Guatemala, Calle vamos a OcupArte: no más botas militares

HASTA QUE VUELVA LA PRIMAVERA

Guatemala, 29 de junio de 2021

Queridas compañeras y compañeros

Reciban un abrazo solidario de parte de quienes conformamos Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. En este momento nos encontramos en vísperas de la Marcha de la Memoria que este año hemos nombrado HASTA QUE VUELVA LA PRIMAVERA, proyecto político al que encaminamos nuestra lucha colectiva para transformar este sistema de muerte y construir una realidad justa y solidaria, tal como la soñaron y por la que lucharon nuestros familiares, las miles de estudiantes, obreros, profesoras, sindicalistas, campesinos cuando decidieron organizarse en uno de los tiempos más cruentos que tiene la historia de este país.

Con rabia y preocupación, vemos como los militares y las cúpulas empresariales haciendo uso del poder político y económico, ese que han acaparado durante cientos de años producto del saqueo, del despojo y de la eliminación de la oposición; están secuestrando el Estado, están preparando el terreno para incrustarse en puestos estratégicos que les garantizarán impunidad para robar y actuar con las mismas tácticas que utilizaron en el pasado. Bien sabemos que ellos solo conocen el lenguaje de la muerte.

La primavera no volverá hasta que esos traidores del pueblo sean desterrados y la vergüenza les alcance a donde quiera que vayan, nosotras y nosotros como H.I.J.O.S. seguiremos sembrando memoria en las calles, para recordarles que sabemos quiénes son y lo que hicieron, para que en cada empapelada la mirada digna de nuestras y nuestros familiares, militantes y revolucionarias, se queden clavadas en sus ojos asesinos.

Aquí no claudicamos, aquí seguiremos ajusticiando la amnesia, el olvido y el silencio, aquí seguiremos exigiendo juicio y castigo al ejército asesino. A ustedes, que también han hecho de la memoria su trinchera, les invitamos este 30 de junio para que hagan parte de CALLE VAMOS A OCUPaRTE: No mas botas militares. Con esta acción vamos librar juntas y juntos la disputa por la memoria y conmemorar a nuestros héroes, heroínas y mártires, semillas de nuestras luchas y resistencias.

El recorrido de la Marcha de la Memoria dará inicio a las 10:00 hrs, partiendo del Parque Morazán terminando en el Parque Central con la acción Calle vamos a OcupArte: No más botas militares a las 12:00hrs

En el año 2008 después de varios años de lucha se cancela el Desfile Militar que se celebraba todos los 30 de junio, “El día del Ejército”, ahora se nombra como “El día nacional de los héroes, heroínas y mártires”

La Marcha de la Memoria fue la que llevó a cancelar el desfile militar y a dignificar la memoria de miles de guatemaltecos asesinados por el ejército durante el conflicto armado. El día nacional de los héroes, heroínas y mártires, es una forma de honrar la memoria de los que murieron en la lucha, por construir una nueva Guatemala. H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio)

GUATEMALA, CASO DIARIO MILITAR: JUEZ LIGA A PROCESO A MARCO ANTONIO GONZÁLEZ, EXMINISTRO DE LA DEFENSA

 

Marco Antonio González es señalado por varios delitos dentro del caso Diario Militar. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

Exfuncionario es señalado por el Ministerio Público de haber dirigido a un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a varias personas.

Por William Oliva Y Edwin Pitán

El juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso penal este viernes al exministro de la Defensa Marco Antonio González Taracena, por el delito de desaparición forzada. 

La audiencia se efectuó por el caso Diario Militar basado en el “Dossier de la Muerte”, un documento en el que se registró cómo 183 personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutas por integrantes de las fuerzas de seguridad entre 1983 a 1985, según la Fiscalía de Derechos Humanos.

Dentro del caso, González Taracena es señalado por el Ministerio Público de haber dirigido a un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a varias personas.

Además de los delitos de desaparición forzada, González Taracena es señalado de delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La audiencia se efectuó dentro de un salón del Centro Médico Militar, donde se encuentra en tratamiento el exfuncionario. 

Lea también: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/la-panel-blanca-los-datos-sobre-el-temible-vehiculo-de-la-decada-de1980-que-revelo-un-testigo-en-el-caso-diario-militar/

El 27 de mayo último, 11 personas fueron capturadas durante 17 allanamientos en diversas zonas del país dentro de la investigación.

El exministro es el séptimo procesado por el juez Gálvez dentro del caso.

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-diario-militar-juez-liga-a-proceso-a-marco-antonio-gonzalez-exministro-de-la-defensa-breaking/

GUATEMALA: EL DÍA DEL MAESTRO Y EL LÍDER HISTÓRICO VICTOR MANUEL GUTIÉRREZ

El máximo dirigente del STEG fue el profesor Víctor Manuel Gutiérrez Garvín

Víctor Manuel Gutiérrez Garbín, líder histórico del magisterio y la clase obrera en Guatemala. 

Maestro de profesión, se destacó por ser el más importante líder y dirigente obrero durante el período de la Revolución de Octubre, marco en el cual dirigió con sentido de clase y estratégico la primera e histórica Confederación General de Trabajadores de Guatemala y se incorpora a las filas del Partido Comunista de Guatemala (PCG), siendo electo en el Segundo Congreso como miembro del Comité Central del ahora denominado Partido Guatemalteco del Trabajo (1952), año en el que también fue electo por voto popular como diputado al Congreso Nacional. 

Como parte de la persecución, secuestro, tortura y ejecuciones extrajudiciales de las cuales fue objeto la dirigencia y militancia del PGT a raíz de la invasión estadounidense a Guatemala en 1954, con complicidad de la oligarquía y la jerarquía de la iglesia católica, en febrero de 1963 fue capturado y, contrario a los planes de las fuerzas represivas del Estado, fue entregado a un juzgado de instancia criminal, lo que le salvó la vida. No obstante, el 3 de marzo de 1966 fue nuevamente apresado y después de ser torturado le dieron muerte el 6 de marzo del mismo año. Durante dicho año también fueron secuestrados y asesinados Leonardo Castillo Flores, alto dirigente del PGT, Carlos Barrios, Enrique Chacón y Mauricio García integrantes de la Juventud Patriótica del Trabajo (juventud comunista). En estos hechos participa activamente el gobierno de los Estados Unidos.

GUATEMALA: RECHAZO A la iniciativa de ley “RESCATE DEL PATRIMONIO PREHISPANICO”

COMUNICADO

RECHAZO A la iniciativa de ley “RESCATE DEL PATRIMONIO PREHISPANICO”

Las organizaciones firmantes de este comunicado expresamos nuestro ROTUNDO RECHAZO a la iniciativa de ley “RESCATE DEL PATRIMONIO PREHISPANICO”, introducida recientemente al Congreso de la República de Guatemala por el Diputado Emilio Maldonado (Partido Humanista).

1. El título de la iniciativa de ley es una negación del legado ancestral, histórico y cultural de los pueblos indígenas Maya y Xinka. Al mismo tiempo dicha iniciativa de ley constituye una expropiación mercantilista cínica de los grupos de poder económico. El legado civilizatorio de nuestra cultura y de nuestra historia no es mercancía y tampoco “prehispánico”, conforma nuestra identidad ancestral y actual en pleno conflicto frente al Estado colonial, profundamente embarrado en la corrupción, sostenido en la impunidad y subordinado al capital transnacional.

2. Esta iniciativa de ley nace inconstitucional, porque no respeta el proceso de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Originarios a través de sus organizaciones e instituciones propias vigentes. De aprobarse esta ley afecta política, legal, económica y administrativamente la vida de los Pueblos Indígenas. Nos imaginamos lindas ciudades mayas ancestrales petrificadas como “parques arqueológicos para el turismo”, pero inaccesibles para las nietas y nietos mayas y xinkas.

3. La protección y administración de los bienes arqueológicos Mayas y Xinkas ubicados en lo que hoy es territorio de Guatemala están bajo el control del Estado. Es el mismo Congreso de la República quien que aprueba prioridades del presupuesto y la asignación al Ministerio de Cultura y Deportes, si hay “robo”, excavaciones no autorizadas, saqueo, etc, el único responsable es el Estado a través de sus instituciones.

En consecuencia, exigimos:

1. Que los Diputados ponentes de dicha iniciativa la retiren lo más pronto posible y que pidan disculpas a los pueblos indígenas Maya y Xinka, porque atentan contra la dignidad y los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.

2. A la comisión del Congreso que vaya a conocer la iniciativa emita un dictamen desfavorable, porque atenta contra los derechos de los Pueblos Indígenas establecidos en instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala.

3. Que el Congreso de la República viabilice la promulgación de las dieciocho iniciativas de ley propuestas por las organizaciones indígenas, entre ellas la “Ley de Lugares Sagrados”, “Jurisdicción indígena”, “Ley General de los Pueblos Indígenas”, “Ley de Educación Bilingüe Intercultural”, “Ley de Radios Comunitarias”, “Ley de desarrollo integral agrario”, “Día Nacional de los Idiomas Indígenas”, entre otras. Basta ya de tanta negación y atropellos a los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas.

4. Al Ministro de Cultura y Deportes que cumpla con sus funciones, es el responsable de proteger el patrimonio cultural de los cuatro pueblos que coexistimos en este territorio, así como de promover el conocimiento, la valoración y el respeto que merece el legado histórico y cultural de una de las grandes civilizaciones del mundo como es la cultura maya.

5. A la PDH solicitamos una condena moral a los Diputados ponentes por presentar una iniciativa que atenta contra los Derechos de los Pueblos Indígenas.

6. A la OACNUD y al Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que den seguimiento permanente a esta nueva violación a los Derechos de Pueblos Indígenas, que se está fraguando en Guatemala e informar a donde corresponda para las sanciones posibles a las que se expongan.

Llamamos a los Consejos y asociaciones de Ajq’ijab’ así como las Organizaciones mayas en general a unir esfuerzo para defender los derechos históricos, espirituales, culturales ante las decisiones de los poderes coloniales enquistados en el Estado que pretenden privatizar los bienes naturales y culturales, imponiendo leyes sin el consentimiento de los pueblos.

Wajxaqtun julajwinaq-wuqub’, Kajib’ Kej, Ukab’ Balab, Job Sek; Chi Iximulew

Guatemala, 24 de junio de 2021

GUATEMALA: COLECTIVO CLAVEL ROJO: Memoria histórica, pasado, presente y futuro.

 LES INVITAMOS, COLECTIVO CLAVEL ROJO                              

 Desde la experiencia de quienes vivieron la historia, nos contaran su lucha en la búsqueda de un mejor país. Nos invitan a conocer el pasado para comprender el presente, y tener visión hacía el futuro, para continuar con el sueño y la utopía. 

COLECTIVO CLAVEL ROJO: Memoria histórica, pasado, presente y futuro. Escúchelo los viernes de 6 - 7 de la noche por medio de la 1420AM y www.fger.org/radioenlinea. 

Radio FGER 1420AM ¡Comunicando buen vivir!

GUATEMALA: RECHAZO A LA AMNISTIA Y RESARCIMIENTO.

La verdad, es un derecho de las víctimas saber dónde quedaron sus desaparecidos.

Por: Miguel Ángel Albizures

 Los diputados al Congreso de la República se preparan para aprobar una oprobiosa ley de amnistía que tiende a beneficiar a militares, policías y patrulleros civiles responsables de crímenes de lesa humanidad durante el llamado “conflicto armado interno”. Con ello lo único que logran es mantener campante la impunidad y mandar el mensaje de que hechos similares pueden cometerse contra el pueblo de Guatemala, porque esas atrocidades no serán castigadas. Este sería el peor mensaje del Pacto de Corruptos a la comunidad nacional e internacional, pues quiere decir que la justicia no importa, la paz es una utopía y la democracia solo sirve si a ellos les conviene. Hay que recordar que esos crímenes contra la humanidad fueron cometidos en una época en la cual pensar y actuar en la búsqueda del respeto a los derechos humanos y la construcción de un país democrático era considerado un delito, una afrenta a las dictaduras que controlaron el país.

Con esta propuesta jurásica de ley se pretende dejar en libertad a los responsables de los crímenes del pasado y atar las manos del Ministerio Público para que no pueda seguir las investigaciones y persecución penal (su mandato constitucional) sobre las atrocidades cometidas durante la guerra. No es extraño que quienes la promuevan estén vinculados a la comisión de esos delitos. Ojalá los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad respeten el espíritu de la ley y la Constitución y sostengan el fallo que señaló que dicho proyecto de ley violaba la Constitución y ordenó al Congreso suspender el debate sobre la propuesta.

Otra aberración que se pretende consumar es el otorgamiento de una recompensa a militares en retiro por los crímenes que cometieron; porque no se trata de un resarcimiento. Resarcimiento es cuando se tiene que reparar el daño que se hizo por la comisión de un delito o las violaciones a derechos humanos. Recompensa es pagarles por defender al gobierno de los ricos y los militares, que es lo que ellos hicieron.

En realidad, no importa si tienen necesidades económicas, si son pobres –porque ellos no estaban en la cúpula militar que se adueñó de tierras y bienes–; lo importante es que el pago de cualquier cantidad debe ser proporcional al daño del cual fueron víctimas. Y estos militares que reclaman una indemnización de Q120 mil, así como casa y terreno, no fueron víctimas, sino victimarios en la guerra terrorista que dirigió la cúpula económica y político-militar del país. Que les paguen los representantes de ese gobierno de los ricos y los militares; que les pague el CACIF, porque mataron y desaparecieron campesinos para protegerles las fincas y las cosechas; que les pague el Ejército con el dinero que se robaron los mismos militares del Instituto de Previsión Militar.

La verdad, es un derecho de las víctimas saber dónde quedaron sus desaparecidos, saber por qué asesinaron a sus seres queridos, por qué los militares violaron niñas y mujeres, por qué los militares torturaron maestros, intelectuales, líderes sociales. Saber por qué se cometió genocidio contra el pueblo maya.

Sentar precedentes judiciales, políticos, sociales, es importante para que hechos como esos no vuelvan a repetirse. Para que no volvamos a estrategias represivas (como las que hemos visto resurgir en los últimos meses) y logremos consolidar una endeble paz y democracia en Guatemala.

Valgan estas letras también para rendir homenaje a las y los dirigentes sindicales, campesinos, religiosos y sociales que fueron secuestrados en los allanamientos a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) el 21 de junio y al centro de retiros Emaús, Escuintla, el 24 de agosto de 1980.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/06/24/rechazo-a-la-amnistia-y-resarcimiento/

GUATEMALA: APG CONDENA RESTRICCIÓN A PERIODISTAS EN EL CENTRO MÉDICO MILITAR

 

GUATEMALA: EL PAÍS DE LOS DESAPARECIDOS

El país de los desaparecidos, ese donde no hay lugar para pensar, soñar y protestar contra el sin sentido.

Por: Lorena Medina

Donde los verdugos y los cobardes hacen gala de sus dotes de fuerza bruta; allí donde las letras florecen clandestinas y se abren una y otra vez las heridas, porque pedir perdón y perdonar se hace una fea y asfixiante costumbre; acicalando el deslucido y vacío discurso de la falaz democracia, con maquillaje de reconciliación y el olvido. Allí en ese país es en el que vivo.

En el país de los desaparecidos, la poesía fue siempre perseguida y asfixiada con polvo, humo y metralla; mercenarios de la oligarquía secuestraron las palabras, para darle voz alta y estridente a una amplia gama de pensamientos fascistas y canallas.

Algunos esperan  décadas  solo para ser reconocidos como víctimas inocentes de los crímenes cargados de todo tipo de excentricidad, comparados solamente con la vileza hitleriana que aún hoy lesionan la memoria de toda la humanidad.

En la Guatemala de los desaparecidos no hay tregua alguna para todo aquel que busca un ser querido, que fue amenazado, perseguido y finalmente detenido- desaparecido. 

La necesidad imperativa de conocer la verdad hace que cada día tenga sentido hacer una y otra vez sin cesar, recorridos macabros por morgues, cementerios clandestinos y caminos que no llevan a ningun lugar.

Listas largas e interminables marcadas con “xx” ocultan a las madres, amigas, hermanos, esposos, hijos, compañeros de alguno que me pueda escuchar.Son todos ellos y otros más a quienes quizá un día no muy lejano soñamos con volvernos a encontrar en el barrio, en la plaza, en el rincón de un bar, en una banqueta esperando a que la tormenta cese de una vez por todas, para poder echar a andar con la mirada al horizonte.

Cómo quisiera verlos llegar de nuevo a ese instante congelado en el tiempo y en la memoria de quienes aún hoy les anhelamos abrazar y decirles a pecho abierto que aquí seguimos luchando para darle vuelta a esta historia desgarrada, que lleva escritos todos sus nombres en la frente; que ellas y ellos siempre han estado presentes, que jamás se nos olvidarán.

L.Medina

GUATEMALA: 21 ANIVERSARIO COLECTIVO CLAVEL ROJO

 

Reivindicar el Sueño, retomar la utopía

Claveles Rojos

Claveles rojos para no olvidar,

Claveles rojos por la memoria.

¡Claveles rojos para demandar!

Claveles rojos por la madre, el padre, la tía, el estudiante y la compañera que dio su vida.

Claveles rojos para la mujer en rebeldía,

Claveles rojos de un hijo que no olvida.

¡Claveles rojos para exigir justicia!

Claveles rojos para construir la memoria de este pueblo con amnesia.

Claveles rojos como un tributo,

Claveles rojos contra la violencia.

¡Claveles rojos por la resistencia!

Claveles rojos para el estudiantado que no vende la dignidad.

Claveles rojos por la identidad,

Claveles rojos para las viudas de la guerra.

¡Claveles rojos para nuestros muertos!

Claves rojos para no olvidar tu mirada, tu legado, tu ideal.

Claveles rojos por la vida,

Claveles rojos por la sangre derramada.

¡Claveles rojos contra la hambruna!

Claveles rojos para quien sigue en esta lucha.

Claveles rojos para el poeta de la revolución,

Claveles rojos para quien canta la verdad arriesgando la vida.

¡Claveles rojos contra el conservadurismo!

Claveles rojos que llenen las calles y avenidas de este país.

Claveles rojos contra la mediatización,

Claveles rojos para el periodismo digno.

¡Claveles rojos para el grafiti callejero!

Claveles rojos para ese esténcil popular e incendiario.

Claveles rojos para quien pregunta ¿Dónde están los desaparecidos? 

Claveles rojos para quien no se calla.

Claveles rojos para mi hija, para tu hijo, para que construyamos ese otro mundo.

Claveles  rojos para el caimán socialista del Caribe,

Claveles rojos para el sur del Abya Yala

¡Claveles rojos contra el imperio y sus invasiones!

Claveles rojos para abanderar nuestra marcha.

Claveles rojos sembrados en el campo y la ciudad,

Claveles rojos intercambiados en las escuelas,

¡Claveles rojos por la defensa de la tierra!

Ada Valenzuela 

GUATEMALA: 21 DE JUNIO “DÍA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA”

El 21 de junio de 1980, 27 líderes sindicales y estudiantiles se encontraban reunidos en la CNT, en el centro de la capital guatemalteca, cuando fueron capturados y desaparecidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

En 1990, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsó la demarcación de un día especial en el que se pudiera demandar el fin de las desapariciones forzadas, esclarecimientos, juzgamientos, castigos a los responsables y el resarcimiento a los familiares de las víctimas.

Después de la realización de muchas movilizaciones y actividades para llamar la atención del poder público, en junio de 2004, el Congreso guatemalteco decretó el 21 de junio como ‘Día Nacional contra la Desaparición Forzada’

En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG),  la Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG).  La CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Desde su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y cooperativas.

La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol en la organización social la CNT se convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las distintas corrientes sindicales existentes en el momento, sino también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en el sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT rompió con la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales. 

En 1980 la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su vez se interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que apoyaban a los sindicatos en sus reivindicaciones. 

En su aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista, que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuenta que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado del CNT-FAR donde se identificaba a una organización con la otra.

Los agentes del Estado y los empresarios tenían información sobre las actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en la CNT realizados por los aparatos de seguridad del Estado. Esta había sido la razón por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a varios de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los porteros de la sede pertenecía a "la judicial".  También las patronales, en varias empresas, dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.

Los miembros de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento. Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos: en uno golpearon al guardián y en otro se llevaron los archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes fueron arrestados por la Policía Nacional.  Se encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se difundió una lista de "condenados a muerte" en la que se incluían a asesores y dirigentes de la CNT.  Los seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda los vehículos "Toyotas beiges" en que viajaban hasta cuatro sujetos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.

Ante este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael Vásquez -que después fue desaparecido- sabía que su vida corría peligro, por lo que desde tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar su ruta de entrada y salida de la casa todos los días. A pesar de todo los dirigentes de la CNT trataron de preservar su espacio y el funcionamiento de la sede. 

La reunión del 21 de junio de 1980 

La cúpula dirigente había convocado a una reunión extraordinaria, fijada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas internos en la organización. En esa reunión se quería resolver las divergencias ideológicas  sobre la dirección del movimiento sindical,  las estrategias para la sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de intensa represión. 

En la madrugada del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano, miembro de este último sindicato. Unido este asesinato a los problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT, hacia las once de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron cancelar la reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a partir de las dos de la tarde.  En palabras de un sobreviviente: "A las tres menos diez yo pasé a una tienda [cercana al local de la CNT] y vi que habían unas personas armadas, y no eran pistolas sino que eran metralletas (...) todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían".  El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.

El testigo "sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: 'Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar'. Sólo terminado de decir estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiéramos salir".  En ese momento había unas 30 personas en el local. 

La 9a. y 10a. avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris.  Fueron tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba: "(...) Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban contra la pared".  No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron los militares y ellos lograron salvarse. La operación duró entre tres y cinco minutos; fue una "operación relámpago". 

Otro testigo recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasados unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle. Pensó: "Qué descuido". Empujó la puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle, unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre.  

Hay dudas sobre el número total de víctimas.  Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas se refiere al quórum que se había alcanzado en el momento de la reunión: "Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro (...)".  La CEH logró identificar a 27 personas.

DETENIDOS DESAPARECIDOS 21 DE JUNIO DE 1980 CNT

1. Orlando Antonio García Rodríguez del sindicato de la empresa

TURSA.

2. Irma Candelaria Pérez Osorio del sindicato de ININUPLASTIC.

3. Rafael Antonio Aguilar Pérez del sindicato de la empresa SERMACO

4. Edwin René Hernández Paiz del sindicato de la empresa SERMACO

5. Selvin Arnoldo García López del sindicato de la empresa SERMACO

6. Alvaro Orlando Estrada del sindicato de la empresa SERMACO

7. Bernardo Marroquín Salazar del sindicato de la empresa KERNS

8. Florencia Xocop Chavez directivo de la CNT

9. Mario Campos Valladares directivo de la CNT

10. Oscar Armando Salazar directivo de la CNT.

11. Jorge Luis Serrano del sindicato de la empresa ENLOZADOS NACIONALES.

12. Florentino Gomez López del sindicato de la COCA COLA.

13. Ismael Vásquez Ortiz del sindicato de la COCA COLA.

14. Manuel Antonio Rodríguez Ramos del sindicato de la empresa FOREMOST.

15. Mario Martínez del sindicato de la empresa FOREMOST.

16. Sara Cabrera Flores del sindicato de la empresa ACRICASA.

17. Hilda Carlota Pérez Menéndez del sindicato de la empresa ACRICASA.

18. Sonia Elizabeth Alecio del sindicato de la empresa RICHARDSON VICKS.

19. Crecencio Coronel Ordóñez del sindicato de la empresa ENLOZADOS

NACIONALES.

20. Cristina Yolanda Carrera Cabrera del sindicato de la empresa SISTEMAS

ELÉCTRICOS.

21. Manuel René Polanco Salguero del sindicato del diario PRENSA LIBRE.

22. Agustin Chitay Chapetón del sindicato de la empresa INDUPLASTIC.

23. Rafael Estrada del sindicato de la empresa ACRICASA.

24. Oscar Augusto Pérez del sindicato de la empresa ACRICASA.

25. Luis Roberto Bonilla de la CNT.

26. Celso Santos Huaz de la CNT.

27. Roberto López de la CNT.

GUATEMALA: REPUDIAMOS LA VIOLENCIA Y ATAQUES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS INDEPENDIENTES.

 

GUATEMALA: CUIDADO, ESTAMOS VOLVIENDO AL PASADO TENEBROSO

SON MOMENTOS SUMAMENTE DIFÍCILES, LA VUELTA AL PASADO ES UN HECHO Y ES TAMBIÉN EL MOMENTO DE LA UNIDAD. 

MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES 

A principios de marzo de este año, al final del artículo que publiqué decía: “Mientras no se tome la plaza y se levanten las voces contra la corrupción y se alcen las banderas de la dignidad como sucedió en el 2015, lo único que podemos esperar es el cierre total de los espacios, la represión y persecución a todo aquel que se oponga a los desfalcos. O el pueblo asume su responsabilidad hoy, o tendremos muchos años de oscuridad bajo una férrea dictadura corrupta y de extrema derecha”. 

Ahora que el juez Miguel Ángel Gálvez denuncia el control y seguimiento que ha tenido de sombrerudos con carros sin placas y que lo mismo ha sucedido con el personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos que cubre el juicio contra los militares responsables de salvajes crímenes, tenemos que insistir en el peligro de esa vuelta al pasado, pues no son mansas palomas las que se juzgan, sino criminales que tienen experiencia, recursos y, al parecer, respaldo del gobierno para actuar en esa forma. 

Más temprano que tarde, el peso de la justicia tenía que caer sobre algunos de los responsables de crímenes del pasado como los que registra el Diario Militar y era de esperar que los veteranos cerraran filas y pusieran en práctica métodos tenebrosos como los que implementaron en las décadas de los setenta y ochenta para mantener aterrorizado al pueblo y, especialmente, a quienes dignamente han escuchado a las víctimas y han asumido el compromiso de aplicar la justicia sin ver caras ni tamaños de los criminales que asolaron al país. 

Hoy se sabe que es al juez Gálvez a quien tienen en la mira y a los delegados de la PDH, imaginemos qué puede suceder con los miembros de Famdegua que llevan el caso o con los testigos y familiares de las víctimas que buscan valientemente que se haga justicia después de décadas que no fueron escuchados mientras los responsables de esos hechos anduvieron libres y campantes, como si nada hubieran hecho, y quizá cometiendo otras fechorías, pero la historia registra no solo los 183 del Diario Militar, sino los miles de personas detenidas, torturadas, desaparecidas o asesinadas vilmente por ellos, por los veteranos militares que participaron en la guerra, que arrojaron niños y mujeres a los pozos y luego, como si nada, disparaban contra ellos y les cubrían de tierra aún vivos.

Eso no se puede perdonar, no se debe perdonar, no se está pidiendo contra ellos la pena de muerte, que la merecen, sino la cárcel para que sus días los terminen en un calabozo sin que vuelvan a ser un peligro para el pueblo. Son momentos sumamente difíciles, la vuelta al pasado es un hecho y es también el momento de la unidad y la acción del pueblo para que esto no suceda, pues también se deslegitima, amenaza y encarcela a periodistas, a ciudadanos que han luchado contra la corrupción y la muerte ronda a líderes comunitarios. 

Nuestra plena solidaridad con eldigno juez Miguel Ángel Gálvez y con la jueza Erika Aifán y el fiscal Juan Francisco Sandoval, que han sentado precedentes para no volver al pasado, pues hoy la maquinaria de la extrema derecha eso pretende, por eso arremete contra ellos, quiere destituir al Procurador de los Derechos Humanos, pasó una ley contra las oenegés y quiere pasar una ley de amnistía por los crímenes del pasado, incluyendo los de lesa humanidad, que jamás prescriben. La unidad y la acción conjunta del pueblo consciente es la única que puede derrumbar sus pretensiones de una vuelta al pasado.

https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/06/17/cuidado-estamos-volviendo-al-pasado-tenebroso/

GUATEMALA: CON LA MOCHILA AL HOMBRO DESDE LA CÁRCEL DE MATAMOROS DE LA MÁS ALTA SEGURIDAD

 

César Montes

Se abrió la pesada puerta una hora antes por gestión ante las autoridades para pintar el baño, regadera y la bartolina. Debíamos pintar y terminar antes que lloviera. Mala planificación, se advirtió sobre ello, pero finalmente se hizo. Fracaso total. 

Estando todas las pertenencias en los corredores a la intemperie, empezó a llover cuando aún no se terminaba de pintar. Fue el caos entrar todo antes de que se mojara y las literas con pintura fresca. Los pisos con agua contaminada jabonosa, lodosa en la que cayó mi almohada y alguien la pisoteó deliberadamente.

Algunos presos me trataron con consideración a mi reciente enfermedad y a mi edad. Entre ellos, el vocero, otros que me adversan hubieran querido que fuera mi cabeza y no la almohada, la que pisoteaban con furia. Sabían enmedio de la confusión que era mía. Era una especie de demostración de lo que desean hacerme. No atiendo a provocaciones de poca monta. No acepto provocaciones.

Otro detenido me proveyó de almohada y sobre funda. En medio del agua que corría abundantemente, cayó aparatosamente Muphy Paiz, el rector de la USAC. No hubo fractura, ni esguince, pero ante sus manifestaciones de dolor quedó vendado del pie, en una litera recién pintada y llegaron las autoridades a verlo, vino el médico del sistema a evaluarlo y se le vendó luego de sobarlo. 

Todo lo que hubiera querido de atención para mí y que no tuve. Hay clases sociales y atención de primera clase, segunda y tercera.

Siempre habrá un día más qué significa un día menos en tu vida, porque no veo que tenga fecha de salida de este infierno. 

No entenderé nunca el empecinamiento de “Giamaletti” en mi contra, y qué ganas con tenerme preso.

GUATEMALA: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEMANDAMOS EL CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN CONTRA FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el aumento de la criminalización en Guatemala como estrategia para amedrentar e intimidar a personas que ejercen roles relevantes en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y corrupción.

Derivado de nuestra labor de monitoreo de la situación de derechos humanos en el país, hemos documentado y denunciado el uso indebido del derecho penal y de otros mecanismos legales en contra personas defensoras de derechos humanos, fiscales, ex fiscales, juezas, jueces, magistrados y magistradas, ex trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), y abogados defensores, que han tenido a su cargo procesos que demuestran avances significativos para la justicia y la garantía de los derechos humanos.

Observamos con preocupación que estas prácticas parecen constituir un patrón en el cual el Ministerio Público da tramite sin más a denuncias penales y administrativas manifiestamente infundadas o improcedentes, y las mantiene abiertas por tiempo indefinido. Estas denuncias generalmente son precedidas o acompañadas de intensas campañas de desprestigio y de estigmatización en redes sociales y en ciertos medios de comunicación. Ello, con el fin de presentar ante la opinión pública a las personas señaladas como “enemigas”, “peligrosas”, “criminales” o “terroristas” y justificar la persecución penal en su contra. En ocasiones también se han sumado declaraciones de funcionarias y funcionarios públicos contra la labor que realizan estas personas o las instituciones que representan.

Este patrón de criminalización se ha observado con mayor frecuencia en los últimos años, utilizándose especialmente contra integrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI),  contra jueces y juezas de juzgados y tribunales de mayor riesgo que han conocido de casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos vinculados al conflicto armado interno o de la época más reciente; e investigaciones de corrupción a gran escala, como los impulsados por la extinta CICIG, así como contra una magistrada y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, algunas de estas denuncias son impulsadas por las mismas autoridades estatales.

Recientemente, el 19 de mayo de 2021, un ex analista de la CICIG que ha trabajado en investigaciones de relevancia -como el caso La Línea, contra el expresidente Otto Pérez Molina- fue detenido junto con el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estas personas permanecen en detención preventiva y, dado su perfil, se encuentran en una situación de alto riesgo, habiendo recibido ya amenazas en el centro penitenciario, al haber investigado a muchas de las personas que están actualmente en prisión preventiva o condenadas.

Recordamos que la CIDH ha reiterado que “corresponde el Estado proteger a las personas operadoras de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia efectivo.”

Estas estrategias abusivas de criminalización se enmarcan en un contexto de retrocesos y obstaculización por parte de algunos sectores opuestos a la lucha contra la impunidad en el país, que han expresado su aversión hacia quienes han contribuido en destacadas investigaciones judiciales, participando incluso en la difusión de mensajes e imágenes que constituyen discriminación racial, de género o por orientación sexual.

Recordamos que las autoridades estatales deben velar porque los procedimientos disciplinarios y penales a los cuales se puedan ver sometidas las personas por presuntas faltas o delitos no sean instrumentalizados y usados de manera abusiva hasta el punto de convertirse en herramientas de hostigamiento para obstaculizar las labores de estos funcionarios. En este sentido, el Relator de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y magistrados en repetidas ocasiones ha manifestado su preocupación por el uso indebido de medidas legales que interfieren con las labores de operadores de justicia y que menoscaban la independencia judicial en el país.

En virtud de lo anterior, las organizaciones firmantes urgimos a las autoridades guatemaltecas a que tomen acción para garantizar la independencia de las personas funcionarias de justicia, el derecho al debido proceso y garantizar en general el derecho a defender los derechos humanos. En particular, consideramos esencial que la fiscal general tome medidas urgentes para desestimar las denuncias penales aún pendientes de resolución que sean infundadas y que genere lineamientos claros para impedir el uso del sistema penal como herramienta para hostigar a quienes se oponen a la impunidad en Guatemala.

Guatemala no puede retroceder hacia la impunidad. La labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y funcionarias de justicia es esencial para sostener y consolidar los avances que han tenido lugar en materia de acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Firmantes:

Amnistía Internacional

Latin America Working Group (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Protection International

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

American Jewish World Service (AJWS)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Impunity Watch

GUATEMALA: ¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA! DE NUESTROS COMPAÑEROS DE LA COMUNIDAD DE CHICOYOGÜITO

FOTO CALDH

Este miércoles 9 de junio por la mañana, realizamos una manifestación pacífica en Cobán, Alta Verapaz para EXIGIRLE al Estado que nos devuelva nuestro territorio del cual fuimos despojados hace 53 años. En la manifestación participaban hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores de la comunidad de Chicoyogüito, cuando llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y nos desalojó del lugar de manera violenta, golpeando a nuestros compañeros y deteniendo a 21 hombres de nuestra comunidad, acusándolos de usurpación agravada y llevados a las horas de su detención al Centro Preventivo de Cobán permaneciendo ahí desde entonces sin que aún puedan dar su primera declaración. Ante estos hechos manifestamos:

• Nuestra manifestación era PACÍFICA en ejercicio de nuestro derecho constitucional de manifestar como una medida para hacernos escuchar ante las autoridades para que estas cumplan con lo que nos prometió el gobierno: que nos devuelvan nuestro territorio.

• El actuar de la PNC fue violento y desproporcionado hacia la gente de nuestra comunidad, responsabilizamos a las autoridades de los daños físicos por las agresiones cometidas contra nuestros compañeros, y exigimos deducir de responsabilidades.

• Nos preocupa la situación en la que están nuestros 21 compañeros presos. EXIGIMOS que su proceso sea realizado conforme a derecho en los tiempos establecidos, por lo que su audiencia de Primera Declaración, debe ser programada dentro del plazo de 24 horas de acuerdo o dispuesto en la ley y la circular emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que sean liberados inmediatamente, ya que no cometieron ningún delito.

• Pedimos el apoyo nacional e internacional de las organizaciones sociales y de derechos humanos para que estén atentas a nuestra situación y que no se nos sigan vulnerando nuestros derechos.

El 28 de julio de 1968 el Estado de Guatemala instaló la Zona Militar No. 21 en Cobán, Alta Verapaz, para lo cual nos despojaron de manera violenta a la comunidad de Chicoyogüito. Desde entonces, mantenemos nuestra EXIGENCIA al Estado de Guatemala de cumplir con lo establecido en los Acuerdos de Paz principalmente en el acuerdo sobre la situación de Población Desarraigada, de restituir el territorio que original y ancestralmente habitaban, eso significa que tienen que devolvérnoslo. A pesar del sufrimiento y destierro permanente que hemos vivido, nuestros abuelos y abuelas mantuvieron la esperanza viva en nosotros; y nosotros mantenemos viva la memoria y la exigencia de que nos devuelvan nuestro territorio.

SEGUIMOS SIENDO LA COMUNIDAD DE CHICOYOGÜITO

SEPARADOS POR EL DESALOJO, UNIDOS CON NUESTRA MEMORIA

COMUNIDAD DE CHICOYOGÜITO

Guatemala, 13 de junio de 2021

GUATEMALA: ¡NO MÁS CRÍMENES DE ODIO CONTRA LAS MUJERES TRANS!

 

GUATEMALA: HISTORIAS QUE AÚN NO SE CUENTAN

Publicado: 12 junio, 202113:49AutorNoe Vásquez Reyna

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Hace unos años colaboré con la organización de un certamen periodístico sobre sitios de memoria histórica en Guatemala. El objetivo era que personas y periodistas escribieran artículos para ubicar lugares en todo el territorio que recordaran hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.

El artículo ganador fue una crónica sobre el asesinato del dirigente estudiantil Oliverio Castañeda de León, y el lugar de memoria comprende varios metros del centro histórico de la ciudad de Guatemala.

Mientras llegaban las propuestas al correo, la Universidad Rafael Landívar, en donde se desarrollaba parte del proyecto, me pasó una llamada. La voz era de un hombre que dijo que tenía algún grado militar que no recuerdo y se comunicaba conmigo porque quería saber si su historia cabía en los requisitos del certamen.

El hombre quería contar una historia sobre el Instituto Politécnico Aldolfo V. Hall. No me dijo a cuál de los ocho de estos institutos (parte del Ministerio de la Defensa Nacional) se refería, y comenzó a explicarme por qué. A grandes rasgos me dijo que él había egresado de ahí. Agregó que parte de los oficiales de su generación estaban ahora en la cárcel por diferentes crímenes y delitos. Me aseguró que ese lugar les había hecho daño, que los había traumado. «Nos dejó secuelas», recuerdo que dijo.

El hombre mencionó que ese instituto era un lugar de tortura para cada muchacho que entraba. A pesar de ello, me indicó que tiempo después su hijo también había estudiado ahí y que para él se había repetido lo traumatizante de la formación. También recuerdo que me dijo que las familias de quienes estudiaron con él no eran «familias normales».

Traigo hoy esta historia porque del 1 al 10 de junio se desarrolló la audiencia de primera declaración de seis de los doce militares y policías retirados sindicados de graves violaciones de derechos humanos en el llamado «Caso Diario Militar».

El Diario Militar es un documento que salió a la luz en 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), una institución no gubernamental sin ánimo de lucro localizada en la Universidad George Washington, en Washington D. C., Estados Unidos. En este documento están registradas detenciones ilegales, torturas, violencia sexual, desapariciones y asesinatos entre 1983 y 1985.

Estudiantes, profesores universitarios, trabajadores de la universidad, integrantes de sindicatos y organizaciones sociales… Al menos 183 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas están registradas en el Dossier de la Muerte o Diario Militar.

La audiencia empezó solo con seis sindicados ya que el resto no pudo presentarse al Juzgado de Mayor Riesgo B, por condiciones de salud o por ubicarse en lugares afuera de la capital. En la investigación del Ministerio Público —que es extensa, profunda y con lógicas de rompecabezas— se mencionaron hechos puntuales de seguimientos, secuestros e interrogatorios mediante tortura, asesinatos y desaparición forzada, bajo las órdenes de una estructura de inteligencia militar con el aval y apoyo del Ejército y el Estado de Guatemala.

Este caso se relaciona directamente con otro caso, el de “la Panel Blanca”, en el cual se utilizaba este tipo de vehículo para secuestrar a personas consideradas contrarias al gobierno. Se les identificaba como enemigos internos, una categoría donde cabían todos: hasta niñas de 9 años.

El 9 de junio de 2021, después de veintidós años de que fuera revelado el Diario Militar, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virginio De León Sigüenza, Enrique Cifuentes de la Cruz, René Lara, Jacobo Esdras Salán Sánchez y Edgar Corado Samayoa (en esa época rondaban los 30 años de edad) fueron ligados a proceso. Al día siguiente se les dictó prisión preventiva por los tipos de delito que se les imputa: desaparición forzada, delitos contra los deberes de humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Como supuestamente nadie está por encima de la ley, posiblemente tendrán que demostrar su inocencia ante un tribunal.

Este caso me recordó aquella llamada. Me llevó de vuelta a la historia que escuché de aquel hombre. La nota nunca llegó al correo, aunque le insistí que Guatemala también necesita escuchar historias como esa. Al colgar me asaltó la pregunta: ¿Me llamó directamente a mi número de celular? Respiré con tranquilidad cuando recordé que no: la Universidad me había pasado la llamada. Quizá la historia no fuera real. Quizá solo querían saber qué tipo de historias se esperaban. Quizá era una manera de intimidar. Quizá el tipo sí era militar y sentía culpa. No lo sé.

En Guatemala al menos tres generaciones que se enfrentaron abiertamente al sistema y a gobiernos militares fueron perseguidas, asesinadas o desaparecidas. Ser o pensar distinto no es delito, pero en aquella época (quizá ahora también) era suficiente para ser «el enemigo». La desaparición forzada es un delito que ha marcado a esas tres generaciones y es un delito pluriofensivo; es decir, que agravia no solo a las víctimas, sino a sus familias, amigos y a toda la sociedad.

La desaparición forzada de miles de personas nos dejó sin posibilidades reales de respuesta social. Nos dejó con miedo, con un supuesto romance malsano con el orden y las órdenes, los desfiles, los uniformes, las armas y las manos duras contra el crimen que nunca funcionan. Un aparato de inteligencia militar logró desintegrar el tejido social, dejando un entorno que desconfía, miente y sobrelleva la represión, la corrupción, el control y nos sigue eliminando si pensamos/sentimos/vivimos/somos de manera diferente.

[Foto de portada: @ojotriste33]

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GUATEMALA: DEFORESTACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A COMUNITARIOS

 Por Daniela Sánchez Lemus

Este reportaje le da continuación al publicado en Factor 4, el 16 de agosto del 2020, titulado: *“Sin árboles no hay agua, ni vida. No queda nada”. Diez meses han transcurrido y la situación para las comunidades sigue siendo la misma.

Desde el 2012, hasta el 5 de junio del presente año, las comunidades de Sumpango y Santiago en Sacatepéquez y San Raymundo en Guatemala, se han visto afectadas al no respetarse su derecho de consulta. Pero, no solamente estas comunidades están en resistencia. El pasado 18 de marzo, vecinos denunciaron que la Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA), a pesar de no tener licencia de construcción, empezó el cableado de la segunda línea en el kilómetro 40 de la carretera Interamericana en Sumpango, Chimaltenango.

Asimismo, el pasado 2 de junio, los habitantes de San Bartolomé Milpas Altas, denunciaron en redes sociales, la tala ilegal en el bosque nuboso de San Bartolomé “a pesar que no tienen permiso para talar el bosque ni para la construcción de torres, TRECSA sigue talando árboles del bosque nuboso con total impunidad. Un bosque que alberga nacimientos de agua que abastecen aldeas y municipios de Santa Lucía Milpas Altas, San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala

VER VIDEO: Vídeo tomado por vecinos de San Bartolomé el: 2/06/2021

https://youtu.be/wKX_rn2uFd0

El caso de los hermanos Araujo en San Raymundo

Sin efecto resolución. En junio del 2020, una sala del Juzgado de Mixco, dejó sin efecto la resolución de la audiencia del 20 de enero del  mismo año.  Se realizó de nuevo otra audiencia y  el 4 de diciembre del año 2020, don Anibal Araujo y su hermano se dan cuenta de que “el juez estaba totalmente parcializado a favor de la empresa. Ese día no nos acusó nadie de nada, simplemente se realizó la audiencia donde nos ligaron a proceso y si mi hermano y  yo no hubiéramos tenido quién nos prestara Q.20,000  para pagar la fianza que nos fijaron en ese momento(…)”

A partir de ese día, ambos están ligados de nuevo a proceso. La situación para los hermanos Araujo es crítica, por la pandemia no pueden seguir trabajando, ambos cubrían la ruta del Milagro a la terminal con buses extraurbanos. En marzo cumplieron un año sin trabajar, la única manera que ha tenido don Anibal  de ganarse la vida y mantener a su familia es viajando a los Estados Unidos a traer vehículos usados. Debido a que está arraigado no ha podido volver a trabajar. Los memoriales y Amparos presentados por su abogado han sido denegados. A la fecha, ambos buscan quien los asista y asesore para poder enfrentar a un monstruo de mil cabezas que sigue talando árboles, sin autorización, para seguir la construcción de obras del Proyecto PET 1-2009, el cual no ha sido consultado con los pobladores ni de San Raymundo ni de Sacatepéquez.

Luis Aníbal Araujo García y su hermano Ernesto Rafael, ambos habitantes de San Raymundo, San Juan Sacatepéquez, comentan que desde el 2012 cuando llegó TRECSA a su comunidad, les mintieron porque dijeron que iban a construir una maquila,  después que iban a construir una despensa familiar y luego que una colonia privada.  “Algunos decían que iban a construir un campo de fútbol pues la realidad fue de que nos dimos cuenta de que lo que iban a construir era una subestación de energía de alta tensión, nosotros preocupados por nuestra comunidad nos dimos a la tarea de Investigar si era bueno o malo lo que iban a hacer en nuestra comunidad”, afirma don Anibal, recalcando que al final se dieron cuenta de que las cosas no fueron como se les dijo. Su preocupación era las posibles consecuencias que podría conllevar con el tiempo, principalmente a los niños que estudian en la escuela que está a escasos 30 metros de distancia de la plataforma donde iban a construir la subestación.

Pobladores de San Raymundo en manifestación 2018.

“Nosotros (refiriéndose a él y su hermano) desde el principio les manifestamos (a TRECSA) que no estábamos en contra del desarrollo ni del que llevaran a cabo el proyecto, lo que les manifestamos que lo construyeran pero lejos de la comunidad donde no nos perjudicaran, ni a nuestros niños ni a  nuestras fuentes de agua”

Don Anibal recuerda que a raíz de su intervención y preocupación por la comunidad que habitan él y su hermano, empezaron la amenazas, como consecuencia tuvieron una primera audiencia en el 2017, en el juzgado de paz de San Raymundo.  Comenta que estuvieron en varias audiencias en un juzgado en la zona 4, el cual afirma “lo tienen ahí especialmente para la gente que se opone a los proyectos de electrificación.”

En 2018, los pobladores de San Raymundo manifestaron pacíficamente para evitar que fuera construida la subestación en mención; Juan José Pérez Monje, del Juzgado de Paz de San Raymundo en acta, así lo consignó: “Cuando iba nombrando uno por uno a los trabajadores que se encontraban dentro de la plataforma trabajando, cuando mencionó el nombre de una de las personas, él se encontraba fuera del área de trabajo y le preguntó al encargado qué dónde estaba ese señor y el encargado le contestó que andaba fuera comprando su almuerzo y cuando iba de regreso para ingresar al área de trabajo pasó en medio de más de 250 personas que se encontraban manifestando pacíficamente.”

Don Anibal con voz pausada, recuerda lo registrado en el acta: “Él observa que pasa en medio de toda la gente y nadie lo voltea a ver, entonces él manifiesta que la manifestación es totalmente pacífica y que ninguno de los manifestantes ha intentado agredir o hacerle algo a alguno de los trabajadores en el año 2018.”

En 2019, el Juez de Asuntos Municipales de San Raymundo, derivado de la inconformidad de la comunidad, le pidió al propietario de la Agropecuaria Santa Isabel, que ante las irregularidades de TRECSA en el incumplimiento a los requisitos básicos en la construcción de la planta de energía eléctrica, y la negación del Pleno del Concejo Municipal a la renovación de la licencia para la construcción de la planta generadora de energía eléctrica, que no se dejara sorprender. La empresa en mención no contaba con la licencia correspondiente de construcción.  

Una acusación para dos personas que no estuvieron en el lugar de los hechos

“Yo salí de Guatemala exactamente el 26 de diciembre rumbo a la ciudad de San Francisco, California, al  encontrarme allá y mi familia con mi esposa y mi nieto, visitando a uno de mis hijos que vive allí, me entero de que estos señores de la empresa (TRECSA) contratan a un helicóptero para ingresar el material vía aérea”. Lo anterior se dio  porque la comunidad no les permitía ingresar los materiales por vía terrestre, ante esto, los habitantes de San Raymundo,  salieron  a manifestar nuevamente, pacíficamente, “sin permitir que el helicóptero siguiera acarreando material porque algunos vecinos juntaron llantas y basura, pues empezaron a quemarla y se hizo demasiado humo y tuvieron que suspender las labores del helicóptero”. Anibal Araujo, refiere que estos hechos ocurrieron el 4 de enero del 2019,  él tenia 10 días de estar fuera del país.  Hace énfasis en que una de las acusaciones de TRECSA, en audiencia del 20 de enero del 2020, es que él y su hermano le dispararon con armas de fuego al helicóptero, lo cual no es posible, porque él se encontraba fuera de Guatemala, y su hermano no formó parte de la manifestación, en razón que  un año antes fueron notificados que no podían acercarse y participar en las manifestaciones.

La resistencia pacífica de la Aldea La Ciénaga, en San Raymundo, surgió en rechazo a la construcción de la subestación eléctrica “Guate-Oeste” parte del proyecto “PET-1-2009, PLAN DE EXPANSIÓN DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE A” de TRECSA.

Anibal Araujo y su hermano han  sido acusados de un total de 89 delitos,  “todos son infundados e inventados por el Ministerio Público, porque nosotros desde el día que empezamos a apoyar a la comunidad para que el proyecto no lo construyeran aquí dentro de nuestra comunidad nos han estado acusando falsamente”. El 20 de enero del 2020, cuando se realizó la audiencia se le demostró a la jueza de que las acusaciones del Ministerio Público eran infundadas, ambos hermanos fueron asistidos por el abogado Rafael Maldonado.  Por falta de mérito la jueza los dejó libres de todo cargo, situación que revirtió una sala de Juzgado de Mixco meses después.

Reserva natural Cerro Nimachay y San Bartolomé Milpas Altas

El 5 de junio del presente año, el alcalde de San Bartolomé, Rosalio Axpuac Martínez, denunció que a pesar de la cancelación de la licencia de construcción por parte de la Corporación Municipal de San Bartolomé, TRECSA continúa con un proyecto que no fue consultado con la población, cometiendo “una de sus tantas violaciones a la ley municipal y nacional.”

Vídeo : 05-06-2021 (Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA) / A pesar de la cancelación de licencia de construcción por parte de la corporación municipal de San Bartolomé Milpas Altas, la empresa TRECSA continúa después de varios días la construcción de las obras del proyecto PET 1-2009, proyecto que nunca fue consultado a la población.

VER VIDEO: https://youtu.be/iMOO5MECiSY

*https://f4gt.com/2020/08/16/sin-arboles-no-hay-agua-ni-vida-no-queda-nada/

https://f4gt.com/2021/06/09/deforestacion-y-criminalizacion-a-comunitarios/?fbclid=IwAR3LKn2FUC6Mi1F7MYcQPWV3P9W-jqBULPpBSA7_QHiaV2ETTcoC08SwO6o