La firma de los Acuerdos de Paz supuso un compromiso y
una ruta para la construcción de una sociedad democrática. Sin embargo, ante el
aumento importante de personas que exigen y defienden derechos; la respuesta
del Gobierno es cada vez más violenta en contra de grupos sociales y pueblos
indígenas que le piden a este que cumpla con su obligación de garantizar el
libre ejercicio de todos sus derechos. Esto se da, además, en temas de derecho
de la niñez y la juventud, derechos de las mujeres, derecho de salud, educación
y vivienda, derecho a un salario digno, inversión económica, auditoría social;
así como en demanda de seguridad, justicia y equidad.
La violencia y el cierre
de espacios es la respuesta del gobierno de Otto Pérez Molina, para proteger
intereses personales y empresariales. La censura, los asesinatos y atentados en
contra de periodistas y comunicadores sociales son una muestra. Asimismo las
comunidades indígenas que ejercen su derecho constitucional a la petición y a
la consulta reciben como respuesta actitudes racistas y represoras por parte
del funcionariado público y de quienes trabajan para las empresas que se
quieren instalar en sus territorios.
Hoy planteamos la situación que viven las
comunidades Q’anjob’al, Chuj y mestiza del norte de Huehuetenango,
particularmente quienes viven en Barillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán.
Desde el año 2007, en la región produce inquietud la expansión de la
Transversal del Norte, la imposición de tres hidroeléctricas (Hidro Santa Cruz
de Hidralia Natural en Barrillas, Hidro San Luis de CM5 en Sta. Eulalia e
Ixquisis de la PDH, S.A. en San Mateo Ixtatán) y la información de posible
extracción minera por parte de empresas mexicanas. Ante esta situación, las
comunidades se organizaron y requirieron información. Ante la autorización de
construcción de Hidroeléctricas, se realizaron varias consultas municipales en
donde las comunidades señalaron que NO querían las hidroeléctricas en su
territorio. En los municipios de San Mateo Ixtatán y Barrillas, los Alcaldes
han defendido las decisiones colectivas. Sin embargo, las empresas continúan
trabajando, una serie de procesos de corrupción se han venido dando a nivel
municipal y el Ejecutivo garantiza a las empresas protección policial,
ampliación de la presencia militar y Estado de Excepción.
Desde el año 2011,
las comunidades empezaron a manifestar su descontento con reuniones
planificadas o no frente de las instalaciones de las diversas empresas
hidroeléctricas. A partir de esta fecha, las manifestaciones no violentas han
superado las 50 en la región, mientras que las violentas se han dado en 4
momentos donde se desarrolla un conflicto entre trabajadores y comunitarios que
termina en quema de maquinaria e instalaciones. Además, hemos registrado el
asesinato de 2 líderes comunitarios (Daniel Pedro Mateo – 16 de abril de 2013 y
Pascual Pedro Pablo – 27 de marzo de 2015), el asesinato de 6 personas en el
marco de los conflictos (2 ligadas a las empresas y 4 a los defensores de
derechos humanos), más de una veintena de personas defensoras de derechos
humanos con lesiones graves, más de 10 trabajadores de empresas que señalan
haber sido amenazados, 6 momentos en que las acciones policiales y militares
causaron daño a las comunidades, particularmente a las mujeres, , el cierre de
una radio comunitaria y más de 50 personas defensoras de derechos humanos que
han sido imputados ante la justicia. Además, encontramos dos momentos críticos
en donde se rompe la institucionalidad, el 1 de mayo de 2012 con la imposición
de un Estado de Excepción y el 19 y 20 de enero de 2015 en donde el descontento
comunitario obliga al cierre y traslado del Centro de Atención de Justicia de
Santa Eulalia.
La situación se agrava por los procesos de criminalización en
contra de liderezas y líderes comunitarios. El proceso contra Rubén Herrera,
dirigente de la Asociación de Desarrollo de Huehuetenango es emblemático de lo
que ocurre en la región. Dos acusaciones se levantan contra él por hechos
ocurridos en abril del 2012 y luego de guardar prisión preventiva es absuelto
de todos los cargos. Así como él, 30 personas más han tenido que pasar por
procesos penales para ser absueltos en el momento de la acusación por falta de pruebas.
Sin embargo, las empresas mantienen la presión para que se condene,
particularmente a los líderes no violentos y los que han estado dando la cara
ante el gobierno para pedir un diálogo respetuoso y el derecho a la consulta
LIBRE, PREVIA E INFORMADA. Es así como luego de ser sobreseídos en un caso
relacionado con los incidentes del 1 de mayo del 2012, a Rogelio Velásquez y
Saúl Méndez, líderes comunitarios de Barillas se les abre un proceso por su
presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer en el marco de un
linchamiento ocurrido en su comunidad por las acusaciones de las personas sobre
la presunta actividad delictiva de la víctima. Sorpresivamente en diciembre del
año pasado, se da una sentencia en contra de los defensores en donde el juez argumentó
“no podemos probar como mataron a la mujer pero como son los líderes de la
comunidad son los responsables” {SIC}. La sentencia ilegal pretende
responsabilizar penalmente a los defensores de derechos humanos, por las
acciones cometidas particulares que viven en sus comunidades.
A finales de
febrero de este año, un juez de primera instancia de Huehuetenango liga a
proceso a tres líderes importantes de las comunidades de Barillas (Sotero
Adalberto Villatoro, Francisco Juan Francisco y Arturo Pablo) por el delito de
secuestro presuntamente cometido en el 2012 luego que la fiscalía solicitara el
sobreseimiento del proceso por carecer de pruebas. No sólo los liga a proceso,
sino también ordena su prisión, traslado a la zona 18 para alejarlos de su
comunidad y luego se recusa de ser juez; dejando a los imputados sin juez
contralor y sin fecha para la audiencia de revisión de medida. Finalmente, el 24
de marzo fueron detenidos Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, líderes del
pueblo Q’anjob’al y que en nombre del movimiento llamado “Gobierno
Plurinacional de los pueblos Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ y Mestizo” han
solicitado tanto en la ciudad de Guatemala como en lo internacional que se
respeten los derechos de los pueblos indígenas. Estos líderes tienen 16
denuncias judiciales abiertas y fueron detenidos en la ciudad capital
relacionándolos a hechos del 2013 y acusándoles de amenazas, coacción y
detención ilegal. Luego de una serie de violaciones de sus garantías, el juez
de primera instancia de Huehuetenango los escucha en la capital y deja abierto
el proceso por detención ilegal y les da una medida sustitutiva. No obstante,
saliendo de Torre de Tribunales son nuevamente detenidos por una orden de
captura girada por el mismo juez por plagio, secuestro e instigación a
delinquir, por hechos ocurridos el 23 de enero de 2014. Al día de hoy, guardan
prisión sin que se haya programado fecha para su primera audiencia acumulando
más violaciones en contra del debido proceso.
Ese mismo día, llega a nosotros
la noticia que el mismo martes 24 de marzo había desaparecido el líder de
Barillas, Pascual Pablo Francisco y que el viernes lo encontraron asesinado.
Además de esto ninguno de los casos de asesinato, lesiones y amenazas en contra
de defensores y defensoras de derechos humanos ha prosperado. La mayoría de
estos casos está en la impunidad, incluyendo los hechos del 20 de enero, donde
presuntamente el Alcalde de Sta. Eulalia es responsable del asesinato de 3
personas, las lesiones graves en contra de una defensora de derechos humanos,
lesiones leves en contra de comunicadores sociales de la Radio Snuq Jolom
Konob. A la fecha, la Radio sigue sin poder abrir sus puertas, a pesar de un
intento el 20 de marzo cuando fue reprimida por miembros de la Municipalidad de
Sta. Eulalia.
Ante esta situación, la Convergencia por los Derechos Humanos:
1.
Demanda a la Corte Suprema de Justicia que revise la actuación de los jueces de
Santa Eulalia e investigue su actuación y aplique las medidas administrativas y
legales necesarias. Asimismo, que intervenga de forma inmediata para remediar
la grave violación de garantías a las que están sujetas las personas defensoras
de derechos humanos hoy detenidas.
2. Exige al gobierno central que detenga los
permisos para funcionamiento de las empresas hidroeléctricas de la región y
empiece un proceso de consulta realizada de acuerdo a las prácticas de los
pueblos indígenas mayoritarios en el Norte de Huehuetenango.
3. Solicita a las
empresas Hidro Santa Cruz, Hidro San Luis e Hidro Ixquisis que escuchen y
respeten a las comunidades afectadas por sus operaciones y que apoyen un
mecanismo de diálogo en donde participen todos los liderazgos reconocidos en el
lugar incluidas las gerencias y dueños de las empresas.
4. Solicita a
defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios que
continúen su lucha no violenta por el cumplimiento de sus derechos y que de
abrirse procesos reales de diálogo se involucren para garantizar una salida l
conflicto en donde tanto sus derechos como los intereses comunitarios sean
cumplidos.
5. A los medios de comunicación, la sociedad en general y la
comunidad internacional que no estigmaticen la defensa de derechos humanos
individuales y colectivos; que cese la criminalización en contra de todas las
personas detenidas . Todas son INOCENTES hasta que se pruebe lo contrario.
Esperamos que esta problemática sea comprendida por toda la sociedad y las
instituciones del Estado para una salida democrática.
Guatemala, 30 de marzo de
2014
CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS:
Centro de Acción Legal, Ambiental y
Social (CALAS); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Centro
de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA); Centro Internacional para
Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH); El Refugio de la Niñez; Equipo de
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG); Seguridad en Democracia (SEDEM);
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e Guatemala
(UDEFEGUA); Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).
