Ollantay Itzamná (crisisdelxxi. blogpost.com)
Las principales ciudades se
encuentran revestidas de telas de color morado y blanco. Adornados con
carteles gigantes en las que sus representantes políticos les desean
bendiciones por Semana Santa. Una marea humana vestida con hábitos de
color morado, blanco y negro inundan las calles y plazas de las ciudades
alfombradas de flores y aserrín de colores con motivos religiosos.
Gigantescas estatuas de yeso y
madera recorren por las ciudades, en inmensas andas barrocas, sobre los
hombros de compungidos penitentes que llevan sobre sus cabezas el
capirote (cucuruchos) en señal de penitencia pública. Cada procesión
avanza lento al ritmo de melodías de agonía de las bandas de música.
Todo el país se concentra en estas festividades dolorosas. La Semana
Santa es el feriado nacional más largo del año. Desde la televisión, los
periódicos, las radioemisoras y las iglesias se inculcan con ímpetu la
mansedumbre, la obediencia, el dolor, la humildad y el despojo como las
virtudes sublimes de un cristiano penitente.
Despojo despiadado y aniquilamiento selectivo de dirigentes sociales
Mientras
las y los guatemaltecos, católicos o no, viven afligidos su Semana
Santa con la cabeza agachada y los ojos cerrados, el Presidente Otto
Pérez Molina, en pleno feriado de Miércoles Santo, entregó el Puerto
Quetzal (el puerto marítimo más importantes del país) en usufructo para
25 años a la Empresa Portuaria Quetzal, subsidiaria de una empresa
española. El sindicato de trabajadores y sectores organizados del país,
desde hace varios meses, estuvieron resistiendo a este acto de
privatización, pero el despojo se consumó en pleno feriado de Semana
Santa.
De esta manera, Guatemala, quien ya
cedió tierras, ríos, playas, bosques, minas, servicios públicos, etc. a
las corporaciones privadas, quedará enclaustrada y atrapada bajo el
dominio marítimo de una empresa extranjera. Igual o peor de lo que le
ocurrió con la prepotente y nefasta historia de la empresa bananera
norteamericana en en siglo pasado.
Simultánea a la aplicación del
neoliberalismo recargado, el Estado implementa una sistemática política
de criminalización, persecución, encarcelamiento y/o asesinato selectivo
de dirigentes/as de organizaciones sindicales, sociales e indígenas que
se resisten al calvario neoliberal.