lunes, 30 de agosto de 2021

GUATEMALA: CASO GENOCIDIO IXIL, ENVÍAN A JUICIO A MILITARES RETIRADOS BENEDICTO LUCAS Y MANUEL CALLEJAS

Benedicto Lucas (Izq.) y Manuel Callejas son señalados por genocidio y delito contra la humanidad. (Foto Prensa Libre)

 

El MP señala a los militares retirados de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Por William Oliva Y Edwin Pitán

Los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio este lunes por en el caso Genocidio Ixil. 

Lucas y Callejas, que deberán afrontar juicio por decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, son señalados de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. 

Desde marzo de 2020, el Ministerio Público (MP) le hizo la solicitud a Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

“Momento histórico”

La Oficia de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) señaló como “momento histórico” la decisión de Gálvez, “décadas después” de las masacres cometidas contra el pueblo ixil.

“Celebramos hoy la justicia, tardía, pero se acerca al horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas”, dice el texto.

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-genocidio-ixil-envian-a-juicio-a-militares-retirados-benedicto-lucas-y-manuel-callejas-breaking/



domingo, 29 de agosto de 2021

GUATEMALA: 31 ANIVERSARIO DE ASOCIACIÓN COMUNICARTE, HUELLAS QUE NO SE BORRAN


30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 30 de agosto 31 años de COMUNICARTE compartiendo Memoria. 



COMUNICARTE agradece a las y los compañeros que nos han apoyado para continuar compartiendo información desde este espacio. Noticias COMUNICARTE.


 NUESTRA ARMA QUE RECOGIO VERDADES 
Desde hace un tiempo nos quedamos sin nuestra arma, esa arma que nos ayudo hacer memoria, a dejar huella, a capturar la imagen de los abuelos y abuelas, de mujeres y hombres luchadores y sobrevivientes de la guerra, hace 31 años nuestra primera arma fue una cámara VHS, con la que iniciamos a capturar imágenes diversas que convertimos en mas de 100 documentales, que hoy forman parte de la memoria histórica de Guatemala. Esa primera arma (Formato VHS) sobrevivió un buen tiempo, a varios intentos de robo o cuando la policía quería decomisarla aduciendo que no éramos periodistas, esa cámara la perdimos en un desalojo violento en el año 1992, la policía golpeo a los hermanos de Cajola y nosotros alcanzamos varios botonazos que nos destruyeron nuestra arma.


En estos 31 años agradecemos a las compañeras y compañeros que nos han mantenido armados, después de perder nuestra cámara VHS, nos donaron una de formato Hi 8 mm, esta cámara fue la que nos acompaño por muchos años, mas adelante nos hicimos de un par de cámaras Mini DV las cuales perdimos en los allanamientos que sufrimos, la ultima cámara fue una digital, donada en 2009 por un compañero y su esposa, residentes en los Ángeles California, esa cámara llego a su fin. 



Hoy nuevamente nos armamos, estamos agradeciendo la solidaridad de las compañeras y compañeros Guatemaltecos que residen en los Ángeles California por su apoyo, NOS DONARON UNA NUEVA CAMARA DIGITAL, gracias, seguimos con la cámara en la mano.


Hablar hoy de Memoria Histórica o de Memoria Colectiva, es hablar del trabajo de COMUNICARTE 





jueves, 26 de agosto de 2021

GUATEMALA: DÍA DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Foto Archivo HIJOS

 
Son crímenes que no pueden quedar en el olvido.

Por: Miguel Ángel Albizures


Hago una pausa en medio de tantos hechos lamentables de la situación del país para hablar del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que es el próximo 30 de agosto, declarado por las Naciones Unidas.

Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad, de esos que no prescriben en el tiempo, que afectan no solo a la persona que es detenida-desaparecida, sino a su familia, su grupo, su entorno y, finalmente, a toda la sociedad. Nos afecta a toda la sociedad, porque la desaparición se produce en contextos de intolerancia y de represión, cuando pretenden silenciar a la oposición política, pero también para mandar un mensaje de terror a las demás personas: si se oponen, si critican, si actúan, van a terminar igual. Durante el conflicto armado, muchas personas aparecieron en las cunetas, terriblemente torturadas; pero también en Guatemala se idearon “desaparecer” los cuerpos, para que esa incertidumbre corroyera a las familias y a los amigos y compañeros. Así como muchos de esos cuerpos se han encontrado en cementerios clandestinos, también se ha sabido que algunos fueron arrojados al mar o al cráter de algunos volcanes. El caso es que quedaron “en ninguna parte”, como dijo el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra.

El 24 de agosto se cumplieron 41 años del secuestro de 17 sindicalistas y estudiantes del Centro de Retiros Espirituales de EMAUS en Escuintla, dos meses después de que el 21 de junio fuera la detención y posterior desaparición de 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores, en su sede de la 9a. avenida y 4a. calle de la capital. Esto, para hablar solo de esos casos de desaparición masiva. Pero, durante esos años, se calcula que hubo alrededor de 5 mil niños y niñas que fueron “desaparecidos”, algunos de ellos robados por oficiales del ejército, vendidos o “dados en adopciones ilegales”. También se calculan alrededor de 45 mil personas, estudiantes, catedráticos, campesinos, obreros, artesanos o periodistas, de quienes hasta el momento no se sabe nada de su paradero, ni del avance de las investigaciones, mientras madres, esposas o hermanas siguen esperando. Por ello, la desaparición forzada es uno de los crímenes más crueles, pues las familias mantienen la esperanza de verlos algún día o, por lo menos, saber en dónde tiraron su cuerpo para darles sepultura y poder cerrar sus duelos.

Pero lo terrible no termina ahí, sino en el hecho de que la práctica continúa vigente. El 3 de agosto se cumplió también un año del secuestro y desaparición del líder comunitario Carlos Enrique Coy, de Nueva Gloria, Purulhá, Baja Verapaz; hasta el momento no se ven verdaderos avances en las investigaciones para dar con los responsables y, mucho menos, esperanzas de castigo a los responsables. Si el hecho no fue cometido por agentes del Estado, como en los años del conflicto, la responsabilidad estatal es incuestionable, al no garantizar justicia para su familia.

Con ocasión de este día, alzamos nuestra voz por el aparecimiento con vida de las personas detenidas desaparecidas, para que se haga justicia por ellas. Exijamos que los mandos responsables de esos hechos de lesa humanidad digan en dónde dejaron los cuerpos y exijamos del Ministerio Público una investigación exhaustiva y persecución penal a los responsables, pues son crímenes que no pueden quedar en el olvido, y en una situación como la que vivimos, donde reina la impunidad y el compadrazgo, pueden volver a repetirse y se necesita sentar precedentes de justicia.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/08/26/dia-de-las-desapariciones-forzadas/



jueves, 19 de agosto de 2021

GUATEMALA: LA FISCAL Y EL PRESIDENTE DEBEN RENUNCIAR


 Guatemala necesita una transformación total, no simples parches.

Por: Miguel Ángel Albizures


La Fiscal General  se mantiene encaramada al poder haciendo lo que le viene en gana o aceptando los consejos de otros ineptos para hacer cambios en el MP y seguir con la limpieza de los más claros y dignos miembros que, según ella, quieren derribar el Pacto de Corruptos. Y por su lado, Giammattei la mantiene en el puesto porque sabe que lo va a proteger hasta donde pueda para que termine su periodo, y ambos salir beneficiados del poder de uno y del otro.

Pero el pueblo sale a las calles porque ya no quiere a ninguno de los dos; mantenerlos no es fácil porque son insaciables, porque agarran o cogen donde pueden, sin importarles qué dice el pueblo, que ha vivido momentos sumamente difíciles, pero no como los actuales, en donde la impunidad se siente, se olfatea, es el pan de cada día, mientras que los funcionarios, con el mayor descaro que les es posible, continúan haciendo lo que les viene en gana, y ahora, después del comunicado del CACIF y de la Conferencia Episcopal, se sienten más seguros.   

Los pilares de la impunidad están a la vista de todos: la cúpula oligárquica, siempre pensando en sus intereses, se manifiesta contra la movilización del pueblo y habla de pérdidas millonarias y no de la situación precaria que ya vive el pueblo por la ausencia de justicia social, mientras que las fuerzas armadas se mantienen al servicio incondicional del Pacto de Corruptos y les importa un bledo que lleven al país al despeñadero.

Solo faltaba que la Iglesia se sumara al Pacto de Corruptos para que estos recibieran su bendición y poder continuar con el desfalco; por suerte, queda en su seno un amplio sector de religiosos que no comulgan con su posiciones y se niegan a aceptar la posición de sus pastores, que abandonaron a las ovejas a su suerte, pidiendo paz y bien para los del Pacto, llamando a un diálogo con quienes ya no se puede pensar en dialogar y oponiéndose rotundamente a cualquier manifestación pública para salvaguardar “la democracia”; o sea, los intereses y la integridad de quienes desfalcan el Estado y abandonan a la niñez desnutrida y a familias completas carentes de alimentos, salud y protección.

La fiscal general, Consuelo Porras, y el presidente Giammattei creen que con esos respaldos pueden seguir haciendo de la suyas, pero más temprano que tarde tendrá que repetirse en este año el año 2015, cuando el pueblo hizo un alto en el camino para obligar al gobierno de Otto Pérez a renunciar e iniciar un nuevo proceso que, desgraciadamente, se quedó en el camino. Guatemala necesita una transformación total, no simples parches, pues se necesitan cambios sustanciales en las cortes y en el Congreso; es decir, se necesita construir un Estado plurinacional, pero por algo se empieza, y esta lucha del pueblo debe llevar a la renuncia del Presidente y de la Fiscal General.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/08/19/la-fiscal-y-el-presidente-deben-renunciar/

miércoles, 18 de agosto de 2021

GUATEMALA: PAN AMERICAN SILVER (MINERA SAN RAFAEL) DEMANDADA POR DANOS A LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA

Foto: Carolyn Cole, Los Ángeles Times, 27 diciembre de 2017

En 2019, Pan American Silver (que compró Tahoe Resources en 2019) optó, a través de una demanda histórica en Canadá, por pagar reparaciones a las víctimas guatemaltecas de la represión y violencia minera de Tahoe Resources ocurrida en 2013. (https://mailchi.mp/rightsaction/pan-american-silver-forced-to-offer-settlement-to-guatemala-victims-of-mining-repression)

Ahora, con su operación minera suspendida desde 2018 por decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Pan American Silver enfrenta una demanda por daños a la propiedad y a la vida en la aldea de La Cuchilla por el uso de explosivos.

Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordena continuar demanda contra Pan American Silver (minera Canadiense, y su subsidiaria minera San Rafael) por violación al derecho a la vivienda de la comunidad La Cuchilla, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa

Con fecha 5 agosto, 2021, la Corte de Constitucionalidad ordenó continuar con la demanda de amparo en contra de Pan American Silver/Minera San Rafael iniciada por pobladores de la comunidad La Cuchilla en San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, Guatemala. Ellos demandan a la empresa por daños a sus viviendas y terrenos derivado del uso de explosivos para la explotación minera durante el periodo 2013-2017, cuando operaba la empresa minera en esa región de Guatemala. En ese periodo, la mina era operada por Tahoe Resources.

El fallo de suspensión definitiva de la demanda de amparo había sido emitida por el Juzgado Décimo Tercero de Instancia Civil, el 21 mayo, 2021.

La Corte de Constitucionalidad (expediente 3271-2021) ha resuelto que el Juzgado Décimo Tercero de Instancia Civil del departamento de Guatemala debe seguir con la demanda de amparo toda vez que es necesario “… que las actuaciones sean analizadas en pronunciamiento de sentencia, en el que se tomen en cuenta todos los alegatos esgrimidos por las partes, así como las pruebas aportadas. Lo señalado como acto reclamado y las vulneraciones que denuncian los postulantes…”, razón por la cual el juzgado deberá reactivar la demanda de amparo en forma inmediata.

Los demandantes solicitan, en la demanda de amparo presentada, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL DERECHO MINERO, acción administrativa establecida en el artículo 51 de la Ley de Minería que, hasta la fecha, el Ministerio de Energía y Minas se ha negado a emitir.

San Rafael Las Flores, Santa Rosa
13 agosto, 2021

Mayor información:

·         Rudy Antonio Pivaral / Denunciante: +502-3127-8229

·         Rafael Maldonado / Abogado: + 502-5834-5834, areapoliticalegal@gmail.com

En Canada: Grahame Russell, Rights Action, grahame@rightsaction.org

https://mailchi.mp/rightsaction/pan-american-silver-minera-san-rafael-demandada-en-guatemala.
 

domingo, 15 de agosto de 2021

WASHINGTON, LA CAPITAL DE LA JUSTICIA GUATEMALTECA EN EL EXILIO


EL PAÍS reúne a cinco juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas y encontraron refugio en la capital estadounidense

Por: LORENA ARROYOANTONIA LABORDE

México / Washington - 15 AGO 2021 

El exilio no es aquel lugar dorado que algún día le contaron. Juan Francisco Sandoval, quien hace menos de un mes era el fiscal anticorrupción de Guatemala, está en Washington sin trabajo, sin dominar el inglés y tratando de digerir la idea de comenzar de cero en un nuevo país. El pasado 23 de julio Sandoval fue destituido. Según denunció en una rueda de prensa aquel día, el despido era ilegal y lo ordenó la fiscal general, Consuelo Porras, para proteger a amigos potencialmente afectados por las investigaciones que él encabezaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Horas después, el abogado de 39 años cruzó la frontera hacia El Salvador en un coche con matrícula diplomática acompañado del procurador de derechos humanos y del embajador sueco. Ni siquiera pudo despedirse de su familia, pero sus colaboradores le convencieron de actuar rápido por su seguridad.

“Van a tratar de destruirme moralmente, aunque ya estoy muy afectado. La cuestión es casi darle la muerte civil a uno, desprestigiarlo, criminalizarlo. No ha sido suficiente la expulsión sino que quieren mi detención”, lamenta Sandoval desde Washington, a donde llegó gracias a un salvoconducto. Allí se unió a otros juristas de alto perfil guatemaltecos reconocidos por su lucha anticorrupción que, tras denunciar amenazas y presiones, huyeron para evitar represalias. Su principal pecado: atacar o perseguir causas que evidenciaron, entre otras cosas, desvíos de fondos públicos, corrupción y ataques a la independencia de las instituciones.

Juan Francisco Sandoval exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala. XAVIER DUSSAQ

Como Sandoval, la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras se fueron de Guatemala porque sintieron que su vida estaba en riesgo y acabaron en la capital de Estados Unidos. EL PAÍS conversó con ellos. Todos culpan de su situación a las “mafias” o al “pacto de corruptos”, dos términos con los que los guatemaltecos se refieren a los sectores de poder que, desde su perspectiva, han cooptado a las instituciones del Estado para que actúen a su favor.

Algunos han pedido asilo, otros han conseguido visas que les permiten vivir y trabajar y otros, como Gloria Porras, siguen decididos a agotar todas las opciones legales para recuperar las posiciones de las que fueron inhabilitados para que se haga justicia. “Como abogada creo que tengo la responsabilidad de luchar por que las cosas funcionen correctamente”, justifica Porras, quien ejerció durante diez años como magistrada de la CC, donde le abrieron decenas de procedimientos judiciales por decisiones que tomó a favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción.

De la esperanza a la “captura de las instituciones”

La última vez que Claudia Escobar tuvo esperanza fue en 2015. Ella abandonó Guatemala junto a su familia a principios de ese año por las presiones que recibió por un caso que promovió y que terminó con el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera, en prisión por tráfico de influencias. La exjueza de la Corte de Apelaciones emigró a EE UU mientras el Ejecutivo hacía campaña en su contra y la Corte Suprema amenazaba con llevarla a un juicio por un supuesto delito de sedición luego de que acusara la falta de transparencia en el proceso de elección de jueces para la corte. Pero vino lo que se conoce como la primavera judicial. Y Escobar volvió a creer.
Dra. Claudia Escobar Mejia exmagistrada de Corte de Apelaciones en Guatemala. XAVIER DUSSAQ

La exjueza recuerda con ilusión cuando, en septiembre de 2015, cayó el entonces presidente Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti, por casos de corrupción. “En ese momento, la gente sale a las calles a pedir justicia, hubo esperanza”, relata. Luego llegó Jimmy Morales a la presidencia del país. El intento inicial de su Gobierno para reformar la Constitución con el fin de fortalecer la justicia pronto chocó con las negativas del Congreso, quedó en la nada, y la descomposición de las instituciones se aceleró.

La esperanza desapareció como un auto abandonado al que le van robando sus partes. El deterioro ha sido paulatino, explica el exfiscal Sandoval: primero se desprestigió a la misión de Naciones Unidas contra la impunidad, la CICIG, cuyo mandato no se renovó en 2019; luego se criminalizó a Thelma Aldana; después expulsaron al colombiano Iván Velásquez, quien estaba al frente de la misión de la ONU; y, finalmente, cuando Consuelo Porras fue nombrada fiscal general en 2018, le tocó a la institución en la que él trabajaba, la FECI. “Fue la guerra total (...) La gente está trabajando bajo condiciones de intimidación”, advierte el exjefe de esa fiscalía mientras trata de contener las lágrimas. Ahora, dice, teme por el bienestar de sus compañeros que se quedaron en Guatemala.

Andrei González, quien fue su compañero en la FECI y llegó a Estados Unidos como refugiado tras huir de Guatemala en 2019, asegura que Porras tiene “estrechos compromisos” con el crimen organizado y lamenta que, a pesar de que ha tenido las herramientas para trabajar de manera independiente en la fiscalía, está obstruyendo la justicia y “utilizando a su favor y con objetivos perversos la ley que la protege”. EL PAÍS ha contactado al Ministerio Público para conocer su posición ante estas acusaciones pero no ha obtenido respuesta.

Navegando “con la bandera de la esperanza”

La salida de estos hombres y mujeres que en su día simbolizaron el compromiso de Guatemala en la lucha contra la corrupción ha provocado protestas en el país. Los ciudadanos ven cómo esos esfuerzos quedan en el olvido mientras los niveles de pobreza y desigualdad se agravan en medio de una pandemia para la que apenas han llegado vacunas. “Hoy Guatemala está viviendo un drama humano con la pandemia, con la corrupción, con la pobreza. Es increíble la falta de sentimiento de quienes nos gobiernan”, lamenta Thelma Aldana, quien huyó de su país en 2018, el día después de dejar de ser fiscal general, y meses después pidió asilo en EE UU. “Siempre ha habido una expresión para quienes han salido al exilio: ‘Cómo duele Guatemala’, dicen. Y es cierto”.
Thelma Aldana exfiscal General en Guatemala. XAVIER DUSSAQ

Después de su salida del país, el Ministerio Público emitió dos órdenes de captura en su contra por casos de corrupción que, según su testimonio, fueron fabricados por sectores afectados por sus investigaciones. En febrero de 2020, EE UU le concedió asilo y ahora trabaja en WOLA, una organización que promueve los derechos en las Américas. Pero el proceso no ha sido fácil. “Una siente que está renunciando a su país, a su vida, a su familia”, explica. Al principio, la exfiscal tuvo que sobrevivir con donaciones después de que en su país le bloquearan las cuentas. Ahora vive en un estudio en la capital estadounidense, un apartamento de un solo ambiente muy lejano de la casa grande que compartía con su familia en Guatemala. Aldana quiere usar su experiencia para ayudar a los llegados en los últimos meses a Washington. “Estamos tratando de apoyarles, dándoles esta vivencia nuestra para que tomen conciencia de que hay que quedarse. No es lo que uno quisiera, pero solo EE UU nos ofrece la seguridad que buscamos”, afirma.

Entre los juristas exiliados se ha generado una red informal de ayuda que, para Sandoval, ha sido lo mejor en medio de la incertidumbre. A Thelma Aldana y Claudia Paz —la fiscal general que enjuició al dictador Efrain Ríos Montt y que ahora está exiliada en Costa Rica—, las considera mentoras y apoyos fundamentales. De Andrei González, con quien compartió largas jornadas en la FECI, dice que en las dos semanas que lleva en EE UU se ha convertido en un “hermano” que le ayuda con las traducciones o le lleva a donde necesita en Washington. Mientras que de Claudia Escobar dice que le ha presentado a su familia y le ha hecho sentir como en casa.

“Ahora estoy analizando si pido asilo. Los que recién salimos navegamos con la bandera de la esperanza”, afirma el exfiscal anticorrupción. “Quizás, si no quisiera tanto a mi país, dijera: ‘Borrón y cuenta nueva. Voy a empezar de cero. Voy a lavar platos o voy a ver a qué me dedico’, pero así como Andrei González, Thelma Aldana, Claudia Escobar y Gloria Porras, yo tengo la convicción de que es imposible [ahora estar] en mi país. Pero no significa que no podamos aportar algo para que haya un avance en la recuperación del estado de derecho”, afirma.
Andrei Gonzales exfiscal del Ministerio Público en Guatemala. XAVIER DUSSAQ

Gloria Porras coincide en que a todos les une la idea de no claudicar en su intento de que en Guatemala se haga justicia, aunque sea desde lejos. “Advierto también un sentido de satisfacción por el deber cumplido y a ninguno he escuchado decir, a pesar de que no es una situación fácil, que se arrepiente de haber jugado el rol que le correspondía dentro de las funciones que realizó”, afirma la magistrada electa de la CC.

Las soluciones para desarticular un proceso tan complejo de corrupción enquistada en los poderes públicos, para la mayoría de ellos, pasan por que los ciudadanos ejerzan su fuerza, tanto en las calles como en las urnas, y en que la comunidad internacional apoye al país. “Estamos enfrentándonos a redes criminales internacionales con muchos recursos, con mucho poder. Un país donde las instituciones están cooptadas y capturadas en el sector justicia no puede salir solo adelante”, dice la exmagistrada Escobar. Para ella, la comunidad internacional debería pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras o implementar sanciones hacia su país por no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción.

El mes pasado, la destitución de Sandoval generó reacciones fuera de Guatemala. Estados Unidos, que este mismo año lo había condecorado por su lucha anticorrupción, anunció que congelaba temporalmente la cooperación con el Ministerio Público guatemalteco alegando que había perdido la confianza en la fiscal general. Para Escobar, con este caso, su país envió el mensaje de que no le importa la opinión de la administración de Joe Biden, que ha vinculado su cooperación con Centroamérica para frenar la migración a la lucha anticorrupción.

Además, la exmagistrada cree que urge ampliar las relaciones regionales y crear parámetros internacionales que incidan directamente en las instituciones. Un primer paso sería que la Organización de Estados Americanos (OEA) tuviera un rol más protagonista a la hora de buscar soluciones. “Creo que [el presidente Luis] Almagro podría involucrarse en Centroamérica. Le ponen mucha atención a Nicaragua y Venezuela. Tenemos que entender que este es un problema de la región”, afirma.

Por su parte, Thelma Aldana cree que los guatemaltecos en el exterior pueden tener un rol activo para generar conciencia del problema de su país. “Las mafias guatemaltecas saben guardar las formas, aparentan legalidad y usan la ley a su beneficio para la impunidad, para la corrupción, para criminalizar y tienen toda una estructura que va con campaña de desinformación, de criminalización, de desprestigio y eso puede confundir muy bien dentro del país y fuera de Guatemala”, explica. “Es labor nuestra, especialmente de quienes estamos fuera del país, hablar de esa verdad porque a pesar de que podamos sufrir por la venganza de la mafia, no llegan hasta donde estamos”.

https://elpais.com/internacional/2021-08-16/washington-la-capital-de-la-justicia-guatemalteca-en-el-exilio.html?ssm=whatsapp&fbclid=IwAR2u-rUkhLdufg-afxi0WYc2eT73yP8kreMnEcqK975vJ3PwmJNQ2pjxsbo

GUATEMAMA: 30 DE AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS


El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 
Familiares y sobrevivientes lo conmemoraremos virtualmente este 28 de agosto, al afirmar, como dijo Otto René Castillo: "Nada podrá contra esta avalancha del amor".

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

 La Desaparición Forzada, como método para instaurar el miedo en nuestras regiones, se constituyó como una práctica sistemática, que ha sido permitida por los diferentes gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Contextos como conflictos armados, violencia social, estatal, contra poblaciones en situación de discriminación y en las migraciones nos hablan de personas desaparecidas a través de la voz de familias que durante muchos años les buscan en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Colombia; que, además, exigen urgentemente a las autoridades de los Estados de la región para que cumplan con su obligación de establecer acciones de búsqueda de personas, de investigación en esos casos y realicen las reparaciones que corresponden.

Se vuelve urgente la necesidad de atender de inmediato y de forma integral a las víctimas y familiares de ellas, todo de conformidad con los derechos establecidos en tratados internacionales vigentes como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

https://cejil.org/comunicado-de-prensa/30-de-agosto-dia-internacional-de-las-victimas-de-desapariciones-forzadas/

GUATEMALA: URGENTE ANUNCIAN NUEVO "PARO NACIONAL" E INVITAN A TODA GUATEMALA PARA S...


URGENTE ANUNCIAN NUEVO "PARO NACIONAL" 19, 20 Y 21 E INVITAN A TODA GUATEMALA PARA SACAR A ALEJANDRO GIAMMATTEI

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VÍA: Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER 

Guatemala, un país de América Central al sur de México, tiene volcanes, bosques tropicales y antiguos sitios mayas. La capital, Ciudad de Guatemala, cuenta con el imponente Palacio Nacional de la Cultura y el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Antigua Guatemala, al oeste de la capital, contiene edificios coloniales españoles preservados. El lago de Atitlán, formado en un enorme cráter volcánico, está rodeado de campos de café y aldeas.

Alejandro Eduardo Giammattei Falla es un político guatemalteco, actual presidente de la República de Guatemala desde el 14 de enero de 2020, fecha en que tomó posesión del cargo ante el Congreso Nacional en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.​​​

jueves, 5 de agosto de 2021

GUATEMALA: LOS ATAQUES DE LINARES BELTRANENA

 

SU TRAYECTORIA LO DICE TODO.

Por: Miguel Ángel Albizures


Hace varios años, por artículos que escribí en elPeriódico contra Linares Beltranena, por estar apoyando la venta de niños y compararlos con aguacates, pidió mi expulsión de la APG. Esta fue rechazada en asamblea general. El sujeto no volvió a llegar a ninguna asamblea y se apareció el jueves pasado para apoyar la petición que me había hecho el actual presidente de APG, para que yo renunciara a la Comisión de Libertad de Prensa de esa asociación. Como el rechazo fue unánime, no le quedaba más que proceder de otra forma y plantear acusaciones ante el Tribunal de Honor de APG. Realmente no se puede esperar otra cosa de quien defiende militares violadores de derechos humanos y empresas que han atacado a periodistas. 
Siendo diputado, promovió juicio contra el jefe de la CICIG para que la corrupción siguiera viento en popa, promovió la expulsión del entonces Embajador de Estados Unidos por apoyar la lucha contra la impunidad. Su trayectoria lo dice todo. 

Aunque el ataque es directo contra mi persona, también ataca a los miembros de la Comisión de Libertad de Prensa y a la propia APG y sus agremiados, por los comunicados que se han emitido en defensa de periodistas y medios que han sido agredidos verbal o físicamente. 

No estoy haciendo público un problema interno de la APG, porque Linares circuló en redes sociales la solicitud que hizo al Tribunal de Honor sobre mi expulsión de la asociación, por el contenido político e “ideológico” de los comunicados de prensa que han circulado en defensa de la libertad de expresión y condena a los ataques que muchos periodistas han sufrido. A él se unieron otros ultraderechistas, trasnochados, que todo lo convierten en un problema de “ideología”, como si las personas no tuviéramos ideas. Además, sus adláteres ni siquiera son miembros de APG, pero nos acusan de terroristas y sediciosos, aspectos por los cuales podrían ser llevados a los tribunales para que comprueben sus afirmaciones. 

Fue evidente el involucramiento de netcenters ligados al Pacto de Corruptos, lo que demuestra a qué intereses sigue  sirviendo el abogado de empresarios y de militares genocidas. Indudablemente pretenderán copar la APG, ponerla al servicio del Pacto de Corruptos, y callarnos, evitar cualquier señalamiento contra el presidente, la fiscal general o funcionarios incapaces o corruptos que llegaron al poder a avalar enriquecerse y servirse del erario público. 

No olvidemos que las reiteradas pretensiones de restringir la libertad de expresión se han ido entronizando día con día en los últimos años y a los periodistas les ha tocado lo más duro, como puede verse en los informes que producimos desde el Observatorio de los Periodistas, que evidencian amenazas, ataques directos, asesinatos, descalificaciones, negativas de acceso a la información; las demandas penales han proliferado por parte de gente que se “siente amenazada” por las publicaciones que se hacen. Recordemos el fundamental papel de la prensa y los periodistas para la construcción de la democracia. La ciudadanía tiene que tomar una actitud y decidir hasta dónde dejará que sigan destruyendo la frágil democracia en la que vivimos.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/08/05/los-ataques-de-linares-beltranena/