AMNISTÍA INTERNACIONAL DECLARACIÓN PÚBLICA

Guatemala: Liberación de 7 defensores demuestra el mal uso del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Publico para criminalizar personas defensoras del territorio.  

El pasado viernes 22 de julio, en horas de la noche, el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la Jueza Yassmín Barrios Aguilar, declaró inocentes por unanimidad a los defensores de derechos humanos Rigoberto Juárez Mateo – Presidente del Gobierno Plurinacional en el Norte de Huehuetenango-, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Domingo Baltazar - indígenas de la etnia Q’anjob’al de Santa Eulalia –  y Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Bernardo Ermitaño López y Mynor López –líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas-, de los delitos de detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir. Todos son defensores del agua y el territorio en el norte del Departamento de Huehuetenango, Guatemala. 

Los defensores fueron acusados por hechos relacionados con distintas manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en Santa Cruz Barillas, donde una presa hidroeléctrica planeaba ser construida, el 22 de abril de 2013, y otras dos frente al Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, el 23 de enero de 2014, y el 19 y 20 de enero de 2015. Trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz y funcionarios públicos del CAJ, así como el ex alcalde del municipio de Santa Eulalia, interpusieron las denuncias contra los defensores.

Dos de los jueces del tribunal consideraron que el defensor Ermitaño López Reyes era culpable del delito de obstrucción de la justicia en relación con la manifestación del 23 de enero de 2014 que se realizó como respuesta a una audiencia contra 3 de los defensores en que se les imputó el delito de secuestro; como resultado de la manifestación fue realizada una segunda audiencia en el mismo día, en donde se les retiró ese cargo. También consideraron que el Presidente del Gobierno Plurinacional, Rigoberto Juárez, era culpable del delito de coacción de los funcionarios públicos del CAJ en la manifestación de 19 y 20 de enero de 2015. Amnistía Internacional seguirá monitoreando la situación.

Los siete defensores habían pasado más de un año en prisión preventiva. Aún están pendientes de ser ejecutadas entre 8 y 20 órdenes de captura contra otros defensores y defensoras de del territorio. 

La sentencia que dejó en libertad a los siete defensores incluyó un análisis de los modos legítimos de actuar de las autoridades ancestrales en las comunidades indígenas, así como del rol que las autoridades indígenas ejercen como mediadores y voceros. La sentencia recalcó que las autoridades no deben criminalizar conductas legítimas como la organización de la autoridad indígena o las manifestaciones pacíficas. La Jueza Presidenta llamó la atención del Ministerio Público y fue contundente en señalar que los jueces no deben ser instrumentos para la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. 

Los defensores Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar están a la espera de otro juicio, programado para abril de 2017, también relacionado con una manifestación realizada frente a la presa hidroeléctrica San Luis, que planeaba ser construida en el municipio de Santa Eulalia. Ambos defensores se encuentran en actualmente libertad.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación en torno a que esta serie de acusaciones del Ministerio Público en contra de los defensores de derechos humanos se basan únicamente en su rol como autoridades comunitarias, considerándolos automáticamente como organizadores de las manifestaciones y responsables por cualquier daño causado, conducta que se contrapone a las normas internacionales de derechos humanos. 

La organización hace un llamado al Ministerio Público para que ajuste sus lineamientos internos de modo tal que se inicien investigaciones contra defensores y defensoras solamente cuando realmente haya mérito y evidencias para ello. Igualmente, es necesario que se abstenga de imputar delitos como el secuestro, con el único objetivo de detener a las y los defensores y evitar que tengan un juicio en libertad, tal como sucedió en el caso en referencia. Una actuación sin fundamento que privilegia la detención de las personas que se presumen inocentes, por encima de la garantía de su libertad es violatoria de los derechos humanos.

https://es.scribd.com/document/319413562/Comunicado-Amnistia-Amr3445552016spanish

El agua: ¿un derecho o una mercancía?

Mario Sosa
Las denuncias sobre el desvío, el robo y la contaminación de ríos, lagunas y lagos a manos de las principales empresas agrícolas, agroindustriales, industriales, mineras, petroleras, hidroeléctricas y de servicios que dominan el actual modelo de acumulación de capital de Guatemala han sido objetivas, contundentes e innegables.

Ante la imposibilidad de defensa, las empresas señaladas y otras que hacen del agua un negocio están dirigiendo su estrategia a la defensa de sus intereses. En específico, una de sus principales acciones está orientada a la aprobación de una ley de aguas que defina este recurso como un bien objeto de transacción, es decir, como una mercancía. De esta manera podrán continuar apropiándose de ella y contaminándola sin mayores costos financieros.

Si las empresas logran su propósito, una ley formulada y aprobada según sus intereses, se legalizará el otorgamiento de licencias y concesiones para el control, la propiedad, el uso, la distribución y la venta de agua de forma natural o modificada (contaminada con químicos, como sucede con las aguas minerales o gaseosas, por ejemplo).

Con la conformación, los intereses y la cultura política que predominan actualmente en el Congreso de la República, lo más probable es que logren sus propósitos, ya que pueden alcanzar el voto favorable de la mayoría de bancadas y de diputados. Lo previsible es que la propuesta del Colectivo Agua, Vida y Territorios, presentada por tres bancadas minoritarias como iniciativa 50-70, en la cual participaron representaciones sociales de distinta procedencia, simplemente sea desechada para su discusión.

Con una ley a su favor se abriría la posibilidad de que, por una cantidad de dinero —la menor posible—, los empresarios aseguren la rentabilidad de sus negocios al garantizarse el desvío y el uso privados y privativos de aguas de ríos y subterráneas, por ejemplo, así como a través de la venta del servicio de agua y de aguas procesadas a los precios que impongan.

Esto impediría acceder a este vital líquido a miles de comunidades rurales que dependen del agua procedente de ríos, lagunas y lagos. Implicaría la adquisición del vital líquido a precios exorbitantes, especialmente en regiones, municipios, comunidades y colonias cuyas poblaciones se han visto obligadas a comprarlo. Implicaría, además, validar las múltiples formas en las cuales se contaminan las distintas fuentes de agua, con los consabidos daños a los ecosistemas. Todo esto, ante un Estado y su institucionalidad gubernamental centralizada o descentralizada en los Gobiernos municipales, ha privilegiado el interés del capital (eufemísticamente llamado empresarial) antes que garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento, con su provisión sana, suficiente y permanente a todos los ciudadanos guatemaltecos.

Si se aprueba una ley a favor de los intereses empresariales y contra nuestro derecho humano al agua, se estaría violando la misma Constitución Política, que en sus artículos 127 y 128 establece que las aguas son bienes de dominio público (común), inalienables e imprescriptibles.

En este sentido, nuestras acciones deben dirigirse, en primer lugar, a lograr que las comunidades, los pueblos, las organizaciones, las instituciones y la ciudadanía en general asumamos el agua como un derecho humano inalienable, que no debe considerarse como mercancía bajo ninguna circunstancia o justificación. Por lo tanto, la aprobación de cualquier normativa y el control de la política pública en la materia no pueden supeditarse o quedar en manos de intereses privados, pues estos son antagónicos al interés común.

En esta misma dirección, también es necesario considerar, entre otros asuntos, que el agua es vital para la reproducción de los ciclos biológicos y las relaciones sistémicas entre especies animales y vegetales, soporte de la vida en general y de la vida del ser humano en particular.

Esta dirección de nuestras acciones inmediatas es fundamental y una garantía de que, de aprobarse una ley al respecto, se privilegien el derecho humano y el de la madre tierra al agua, al tiempo que se establezcan políticas para su descontaminación y se penalice su contaminación, su uso indebido y su robo a través de los diversos mecanismos y recursos por medio de los cuales esto ha venido ocurriendo. Y para finalizar, dichas acciones deben impedir cualquier forma de privatización y mercantilización del agua, aun cuando algunas de sus fuentes se encuentren en tierras privadas.

El dilema está claro: se instituye el agua como un derecho humano o como una mercancía.

Se trata, pues, de combatir la privatización, el robo y la contaminación del agua, especialmente la política pública ambiental, en tanto tolera, facilita y protege tales prácticas e intereses del capital. Se requiere, al mismo tiempo, combatir las posiciones medias tintas en la materia, y aún más la intención de aprobar una ley de aguas que permita la privatización y el uso mercantil del vital líquido. En síntesis, hay que evitar que se siga enajenando nuestro derecho humano al agua.

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-agua-un-derecho-o-una-mercancia

Presos políticos en Huehuetenango: cuando la dignidad interrumpe la injusticia

Andrés Cabanas, 25 de julio de 2016

La liberación de siete presos políticos de Huehuetenango, el pasado 22 de julio, representa un triunfo de la dignidad, la fortaleza y las convicciones colectivas y comunitarias: frente a proyectos y modelos económicos explotadores de la naturaleza y las personas, y frente a un Estado que prioriza el derecho a la ganancia, al costo que sea, sobre el derecho a la vida.

La liberación es también un triunfo de la solidaridad y las luchas conjuntas: centenares de colectivos y organizaciones (miles de personas en Guatemala y otros países) se involucraron en la exigencia de libertad a través de movilizaciones, cabildeo a nivel nacional e internacional, luchas jurídicas, comunicados, escritos, apoyo económico, apoyo en salud, y muchos otros, desde la primera detención colectiva de dirigentes, el 2 de mayo de 2012. En este ámbito es necesario señalar la fortaleza de familias, esposas y compañeras de vida de cada uno de los presos (incluidos los previamente liberados) que, al creer en la humanidad y la vida, al exigir el ejercicio de la justicia y la garantía de derechos, marcan una ruta de valentía y esperanza.

Estos principios y formas de acción colectiva logran interrumpir (todavía no revertir) la ofensiva estratégica de las empresas y el Estado de Guatemala sobre el norte de Huehuetenango, ofensiva que tuvo el carácter de final, en cuanto se planteó desarticular la organización a través de la captura de los dirigentes: Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Mynor López, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar, liberados el 22 de julio de 2016; Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, liberados en enero de 2016; Rubén Herrera, liberado en mayo de 2013; Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés, liberados en enero de 2013; Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual, liberados en septiembre (el primero) y noviembre de 2012.

Construir un nuevo contexto

Si bien los presos políticos del norte de Huehuetenango están libres, las amenazas continúan vigentes: órdenes de captura existentes contra otros dirigentes, especialmente en Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia; persistencia en el sistema de justicia de la concepción de derecho penal del enemigo; consideración de la oposición social y comunitaria como enemiga (seguridad interna); invisibilización de los pueblos indígenas y sus demandas. La reducción del Estado a instrumento de coerción y represión con la anulación del régimen de derechos (de hecho o legal: durante el Estado de Sitio de mayo de 2012), es un rasgo omnipresente, prácticamente identitario, en la organización política y social, que condiciona la organización comunitaria.

La sentencia de absolución dictada por un Tribunal de Mayor Riesgo, que legitima "los derechos de los pueblos originarios" , debe superar estas visiones para abrir un nuevo contexto político en el norte de Huehuetenango. En este contexto posible se anotan varios retos:

·profundizar el debate sobre los derechos colectivos y de los pueblos frente a un modelo económico y político impuesto sin consulta, contra la voluntad y la cosmovisión de los habitantes;

·hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de decisión;

·revisar la institucionalidad estatal y el sistema de justicia, para que cumplan el papel que, hoy, no desempeñan: ser garantes del bien común y los derechos de todos, y no un "instrumento de poder y dominación", como reconoce la sentencia del Tribunal;

· fortalecer movilizaciones y articulaciones solidarias, como apuesta frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas y a la cultura de imposición que impregna luchas y movimientos.

El actual Estado, construido para perseguir, criminalizar y encarcelar a dirigentes comunitarios, para priorizar el derecho corporativo sobre los derechos colectivos, para operativizar un modelo de acumulación de naturaleza violenta, tiene que ser transformado de raíz.

Publicado por Andrés Cabanas

https://memorialguatemala.blogspot.com/

Tribunal de sentencia de Guatemala absuelve a líderes comunitarios y autoridades ancestrales

Por Aroldo Mateo

Después de 14 meses en prisión preventiva como consecuencia  de una persecución política que llevo la detención arbitraria de siete lideres comunitarios y autoridades ancestrales del departamento de Huehuetenango, Guatemala; Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Arturo Pablo Juan ambos detenidos el 26 de febrero de 2015 sindicados de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal; Bernardo Ermitaño López Reyes detenido el 2 de junio de 2015 sindicado del delito de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal, Mynor Manuel López Barrios detenido el 30 de noviembre de 2013 sindicado de atentado con agravación específica, instigación a delinquir, detenciones ilegales, amenazas, evasión, robo agravado, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar de Santa Eulalia, detenidos el 24 de marzo de 2015 sindicados del delito de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir, finalmente la verdad y a justicia  llegó, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, dictó una sentencia absolutoria para los defensores de la vida y de los recursos naturales.

Este acontecimiento  puso en claro la criminalización contra líderes comunitarios que han alzado la voz para defender sus recursos naturales y hacer valer sus derechos de una forma democrática. El desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales, la judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales, constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala.

Esta sentencia absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los intereses de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, que desde hace varios años ha vulnerado la paz de las comunidades del territorio Q´anjob´al del departamento de Huehuetenango, al querer imponer un modelo de desarrollo sin consultar a las comunidades, en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo y como consecuencia utilizaron el sistema de justicia para detener a los defensores.

En el proceso se evidencio los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra de los líderes comunitarios fueron arbitrarias debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de los pueblos por el Ministerio de Energía y Minas.

La imposición del modelo extractivista en las regiones del país  constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el desarrollo, propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocación de crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.

En este proceso quedó vigente la necesidad de investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia de Huehuetenango como responsables directos de esta tragedia, al mismo tiempo, será necesario un resarcimiento digno a las víctimas de la criminalización por parte del Estado de Guatemala de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

La jueza Yassmín Bariios dijo públicamente creer en la inocencia de los defensores al no existir fundamentos en las declaraciones de las personas que los acusaban  ``las autoridades deben respetar a las comunidades, su forma de organización para devolver la credibilidad de la justicia en Guatemala´´.

Esta sistemática criminalización de las luchas comunitarias incluyó una campaña de difamación y descalificación de las  luchas legítimas, propiciada por las empresas y el mal gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, ahora  detenido por diversos delitos de corrupción.

Admitieron desconocer de los derechos indígenas y de la forma de organización para promover el desarrollo  e instaron a los pueblos a ejercer sus derechos defendiendo el territorio, los recursos naturales.

Por otro lado, llaman a la reflexión a los operadores de justicia a no criminalizar a los pueblos indígenas ya que es necesario fortalecer el estado de derecho en el país y a los empresarios, no criminalizar as conductas ancestrales de los pueblos indígenas marginados históricamente, ya que es necesario que prevalezca la dignidad humana en Guatemala.

Esta situación perversa provocó desestabilidad social, profundizó la estigmatización en contra de defensores de derechos humanos, el odio y racismo en contra de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.

Guatemala: ¡Y de nuevo “venimos a contradecir”[1]!

Gladys Tzul

Gladys Tzul Tzul[2]

Socióloga k’iche’.

Sí. Es tan vivo y presente ese “venimos a contradecir”, que era la frase que daba inicio a varios de los alegatos de las comunidades para recuperar sus tierras y para pedir que los criollos no las invadieran en plena época de la colonia española. Con mas de cinco siglos de perdurabilidad y consistencia las estructuras de gobierno comunal del norte de Huehuetenango siguen contradiciendo y defendiendo sus territorios. Fueron las mujeres y hombres de Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy y San Mateo Ixtatán quienes dieron aviso a otros territorios indígenas que una embestida de despojo de tierras se venía contra las comunidades; hábilmente y con su estrategia comunal de deliberar y de producir discursos y prácticas políticas convocaron a consultas comunitarias para contradecir al modelo extractivo; se declararon territorios libres de minería; organizaron la resistencia y con ello fueron dando cátedra de cómo los pueblos se unen para defender territorios comunales y para defender el agua.  

Lo que ha sucedido en Huehuetenango en estos últimos años da para escribir crónicas y análisis de como las comunidades responden a la represión,  ha habido historias de muertes de maestros, de cierre de radios comunitarias, del encarcelamiento de autoridades comunales, de mucho dolor por la persecución de sus seres queridos.

Historias de q’anjobales ante un tribunal explicando que no han cometido delitos y  que lo que han hecho es defender la vida y el territorio porque así se los han encargado quienes los nombraron en asamblea; de mestizos que se unieron a las autoridades comunales para  defenderla vida; de esposas que sostienen la lucha en las comunidades.

Poco importaría la escritura, si esta tuviera efectos verdaderos de interrumpir la muerte, de liberar a los presos políticos, de evitar la construcción de hidroeléctricas, y de que las instituciones estatales no subordinen a las autoridades comunales.  

Si de algo sirve la escritura, que sea para apoyar el histórico acto de contradecir.  Por ello propongo tres puntos desde los cuales el juicio contra las autoridades comunales del norte de Huehuetenango exhiben el anquilosado corsé de la prolongada colonia en la república guatemalteca,  corsé al cual las comunidades responden y contradicen.  

a) Venimos a contradecir que los niñxs no son violentos, como se atrevió a decir una testigo que presentó el Ministerio Público para acusar a los presos políticos del  territorio q’anjobalano. Lo contradecimos porque somos hijxs de mujeres y hombres que día a día trabajan dignamente, de familias que desde tiempos inmemorables cuidan y cultivan los territorios comunales; aprendimos con nuestros padres y madres una serie de estrategias para organizar la vida en colectivo y para resistir a los despojos. Nuestra escuela política fueron las asambleas comunales, ahí comprendimos que las tensiones se tienen que regular y se equilibran al calor  de las amenazas;  que el trabajo comunal produce riqueza concreta: las fuentes de agua, los ríos, los caminos, las montañas y las fiestas, entre varias más.

Somos comunidades que hemos logrado conservar nuestras tierras  donde hoy día las empresas quieren poner sus hidroeléctricas. Nuestra política comunal hace posible nuestra vida, pero también hace posible la vida de varios cientos de miles más. Las montañas que cuidan en el norte de Huehuetenango surten de agua a gran parte de la población de Guatemala, incluyendo a las personas que osan decir que a los niños  son violentos.

b) Venimos a contradecir, al ministerio público. Las autoridades comunales no son agitadores. Son autoridades comunales y su función es defender el territorio. Haciendo una reflexión de corte histórico podemos nombrar que una de las funciones más importantes de las autoridades se puede resumir de la siguiente manera: “eran responsables de preservar la integridad territorial de sus comunidades frente a las incursiones de haciendas y otros pueblos”[3] No hay disociación entre autoridad comunal y asamblea comunal. Una no existe sin la otra y viceversa. Ser autoridad adquiere un carácter de obligación por vivir en comunidad. Las autoridades comunales encarnan la voluntad comunal, pero al mismo tiempo, éstas se encuentran sujetas a las decisiones de las asambleas comunales[4].  Son las comunidades con sus autoridades quienes por siglos se han hecho cargo de regular la vida comunal y con ellos han aportado al país. Todxs sabemos que donde  hay presencia de autoridades comunales, hay menos conflictos.

c) Venimos a contradecir, a las instituciones de justicia estatal del norte de Huehuetenango. Las autoridades comunales no boicotean a las instituciones estatales. Así lo testimonian los presos políticos, que manifestaron que su función es intermediar y coordinar con los representantes del Estado. Una de sus principales funciones es reducir los conflictos y los enfrentamientos. Las autoridades comunales permanentemente busca la coordinación de actividades, sino, no podríamos comprender que hayan logrado su pervivencia en el tiempo.

Aunque casi todo el tiempo tienen que lidiar con la subordinación de los funcionarios estatales, quienes muchas veces hacen gala de su explícito racismo. Muchos de nosotros sabemos que mientras las autoridades comunales son nombradas y designadas en asambleas, que son cargos honorarios de mucha responsabilidad y que tienen la obligación de conocer y respetar el funcionamiento de la estructura de gobierno comunal así como de las instituciones estatales.  Al contrario, los operadores de justicia del norte de Huehuetenango no tienen ni el mínimo conocimiento del contexto histórico donde trabajan, muchas veces son gente sin experiencia y que tratan con mucho irrespeto a sus usuarios. O, varios de ellos, aún y conociendo de las texturas histórico-políticas de los pueblos donde trabajan, deciden seguir el juego estatal y se hacen cómplices de subordinar a sus hermanos. Mientras las autoridades se acercan para hacer coordinación. Estos les responden con el desconocimiento y la represión.

Así pues, el destino que tengan los presos políticos del norte de Huehuetenango, marcará el rumbo del antagonismo entre comunidades indígenas y estado guatemalteco. Así de radical. El tribunal tiene la oportunidad de comenzar a hacer justicia, de liberarse del espíritu criollo que funda el  Estado guatemalteco. 

Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Aquí afuera los estamos esperando.

¡Libertad a los presos políticos!

[1] Tomo este extracto del título del libro de Arturo Warman, que estudia las luchas de los campesinos  del estado de Morelos, en México que reclamaban  sus tierras.  El Título del Libro se deriva de las palabras mismas  de los campesinos. 

[2] Agradezco a  Simón Antonio. Ramón Por invitarme a escribir para FGER. y noticiero Maya K’at.

[3] Tzul Tzul, 2016.  Sistemas de gobierno comunal indígena. Mujeres y tramas de parentesco. SOCEE. TZ’I’KIN  y Maya Wuh.

[4] Este punto se encuentra explicado en el peritaje que presente ante el juzgado de mayor riesgo en el juicio contra los presos políticos de Huehuetenango.

GUATEMALA: PRIMER CONGRESO TRINACIONAL DE PERIODISTA, ESCRITORES Y POETAS

Primer Congreso Trinacional de Periodistas, Escritores y Poetas.

COOSAJO – Con el objetivo de reconocer los anhelos de convivencia pacífica que han nacido en la región trifinio, reafirmar los objetivos trinacionales que se izan en el espíritu de cooperación, visualizar con más amplitud los alcances del festival Trinacional de Arte y Cultura y estimular el rol que desempeñan los escritores, periodistas, poetas y comunicadores sociales en la promoción del arte, cultura, paz, la cooperación y el desarrollo de los pueblos se llevó a cabo el día 16 de julio en las instalaciones de Parque Chatun, el primer congreso Trinacional de Periodistas, Escritores y Poetas.

El evento ha contado con la representación de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras y se han desarrollado con el tema: “El rol del movimiento cooperativa en la época del conflicto armado de Guatemala” después se han llevado a cabo mesas de trabajo en donde han dialogado sobre: “Los acuerdos de Esquipulas, los acuerdos de paz Esquipulas III”

Este congreso ha formado parte de los pilares que integran del XI Festival Trinacional de Arte y Cultura, Esquipulas 2016, siendo un componente que busca fortalecer el conocimiento de sus asistentes en temas de cultura general y de manera particular de aspectos a nivel centroamericano.

http://www.esquipulas.com.gt/eventos/primer-congreso-trinacional-de-periodistas-escritores-y-poetas/41750/

Los temas que allí se abordaron relacionados con la historia del Cooperativismo en Guatemala, el conflicto armado, la firma de la paz y los acuerdos de Esquipulas dio espacio para que COMUNICARTE proyectara el documental "Ixcan, Tierra, Lucha y Esperanza"(Historia de Ixcan el Quiché, llegada de los primeros pobladores, su producción, su sobrevivencia en los años de guerra, su salida a refugiarse a México por la represión aplicada por el ejército, su retorno a Guatemala, sus luchas y esperanzas.)

CLACPI: RECHAZA Y CONDENA LA REPRESIÓN EJERCIDA POR EL GOBIERNO MEXICANO CONTRA EL SECTOR MAGISTERIAL, ESTUDIANTIL Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE MÉXICO.

PRONUNCIAMIENTO 

Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas -CLACPI 

Desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, expresamos nuestra absoluta indignación por la forma en que actúa y responde el gobierno de México a las justas demandas de diferentes sectores sociales y de la población en general. Estamos muy preocupados y consternados por que dicho gobierno recurre cada día con mayor asiduidad a la fuerza y la represión ante los reclamos de la sociedad mexicana, incluidos los pueblos indígenas de ese país.

 Expresamos igualmente, y en este caso de forma específica, nuestro total rechazo y condena por la forma en que el gobierno mexicano ha reprimido al sector magisterial, estudiantil y a las comunidades indígenas de México. El más reciente ejemplo de esto es la masacre de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, en el estado de Oaxaca, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a 11 personas y lesionaron a más de 100. 

Denunciamos también la infiltración de elementos de la fuerza policial en los movimientos de resistencia pacífica magisterial con la intención de provocar violencia y caos. Con estos actos el estado mexicano evidencia el irrespeto a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales y demuestra una política genocida en vez de solucionar el conflicto de manera pacífica y dialogada. Los bloqueos carreteros se han intensificado de manera acelerada. La sociedad está a punto de colapsarse si el gobierno sigue en ese planteamiento de cerrarse a la revisión de la reforma educativa partiendo de consultar y escuchar al movimiento magisterial y a la sociedad civil mexicana.  

Ante toda esta situación, desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas:

 - Exigimos al gobierno mexicano y a su presidente Enrique Peña Nieto que resuelva el conflicto de manera inteligente y pacífica, con cordura y diálogo.

 - Igualmente, exigimos al gobierno de México que depure entre las fuerzas policiales las responsabilidades por la brutal represión ejercida injustificadamente contra nuestros hermanos del magisterio.

- Hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que mantenga una observancia rigurosa y continua de los procesos que se vayan dando en la situación actual de México y del continente americano.

 Por último, expresamos desde esta Coordinación Continental nuestro solidaridad, respeto y apoyo a las justas demandas de los/as maestros/as de México y nos posicionamos a su lado en la lucha que llevan adelante. 

Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas - CLACPI 
Coordinación General Org. Tseltal Bachajón Comunicación. México. 
Consejo de Sabios Org. Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú. Perú. Org.
Muestra de Cine Indígena de Venezuela. Venezuela Org. 
Mapu express. Chile. Comisión de Formación, Sudamérica Org. 
Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación. Argentina. 
Comisión de Formación, Mesoamérica Red Tz’ikin. Guatemala. 

Miembros activos y fraternos 

Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. México. 
Centro de Formación y Realización Cinematográfica. Bolivia 
Coordinadora Audiovisual Indígena de Bolivia. Bolivia 
Centro de Comunicación e Investigación Indígena, Chaski Nairampi. Chile. 
Centro de Estudios y Comunicación Mapuche Lulul Mawidha. Chile 
Centro de Comunicación Mapuche, Kona producciones. Argentina 
Fundación Cine Documental. Colombia 
Organización Nacional Indígena de Colombia. Colombia 
Televisión Serrana. Cuba 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Ecuador 
Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos. Ecuador 
Asociación de Mujeres Comunicadoras Mayas, Nutsij. Guatemala 
Asociación para la Comunicación, el arte y la cultura, Comunicarte. Guatemala 
Ojo de Tigre. México 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Perú
 Org. CLACPI Venezuela. Venezuela 
Fundación Luciérnaga. Nicaragua 
Tejido de Comunicación Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Colombia 
Periódico Mapuche Azkintuwe. Chile 
Video en las Aldeas. Brasil 
Pro Comunidades Indígenas. Paraguay 
Yoochel Kaaj. México 
Coordinadora Audiovisual de la Argentina. Argentina 
Wapikoni Video Movile. Canadá 
Apatapela. Francia 
Organización Yanama Wayuu. Colombia 
Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas. Paraguay 
Promedios de Comunicación Comunitaria. México 
Ojo de agua Comunicación. México 
Is production. Nación Hopi. Estados Unidos 
Jvfjen Mapu. Chile 
Red de Comunicadores de Ayacucho. Perú 
Asociación de Producciones Kichwas. Ecuador 
ADKIMVN. Chile 
Red Centroamericana de Comunicación 
Consejo de Pueblos Indígenas de Nicaragua. Nicaragua 
Escuela de Cine Comunitario-Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental. El Salvador 
Revista Jallalla. Bolivia 
Parlamento Rionegro. Argentina 
Mugarik Gabe. País Vasco 

Abya Yala 30 Junio de 2016.