Representantes del Pueblo Maya Q’anjobál, Popti, Chuj, Akateko, Mam, k’iche’y Kakchiquel, articulados en el Consejo del Pueblo Maya, se presentaron el día hoy en conferencia de prensa en Huehuetenango, para manifestar su postura ante la conflictividad que se ha agudiza en territorio Chuj, municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenago, a causa de la imposición de una hidroeléctrica en dicho municipio, así mismo se presentó el alcalde municipal de San Mateo Ixtatan Donato Santizo, el obispo de la diócesis de Huehuetenango, Monseñor Álvaro Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, y el párroco de San Mateo Ixtatan Matxun Bernabé.
Ante los diferentes medios de comunicación los Pueblos dejaron claro que:
1. Que la conflictividad generada en el territorio Maya Q’anjob’al en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, es responsabilidad exclusivamente del Gobierno guatemalteco, en virtud de que no ha cumplido con su deber de consultar previamente las medidas legislativas y administrativas en territorio del Pueblo Maya. Responsabilidad asumida públicamente por funcionarios y empleados gubernamentales como el señor Miguel Ángel Barcarcel del Sistema Nacional de Diálogo.
2. Que las declaraciones de la Vicepresidenta de Guatemala, en relación a que si las comunidades del Pueblo Maya quieren luz, necesariamente deben apoyar las hidroeléctricas, son irresponsables, de mala fe y tendenciosas, porque la política energética impuesta por el Gobierno guatemalteco está dirigida a favorecer a las empresas nacionales y extranjeras, citamos como ejemplo la Hidroeléctrica Chixoy.
3. La versión de la Empresa y funcionarios públicos en relación a los acontecimientos en el territorio Maya Chuj, se reduce a cuantificar daños económicos a la empresa hidroeléctrica; precisando que el deber constitucional de Gobierno de Guatemala es proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo.
4. La imposición del destacamento militar en el territorio Maya Chuj, para proteger intereses empresariales, es una violación flagrante al compromiso asumido por el Gobierno de Guatemala –Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas- a no desarrollar actividades militares en territorios de los Pueblos Indígenas, a menos que lo justifique una amenaza real contra los Pueblos.
Por ello:
5. Ratificamos que la no aplicación práctica del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es una de las causas de la conflictividad agudizada en nuestro país.
6. Exigimos al Gobierno Nacional el retiro inmediato de las fuerzas armadas del territorio Maya Q’anjob’al, la cancelación de las licencias mineras, hidroeléctricas y petroleras impuestas inconsultamente; y el cese de la criminalización del ejercicio del derecho de legitima resistencia.
7. Como Pueblo Maya nos convocamos a fortalecer la unidad frente a la agresión gubernamental y empresarial.
8. Exigimos a la comunidad nacional e internacional apoyar al Pueblo Maya en su lucha por una vida digna.
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