IRMALICIA VELÁSQUEZ NIMATUJ Conocí la historia de Marco Antonio Molina Theissen en Costa Rica, con detalles que durante semanas no se despegaron de mi mente, ni dejaron mis noches. Al volver a Quetzaltenango cada vez que pasaba por lo que fue la Zona Militar 17-15 Manuel Lisandro Barillas, me preguntaba, ¿cuántos crímenes cometidos por miembros del Ejército esconden estas largas paredes, ahora cubiertas de murales?
Me impactó la fuerza que mantuvo viva a Emma Guadalupe después de ser capturada el 27 de septiembre de 1981, en un retén del Ejército, frente a la Escuela Normal de Santa Lucía Utatlán, regresada a Quetzaltenango y trasladada a la 17-15 en donde fue torturada y violada para que delatara a sus compañeros que compartían una causa distinta a la del gobierno y el Estado. A pesar de los golpes y abusos que sufrió su cuerpo, su espíritu no fue doblegado y su hazaña me motivó a ingresar a ese viejo edificio que fue estación del Ferrocarril de los Altos, antes de que pasara a convertirse en un macabro centro de tortura.
Al estar en ese espacio mis ojos recorrieron ventanas y paredes, caminé por ese largo, oscuro y tenebroso salón que Emma recorrió luego de quitarse las esposas, ponerse sus zapatos, escapar por una ventana, echarse agua fría en la cara y decir a los vigilantes que había llegado con el “canche”.
De niña y adolescente recuerdo que en Quetzaltenango se sabía que quien era detenido y llevado a esa zona militar no salía con vida y en efecto, esto lo ratifican las historias de familiares que vieron cómo sus seres amados, que fueron llevados allí, nunca salieron. Por eso, el escape de Emma fue para los militares una osadía que no le perdonarían. Y una forma de vengarse fue viajar a la capital y recapturarla pero al no encontrarla descargaron su furia en su hermano, un niño de 14 años.
Mientras leo que a Benedicto Lucas le fueron imputados nuevos delitos por la desaparición de Marco Antonio, interpreto la justicia como un pequeño respiro para su valiente madre y hermanas pero también para miles que aún permanecen desaparecidos y cuyos espíritus no paran de deambular.
DESAPARICIÓN FORZADA EN GUATEMALA (caso familia Azmitia Dorantes)
Dos casos emblemáticos de cómo se practicó la desaparición forzada en Guatemala y cómo se ha buscado justicia en instancias internacionales.
El Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada de Guatemala. Invita a las actividades a realizarse el 30 de agosto en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Este 30 de agosto, día internacional de las víctimas de las desapariciones forzadas
La Red de Docentes para una convivencia digna, IIARS, Guatemala en Movimientos les invitan al foto:"Abordaje del Conflicto Armado en el ámbito educativo de Guatemala: una tarea pendiente" y al acto de develación de la plaza del salón: "Familia Álvarez" en memoria de Felipe Álvarez Tepaz, Mateo, Jorge, Mario y Rosalio Álvarez Capir.
Tambien a la inauguración de la sala: "Marco Antonio Molina Theissen"
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzará a observarse en 2011.
Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, casucha o choza de una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario.
Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos.
«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»
Las propias víctimas
Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.
Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.
Amigos y familiares de las víctimas
La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.
La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.
Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.
Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.
Comunidades
Las comunidades están directamente afectados por la desaparición de sostén de la familia, y la degradación de la situación de las familias económica y su marginación social.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Una grave violación de los derechos humanos
Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;
El derecho a la libertad y seguridad de la persona;;
El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;
El derecho a una identidad;
El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;
El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;
El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición
Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, así como sus familias:
El derecho a la protección y a la asistencia a la familia;;
El derecho a un nivel de vida adecuado;
El derecho a la salud;
El derecho a la educación.
Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que, cuando como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una «desaparición forzada» ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.
El allanamiento a la casa de Ramón Cadena, es un mal síntoma de lo que se viene encima.
Revuelo ha provocado saber que siguen las amenazas, allanamientos, controles y escuchas a ciudadanos que en alguna forma, tienen que ver en aspectos políticos o de opinión sobre la situación del país. Esto no es nada nuevo, siempre ha existido, pues las estructuras quedaron intactas a pesar de la desaparición del tenebroso Estado Mayor Presidencial, responsable en su tiempo, no solo del control, sino de las amenazas y asesinato de políticos, sindicalistas, periodistas o líderes comunales.
Podríamos exigir al presidente Jimmy Morales la desarticulación de los nuevos y viejos aparatos de inteligencia, pero es pedir peras al olmo¸ cuando de sobra sabemos que tiene las manos atadas y que el poder real está en quienes le rodean, de quienes han sido conocidos como la “Juntita”, que si bien uno de ellos pasa a gozar de impunidad, como el militar retirado y ahora diputado, Armando Melgar Padilla, hay muchos de los viejos zorros, agazapados en instituciones de gobierno y agrupados en su asociación de veteranos y fundaterror, que tienen mucha experiencia en espionaje y control ciudadano, en guerra psicológica, en amenazas y ejecuciones extrajudiciales e incluso en desestabilización de gobiernos.
El allanamiento a la casa de Ramón Cadena, reconocido defensor de derechos humanos es un mal síntoma de lo que se viene encima, pues se trata del Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, quien ha estado acompañando a víctimas del conflicto armado interno. No se trata de un acto simple, sino de algo similar a los hechos del pasado, pues la llegada de ocho hombres armados, con los rostros cubiertos y el registro de su vivienda, no tiene solo el propósito de robar información, sino de lanzar un mensaje a todos los abogados y defensores de derechos humanos.
A este hecho hay que agregar que hace pocos días, se conoce lo sucedido en la casa de César Montes, conocido por su activa participación en el conflicto armado interno y como el impulsor de la Fundación Turcios Lima, por suerte no se encontraba en su casa y si no quien sabe qué hubiera sucedido, pues ha sufrido constantes amenazas de muerte y hace dos meses, le fue retirada la protección que tenía, posiblemente para facilitar un atentado. Al igual que en la casa de Ramón Cadena, hicieron registro general y se llevaron computadoras y documentos. No se trata de hechos aislados, por robo de objetos de valor, sino un plan premeditado para seguir sembrando temor y silenciar las voces de protesta, pues son múltiples las denuncias que se han hecho de periodistas agredidos y amenazados de muerte. Nuestra solidaridad con quienes han sido víctimas de estos ataques. Compartimos lo que expresó César Montes “Si por esas luchas vienen estas acciones que pretenden intimidarnos, se equivocan. Con estas acciones solo nos llevarán a redoblar los esfuerzos por construir todos una Nueva Guatemala”.
24 de agosto de 1980 Desaparición forzada en la finca “Emaús Medio Monte”
17 dirigentes sindicales fueron detenidos - desapercidos, se cumplen 36 años de su secuestro y desaparición.
17 personas entre líderes sindicales e integrantes de la Escuela de Orientación Sindical de la Universidad de San Carlos, organizaron un seminario-taller fuera de la capital, en la finca Emaús Medio Monte, Escuintla.
Sin embargo, en una operación que respondía a las mismas características y objetivos del caso descrito, el 24 de agosto de 1980, efectivos del Ejército y fuerzas de la Policía Nacional bajo la dirección del subjefe de la división de detectivesdetuvieron e hicieron desaparecer a 16 personas, entre ellos sindicalistas y miembros de la Escuela de Orientación Sindical de la USAC. El 2 de septiembre de 1980 el administrador de la finca, José Luis Peña, fue capturado, torturado y ejecutado. La víctima había sido testigo directo de la desaparición forzada y había sido amenazado de muerte si proporcionaba alguna información.El representante legal de la casa Emaús, que fue acusado por el Ejército “de darle cabida a los comunistas”,afirmó que jeeps militares y un camión fueron parte del operativo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los secuestrados fueron conducidos a los garajes de la división de investigaciones de la Policía Nacional, en la zona 6 de la ciudad, donde fueron torturados bajo la dirección del nuevo jefe de Investigaciones.
PROHIBIDO OLVIDAREntre las personas detenidas en la finca "Emaús Medio Monte", se contaban las siguientes: Gustavo Adolfo Bejarano, Juan Guerra, Guillermo Turcios, Augusto Yach Ciriaco, Edgar de la Cruz, Iliana de la Cruz, y el administrador de la finca. Arrestadas por fuerzas de seguridad, bajo órdenes de Alfonso Ortíz, segundo en Jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, dichas personas fueron conducidas a los garajes de la división de investigaciones de la Policía Nacional en la Zona 6 de la ciudad, en donde fueron torturadas bajo la dirección del nuevo Jefe de Investigaciones, Pedro Arredondo.
Fotos de la Finca EMAUS, Escuintla
José Luis Pena
(Administrador de la Finca Emaús)
Gustavo Adolfo Bejarano
(Obrero de la Fábrica Cidasa)
Rafael Enrique Girón Mérida
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Jordan Gilberto Salazar Uriza
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Augusto Yach Ciriaco
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Gerónimo Alberto Moreno Palencia
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Alfonso Obdulio Molina Mérida
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Ilian de la Cruz
(De la Escuela de Orientación Sindical de la Universidad de San Carlos)
Edgar de la Cruz
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Julio César Pérez Gálvez
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Víctor Herrera
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Rosarion Leal
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Nery Robledo Espinoza
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Adalberto Juarez
(De la Planta de procesamiento de alimentos Kern's
Estos documentos históricos que fueron publicados sin haber sido alterados, tienen un valor hemerográfico y hemerocrítico.
Textos vivos. Los pueblos indígenas de Guatemala en los escritos del Ejército Guerrillero de los Pobres –EGP– es el libro que recoge en nueve capítulos algunos de los primeros documentos conceptuales, manifiestos, resoluciones de conferencias, comunicados, propuestas, entrevistas y saludos que de 1967 a 1994 abordaron la vida y situación de las y los indígenas.
Estos documentos históricos que fueron publicados sin haber sido alterados –dejando intactas categorías reduccionistas o que hoy han sido superadas– tienen un valor hemerográfico y hemerocrítico porque implica que serán leídos en el presente tal y como fueron producidos para estudiar, escudriñar, comprender o juzgar cómo la dirigencia del EGP visualizó la historia y la vida de los pueblos indígenas desde antes de que decidieran trasladarse al occidente de Guatemala. En los mismos pueden desglosarse las posturas ideológicas prevalecientes de la época y también encontrar cómo las líneas de acción y de trabajo fueron modificándose conforme el conflicto armado iba desarrollándose en algunas de las regiones del país.
Para lectores o estudiosos de esa etapa son producciones que vendrán a enriquecer el debate, especialmente el que se refiere a la propuesta de nación que allí se plasmó y que su lectura señala que la realidad material les llevó a reconocer que el país estaba integrado por múltiples nacionalidades indígenas, propuesta que fue cercenada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995. Acuerdo, que irónicamente hasta hoy, es el único fundacional porque reconoce a los mayas, garífunas y xincas como pueblos luego de 470 años de exigir el reconocimiento de sus vidas, mientras la Constitución, dado el conservadurismo de los congresistas, sigue sin ser receptiva a esa legitimación ignorando el peso poblacional y económico que las y los indígenas aportan diariamente a Guatemala.
Los textos, además, abonan a la discusión de la permanente e histórica resistencia indígena que es una de las más sobresalientes de Latinoamérica del siglo XX y su convergencia con el movimiento guerrillero, aunque también evidencian los límites o errores de la dirigencia, invisibilizar el aporte de las mujeres, el subsumir la opresión racial o asumir el rol de salvadores. Sin duda, son textos vivos para el debate. http://elperiodico.com.gt/2016/08/20/opinion/textos-vivos/
La Fundacion Guillermo Toriello y el Centro Rolando Moran realizaron un conversatorio sobre análisis crítico y debate de textos inéditos como parte de nuestra historia, donde participaron varios panelistas.
_ ¿Qué tal está, mama? ¿Ya se enteró de la aparición del nieto de Estela de Carlotto?
_Sí, mija.
_ ¡Qué alegre! ¿Verdad?
_ ¡Qué bueno! ¡Qué dichosa ella!
_ ¡Qué dichosas todas las abuelas que han encontrado a sus nietos y nietas!
_ Sí, no cabe duda…
_ En Guatemala es difícil…
_ La vida es bella pero…
(Nos alegramos con tristeza. Caemos en la obviedad. “Guatemala no es Argentina”. Con sentimientos encontrados, me despido.)
El 6 de agosto se dio a conocer una feliz noticia: Guido y su abuela Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, se reencontraron tras casi cuatro décadas de búsqueda. Guido es uno de los 500 niños y niñas que nacieron en cautiverio o fueron detenidos y desaparecidos a muy corta edad junto con sus madres, padres o familiares y entregadas por los criminales a sus “apropiadores”, casi siempre miembros de los aparatos de terror estatal instalado en la Argentina de los setentas y la primera parte de los ochentas, o gente vinculada a ellos. Con él, son 114 las nietas y nietos que han vuelto al seno de sus verdaderas familias. Falta encontrar a 386 y restituirles su verdadera identidad.
Es una maravillosa noticia, “una pequeña victoria en una gran derrota que nos hemos dejado hacer”, como afirmó Guido Montoya Carlotto, que celebro como si fuera mía.
Sin embargo, Guatemala no es Argentina…
La primera diferencia, enorme diferencia, entre ambas realidades es que Estela de Carlotto está viva pese a la persecución y hostigamiento permanentes de la dictadura militar, que incluso desapareció y asesinó a sus fundadoras en 1977[i].
En Guatemala a lo largo de varias décadas persiguieron sistemáticamente a todas las personas que demandaron saber el paradero de sus familiares desaparecidos/as.[ii]Muchas de ellas fueron asesinadas o desaparecidas, otras salieron del país. Demandar la verdad sobre los/las desaparecidos/as era altamente peligroso; el solo hecho de ser familiar de algún/a desaparecido/a convertía a una persona en “sospechosa”, un adjetivo que pasó a tener calidad de sustantivo en los tiempos en los que se impuso la concepción del enemigo interno.
La segunda diferencia es que en Argentina está en marcha una política de la memoria y la verdad que, entre otras acciones, recurre a la enseñanza de lo sucedido durante la dictadura, museos, monumentos y otros simbolismos que forman parte de una serie medidas legitimadoras de los esfuerzos emprendidos por las víctimas y sus familias.
La tercera diferencia es la derrota del ejército argentino en Las Malvinas, un hecho que precipitó su caída debilitándolo a tal grado que en 1985 se llevó a cabo el juicio a las juntas militares. En Guatemala el ejército está intacto, sus archivos son inaccesibles y los implicados en la comisión de los crímenes de lesa humanidad se encubren mutuamente mediante un pacto de silencio. Hemos tenido que esperar treinta años para ver a un militar jefe de Estado en el banquillo de los acusados y una vez sentenciado a prisión por el delito de genocidio, el proceso fue devuelto a sus inicios.
La cuarta diferencia es que Argentina posee un poder judicial independiente con las capacidades técnicas y el necesario acceso a la información para llevar adelante la investigación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Además, hay una política gubernamental respecto de la justicia transicional. Como producto de esta voluntad política y ética, en abril, por ejemplo, se confirmó lasentencia condenatoria a los responsables de la desaparición forzada de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Asimismo, a diciembre de 2013 se había condenado a 515 policías, militares y civiles por los crímenes cometidos durante la dictadura; el general golpista Rafael Videla murió en la cárcel a los 87 años donde cumplía dos sentencias, una de ellas por el robo de bebés.
En Guatemala la balanza aún no se inclina del lado de la justicia. Los poquísimos procesos judiciales en los casos de derechos humanos que han culminado con una sentencia condenatoria han debido sortear mil y un obstáculos. Estos van desde el retorcimiento de las leyes y el litigio malicioso hasta la persecución y amedrentamiento de jueces, testigos y fiscales, pasando por la imposición de decisiones ilegales, como las emitidas por la Corte de Constitucionalidad en el juicio de genocidio, la salida prematura de Claudia Paz y Paz de la jefatura del Ministerio Público, las sanciones gremiales contra la jueza Barrios, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, etc.
La quinta diferencia es la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue creado por el gobierno argentino en 1987 como una de las respuestas a las demandas de las Abuelas que, con su tenacidad, contribuyeron de forma decisiva a avances impresionantes en este campo que hoy son utilizados en el mundo entero. Su objetivo es “garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.”
Guatemala ha incumplido con el establecimiento de un banco de datos genéticos[iii] y los gobiernos que se han sucedido en el poder desde la firma de los acuerdos de paz no han cumplido con la Recomendación 24 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico[iv]respecto de la búsqueda y ubicación del paradero de los niños y niñas desaparecidos. En dicha Recomendación, la CEH insta al Estado a la “Creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos con la función de buscar niños y niñas desaparecidas, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de su familia y documentar su desaparición”.
La Ley 3590 que crearía la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, una iniciativa de la sociedad civil para superar el silencio e inacción estatales, lleva siete años en el Congreso sin ser aprobada. Tanto el banco de datos genéticos como la aprobación de la mencionada ley son obligaciones internacionales de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en vista de que son parte de las medidas ordenadas por este tribunal en la sentencia de reparaciones de Marco Antonio, mi hermano (caso Molina Theissen vs. Guatemala).
Lo anterior no quiere decir que en Guatemala sea imposible saber qué pasó con las personas desaparecidas, en especial de quienes eran niños o niñas cuando fueron víctimas de este crimen atroz, buscarlos para devolvérselos a sus familias vivos o muertos y hacer justicia. Si en Argentina se ha podido hacer, nada nos impide continuar exigiendo acciones efectivas, como la aprobación de la ley 3590 y el banco de datos genéticos, lo que implica el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de desapariciones forzadas y, en general, de las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos.
El reencuentro del nieto 114, Guido Montoya Carlotto, con su abuela Estela ha sido una alegría que debe multiplicarse en nuestro país, donde todavía hay 45 000 nietos y nietas desaparecidos, entre ellos, cinco mil niños/as. Mi hermano Marco Antonio; Glenda y Rosaura, las dos hijas de Adriana Portillo-Bartow, y su hermana Alma; el bebé de Clemencia Azmitia, a quien desaparecieron cuando tenía cuatro meses de embarazo, son alguna/os de ella/os.
Para empezar a restituir a los 45 000 seres humanos desaparecidos, de todas las edades y condiciones, hay que rescatarlos del olvido y hacerles un lugar en la memoria individual y colectiva.
Hay que abrir los archivos militares para buscar su rastro, recorrer los pasillos y mazmorras y horadar el suelo de los cuarteles tenebrosos. Hay que penetrar en la memoria de sus captores, torturadores, desaparecedores y asesinos y recorrer sus rincones hediondos, sus esquinas sangrantes, sus habitaciones oscuras. Quizá en alguna de ellas habiten las imágenes terribles de sus víctimas, su sufrimiento, el último instante que vivieron y guarden en un profundo abismo los nombres de quienes mataron, su último aliento.
Un país entero tendría que dejar de hacer oídos sordos al dolor de sus familias, cruda e irreparable secuela del que les provocaron los tormentos que les eran infligidos a nuestros seres amados. También deberá dejar de ver para otro lado cuando sus abuelas, sus madres, padres, esposas, esposos, hijos/as, hermanas/os los buscamos, reclamamos justicia, saber la verdad y exigimos la devolución de sus restos.
Hay que atreverse a abrir los ojos, los de la cara y los del corazón, para ver en un desfile interminable sus 45 000 rostros en las envejecidas fotos que atesoramos quienes les sobrevivimos o leer sus nombres en las columnas de la Catedral y repetirlos uno a uno en voz muy alta.
Los 45 000 nietos y nietas desaparecidos en Guatemala eran hijos/as, padres o madres, hermanos/as, esposos/as, amigos/as de alguien. Pensemos en ellos y ellas un minuto. Quizá ese océano de tiempo se convierta en una ola gigantesca que arrase con la desmemoria y, ojalá, en un tsunami de justicia que borre para siempre la impunidad.
[i]El 30 de abril de 1977, las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo Azucena Villaflor de Vicenti, María Esther Ballestrino de Careaga y Mari Ponce de Bianco fueron capturadas y arrojadas vivas al mar en uno de los llamados “vuelos de la muerte”. Sus restos no fueron identificados sino hasta 2005.
[ii] Por ejemplo, en 1971 doña Juana Loza de Molina fue internada en el hospital psiquiátrico por demandar la aparición de su hijo. En 1974 fue asesinado Edmundo Guerra Theilheimer, asesor jurídico del Comité de Familiares de Desaparecidos, conformado con el apoyo de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En 1982 mis padres, Emma y Carlos, se sumaron a otro esfuerzo organizativo que terminó con la desaparición forzada de su principal promotor y de su hijo. Se reunían en el parque Central y manifestaban públicamente frente al Palacio Nacional en pleno estado de sitio.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) surgió en 1984. Sobre todo en las zonas rurales del país muchas/os de sus integrantes fueron víctimas del gobierno del militar golpista Humberto Mejía Víctores. En la Semana Santa de 1985 fueron asesinados la fundadora del GAM Rosario Godoy, esposa del joven estudiante sancarlista Carlos Cuevas Molina detenido y desaparecido el 15 de mayo del año anterior; su hijo Augusto Rafael, un bebé de dos años que fue salvajemente torturado; y el joven Maynor Godoy Aldana, hermano menor de Rosario. Días antes, habían matado a Héctor Orlando Gómez Calito, de 32 años, vocero del GAM, a quien le cortaron la lengua.
[iii] Lo que existe es un esfuerzo privado, muy valorado, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Ver más información en http://www.fafg.org/es
Recordar a Ramiro es recordar la figura imponente de su estatura y piel morena. Su sonrisa espontánea, su sencillez y ternura rompían de inmediato con la imagen inicial que uno podía formarse al verlo por primera vez. Nunca buscó ser protagonista visible, pero sí aportar humildemente toda su energía y su arte a la causa de la Revolución.
En lo personal, no puedo decir que fui su amigo estrecho por lo que es poco lo que puedo decir. Pero nos sabíamos compañeros de lucha, lo que de inmediato establecía lazos muy fuertes. Conocía de su participación política en la Facultad de Arquitectura y en las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres. Fue uno de los iniciadores del Grupo “Tábano”, que pasado el tiempo se constituyó en el FERG – Seccional Arquitectura.
Cuando en el FERG requeríamos de alguien con sensibilidad y calidad artística, inmediatamente acudíamos a Ramiro, quien apoyó para la confección de mantas para manifestaciones y actos públicos, murales en las paredes de la USAC, estandartes como los de las y los compañeros caídos en la Embajada de España, caricaturas e ilustraciones para diversas publicaciones y en general todo aquello que con la imagen y el diseño se pudiera expresar. Era un comunicador a través del arte.
Su carácter era jovial, de agudo humor, que transmitía la alegría de vivir.
Ninguno buscaba la muerte, pero sabíamos que era un riesgo. Con conciencia y valor se asumió ese riesgo y lamentablemente muchos efectivamente murieron.
Por eso, una vez más decimos como seguramente lo dijo Ramiro tantas veces, citando al inolvidable guerrillero heroico,
El 15 de agosto de 1980 en el pueblo de Asunción Mita, Jutiapa, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado ejecutaron a Ramiro Antonio García Jiménez, quien era activista del Frente Estudiantil Robin García y pertenecía a la AEU. Fuente:
CEH, Guatemala memoria del silencio.
HOMENAJE A RAMIRO GARCÍA, A 33 AÑOS DEL ASESINATO DE UN HOMBRE ÍNTEGRO
martes, 5 de febrero de 2013
A 33 años del asesinato de un hombre íntegro (1).
(Fragmento de Homenaje a Otto René Castillo, serie Realidades, de Ramiro García). Ramiro García (1950 -1980) arquitecto, diseñador gráfico, dibujante y pintor, miembro fundador del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García e integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres. Fue asesinado por el ejército frente a su madre, en una tienda popular de Asunción Mita. Una muerte que, como tantas otras, quizás por las sinrazones del olvido, se ha dejado sentir muy lentamente en la conciencia y el afecto de la Guatemala sensible y democrática. ¿Cómo recordar el contenido positivo y concreto de su vida, sus aportes a la plástica y la pintura mural, su entrega sin prohibiciones a la lucha por la justicia, equivalente a la de su “hermano mayor” Otto René Castillo? Y es que, como en Otto René, la estrategia de su vida y su obra apuntaba hacia el prójimo, para resguardarlo del abismo solitario que producen el egoismo y la autocomplasencia. (1) Texto: arteNativas. cine independiente / curaduría de izquierda artenativas.blogspot.com para seguir narrando la vida…
, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:
