De la Puya con amor

Pequeña comunidad cuestiona  al capital.

Helmer Velásquez

Las mujeres y hombres que convergen en la “Puya” han llegado de San José del Golfo, Nacahuil y Ayampuc, no están allí imbuidos de espíritu bolchevique alguno, ni bajan de la Sierra Maestra o de la Sierra de las Minas para instaurar novedoso régimen. Están ahí, emplazados por el futuro de sus hijos. Llegaron convocados por la angustia. La sola posibilidad de ver sus campos infestados con arsénico, sus aguas mezcladas con cianuro o secas las fuentes… sustraídas. Es obvio, que no partieron los comunitarios –mujeres y hombres– de elaboradas teorías basadas en el materialismo dialéctico. Los habitantes de estas pequeñas comunidades interpelan a los inversionistas, a partir del ser humano; desde el corazón maravilloso de la madre campesina y los ancestrales saberes llaneros. Frente a esta expresión de sencillez. De lo justo y ecuánime. Viene el aspaviento: Wall Street, baja la calificación. El ‘board’ canadiense cede su “activo minero” inversores estadounidenses van al relevo. 

Y todo ¿por qué? En la Puya prefieren salvaguardar agua y llanura, frente a polvo y arsénico. Una cuestión bastante lógica. ¿No haría usted lo mismo? Efectivamente, este será el caso de una mayoría ciudadana, aquella no pertenece, ni subyace, bajo círculos inversores y los aliados en la “guayaba” –esa que refiere Jorge Serrano Elías–. Empresa y el Estado han leído mal la resistencia comunitaria. El Ministro del Interior infiere terrorismo y manipulación, los tribunales abren causa penal a los comunitarios, la empresa contrata militares en retiro: ejerce represión privada. Las madres y comunitarios rezan y resisten. No acceden a la violencia. Una madre de la Puya sintetizó el pensamiento colectivo: “dejen el oro donde está, que ahí lo puso Dios… sí por las joyas que nosotros no usaremos, ni queremos, perderemos el agua y la paz. Entonces no queremos minería”. Y otra señora terció: “el Gobierno está para defendernos, no para atacarnos”. Resulta imposible rebatir estos argumentos sin faltar a la razón; sin embargo, el capital escasas veces hace acopio de buen juicio.

Esta comunidad tenaz y luchadora se posiciona de mis recovecos mentales ahora que conocí el estudio “Impacto de la Minería en las Mujeres y Tejido Social”, elaborado por la comunidad de la Puya, Fundación para el Desarrollo Comunitario (Fundesco), miembro de Congcoop y coordinado por la socióloga Mónica Mendizábal Juárez. A propósito –frente a la inviabilidad social y ambiental del proyecto minero– ¿cuándo se retirará la empresa de la Puya y se inicia la construcción del parque ecológico que proponen madres y comunidades organizadas?
http://www.elperiodico.com.gt/es/20131219/opinion/239867/

Criminalizan libre expresión

La práctica dictatorial del poder.

Miguel Ángel Albizures

En víspera de Navidad, los periodistas y comunicadores sociales tienen que enfrentar las embestidas del capital nacional y transnacional, así como de funcionarios y políticos que unas veces los embisten, otras les amenazan y ahora practican las acusaciones en los tribunales para silenciar a quienes ejercen el derecho de opinar. Algunos periodistas no han tenido la suerte que algunos poseemos, y descansan en una tumba fría después de haber desafiado al sistema y denunciado las movidas chuecas de funcionarios o empresarios.

Además de las acusaciones de terroristas, que algunos afrontamos en los tribunales y por las cuales ya fuimos llamados a declaración y que persiguen el objetivo que no insistamos en la aplicación de la justicia por los crímenes del pasado, ahora le ha tocado el turno a Francisca Gómez Grijalva, columnista de ‘Prensa Libre’,.

Después de su artículo contra los abusos de la cementera en San Juan Sacatepéquez, fue citada, no por un tribunal de imprenta como debe ser, sino por un juzgado civil que le advierte que es para “preparar juicio posterior contra ella”, todo a petición de los personeros de la empresa que se sienten ofendidos por la defensa que la colega hace de 12 comunidades que pueden ser afectadas, en el uso del agua y la destrucción de las montañas.

Estamos finalizando el año y la criminalización de los conflictos sociales y del derecho de libre expresión sigue en pie, mientras se pregona a los cuatro vientos que vivimos en un Estado democrático, donde el discurso nada tiene que ver con la práctica dictatorial de quienes ejercen el poder, tal como lo expresa la Asamblea Departamental de Huehuetenango en su último comunicado “La represión y criminalización como estrategia del gobierno, en el año 2013 atravesó todo el país en donde tenemos persecución, encarcelamiento y asesinatos de líderes, cuyo único delito es defender su comunidad, su territorio y su vida”. 

Está bien que el Ministro de Comunicaciones cubra de concreto las carreteras del país, pero está mal que los niños mueran de hambre y se criminalicen las opiniones de los columnistas, intentando sepultar bajo cemento la libre expresión para silenciar a los y las periodistas que desde estos espacios apoyan la lucha de los pueblos en defensa del territorio y de los recursos naturales. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libre Expresión ha sido claro al señalar: “En tiempos de guerra o paz, cuando el derecho público de conocer la verdad de los hechos es amenazada, todos los derechos humanos pueden ser minados”.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20131219/opinion/239868/

Solidaridad con Francisca Gómez Grijalva y las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez.

"Si tocan a una, nos tocan a todxs." Martes 17 de diciembre 2013. Activistas sociales, organizaciones comunitarias, pueblo Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, personas académicas y organizaciones de Derechos Humanos, están movilizadas en solidaridad con Francisca Gómez Grijalva y las Doce Comunidades Maya Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez. "Nuevamente, asistimos a un acto de prepotencia, misoginia y racismo en el marco de la tendencia de criminalización de la lucha social; en este caso de una empresa cementera que pretende intimidar a Francisca Gómez Grijalva, columnista de Prensa Libre y una de las pocas mujeres indígenas que cuenta con una columna periodística, quién en ejercicio de su derecho a la expresión opina en torno a la situación de conflictividad en diversas comunidades del país y los efectos de la explotación de los bienes y recursos naturales"

CONSULTA POPULAR EN SOLIDARIDAD CON BARILLAS, SANTA EULALIA Y SAN MATEO IXTATAN

entren voten y ayudenos a difundirlo http://consultapopularguatemala.blogspot.com.es/

Los Chocoyos, Sipakapa, San Marcos

El día de ayer a las 12:00 horas, representantes del consejo maya sipakapense acompañados de la comisión jurídica del Consejo de Pueblos, interpusieron una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del Director de Energía y Minas de Guatemala, por violar el derecho de Consulta previa, libre e informada, establecida en el convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas y Tribales, al otorgar sin ningún consentimiento la licencia minera denominada "Los Chocoyos" ubicada en la aldea Pie de La cuesta, del municipio de Sipakapa, San Marcos.

Dicha licencia fue otorgada a la transnacional Entre Mares S.A. subsidiaria de Goldcorp Inc.

De acuerdo a Esperanza Pérez del Consejo Maya Sipakapense, el Director de Energía y Minas al otorgar esta licencia a la empresa minera Entre Mares S.A. pone en gran riesgo la vida de los habitantes de Sipakapa. Con el inicio de la exploración que tiene una duración de tres años y cobertura de 20Km2, la explotación minera se vuelve una gran amenaza para pueblo sipakapense, puesto que ahora está en fase de exploración a un paso de pasar a explotación lo cual causara la contaminación de los nacimientos de agua y ríos.

Según el programa de producción de Entre Mares S.A., implica que para lograr sus metas de producción serán removidas entre 750 y 1 millón 50 mil toneladas de tierra. Porque para producir una onza de oro, utilizando el método de filtración de cianuro, el más socorrido en la minería de cielo abierto, deben procesarse 30 toneladas de material en bruto. Imaginémonos el impacto que esto tendrá en términos de piedras y tierra removidas y la gran cantidad de agua que esta industria consumirá. Sipakapa está en camino de convertirse, a ese ritmo, en un verdadero desastre ecológico.

Mientras tanto el actual alcalde municipal Alejandro Mazariegos y su consejo municipal afirma que solo es una licencia de exploración y que esto no causara daño alguno al territorio Sipakapense.

En la primera reunión que se sostuvo en noviembre del presente año para establecer una mesa de dialogo entre entidades de gobierno y el pueblo sipakapense, en la cual participo el alcalde municipal y miembros de COCODE y donde también fue vedado el derecho de ingreso a los medios de comunicación, la propuesta presentada por el pueblo Sipakapense era que en la mesa de diálogo debía participar no solo el pueblo sipakapense si no también el pueblo mam puesto que también dicha licencia minera les afectaría a ellos, a lo que las autoridades gubernamentales se opusieron rotundamente, con el objetivo de fraccionar la lucha que se mantiene en el occidente en contra de la minería.
En Conferencia de Prensa frente a la Corte Suprema de Justicia, Esperanza Pérez del Consejo Maya Sipakapense señalo al Director de Energía y Minas de Violar los derechos de pueblo de Sipakapa al ignorar la Consulta Comunitaria de buena fe realizada el 18 de junio de 2005 y otorgar a la empresa minera Entre Mares la licencia de exploración.

Timoteo Vásquez miembro del Concejo Maya Sipakapense, indico que no son un grupo o grupito como dicen los del actual gobierno, "queremos que nos escuchen y que respeten nuestros derechos, si el pueblo dijo no, se debe respetar, no somos violentos, hemos hecho marchas pacificas, no queremos agresiones, no queremos que se nos pague por los daños, queremos que la empresa minera se retire, por años hemos vivido en Sipakapa, somos los legítimos dueños por lo que pedimos al gobierno que respete la nación Sipakapense" indico ante los medios comunicación.



El mismo día el Consejo de la Nación Maya Mam realizó otra conferencia de prensa en San Marcos, en apoyo a la acción de amparo que representantes del pueblo Sipakapense presentaban en la Corte Suprema de Justicia.

Arnulfo Mendéz miembro del Consejo de la Nación Mam de San Marcos afirma que quienes rompieron la mesa de diálogo establecida entre instituciones del Estado y líderes comunitarios de Sipakapa para llegar a un acuerdo, fueron las mismas entidades de gobierno, al no respetar uno de los compromisos en el que establecía la suspensión de los trabajos mineros en la comunidad los Chocoyos, Sipakapa, hasta que no se solucionara el problema "Mientras el pueblo sipakapense estaba en la espera de la segunda reunión de la mesa de diálogo, la empresa minera siguió su operación de exploración, violando los compromisos establecidos en la primera reunión, por lo tanto, las acciones del pueblo sipakapense vinieron después que no se respetaran los acuerdos firmados en la primera reunión, si es cierto, que las autoridades dicen que no hay que restringir la ley, que sean ellos los primeros que la cumplan, las autoridades nos dicen que todos estamos bajo el marco de la ley, pero ellos siempre están por encima de la ley violando nuestros derechos como pueblos" indico.


www.cpo.org.gt

• Categoría

  ONG y activismo

• Licencia

  Licencia de YouTube estándar

  
  

Demandantes Guatemaltecas, Que Presentan Demandas En Contra De Hudbay Minerals, Escogen Un Juicio Por Jurado En Canadá

Demandantes Mayas Escogen Juicio Por Jurado En Canadá:

Información actualizada sobre los litigios en Canada en contra de Hudbay Minerals por abuso de derechos humanos en su antigua mina en Guatemala

El día 12 de diciembre, 2013, las demandantes mayas guatemaltecas que presentan las demandas en contra de Hudbay Minerals escogieron un juicio por jurado. Como resultado, las demandas en contra de Hudbay Minerals por violaciones en grupo, asesinato, y tiroteos - presuntamente cometidos en su antiguo proyecto de mina en Guatemala - procederán a juicio en Ontario ante un jurado formado por ciudadanos canadienses comunes.

Las demandantes creen que es completamente apropiado que canadienses promedios tengan la responsabilidad de juzgar las empresas canadienses por daños causados por sus acciones.

Mediante estas demandas, los canadienses tendrán laoportunidad de establecer las normas del comportamiento de las empresas canadienses que operen fuera de Canadá.

“Creemos que los canadienses no tolerarían tales abusos en Canadá  y no toleraran que las empresas canadiensesque operan fuera del país cometan tales abusos,” dijo Murray Klippenstein, abogado de las demandantes. 

Las demandas en contra de Hudbay ya entran en la etapa de descubrimiento, durante la cual Hudbay será obligado a divulgar todos los documentos pertinentes y las comunicaciones concernientes la operación de su antigua mina en Guatemala. Los ejecutivos de Hudbay se verán sometidos a cuestionamiento bajo juramento. Se espera que esta etapa de descubrimiento dure entre 1 o 2 años. 

Para obtener mas información véase: www.chocversushudbay.com
   
Murray Klippenstein / Cory Wanless, Abogados
KLIPPENSTEINS Barristers & Solicitors
(416) 598-0288
murray.klippenstein@klippensteins.ca
cory.wanless@klippensteins.ca

*******
Para Mas Informacion, y Para Comunicarse con Las Demandantes en Guatemala, favor de comunicarse con Grahame Russell, info@rightsaction.org

*******

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia sexual contra mujeres q´eqchís en Guatemala

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia sexual contra mujeres  q´eqchís en Guatemala

Publicado por Grupo de Mujeres Ixchel 

Luz Méndez Gutiérrez

En este artículo se narran y se analizan las historias de lucha por la justicia que han emprendido dos grupos de mujeres indígenas del pueblo q´eqchí de Guatemala, quienes viven el municipio de El Estor, departamento de Izabal. El primer grupo está conformado por quince mujeres de la comunidad Sepur Zarco, que interpusieron en el sistema de justicia de Guatemala una demanda penal por esclavitud sexual en un destacamento militar durante el conflicto armado. El segundo grupo lo integran once mujeres de la comunidad Lote Ocho, quienes presentaron en Canadá una demanda legal contra una empresa minera transnacional, por violaciones sexuales perpetradas por sus agentes de seguridad en Guatemala. 

Elementos del contexto

Los acontecimientos que se relatan en este artículo tuvieron lugar en la región del Valle del Río Polochic, la cual abarca varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, en el nororiente de Guatemala. Esta región es rica en recursos naturales, como fértiles tierras, abundante agua, petróleo, níquel y otros minerales. En esta región se vive actualmente un proceso de reconcentración de la tierra para la producción de agro combustibles, tales como la palma africana y la caña de azúcar, así como la intensificación de la extracción minera. Dichas actividades se han impulsado a costa de nuevos despojos de tierras a la población campesina, generando conflictividad social, violencia y profundización de la aguda desigualdad en la estructura de tenencia de la tierra. Según el último censo agropecuario, el 57% de la tierra se halla en poder del 2% de propietarios, mientras que, en el otro extremo, el 3% de la tierra corresponde al 45% de propietarios (INE, 2004). 

Al finalizar el conflicto armado, que duró más de 30 años, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, reveló que durante ese período, en el marco de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror, en grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (CEH, 1998: 13)

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 hubo avances importantes en la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Para los movimientos sociales esto significó la apertura de espacios para la participación ciudadana y la incidencia política, que ha dado como resultado la construcción de un marco legal favorable a los derechos humanos. Sin embargo, durante los años recientes se ha dado un proceso de involución, afectando especialmente al sistema de seguridad. Actualmente uno de los grandes problemas que afronta la ciudadanía son los altos índices de violencia delincuencial. En esto inciden viejos problemas socioeconómicos, políticos e institucionales no resueltos, así como el incremento de la economía criminal, particularmente el narcotráfico. En ese contexto, el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres se han incrementado. 

Los hechos de violencia sexual contra mujeres q´eqchís

Las mujeres de Sepur Zarco. En el marco del conflicto armado, mujeres del pueblo q´eqchí de varias aldeas de Izabal y Alta Verapaz fueron víctimas de esclavitud sexual en el destacamento instalado por el ejército en la aldea Sepur Zarco. En agosto de 1982 las mujeres fueron violadas sexualmente por los soldados, en sus casas, frente a sus hijos e hijas. Unos días antes miembros del ejército habían secuestrado y desaparecido de manera forzosa a los esposos de las mujeres. Ellos eran campesinos que se habían organizado para obtener los títulos de propiedad de sus tierras. A partir de ese momento las mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual y esclavitud doméstica en el destacamento militar, durante períodos que van de seis meses a seis años. Organizadas por “turnos”, ellas fueron forzadas a presentarse cada dos días al destacamento, en el cual fueron violadas en forma sistemática y múltiple. A la esclavitud sexual se sumó la esclavitud doméstica, ya que tenían la obligación de preparar la comida y lavar los uniformes de los soldados. La explotación económica llegó al extremo de ser forzadas a proporcionar el maíz y el jabón, lo cual implicó que los hijos de las mujeres fueron sometidos a niveles extremos de pobreza y hambre (Méndez, 2012).

Las mujeres de Lote Ocho. 

El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fue víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. La CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera transnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.

Los dos grupos de mujeres fueron víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos. A las mujeres de Sepur Zarco, además de la violencia sexual y el asesinato o desaparición forzada de sus esposos, los soldados les destruyeron sus casas, cosechas y otros bienes materiales. Lo mismo ocurrió en la comunidad Lote Ocho donde los guardias de la CGN y los agentes del Estado quemaron las casas y las siembras. Mujeres de ambos grupos fueron forzadas a refugiarse en las montañas para escapar de la represión. Durante el desplazamiento murieron varios hijos e hijas de mujeres de Sepur Zarco, producto de enfermedades y la falta de alimentos.

Las secuelas 

Las secuelas de la violación sexual son profundas y de larga duración. Entre las consecuencias físicas, las mujeres protagonistas de estas historias tuvieron abortos, embarazos forzados, incapacidad de volver a concebir, dolores que les han durado por muchos años, así como otras enfermedades.
 

Entre las secuelas psicosociales destacan el impacto del silencio y la estigmatización. Las mujeres de Sepur Zarco guardaron silencio durante 25 años sobre la violencia sexual vivida. Las mujeres de Lote Ocho también callaron durante varios años sobre la violación sexual. El tener que mantener en silencio hechos de tan profundo impacto en sus vidas, ha sido una pesada carga para ellas. La estigmatización social, que ha afectado a los dos grupos, ha tenido una especial crudeza para las mujeres de Sepur Zarco. El rechazo y los señalamientos contra ellas en su propia comunidad, en donde incluso han sido calificadas como “las mujeres malas”, les ha causado gran sufrimiento.

La violación sexual es el único crimen por el cual socialmente la vergüenza y la culpa recaen en los hombros de las propias víctimas y no en los perpetradores. Allí se halla la principal raíz del silencio forzado y la estigmatización social. Además, tales impactos son resultado del hecho que la violación sexual no se interpreta como una violación a los derechos humanos, como un problema social y político, sino como algo que corresponde al ámbito de la esfera privada.

Pasado-presente: el continuo de violencia sexual contra mujeres indígenasLa investigación en curso sobre acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas, revela la existencia de patrones similares en la violencia sexual perpetrada contra mujeres q´eqchís en el pasado y el presente. Aún cuando median treinta años entre unos hechos y otros, las mujeres de los dos grupos fueron violadas en forma atroz, masiva y múltiple. Para comprender este continuo de violencia es necesario analizar la forma en que se entrelazaron en la vida y los cuerpos de las mujeres la opresión de género, el racismo contra los pueblos indígenas, así como la conflictividad agraria, que para el grupo de Sepur Zarco se expresó en el contexto del conflicto armado.

El despojo de tierras y la violación sexual de mujeres indígenas son dos problemas estructurales que han estado íntimamente entrelazados en la historia de Guatemala. Este vínculo despojo de tierras-violación sexual se halla en la base de las violaciones sexuales contra las mujeres de Sepur Zarco y Lote Ocho. Las mujeres de los dos grupos identifican que las condiciones contextuales que dieron origen a la violencia sexual que sufrieron están íntimamente vinculadas a las luchas comunitarias por la defensa de sus tierras. Las mujeres de Sepur Zarco explican que la violencia sexual de la cual fueron objeto es resultado de la represión contra los campesinos indígenas que se organizaron para obtener los títulos de propiedad de sus terrenos. La violencia vino porque luchamos por la tierra. (SZ.1-9). Para las mujeres de Lote Ocho el despojo de tierras y la violación sexual son dos violaciones a los derechos humanos que sufrieron de forma simultánea. Durante el segundo desalojo fue cuando nos hicieron el daño, en este segundo desalojo fue cuando fuimos violadas (L8.3-1).

En efecto, durante los hechos de violencia contra las mujeres de Lote Ocho y Sepur Zarco la violación sexual fue utilizada como mecanismo de control y sometimiento, como un medio de intimidación y castigo hacia las mujeres y sus comunidades, las cuales se habían organizado para defender sus tierras ancestrales. En ambos casos la violación sexual fue una herramienta para el despojo de tierras a la población campesina indígena. Además, la violencia sexual de la cual fueron objeto las mujeres de Sepur Zarco fue utilizada como arma de guerra en el marco de la política contrainsurgente del Estado durante el conflicto armado.

La dominación de género o sistema patriarcal jugó un papel central durante los hechos de violencia contra los dos grupos de mujeres, ya que aportó una ideología, así como un conjunto de normas y prácticas sociales que asignan a las mujeres una condición social de subordinación, mientras que otorga a los hombres una posición de supremacía. La violencia contra las mujeres constituye un componente estructural del sistema de dominación de género. Una de las características distintivas de este tipo de violencia es que se halla no sólo legitimada sino también normalizada socialmente. En los imaginarios patriarcales los hombres socialmente tienen el derecho de poseer y controlar a las mujeres, para lo cual el repertorio de mecanismos utilizados incluye la utilización de la violencia. La lógica patriarcal de concebir a las mujeres como propiedad de los hombres fue funcional a la política contrainsurgente durante el conflicto armado. El cuerpo femenino, que también se interpreta como territorio, fue utilizado para afirmar dominio y demostrar poder sobre otros hombres. La misma lógica aplica respecto a las violaciones sexuales contra las mujeres durante los desalojos de tierras en la época actual.

El racismo contra los pueblos indígenas ha facilitado la perpetración de la violencia sexual contra las mujeres indígenas, al profundizar su condición de inferioridad social. En Guatemala el 41% de los habitantes se identifica como indígenas y el 59% como no indígenas (INE, 2002). Los pueblos indígenas están compuestos por 23 grupos etnolingüísticos, mayoritariamente provenientes del pueblo maya. Una de las mayores riquezas de Guatemala es su diversidad étnica, cultural y lingüística. Sin embargo, históricamente estos pueblos han sido sometidos a un acendrado racismo, el cual se halla especialmente arraigado en la elite económica dominante. No obstante, el racismo ha penetrado todas las clases y grupos sociales, llegando a naturalizarse de tal manera que incluso las clases subalternas lo utilizan como elemento de recreación de su propia identidad (Casaúz, 2008: 20).

Abriendo brecha en la búsqueda de justicia

Las mujeres de los dos grupos buscaron justicia por senderos diferentes. En ese caminar las principales estrategias que han utilizado han sido la organización de grupos de mujeres –lo que les permitió contar con un espacio de confianza para hablar sobre la violencia sexual–, así como la construcción de alianzas con organizaciones feministas y de derechos humanos, a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones han trabajado conjuntamente con los dos grupos de mujeres, desde una visión de transformación social.


Las mujeres de Sepur Zarco, en el marco de la justicia transicional, participaron en un proceso de construcción de memoria histórica y tomaron parte en el Primer Tribunal de Conciencia sobre violencia sexual durante el conflicto armado. Además, en 2011 presentaron una demanda penal en el sistema de justicia de Guatemala por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas por agentes del Estado durante el conflicto armado.

Por su parte, las mujeres de Lote Ocho acudieron a cortes canadienses para obtener resarcimiento y justicia por los delitos de violación sexual perpetrados por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), que era subsidiaria de la transnacional canadiense HudBay Minerals cuando ocurrieron los hechos de violencia contra las mujeres. Ellas presentaron la demanda conjuntamente con la viuda de un profesor que fue asesinado y un joven que fue herido y dejado parapléjico por guardias privados de la CGN durante otros desalojos violentos de tierras. Se trata entonces de tres demandas presentadas en el sistema de justicia de Canadá.

A la fecha los dos grupos de mujeres han tenido avances importantes en la búsqueda justicia. Un juzgado de Guatemala aceptó dar curso a la querella penal presentada por las mujeres de Sepur Zarco y un tribunal de alto riesgo escuchó los testimonios de las demandantes, en calidad de prueba anticipada, durante 2012. Por otro lado, un tribunal de Ontario, Canadá emitió en 2013 un fallo aceptando conocer la demanda legal presentada por las mujeres de Lote Ocho, así como los otros demandantes, contra HudBay Minerals.

Los dos grupos de mujeres son protagonistas de procesos legales sin precedentes. Con sus luchas estas mujeres q´ueqchís están abriendo brecha para el acceso de las mujeres a la justicia, en los ámbitos nacional e internacional. La relevancia del caso de Sepur Zarco se halla en que es la primera vez que un tribunal nacional conoce crímenes de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Casos de otros países han sido conocidos en cortes internacionales. Esto constituye un valioso aporte a las luchas para poner fin a la violencia sexual durante conflictos armados, una de las más generalizadas y más silenciadas violaciones a los derechos humanos en situaciones de guerra. El significado del fallo de la Corte de Justicia de Canadá proviene del hecho que es la primera vez en la historia legal de ese país que se admite juzgar a una empresa canadiense por su conducta en otros países. Con esto se lanza un fuerte mensaje para impedir que empresas extractivas transnacionales canadienses violen los derechos humanos en Guatemala y otros países.

Los procesos legales aquí expuestos aún no han concluido. Son muchos los obstáculos y retos que las mujeres enfrentan en el camino que emprendieron para alcanzar justicia. En primer lugar se halla el contexto de violencia y conflictividad agraria en la región donde viven. Además, las mujeres de Sepur Zarco se sienten permanentemente amenazadas por el hecho de que conviven en las mismas comunidades con varios de los perpetradores de la violencia sexual que vivieron. Por su parte, las mujeres de Lote Ocho están siendo sometidas a enormes presiones y chantajes por parte de la Compañía Guatemalteca del Níquel con el fin de que retiren la demanda legal en Canadá.

No obstante, lo avanzado hasta ahora por estos grupos de mujeres, renueva las esperanzas de que es posible organizarse y construir alianzas para romper el silencio y luchar para poner fin a la impunidad por violación sexual y otros graves crímenes cometidos contra las mujeres y sus comunidades. En el largo plazo lo que se busca es construir una sociedad justa, con respeto a los derechos humanos y sin violencias de ningún tipo.

Bibliografía:
Casaús Arzú, Marta Elena (2008). Genocidio, ¿la máxima expresión de racismo en Guatemala? Guatemala: F&G editores.
Comisión de Esclarecimiento Histórico 5–CEH– (1998). Memoria del Silencio, Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. Tomo III, Guatemala.

Méndez, Luz (2012). No me quiero morir sin alcanzar justicia. Esclavitud sexual durante el conflicto armado en Guatemala. Programa de las Américas.http://www.cipamericas.org/es/archives/8127

Instituto Nacional de Estadística –INE (2002). XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala.

Instituto Nacional de Estadística –INE (2004). IV Censo Nacional Agropecuario, Tomo I. Guatemala.

Sobre la autora

Luz Méndez Gutiérrez es investigadora y activista social, cuyo trabajo se enfoca en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la plena participación de las mujeres en procesos de justicia y paz. Tiene una maestría en administración pública y especialización en estudios de género. Actualmente coordina el proyecto de investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala, una iniciativa colaborativa entre el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–, en Guatemala, así como la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en Colombia. 

 FUENTE: 

  [1] Artículo publicado en el boletín internacional Múltiples No. 20, octubre 2013, Just Governance Group, Canadá. Este artículo refleja algunos de los hallazgos de la investigación Acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala.

Dos mil trece y la justicia. Se avecinan huracanes que pueden arrasar con lo poco avanzado.

Se avecinan huracanes que pueden arrasar con lo poco avanzado.

Miguel Ángel Albizures

A pesar de los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los últimos dos años, la maquinaria del sistema de justicia no está del todo ajustada, hay piezas chuecas que no han sido reemplazadas, ni mucho menos juzgadas por participación o complicidad en hechos que claman justicia al cielo. Esos eslabones, que mantienen la impunidad y facilitan el quehacer de los criminales, se mantienen bien aferrados y ello permite que, una y otra vez, los mafiosos recurran a maniobras para impedir que juicios paradigmáticos prosigan su curso y se sienten precedentes que aten las manos de criminales, de ayer y de hoy, que siguen sonriendo sarcásticamente frente a la dama de la balanza.

Podemos tener muchas decepciones del actuar de algunos jueces, hombres y mujeres que han tenido y tienen la responsabilidad de impartir justicia y que, por el contrario, han contribuido a que impere la impunidad. Lo mismo podemos decir de algunos fiscales que maliciosamente desvían las investigaciones para que los acusados salgan absueltos. Muchos señalamientos pueden existir contra la Fiscal General, especialmente de aquellos que pretenden borrón y cuenta nueva, y que se quedaron agazapados en las cavernas y hoy sacan la cara exigiendo una amnistía por los crímenes que jamás prescriben.

Señalamientos contra la CICIG y sus funcionarios los hay, pero especialmente de aquellos que levantan la bandera de la soberanía, pero que siguen lamiendo la mano del imperio y que poco les importa la entrega de la tierra y los recursos naturales del país a las transnacionales. Son los mismos que se oponen a que se investigue la infiltración del crimen organizado en la política y el contrabando aduanero, porque ello afecta directamente sus intereses.

Pueden seguir despotricando contra la Fiscal General, contra la CICIG o contra los jueces y fiscales que, a pesar de la descalificación de su actuar y de las amenazas que reciben, siguen levantando la frente y tratando de devolver la confianza en el sistema de justicia. Gracias a ellos, podemos decir que se han dado pasos importantes en la persecución del crimen y en la realización de juicios históricos que han dado la vuelta al mundo. Se avecinan huracanes que pueden arrasar con lo poco que se ha avanzado, y para evitarlo se necesita unificar esfuerzos para seguir construyendo un Estado de derecho, donde las mafias no tengan ningún espacio. 

http://www.elperiodico.com.gt

SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMANOS DE CONAMAQ

Coordinadora Andina de organizaciones Indígenas

Quechua, Kichwa, Aymara, Mapuche...

Pronunciamiento de la CAOI con relación a la violenta toma de las oficinas del CONAMAQ

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI, organización que aglutina a los pueblos andinos de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, en defensa del ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y de la autonomía de las organizaciones indígenas miembros de la CAOI, se pronuncia con respecto a ladenuncia pública que el CONAMAQ ha establecido frente al intento violento de tomar sus oficinas el día de ayer, martes 10 de diciembre, en la ciudad de La Paz, ante ello expresamos lo siguiente:

1.- La CAOI rechaza contundentemente toda acción violenta encaminada a enfrentar y dividir a las organizaciones indígenas de la región andina, así mismo solicita y pone en alerta ante las autoridades pertinentes del Estado Plurinacional de Bolivia, prestar especial atención y brindar las máximas garantías constitucionales para evitar cualquier acto violento que enfrente a nuestros pueblos indígenas. 

2.- La CAOI reconoce a la CONAMAQ como una de sus organizaciones miembro fundadoras y respalda la convocatoria al VIII Jach´a Tantachawi que se realizará los días 12 y 13 de diciembre en la ciudad de La Paz, que entre otros puntos elegirá un nuevo Consejo de Gobierno, el mismo que será acompañado por nuestro Coordinador General de la CAOI Gerardo Jumi Tapias.

3.- La CAOI rechaza toda acción mal intencionada por intentar desestabilizar al CONAMAQ a través de un directorio paralelo que el día de ayer intento tomar el local de la CONAMAQ  a través de dirigentes disidentes que en su momento fueron sancionados de acuerdo a las normas propias y suspendidos por el Consejo de Consejos del CONAMAQ desde 2012.

 4.- La CAOI expresa su rechazo a la toma violenta de las oficinas del CONAMAQ por parte de esas mismas autoridades sancionadas, que ha dejado como consecuencia dos heridos: el hermano Carlos Mamani, ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, y el hermano David Crispín.

   

5.- La CAOI invoca a las autoridades e instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y en particular al presidente Evo Morales a que puedan tomar todas las medidas para garantizar la protección de la vida y salud de las autoridades del CONAMAQ que se encuentran actualmente ejerciendo funciones en dichas oficinas y están próximos a inaugurar el VIII Jach’a Tantachawi. De igual manera a brindar la seguridad policial en sus oficinas y en la realización del Jach´a Tantachawi y que esta seguridad policial debe ser ejercida imparcialmente a fin de resguardar la paz social.

 

6.- Considerando las reiteradas denuncias de la CONAMAQ en vista  que detrás de estas acciones hay intereses políticos por debilitar a las organizaciones indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, llamamos al respeto de la autonomía de las organizaciones propias de los pueblos indígenas.

7.- Hacemos un llamado a  nuestras organizaciones nacionales bases de CAOI (Ecuador, Colombia y Perú), a todas las organizaciones indígenas del continente del Abya Yala; además de las organizaciones indígenas internacionales y aliadas de la sociedad civil a pronunciarse y solidarizarse con nuestros hermanos del CONAMAQ.