante, a pesar de las lealtades que puedan prevalecer entre las redes del extinto FRG y AVEMILGUA con las exPAC, la demanda del pago -sea legitima o no- continua siendo un elemento indispensable para la base de apoyo de ciertos sectores militares y empresarios que ven en el juicio por genocidio un obstáculo para su proyecto. En la caravana Nebaj-Guatemala habia presencia de exPAC que venian con el objetivo de cobrar su indemnización y varias mujeres afirmaron que les habian ofrecido la entrega de Bolsas Seguras.
Durante el primer año de gobierno del PP el total desembolsado por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) a sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura fue de Q15.7 millones, mientras que para las exPAC, a través del fideicomiso del Programa Agua y Bosques para la Concordía fue de Q88.8 millones. Sin embargo, el pago esperado por muchos es de Q10 mil a Q20 mil.
Foto: El Observador. Gobernación Departamental de Huehuetenango. Carteles colocados por exPAC que realizaron una jornada de firmas en apoyo a Ríos Montt el 18 de abril de 2013, día en que los abogados de la parte acusada se declararan “en resistencia” y se fueran del Tribunal, con previo conocimiento de lo que en la tarde decidiría la jueza Carol Patricia Flores en relación a la anulación del caso.
En esta coyuntura, que tiene como escenario la resolución de la CC sobre la sentencia definitiva contra Ríos Montt, y por las amenazas de próximas movilizaciones para “paralizar el país”, se entraría a la parte mas álgida de la campaña mediática impulsada principalmente por la Fundación contra el Terrorismo, AVEMILGUA y Chapines Unidos por Guate.
Con discursos propios de la guerra fría, han resucitado al fantasma de ver comunistas hasta en la sopa, solo que ahora para justificar sus acciones represivas ven en cualquier manifestación en defensa del agua y la vida a terroristas.
Esta re-edición de conceptos es la renovación del enemigo interno de la nación. Una nación construida sobre valores europeos adoptados por una élite blanca que niega cualquier raíz indígena y que le abre las puertas a las empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas de Norteamérica y Europa para que vengan a explotar y apropiarse de nuestros bienes naturales. ¿Dónde queda el nacionalismo que tanto vociferan para acusar a la Comunidad Internacional?
Los voceros de estas élites de poder, están difundiendo en la televisión, prensa y radio de que “el 98% de los guatemaltecos están en contra del fallo” . Primero niegan cada vez que pueden, bajo la cuña de que “todos somos guatemaltecos” la identidad de los pueblos indígenas. Segundo, pareciera que ya realizaron una encuesta a nivel nacional para conocer la opinión de toda la población.
La polarización social no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz. La situación socio-económica que originó el enfrentamiento armado no fue resuelto en lo mas mínimo. Mas bien, a la problemática agraria y la agudización del hambre, se suma un nuevo despojo, que proviene del interés por explotar nuevos proyectos de capital que solo beneficiaran directamente a una minoría oligárquica nacional y algunas corporaciones transnacionales.
Ahora salen diciendo que con el juicio por genocidio se va a polarizar la sociedad y se puede generar un clima de violencia política. ¿En que país viven? Seguro no en uno que tiene viviendas en los barrancos, seguro no en uno donde desviar el río para utilizar el agua en riegos de palma africana no afecta porque tienen cisterna, seguro no en uno donde el cianuro utilizado en la minería que se filtra a los mantos freáticos y afluentes no les afecta porque beben agua embotellada, seguro no en uno donde las grandes cuencas de los ríos serán privatizadas. Al parecer la masacre cometida por el ejército el 4 de octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska donde murieron K’iche’s de Totonicapán, no murieron “chapines”. Al parecer el estado de sitio impuesto contra el pueblo Q’anjob’al el 02 de mayo de 2012, así como el estado de sitio impuesto contra el pueblo Xinca el 02 de mayo de 2013 no fue contra “guatemaltecos”.
[3] ElPeriódico.13/05/13.
[2] Salazar, Elías. “Candidato en gira por Quiché” Nuestro Diario, versión electrónica:http://digitalnuestrodiario.
[1] Decreto número 145-1996, Ley de Reconciliación Nacional, 18 de Diciembre 1996.
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