En el marco del XXI Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica, se realizó el pasado 19 y 20 de noviembre de 2018 en la Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, el IV Encuentro por la Memoria Audiovisual de Centroamérica con el objetivo de unir esfuerzos y encontrar soluciones y alternativas para frenar la pérdida y degradación del patrimonio fílmico y audiovisual en la región.
Durante el encuentro se conformó la Red Centroamericana por la Memoria Audiovisual, misma que dedicará sus esfuerzos en crear canales de comunicación, intercambio, cooperación y desarrollo profesional de sus miembros, de los que se fueron partícipes la Cinemateca Universitaria “Enrique Torres”, de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Archivo de la Imagen del IIHAA, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala; Asociación Luciérnaga Guatemala; Asociación COMUNICARTE; Comisión de Investigación del Arte en Guatemala (CIAG); Departamento de Investigación de las Artes (DIA); Asociación Casa Comal Arte y Cultura y La Cineteca Xela en Quetzaltenango, de El Salvador: Museo de la Palabra y la Imagen; de Honduras: Cinemateca Universitaria “Enrique Ponce Garay”, UNAH. De Nicaragua: Fundación Luciérnaga Nicaragua, por Costa Rica: Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, MCJ y por Panamá el Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), de la Universidad de Panamá.
La Red busca una efectiva colaboración entre los distintos países y organizaciones para alcanzar una adecuada protección del patrimonio fílmico y audiovisual de Centroamérica, con miras a desarrollar nuevas sinergias de trabajo en función de la memoria histórica audiovisual, estandarizar procedimientos adecuados de conservación y procesamiento de los archivos, impulsar convenios de colaboración y asistencia con países y organizaciones internacionales, entre otros.
Desgraciadamente las fuerzas de seguridad siguen estando al servicio de la oligarquía criolla y de las grandes empresas transnacionales.
Miguel Ángel Albizures
Ciento once familias están esperando la Navidad en champas, como muchas miles de familias guatemaltecas que no tienen dónde vivir, pero ellas, las de Laguna Larga, fueron expulsadas de la tierra donde vivían. Mil doscientos miembros de las fuerzas de “seguridad”, Policías y soldados, llegaron para expulsarlas de las tierras que poseían desde 1984, en San Andrés, Petén. Dos se quedaron para siempre en esas tierras y tres mujeres, seriamente afectadas sufrieron aborto, el resto se refugió en la línea fronteriza con México y ahí, ha continuado exigiendo su derecho de volver a las tierras que les habían autorizado varias instituciones del Estado, de lo cual tienen constancias por escrito.
La ley de áreas protegidas entró en vigor en 1989, ellas se asentaron, con todas las de la ley, en 1984, les reconoció la Municipalidad de San Andrés, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas avaló su estancia en esas tierras y el Ministerio de Educación facilitó la construcción de una escuela y asignó maestros, pero el 2 de junio del 2017 fueron desalojadas.
Muchas de estas familias llegaron a Laguna Larga huyendo de la soldadesca que barrió varias comunidades de Petén, entre ellas llegaron sobrevivientes de las Dos Erres, en donde, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, en la época del general Efraín Ríos Montt se cometió una de las más crueles masacres. Las Dos Erres fue borrada del mapa.
Y como si fuera poco, en el local construido con tanto esfuerzo por la comunidad, en donde los niños llegaban con cuadernos y lápiz, donde estaban los escritorios en donde se colocaban para recibir clases, ahora están los soldados, están las armas y de plano discuten qué otra comunidad agredir, cómo vigilar los alrededores, cómo impedir que vuelvan quienes estaban al cuidado de la naturaleza de esas zonas protegidas, en donde con múltiples esfuerzos habían construido sus viviendas que fueron destruidas.
En medio de las discusiones de la mesa de diálogo que se instaló para discutir su traslado a otras tierras o volver a Laguna Larga, criminalizaron su lucha, los acusaron de ser extranjeros, narcotraficantes, narcomadereros, para justificar la represión contra ellos, pero todos se consideran peteneros y su exigencia es volver al lugar de donde los sacaron, pues en donde se encuentran hoy, en la línea fronteriza con México, sufren las inclemencias del tiempo, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada y el gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La comunidad cuenta con más de 200 niños, 135 de ellos estaban estudiando, la escuela cubría los seis años de primaria, ahora tienen maestros, pero no tienen escuela. Ganas de estudiar les sobran, pero no hay futuro, les arrebataron lo poco que tenían y llegaron depredadores con fusiles a ocupar sus tierras, a proteger intereses petroleros, pues desgraciadamente las fuerzas de seguridad siguen estando al servicio de la oligarquía criolla y de las grandes empresas transnacionales y, en varias regiones del país, de los narcotraficantes.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/12/13/triste-navidad/
