21 DE JUNIO “DÍA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA”

El 21 de junio de 1980, 27 líderes sindicales y estudiantiles se encontraban reunidos en la CNT, en el centro de la capital guatemalteca, cuando fueron capturados y desaparecidos por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

21 DE JUNIO “DÍA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA”

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CONVERSATORIO: 

DETENIDOS DESAPARECIDOS EN GUATEMALA

FECHA: 20 DE JUNIO 2017, 17 HORAS

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL:

“HUELLAS QUE NO SE BORRAN, MÁRTIRES DEL 21 DE JUNIO”    

LUGAR: TEATRO DE ARTE UNIVERSITARIO –TAU-

 Dirección: 2 Avenida 12-40 Zona 1, (Paraninfo Universitario) 

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO 15 HORAS LLEVEMOS CLAVELES A LA ANTIGUA SEDE DE LA CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-

MIÉRCOLES 21 AGRUPACIÓN H.I.J.O.S CONVOCA ACTO POLÍTICO CULTURAL

HORA: 16:00 A 19:00

LUGAR: PARQUE CENTRAL, ZONA 1, CENTRO HISTÓRICO.

Acompañanos a conmemorar la vida de mujeres y hombres que soñaron con un mundo diferente. Aquellos hombres y mujeres que a pesar del terror se rebelaron para ir por la vida digna, entendieron la necesidad de gritar ante tanta injusticia y sin miedo a rebelarse transitaron en busca de un mundo mejor

Después de la realización de muchas movilizaciones y actividades para llamar la atención del poder público, en junio de 2004, el Congreso guatemalteco decretó el 21 de junio como ‘Día Nacional contra la Desaparición Forzada’

En 1990, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) impulsó la demarcación de un día especial en el que se pudiera demandar el fin de las desapariciones forzadas, esclarecimientos, juzgamientos, castigos a los responsables y el resarcimiento a los familiares de las víctimas.

LA CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-

En 1968 se fundó la CNT mediante la unión de tres federaciones sindicales: la Federación Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG),3  la Federación Nacional de los Obreros del Transporte (FENOT) y la Federación Campesina de Guatemala (FCG).4  La CNT nunca contó con personalidad jurídica, pero se afilió a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de orientación socialcristiana. Desde su origen estuvo integrada por sindicatos industriales, ligas campesinas y cooperativas.

La CNT era el núcleo de la actividad sindical y la organización mayoritaria durante la década de los setenta. En 1974 contaba con siete sindicatos adheridos. En 1979 sumaban 69 sindicatos. Dado su importante rol en la organización social la CNT se convirtió en un espacio de influencia no sólo notable entre las distintas corrientes sindicales existentes en el momento, sino también entre las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que tenían influencia política en el sector. En 1978, después de mucho debate, la CNT rompió con la CLAT, lo que la dejó carente de vínculos internacionales. En 1980 la CNT contaba con una estructura integrada por diferentes secciones que a su vez se interrelacionaban: organización, propaganda y asuntos jurídicos, que apoyaban a los sindicatos en sus reivindicaciones. 

En su aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) el Estado consideraba al movimiento sindical como parte de la insurgencia. Un ex sindicalista, que fuera detenido y torturado en un cuartel militar, cuenta que agentes de seguridad le mostraron un organigrama detallado del CNT-FAR donde se identificaba a una organización con la otra. 

Los agentes del Estado y los empresarios tenían información sobre las actividades de los sindicatos, obtenida mediante acciones de infiltración en la CNT realizados por los aparatos de seguridad del Estado. Esta había sido la razón por la cual la CNT había expulsado con anterioridad a varios de sus miembros. Un declarante recuerda que uno de los porteros de la sede pertenecía a "la judicial".6  También las patronales, en varias empresas, dificultaron la acción sindical, como por ejemplo, al asignar turnos de noche a ciertos trabajadores comprometidos con el movimiento sindical, con el fin de que no pudieran desarrollar activismo con las bases de las fábricas.

Los miembros de la CNT fueron objeto de diferentes acciones de hostigamiento. Por ejemplo, en enero de 1979 se hizo estallar una bomba en su sede. En el mismo año se produjeron varios allanamientos: en uno golpearon al guardián y en otro se llevaron los archivos de la CNT. El 22 de febrero de 1980 siete líderes fueron arrestados por la Policía Nacional.7  Se encontraron amenazas anónimas en los casilleros, en los baños, y hasta se difundió una lista de "condenados a muerte" en la que se incluían a asesores y dirigentes de la CNT.

 Los seguían a la salida del trabajo. Un declarante recuerda los vehículos "Toyotas beiges" en que viajaban hasta cuatro sujetos desde donde, con pistolas en las manos, los amenazaban.
Ante este acoso creciente los sindicalistas sintieron temor, algunos hasta pensaron retirarse, y tomaron medidas preventivas. Por ejemplo, Ismael Vásquez -que después fue desaparecido- sabía que su vida corría peligro, por lo que desde tiempo atrás había puesto sobreaviso a su familia. Solía cambiar su ruta de entrada y salida de la casa todos los días. A pesar de todos los dirigentes de la CNT trataron de preservar su espacio y el funcionamiento de la sede. 

La reunión del 21 de junio de 1980

La cúpula dirigente había convocado a una reunión extraordinaria, fijada para el 21 de junio de 1980, porque había problemas internos en la organización. En esa reunión se quería resolver las divergencias ideológicas  sobre la dirección del movimiento sindical,11  las estrategias para la sobrevivencia del movimiento sindical, el asunto de la expulsión de tres miembros de la CNT y el apoyo al sindicato de Coca-Cola, que era objeto de intensa represión. 

En la madrugada del sábado 21 de junio es asesinado Edgar Aldana Ruano, miembro de este último sindicato.12  Unido este asesinato a los problemas de seguridad ya existentes en la sede de la CNT, hacia las once de la mañana los responsables de la convocatoria decidieron cancelar la reunión prevista para esa tarde en la CNT. Sin embargo, no todos los delegados pudieron ser informados a tiempo y algunos empezaron a llegar a partir de las dos de la tarde.13  En palabras de un sobreviviente: "A las tres menos diez yo pasé a una tienda [cercana al local de la CNT] y vi que habían unas personas armadas, y no eran pistolas sino que eran metralletas (...) todos tenían sus pañuelos puestos y estaban de particular, habían como tres oficiales uniformados y eran de alto rango por las insignias que tenían".  El grupo estaba formado por más de sesenta hombres armados, pertenecientes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional y al Ejército.
El testigo "sentía que iban a allanar ahí. Yo llegué a la CNT y estaba abierta la puerta. Cerré la puerta. Subí las gradas y les dije a los compañeros: 'Vámonos, vámonos porque esto lo van a allanar'. Sólo terminado de decir estas palabras estaba cuando tocaron el timbre. Uno de los compañeros abrió y entonces empujaron la puerta, y ya estaba un jeep frente a la puerta estacionado, para que nadie pudiéramos salir".  En ese momento había unas 30 personas en el local. 

La 9a. y 10a. avenidas estaban rodeadas por las tropas que habían interrumpido el tráfico vehicular y apuntaban hacia arriba con sus armas de fuego. Los sujetos apostados en la calle estaban vestidos de civil y enmascarados, pero había tres o cuatro que eran militares, a quienes se pudo identificar por las insignias, las gorras, el uniforme verde olivo que vestían y las voces de mando. También había un jeep Toyota color gris. Fueron tres las personas que lograron escapar. Uno de ellos contaba: "(...) Oíamos los gritos de los compañeros y sólo oía que los maltrataban y como que les tiraban contra la pared".  No se escucharon disparos, sólo golpes. Se retiraron los militares y ellos lograron salvarse. La operación duró entre tres y cinco minutos; fue una "operación relámpago". 
Otro testigo recuerda la escena cuando llegó tarde a la reunión, pasados unos 10 minutos del operativo militar. La cuadra estaba vacía. No estaba el portero del sindicato en la calle. Pensó: "Qué descuido". Empujó la puerta y entró. No había nadie en el local. Había manchas de sangre en el corredor y los archivos estaban abiertos. De pronto alguien entró y lo sacaron. Al salir a la calle, unas seis personas lo rodearon y le contaron lo sucedido, mientras dos compañeros sindicalistas lloraban. Estuvo allí cinco minutos y cuando se dieron cuenta que venían dos judiciales decidieron retirarse. Un familiar de una de las víctimas, que llegó luego a la sede con otros que se hallaban en la misma situación, relató que lo que presenciaron fue horrible pues había pozas de sangre por todas partes y las instalaciones estaban hechas un desastre. 
Hay dudas sobre el número total de víctimas.  Un testigo de los hechos indica que el número de 27 personas se refiere al quórum que se había alcanzado en el momento de la reunión: "Eran los que ya estaban sentados para empezar la reunión y por eso a ellos no les dio tiempo de salir, porque estaban dentro (...)".  La CEH logró identificar a 27 personas.

DETENIDOS DESAPARECIDOS 21 DE JUNIO DE 1980 CNT

1. Orlando Antonio García Rodríguez del sindicato de la empresa
TURSA.

2. Irma Candelaria Pérez Osorio del sindicato de ININUPLASTIC.

3. Rafael Antonio Aguilar Pérez del sindicato de la empresa SERMACO

4. Edwin René Hernández Paiz del sindicato de la empresa SERMACO

5. Selvin Arnoldo García López del sindicato de la empresa SERMACO
6. Alvaro Orlando Estrada del sindicato de la empresa SERMACO

7. Bernardo Marroquín Salazar del sindicato de la empresa KERNS

8. Florencia Xocop Chavez directivo de la CNT

9. Mario Campos Valladares directivo de la CNT

10. Oscar Armando Salazar directivo de la CNT.

11. Jorge Luis Serrano del sindicato de la empresa ENLOZADOS NACIONALES.

12. Florentino Gomez López del sindicato de la COCA COLA.

13. Ismael Vásquez Ortiz del sindicato de la COCA COLA.

14. Manuel Antonio Rodríguez Ramos del sindicato de la empresa FOREMOST.

15. Mario Martínez del sindicato de la empresa FOREMOST.

16. Sara Cabrera Flores del sindicato de la empresa ACRICASA.

17. Hilda Carlota Pérez Menéndez del sindicato de la empresa ACRICASA.

18. Sonia Elizabeth Alecio del sindicato de la empresa RICHARDSON VICKS.

19. Crecencio Coronel Ordóñez del sindicato de la empresa ENLOZADOS
NACIONALES.

20. Cristina Yolanda Carrera Cabrera del sindicato de la empresa SISTEMAS
ELÉCTRICOS.

21. Manuel René Polanco Salguero del sindicato del diario PRENSA LIBRE.

22. Agustin Chitay Chapetón del sindicato de la empresa INDUPLASTIC.

23. Rafael Estrada del sindicato de la empresa ACRICASA.

24. Oscar Augusto Pérez del sindicato de la empresa ACRICASA.

25. Luis Roberto Bonilla de la CNT.

26. Celso Santos Huaz de la CNT.

27. Roberto López de la CNT.

https://www.aaas.org/program/scientific-responsibility-human-rights-law#Note20

Guatemala: Violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta

Mario Sosa / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Hoy quedamos no solo los pueblos indígenas, sino también todo el pueblo guatemalteco, aún más vulnerables a la imposición de proyectos extractivos. Hoy el derecho al bien común es palabra constitucional muerta, ejecutada por una corte de lo constitucional.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento de derechos humanos que adquirió carácter constitucional al ser ratificado por el Estado de Guatemala en 1996, ha sido objeto de constantes violaciones por parte tanto del Estado como de empresas que han impuesto proyectos extractivos en territorios de comunidades y pueblos indígenas. Una de estas violaciones se refiere al derecho de consulta previa, informada y libre, que les corresponde a los pueblos indígenas como sujetos de dicho convenio.

El último hecho de violación proviene de la Corte de Constitucionalidad (CC), que debería garantizar el cumplimiento de la Constitución, y con mayor razón tratándose de asuntos relativos a los derechos humanos. Esta violación se consumó en la resolución del 26 de mayo, cuando la CC dejó sin efecto la suspensión de operaciones de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, medida provisional que había impuesto con antelación en respuesta a un amparo planteado por el dirigente Bernardo Caal en representación del pueblo q’eqchi’ de Santa María Cahabón. Este revés constitucional en materia de derechos humanos se consumó como resolución del recurso de apelación presentado por Luis Chang, ministro de Energía y Minas, y por representantes de la empresa interesada.

Aun cuando la CC reconoce que estos proyectos han sido otorgados ilegalmente al haber violado el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo q’eqchi’, contradictoriamente permite la continuidad de estos incluso cuando han sido causa de tal violación. Es decir, a todas luces la CC ha optado por convertirse en una instancia al servicio de los intereses de una empresa que, además, ha realizado acciones de despojo del río Cahabón (un bien público, común y esencial para la reproducción de la vida), como muestran las evidencias gráficas que se han vuelto públicas y que fueron comprobadas por una comisión interparlamentaria del Congreso de la República instituida en 2016, luego de la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.

La imposición de la política extractiva, que se intensificó sobre todo a inicios del presente siglo, ha tenido un conjunto de afectaciones evidenciadas no solo por denuncias, sino también por estudios académicos de centros de investigación y universidades serias. Dicha política, sostenida por las gestiones gubernamentales, ha conllevado una violación constante del Convenio 169 de la OIT, ya que este obliga al Estado a salvaguardar los bienes y el medio ambiente de los pueblos indígenas, a consultarles en materia de planes y programas de desarrollo que pudieran afectarlos directamente, a garantizar su derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y a respetar las formas, las instancias y los procedimientos de consulta tradicionales, todo ello en la medida en que estos planes, programas y proyectos pudieran afectar sus vidas, sus creencias, sus instituciones, su bienestar espiritual y las tierras que ocupan.

Son estas violaciones la razón por la cual se han realizado cerca de 90 consultas contra proyectos extractivos, las cuales corroboran la masiva oposición a los proyectos extractivos. La mayoría de estas consultas han sido realizadas por comunidades y pueblos indígenas, los cuales han tenido como fundamento la protección del bien común. Asimismo, han sido fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y en el Código Municipal. Han sido realizadas, además, en el ejercicio del derecho a la libre determinación que subyace en el Convenio 169, ley constitucional de Guatemala.

Contradiciendo sus obligaciones, sucesivos gobiernos han sido incongruentes con los deseos expresados libremente por los pueblos y las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho de decidir sobre proyectos que pudieran afectarlos. Dichos gobiernos (incluido el actual) han sido copartícipes con las empresas interesadas en la gestión exclusiva de intereses privados al instituir políticas, aprobar leyes, realizar gestiones jurídicas y criminalizar a los pueblos, a las comunidades y a los dirigentes sociales opuestos a los proyectos extractivos. Es decir, han sido incongruentes con la Constitución misma, pues su interés ha sido garantizar las inversiones, que, como muestran los indicadores sociales, no están significando ningún desarrollo para el soberano constitucional: el pueblo guatemalteco.

Con esta resolución, la CC no solo se alejó de proteger el derecho de consulta a los pueblos indígenas, sino además se encadenó a una institucionalidad que hace todo para violarlo, por ejemplo a través de una pretendida reglamentación restrictiva a la consulta, que, como es evidente, es de interés privado-empresarial. Hoy quedamos no solo los pueblos indígenas, sino también todo el pueblo guatemalteco, aún más vulnerables a la imposición de proyectos extractivos. Hoy el derecho al bien común es palabra constitucional muerta, ejecutada por una corte de lo constitucional.

Sin duda, esta resolución de la CC abre una nueva etapa en la conflictividad social en el país, pues en lugar de garantizar el interés común ha privilegiado el interés privado. Una conflictividad que, como ya se ha demostrado también en investigaciones de carácter social, tiene como raíz la política de Estado y los proyectos empresariales impuestos, en un contexto de históricas condiciones de miseria, desigualdad, explotación y expolio y en una coyuntura en la cual las medidas represivas y violatorias de derechos humanos parecen intensificarse.
Publicado por Con Nuestra América en 5:57 a. m.
http://connuestraamerica.blogspot.com/2017/06/guatemala-violacion-del-derecho-de-los.html

FALLECIÓ CARLOS ORANTES TROCCOLI.

Edgar Ruano Najarro

Hace unas horas falleció Carlos Orantes Tróccoli, antigüeño, nacido en la década de los años cuarenta, dirigente de la antigua Asociación Pro Retorno Al Humanismo (APRAH) de la Facultad de Humanidades de la USAC, presidente de la Asociación de Estudiantes de Humanidades y luego presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) 1968-1969, pero por encima de todo miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) del cual ingresó como suplente del Comité Central en ocasión del IV Congreso en 1969. 

Cuando fue asesinado el secretario general del PGT, Huberto Alvarado, en diciembre de 1974, Carlos Orantes (Sebastián) ya era miembro titular del CC y pocos años después fue miembro de la Comisión Política, máximo organismo de dirección del Partido, en la cual estuvo aproximadamente hasta 1983. Fue nombrado por el Partido como representante del PGT ante la Revista Internacional, con sede en Praga, que era el órgano de todos los partidos comunistas del mundo, al menos de los que mantenían buenas relaciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).

Como dirigente del PGT, Sebastián tuvo una época en la que fue aliado y prácticamente delfín de Carlos González, años en los que Sebastián fue dogmático al estilo estalinista. Pero Sebastián era muy inteligente y de mucho nivel teórico y terminó por darle la razón a Joaquín Noval, otro de los dirigentes del PGT en los años setenta, que estaba convencido de que con Carlos González a la cabeza, y con los planteamientos doctrinarios de éste y otros dirigentes del Partido, la organización no llegaría muy lejos. 

Esto fue particularmente claro para Sebastián cuando a finales de la década de 1970 irrumpieron en el cuadro revolucionario otras organizaciones revolucionarias, como el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que le dieron un vigoroso impulso al movimiento revolucionario guatemalteco. Sebastián comenzó a guardar distancia con respecto a Carlos González y ello contribuyó decisivamente a su aislamiento político en el seno del PGT. Su estadía en Praga determinó que sus adversarios políticos dentro de la dirección del PGT lo hicieran a un lado y prácticamente se quedó en solitario, al tiempo que el PGT a la altura de 1984 se dividía en diversas fracciones. Sebastián no tuvo más remedio que buscar el camino del exilio. De nuevo en Guatemala, la Universidad Rarafel Landívar le abrió sus puertas generosamente para que trabajara en ella.

Sebastián se graduó de psicólogo y en otro país con una historia menos azarosa y violenta, con una clase dominante menos retrógrada, su destino quizá hubiera sido el de un brillante intelectual progresista, dirigente político democrático y quién sabe si no hubiera sido electo a algún cargo público. Pero no, le tocó vivir, como a toda su generación, la larga noche iniciada en 1954 y tomó la opción, como todos sus contemporáneos de clase y de ideas, de incorporarse a las luchas nacionales populares, en los rigores de la clandestinidad.

Descanse en paz Sebastián, ya llegará el día en que sus actos, su vida y su militancia sean reconocidas en este país. Por ahora lo que queda es no olvidarlo.

GUATEMALA: AUTORIDADES INDÍGENAS RECHAZAN RESOLUCIÓN A FAVOR DE OXEC

ANTE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO DE GUATEMALA CON MOTIVO DE LA SENTENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO QUE RESUELVE A FAVOR DE LAS EMPRESAS HIDROELÉCTRICAS OXEC  y OXEC II

MANIFESTAMOS 

1. Nuestro total y profundo rechazo a la sentencia proferida por la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes 91 y 92 -2017 de fecha 26 de mayo del presente año, que causa agravios a los derechos de la madre tierra del pueblo Q’eqchi’ y favorece a la empresa Oxec y Oxec ll S.A. de capital internacional siendo su mayor inversionista extranjeros cuya visión se fundamenta en el expolio y destrucción de la vida de los pueblos de Guatemala.
2. La sentencia venida en grado y la misma Corte de Constitucionalidad reconoce que el gobierno del Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Energía y Minas violó el derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe de las Comunidades Maya Q’eqchi’ de Cahabón, lo confirma, pero para quedar bien con las empresas nacionales y transnacionales dentro los cuales uno de los principales inversionistas es el señor español Florentino Pérez, además de la banca nacional y los entes financieros internacionales, les autoriza que siga operando.  Con resoluciones de este talante, la Corte de Constitucionalidad estrangula la democracia y no protege los derechos humanos.
3. Esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, lejos de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y la paz, fortalece y aumenta la agresión y criminalización de la lucha y resistencia de los pueblos, la violación sistemática de los derechos específicos de los pueblos indígenas, el deterioro del ambiente, el cambio climático, la muerte y la destrucción social que causan las empresas tanto nacionales como transnacionales en los territorios de los pueblos indígenas.
4. Cuestionamos la precaria e ilegal interpretación y resolución de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que subordina el derecho a la vida al capital y el lucro, lo cual es totalmente violatorio a la Constitución Política de la Republica que determina que el fin supremo del Estado de Guatemala, es la protección de la vida y la búsqueda del bien común de sus habitantes. 1
5. Afirmamos ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional, que el derecho de consulta a los pueblos indígenas debe ser “previa, libre, informado y de buena fe”2, por lo tanto, al no haberse cumplido con dicha acción previa; las empresas, el gobierno del Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Energía y Minas y otros Ministerios e instituciones son los responsables de su actuación ilegal y violatoria de derechos fundamentales.
6. Rechazamos que la Corte de Constitucionalidad se arrogue funciones legislativas, estableciendo en la sentencia que rechazamos formas para realizar Consulta a los Pueblos Indígenas. La Corte de Constitucionalidad debe garantizar la supremacía constitucional y no legislar como lo hace en este caso, razón por la cual pedimos abierta y públicamente al Ministerio Público que inicie las acciones de investigación para que se encause penalmente a los Magistrados que están realizando funciones que no les corresponden según el ordenamiento jurídico nacional, por ser delito de acción pública que estamos denunciando y que debe ser tramitada de oficio.

1 Léase Artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  2 Léase artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

7. Rechazamos unánime y categóricamente las acciones que el gobierno por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de  la señora Ministra Aura Leticia Teleguario Sincal está realizando para legitimar un instrumento inconsulto y alejado del principio de la Buena Fe, que busca restringir los derechos de nuestros pueblos a la consulta y la autodeterminación; asimismo, las acciones que realiza el Gabinete de Pueblos Indígenas y otras instancias institucionales que tienen los mismo fines. Recordándoles que todo proceso de construcción de instrumentos administrativos o legislativos  orientados a derechos colectivos de nuestros pueblos, deben ser construidos de forma coordinada, consensuada, sistemática y en armonía con los pueblos indígenas de Guatemala.

8.Rechazamos la imposición de cualquier iniciativa que pretenda regular derechos sobre los bienes naturales de los pueblos indígenas; específicamente las iniciativas de ley de aguas y de ley de la regularización de la tenencia de la tierra, que tienen como objetivo último legalizar despojos y robos de lo que por derecho histórico nos pertenece. Y exigimos que cualquier iniciativa legislativa o administrativa debe preservar y garantizar nuestros derechos históricos al patrimonio natural de nuestros pueblos y sus formas de administración.

9.  Hacemos un llamado a las centrales sindicales, los ciudadanos hombres y mujeres, jóvenes y        adultos, organizaciones campesinas, defensores de los derechos humanos y todos los sectores a sumarse a nuestra lucha,  a defender el derecho a la vida mediante el ejercicio del derecho de consulta en el marco de los estándares internacionales de respeto de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas;  a decidir, construir y seguir la lucha por el respeto del derecho a la vida de los seres humanos, de los pueblos y de la naturaleza; cuidarla frente a la voracidad insaciable de quienes solo piensan en su bienestar, sin importarles la vida de la humanidad y de la madre naturaleza.

En el día b’elejeb’ tz’i del job’ iq’, del ok lem, kajlajuj báqtum.  Guatemala, 8 de junio de 2017

FIRMAN LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE

La Municipalidad Indígena de Sololá

Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán

Municipalidad Indígena de Santa Catarina Ixtahuacán

Cabecera de Pueblo de Santiago Atitlán

Consejo de Ancianos de Ajaw Tinimit Jucanyá Panajachel

Consejo de Autoridades de San Pedro la Laguna

Parlamento Xinka

Autoridades Indígenas de Petén

Gobierno Ancestral Plurinacional Chuj, Akateko y Q’anjob’al

Consejo Q’eqchi’ del Estor

Yuwa’ch’och’, Autoridades Ancestrales Q’eqchi’ X’AJK’

Las Autoridades Indígenas del pueblo maya Q’eqchi’ de Cahabon

Las Autoridades Indígenas del pueblo Q’eqchi’ de Panzos

Los B’oq’ol Q’esal Tenam del Pueblo Ixil

Consejo de Pueblos de Uspantán

Autoridades Indígenas de Joyabaj

Autoridades Indígenas de Ch’ort’i

El Gran Consejo Nacional de Autoridades de Ixim Ulew

El Consejo Maya Mam de San Marcos

El Consejo Maya Mam de Quetzaltenango

El Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango

El Consejo Maya Achi

El Consejo de Autoridades Ancestrales Q’eqchi’ de los Copones

Las Autoridades Indígenas de San Francisco el Alto

Autoridades Ancestrales del Pueblo Maya Achí de Rabinal Baja Verapaz

Las Autoridades Indígenas del Pueblo Chajoma’ de Chuarrancho

Las Autoridades Indígenas del Pueblo Xinka de Santa María Xalapan de Jalapa

La Alcaldía de los 48 cantones de Totonicapán

Consejo de Pueblos Uspantecos

Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate de Jalapa

Consejo Restaurador de Autoridades Ancestrales de Patzun Chimaltenango

Consejo de Ancianos Maya Tz’utujil de San Pedro la Laguna Sololá

http://fger.org/2017/06/08/autoridades-indigenas-del-pais-rechazan-resolucion-a-favor-de-oxec/

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DEFENSORAS, DEFENSORES Y AUTORIDADES ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS DE AMÉRICA LATINA

Encuentro Latinoamericano sobre “Estrategias de protección para la defensa del territorio”

30, 31 de mayo y 1 de junio 2017. Casa Xitla, Tlalpan, Ciudad de México

Declaración organizaciones participantes en el Encuentro Latinoamericano de Defensoras, Defensores y Autoridades Originarias de los pueblos y territorios de América Latina. 1

Defensores y defensoras, autoridades originarias de los pueblos y territorios de América Latina nos hemos reunido en la ciudad de México para compartir y analizar nuestras realidades, luchas, desafíos y esperanzas.

Vemos con indignación el avance de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que saquea los bienes naturales, que avasalla los territorios y destruye la vida en todas sus formas. Es un sistema basado en un nuevo colonialismo que genera nuevas formas de esclavitud entre las poblaciones que habitan los territorios devastados por una insaciable codicia. Es un sistema que considera los cuerpos de las mujeres otro territorio a ocupar y a ganar como botín de guerra. Sus impactos se viven con intensidad particularmente en las poblaciones indígenas, rurales, negras, afrodescendientes, mestizas-rurales y quilombolas.

Vemos con dolor cómo se deterioran las aguas, los bosques, las tierras de nuestra región. Y cómo se criminaliza, se judicializa y se estigmatiza a quienes defendemos estos bienes comunes. Vemos con preocupación el acelerado proceso de reconcentración de la tierra y de la riqueza en cada vez menos manos, lo que está generando en nuestro continente monstruosas y peligrosas desigualdades.

Vivimos rodeados de impunidad, de corrupción, de censura, de compra de conciencias, de militarización, sicariato, de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos. Vivimos en narcoestados en los que la vida no vale nada y las leyes son empleadas para reprimir a quienes alzamos la voz y trabajamos porque estos problemas desaparezcan.

Los poderes formales -gobiernos e instituciones-, los poderes fácticos -grandes capitales, transnacionales, narcoactividad, iglesias conservadoras, medios de comunicación cómplices- están fortaleciendo este modelo económico neoliberal y patriarcal que ha hecho del dinero el dios a quien servir a costa de la Vida, arrasando derechos civiles y políticos, derechos culturales, derechos ambientales, todos los derechos conquistados en tantos años para nuestros pueblos.

No aceptamos la manipulación que estos poderes hacen de la historia de nuestros pueblos ni el discurso que pretende hacernos creer que la destrucción de nuestros territorios y el saqueo de nuestros recursos naturales traerán desarrollo, progreso y bienestar.

Consideramos inaudito que en pleno siglo 21 y con el reconocimiento cada vez amplio de la comunidad internacional de los derechos para todo ser humano se continúe encarcelando y asesinando a defensores y defensoras de las aguas, los bosques, las tierras y el territorio.

El saqueo y las injusticias, el abuso del poder ha dejado grandes huellas y duelos aun no resueltos en nuestros pueblos y comunidades. Hemos visto desarticularse el tejido social comunitario y debilitarse los sistemas normativos, culturales e históricos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de sus territorios. Hemos visto desaparecer la autonomía municipal y la de los territorios. Hemos visto incrementarse los feminicidios, la violencia sexual, el tráfico y la negociación con los cuerpos de las mujeres, la fragmentación de las familias, el desplazamiento forzado de poblaciones que dejan atrás sus hogares, sus afectos, sus recuerdos. Hemos visto vivir a mucha de nuestra gente en incertidumbre y permanente zozobra, con el temor diario de perder la vida.

En el día de hoy, también en el de mañana y en el de pasado mañana, en cada uno de nuestros países, en cada territorio de Nuestra América, una defensora, un defensor, una persona, será asesinada, encarcelada, desaparecida, torturada, amenazada, violada o desterrada por defender derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es para enfrentar tanta muerte que defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente quienes defienden el medioambiente y los territorios estamos tejiendo alianzas estratégicas que sean duraderas y que nos permitan protegernos mejor y fortalecer la organización, las resistencias y la acción política.

Hacemos un llamado a otros pueblos, a académicos, intelectuales progresistas, organizaciones y movimientos sociales, populares y comunitarios a respaldar con decisión y pasión estas luchas y resistencias y a no permitir que avance más este modelo patriarcal, neoliberal y depredador de los bienes naturales, porque si sigue avanzando terminará destruyendo a toda la Humanidad y la vida.

Queremos decirles que, en medio de tanto esfuerzo, seguimos vivos y vivas. Y que nos sentimos alegres de mantener nuestro compromiso de luchar por la Vida. Por la vida de todo las formas de vida. Por la libertad, la justicia y la permanencia de la memoria. Por un futuro mejor para todas y para todos. Por el planeta, nuestra casa común.

En Ciudad México en el primer día del mes de junio de 2017

Organizaciones firmantes y país.

Parlamento Mapuche Río Negro – Argentina

Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia

Comissao Pastoral Da Terra (CPT) – Brasil

Movimento Sem Terra – Brasil

Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos – Brasil

Terra de Direitos – Brasil

Anamuri – Chile

Red de Defensa de los Territorios – Chile

Pueblo Mapuche, Comunidad Juan Kurrin – Chile

Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Colombia

Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya – Colombia

Equipo Jurídico Pueblos – Colombia

Movimiento Ríos Vivos – Colombia

Proceso Comunidades Negras – Colombia

Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA) – Costa Rica

Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – Ecuador

Asociación de Mujeres de Santo Tomás (Momujest) – El Salvador

Unidad Ecológica Salvadoreña – El Salvador

Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir – Guatemala

Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Guatemala

Consejo de Pueblos K’iche’ CPK – Guatemala

Consejo Mam – Guatemala

Coordinadora Ecuménica y Social en Defensa de la Vida en Zacapa y Chiquimula – Guatemala Gobierno Ancestral Plurinacional Izabal – Guatemala

Jóvenes Organizados en Defensa de la Vida – Guatemala

Madre Selva – Guatemala

Resistencia Pacífica La Puya – Guatemala

Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) – Honduras

Comunidad el Listón – Honduras

Comunidades Zacate Grande ADEPZA – Honduras

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – Honduras

Movimiento Ambientalista de Olancho – Honduras

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz – Honduras

Organización de Mujeres Miskitas – Honduras

Organización Fraternal Negra Hondureña – Honduras

Alianza Sierra Madre – México

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio – México

Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ) – México

Colectivo de Mujeres Hilamos Vida – México

Cooperativa la Tosepan Sierra Norte de Puebla – México

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – México

Movimiento en defensa del río San Pedro Libre – México

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) Chiapas – México

Tribu Yaqui – México

Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio – México

Movimiento de Mujeres Segovianas – Nicaragua

Movimiento Segoviano Llegó la Hora de la Acción del Pueblo – Nicaragua

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) – Panamá

Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – Perú

Pueblo Shiwilu de la Amazonía – Perú

Rondas Campesinas femeninas de Bambamarca – Perú

1Este encuentro fue organizado por Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Fondo Acción Urgente – América Latina (FAU-AL), Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Just Associates (JASS), Pan para el Mundo, Protection International y en coordinación con Aluna Acompañamiento Psicosocial, Comité por la Libertad de Expresión Honduras (C-Libre), Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú, Programa Somos Defensores, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) y la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) y contó con la participación de distintas defensoras y defensores quienes elaboraron este comunicado.
http://im-defensoras.org/2017/06/declaracion-organizaciones-participantes-en-el-encuentro-latinoamericano-de-defensoras-defensores-y-autoridades-originarias-de-los-pueblos-y-territorios-de-america-latina/

GUATEMALA: DE LA RESISTENCIA A LA REBELDÍA

Pensamientos Guatemala 

El paso que hace falta es la rebeldía, pero para eso hay que fortalecer la organización comunitaria. Hace unos días un documento decía que el “río Cahabon ya no se salva”. Es cierto que si se lo dejamos en sus manos, bajo la decisión del Estado, ya no se salva. Pero si se lo volvemos a quitar entonces se salvará. Nosotros lo tenemos que recuperar y luego defenderlo. Es el momento para unirnos, para sacar a todos los destructores de nuestros territorios. Hay que impedirles el paso para que no vuelvan a entrar. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad no funcionan en nuestros territorios. Aquí, nuestra voz y nuestra palabra mandan. Si nos unimos, no entrarán jamás.

Kajkoj Máximo Ba Tiul[1]

¿Cuándo pasaremos de la resistencia a la rebeldía? El paso es difícil. Puede ser un paso pequeño, porque se supone que la resistencia fue fruto de la organización y de la formación. Pero cuando este proceso se dio a cuentagotas, sin que aquellas fueran duras, consistentes y conscientes, el paso será mucho más ancho. Tendrán que pasar más cosas para alcanzarla. La rebeldía es la que nos llevará a desbaratar la restauración conservadora. La rebeldía nos va a llevar a salirnos del clóset o del escaparate. Digo esto porque seguimos hablando que este Estado no sirve, es discriminador, racista, patriarcal, homofóbico, misógino, etc. pero seguimos pidiéndole que su gobierno legisle para nosotros, que nos incluya, que nos de migajas, y avalamos sus propuestas pensadas “hacia nosotros” y no con nosotros.

Cuando faltan más o menos dos años, si es que menos tiempo, para que comience nuevamente una campaña electoral, otra vez comienza a discutirse que si la izquierda o si la derecha. Salen a relucir problemas personales, grupales, individuales. Aparecen nuevos analistas que se complementan con viejos. Nuevos académicos que debaten con viejos académicos. Todos hablan a la vez. Muchas veces dicen lo mismo solo que con otras palabras, como lo que lo hoy se ha denominado la izquierda rosada: en algún momento lo nombramos como la izquierda de hotel, la izquierda turista, la izquierda oenegera, la izquierda partidista oficial, la izquierda social. El Vicepresidente de Bolivia la denomina la izquierda de cafetín. En Guatemala, también se le denominó la Caravana del Zorro o la izquierda que levanta la mano derecha.

Hoy seguimos cuestionando si somos un movimiento o somos más movimientos, si somos un pueblo o somos más pueblos, si somos movimiento social o movimiento de pueblos. Si hay movimiento indígena, maya, xinka, garífuna, ladino, etc. Se escucha que se crean frentes por aquí, frentes por acá. Que se discute un pacto de unidad.  Que hay llamado a crear articulaciones para tomar el poder. ¿Qué poder? ¿Cuál poder? Pero sobre todo ¿con qué poder? Son solo preguntas que siguen dando vueltas en el corazón, en la mente y en el estómago de las comunidades. No se vislumbra a corto plazo un cambio.

Se sabe muy bien y lo hemos discutido muchas veces que desde la colonización española, pasando por la independencia, por las dictaduras y con esta nueva forma de despojarnos de nuestra tierra y de nuestro territorio, han matado a nuestros líderes, a nuestros pensadores, a nuestros sabios, a nuestros guías. Decía una persona hace poco que “estamos jodidos porque no tenemos pensadores”, eso no es cierto. Porque lo que nos impide lograr nuestra liberación es nuestra total dependencia al sistema. Aunque no se quiera aceptar, hasta las organizaciones que dicen representarnos ante el Estado dependen del sistema, sobre todo cuando dependen de los proyectos de la cooperación. Así, están igual los hombres y mujeres de las comunidades, porque siempre que quieren hacer algo, siempre están pensando qué dirá el alcalde, el COCODE, el Padre, el pastor, el doctor, el maestro, el dirigente de la ONG. Pero también dependemos del proyecto, no caminamos, no avanzamos, no vamos a las reuniones comunitarias si no nos dan viáticos, si no nos dan pasajes, si no nos llevan a buenos hoteles. Por eso es que no avanzamos hacia la autonomía y la liberación. Por eso es que no nos articulamos, por eso es que no encontramos la ruta, el camino, el camino blanco, rojo, negro o amarillo.

Allí es donde está nuestro miedo. Decimos estamos en resistencia, pero cerca de nosotros está la hidroeléctrica, la minería, la palma africana. Decimos que estamos en resistencia, pero siempre estamos enviando memoriales a las instituciones del Estado.  Los abogados y otros dizque profesionales siempre nos llevan a las instituciones del Estado a presentar memoriales, comunicados, amparos. Nos llevan a respetar a la institución, a este Estado que nos sigue matando. Vamos y nos tomamos la foto con la Fiscal, con el de CICIG, con los funcionarios de gobierno, con la Corte de Constitucionalidad, con los alcaldes, con la gente de la cooperación y nos escuchan, claro que sí, porque si no ya nos les vamos a creer, pero luego  no sentimos cuando nos clavan al puñal por la espalda. Por ejemplo, eso de proponer el pluralismo jurídico en las reformas al sector justicia, de su sector justicia porque no es el nuestro. Porque nuestro sistema de justicia lo tenemos, no necesitamos que hagan una ley específica para que lo sigamos aplicando. Cómo nos ha pasado y sigue pasando.

Un claro ejemplo lo que les pasó a los hermanos Q’eqchi’ de Cahabón cuando ya había resoluciones de la Corte Suprema e incluso de la misma Corte de Constitucionalidad, en donde se decía que había que consultar a los pueblos.  Ahora esa misma Corte de Constitucionalidad, una noche, mientras nosotros estábamos durmiendo, dice que siga la construcción y después que se haga la consulta. Qué consulta, si las comunidades ya hicieron su consulta, ya dijeron que no querían a la hidroeléctrica en el río Cahabón. Entonces para este Estado, los indígenas y mucho menos los mayas no existen, no cuentan.

Eso nos pasa por seguir los ritmos del Estado Kaxlan. Ellos son mentirosos, no hablan con la verdad.  Pueden traicionar sus palabras, en cambio nosotros no, porque somos “malik winaq’”, decían nuestros abuelos. La palabra siempre fue para nosotros un valor, pero para el kaxlan es su papel, su letra. Como no hemos aprendido que sus tiempos no son nuestros tiempos, por eso nos engañan. Ya es tiempo que nosotros le demos ritmo al tiempo. Ya no dejemos que nos quieran articular desde arriba.

Ya probamos mucho, no vamos a recordar mucho más atrás, solo algunos: la marcha indígena y campesina del 2012, la marcha del agua, la marcha de San Juan Sacatepequez, la Asamblea Social y Popular…terminaron en el tiempo y en el espacio kaxlan. Caminamos juntos y terminamos hablando con el presidente, el vicepresidente y otros mentirosos que trabajan con ellos,  incluso algunos indígenas  que en los foros hablan sobre autonomía, sobre nuestros derechos, pero están acomodados comiendo las sobras del Estado kaxlan. Ya llegó el tiempo de que nosotros como “tz’aqal winq”, nos unamos y caminemos juntos, sin intervención de ellos y nos rebelemos, como dicen allí, tenemos que cambiar la forma de lucha, porque las marchas, los comunicados, las conferencias de prensa, los foros y más, no han servido de mucho.

El paso que hace falta es la rebeldía, pero para eso hay que fortalecer la organización comunitaria. Hace unos días, un documento decía que el “río Cahabon ya no se salva”.  Es cierto que si se lo dejamos en sus manos, bajo la decisión del Estado, ya no se salva, pero si se lo volvemos a quitar, entonces se salvará. Nosotros lo tenemos que recuperar y luego defenderlo. Es el momento para unirnos, para sacar a todos los destructores de nuestros territorios. Hay que impedirles el paso para que vuelvan a entrar. Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad no funcionan en nuestros territorios. Aquí, nuestra voz y nuestra palabra mandan. Si nos unimos, no entrarán jamás. Aquí el pueblo debe mandar y no lo que decidan en la capital.  Ya no más marchas, movilizaciones, comunicados, memoriales. Llega la hora de actuar. Hay que organizarnos más, para demostrar que nosotros tenemos el poder y no los ricos y no quienes se han adueñado de nuestras tierras y territorios.

Urge el paso hacia la rebeldía y eso solo lo podrán dar lo pueblos organizados. Pero para eso tenemos que dejar el miedo. Porque el miedo es el que nos lleva a dialogar, a hablar con ellos. El miedo es quien nos lleva a la capital, para ver si nos escuchan. El miedo no nos permite organizarnos. El miedo es nuestro peor enemigo. Tenemos que caminar más despacio y más seguro, porque el tiempo avanza.

[1] Solo me dispuse a escribir lo que piensan, sienten y expresan las comunidades.  Es pensamiento de ellos, lo que hice es ponerlo en forma de artículo, para que pueda ser analizado.

Nuestra Solidaridad con los compañeros del Centro de Medios Independientes,

Nadie nos quitará la voz, seguiremos gritando hasta lograr la liberación.
https://pensamientosguatemala.org/2017/05/31/de-la-resistencia-a-la-rebeldia/?blogsub=confirming#_ftn1

GUATEMALA: CENTRALES SINDICALES Y PUEBLOS ORIGINARIOS ACCIONAREMOS ANTE OIT Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro profundo rechazo a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad a través de la Sentencia de fecha 26 de mayo de 2017, en los expedientes acumulados 90. 91 y 92 – 2017 relacionados con las licencias para la concesión de dominio público sobre los ríos Oxec y Cahabón para  la construcción de hidroeléctricas en el Municipio de Santa María Cahabón, departamento de Alta Verapaz, sin consultar a la comunidad indígena en los términos exigidos por las normas aplicables en la materia.

La sentencia, a pesar de que en su primera parte reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y la obligación del Estado de hacerlo de acuerdo a lo ordenado por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Internacional del Trabajo Nro. 169 sobre pueblos indígenas, en su parte resolutiva lo desconoce autorizando a las empresas a continuar sus operaciones al menos por un plazo de doce meses, sin que se realice la consulta a las comunidades.

La sentencia, aunque dice confirmar la resolución de primer grado, en realidad la modifica, porque ahora autoriza a las empresas a trabajar en las hidroeléctricas aún antes de realizarse la consulta a los pueblos indígenas. Además, la resolución pretende reglamentar los procesos de consulta ordenando acciones al Organismo Ejecutivo y al Legislativo cuyos contenidos son claramente contrarios a los derechos colectivos de los pueblos reconocidos en los instrumentos internacionales en la materia que son parte del marco normativo guatemalteco.

Esta sentencia no solo es una aberración jurídica que contradice varias decisiones de la corte  sino que sienta un precedente muy peligroso ya que de extenderse a otros aspectos, eliminaría el derecho de los pueblos originarios e incluso de otros sectores sociales, a ser consultados debidamente sobre iniciativas estatales o del sector privado que se relacionen con temas trascendentes para la vida nacional.

Este tipo de resoluciones cuyo contenido son tan claramente contrarios a la protección de derechos y al sentido común, no solo no resuelven los problemas planteados, sino que se convierten en fuentes de mayores conflictos porque ninguna persona, ni comunidad de los pueblos originarios se mantendrán en silencio ante una decisión que violenta sus derechos de una forma tan evidente.

Las organizaciones firmantes expresamos que impulsaremos todas las acciones legales que correspondan, dentro y fuera del país, al tiempo que desarrollaremos las acciones de reclamo que consideremos convenientes para divulgar estos hechos y proteger los derechos de las personas, comunidades de los pueblos originarios incluyendo el de ser consultados de forma previa, libre e informada en torno a cualquier decisión administrativa o legislativa que puede afectarles.

Los pueblos indígenas tenemos nuestros propios mecanismos para establecer cuál es el modelo de desarrollo que deseamos y como tomamos decisiones sobre el mismo, por ello, no es posible reducir el ejercicio de derechos a la imposición de un modelo de consulta, sino que lo exigimos es el pleno respeto al ejercicio de la libre determinación y la defensa de nuestros derechos de colectivos.

¡NO A LA AGRESIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA OIT POR PARTE DE LA CC

SI A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

Iximulew, Wo’o’  Kame, Wo’o’ Iq’

 Guatemala 4 de Junio 2017

LOS NIÑOS QUE REGRESARON DE UN PASEO POR EL INFIERNO (Parte I)

Por: Manolo E. Vela Castañeda - manolo.vela@ibero.mx 

En 72 horas, unidades operativas –escuadrones de la muerte– de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, apoyados por policías, capturaron a 16 estudiantes de educación media quienes eran parte del Frente Estudiantil Revolucionario Robín García, FERG. Hacia mayo de 1982 quedaban 16; y a los 16 se los llevaron.

Todo empezó la tarde del sábado 29 de mayo, con la captura de Carlos Leonel Méndez Mayén (17 años, carpintero), Marvyn Pérez (14 años, estudiante del central) y Luis Pocón, foco rojo (16 años, estudiante de la normal). Frente a la municipalidad, en ese paradero de autobuses que se extiende a lo largo de la calle hasta llegar al Centro Comercial de la zona 4, se empezaron a escuchar las sirenas de varios carros de Policía para hacer que el autobús en el que iban los tres estudiantes se detuviera. Y bajaron a todos los pasajeros, pero a los estudiantes los separaron, para capturarlos. Los tres estudiantes fueron llevados a la sede del DIT, el Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, donde ahora está la estación 13.2, en la 19 calle, 19-85, la Villa de Guadalupe, zona 10. Desde allí empezaron los golpes, en el suelo de la radiopatrulla los policías golpeaban a los estudiantes y les gritaban que les iban a hacer hablar.

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“Señores periodistas, acabamos de presenciar un cuadro verdaderamente dramático, donde los padres en un amoroso abrazo, lloraron juntamente con sus hijos; vimos lágrimas de arrepentimiento, de culpabilidad, conciencia, satisfacción y felicidad. El gobierno se siente satisfecho de poder entregar a sus hijos a sus padres, después de firmar un acta donde se comprometen a velar por la conducta en el futuro de sus hijos, porque en la situación en que se encontraron también tienen demasiada culpa”1. Esas fueron las palabras de Rafael Escobar Argüello, subsecretario de Información de la Presidencia el 9 de junio de 1982, pronunciadas en el salón de actos del Club Social de la Policía Nacional, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Hasta la fecha, el Club Social continúa en aquellas instalaciones, de la 21 avenida, 11-93.

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Al caer la tarde del sábado, una señora que estaba buscando a su esposo, a quien supuestamente ese día iban a liberar, les compartió un sándwich a los tres estudiantes. Esa iba a ser su única comida durante varios días. La mujer, que vestía un largo delantal, se alejó con el semblante triste, devastada. Su esposo –eso le informaron– no estaba allí, ni iba a ser liberado. Aquel fue el tiempo cuando muchos buscaron con desesperación a sus familiares en los cuerpos de policía, las morgues, los hospitales.

El suplicio para los estudiantes iba a empezar hasta la tarde de domingo, porque para los expertos en interrogatorio no había tarde de domingo que contara. Todo empezó con el empleo de una larga faja de hule que provocaba un intenso dolor por la hiperextensión en las articulaciones, al mismo tiempo que asfixiaba al torturado, porque la faja se ceñía a la cara y llegaba hasta los pies; y submarinos, en las tasas de los inodoros ubicados en el segundo piso del edificio interior de la sede del DIT.

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“Escobar Argüello ofreció becas para los que quisiéramos continuar estudiando. Nos regañó por haber engañado a nuestros padres y a nuestras familias, del peligro al que los habíamos expuesto y el dolor que les habíamos hecho sufrir. Mencionó que solo estudiando y superándonos podríamos cambiar el país, que la lucha armada era estéril porque los guerrilleros estaban comandados por el comunismo internacional al servicio de los soviéticos, los cubanos y últimamente, también, de los nicaragüenses”2.

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El lunes 31 el movimiento en el DIT se hizo más intenso. Judiciales calzados con botas vaqueras tomaron sus puestos en pequeñas oficinas. Después de todo, los perpetradores eran burócratas de una moderna maquinaria administrativa. Marvyn recuerda que uno de los agentes gritaba “ya casi los tenemos a todos”.

A las seis de la mañana fueron llevados Milton Teni (17 años, estudiante de Comercio) y Alfonso Álvarez (18 años, estudiante del Técnico Vocacional).

A media mañana empezó otra ronda de martirio. El interrogatorio estaba dirigido por un militar que vestía uniforme caqui, camisa de manga corta y bolsas de parche frontales, pantalón del mismo color, el clásico uniforme de diario de los oficiales del Ejército. Los judiciales se le cuadraban: “a sus órdenes mi coronel”. Sobre una mesa estaba un grueso álbum de fotografías. Atrás del detenido se colocaban dos soldados. La tarea para el interrogado consistía en identificar a quienes aparecían en las fotografías, dar información sobre ellos. Cada vez que ellos creían que debía reconocer a una persona le golpeaban. Quienes se encargaban de los golpes eran los soldados; el coronel solo daba órdenes, verbales, o una mirada. Por la tarde la tortura continuó, con una sesión de capucha y más golpes.

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El secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Francisco Bianchi, también participó en la conferencia de prensa: “…les habló a los jovencitos del amor de Dios, indicándoles que les amaba, y si ponían toda su confianza en Él sus vidas cambiarían. Les habló de Dios con mucha ternura y cuatro de los jovencitos aceptaron seguir al Señor Jesús” . Por último, recuerda Marvyn, él pidió que nos pusiéramos de pie, que nos tomáramos de las manos y que oráramos lo que él nos decía. Nos invitó a que nos uniéramos a la Iglesia El Verbo, que allí nos podían ayudar a encontrar a Dios.

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Hacia las 20:00 horas de ese lunes fueron llevados Edwin Catalán (18 años), y Edwin Guzmán (17 años), ambos estudiaban en Comercio.

A las 23:00 horas de ese lunes 31, en la 18 avenida y 27 calle de la zona 5, alrededor de la casa de Marvyn, hombre armados capturaron a sus hermanas Lesbia (16 años) y Alba (18 años), estudiantes de magisterio en el Instituto Belén. A Sandra (17 años, estudiante de magisterio en el Instituto Pedro Arriaza Mata) la sacaron de la casa de Marvyn, a donde ella había llegado a preguntar por él.

A Elián López (18 años, estudiante de Comercio), también lo llevaron esa misma noche.

Para ese lunes 31 de mayo, el número de estudiantes había llegado a 11. Aún faltaban dos para completar el grupo de 13: Sonia (16 años, estudiante del Instituto Gómez Carrillo), y Edwin Aldana, Chachalaco (18 años, estudiante de la Normal).

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Ese día 9 de junio, cuando fue la conferencia de prensa, Luis Mérida López, Ministro de Educación, mencionó el caso de los estudiantes de secundaria, menores de edad, que fueron capturados por las autoridades. El ministro “pidió el apoyo de los padres de familia para que vigilen con más cuidado a sus hijos”3. Continuará…

1. Prensa Libre, “Trece estudiantes guerrilleros entregados a sus padres”, 10 de junio de 1982, pp. 6.        2. Prensa Libre, “Trece estudiantes…”
3. Prensa Libre, “Ministro tratará de impedir infiltración en institutos”, 10 de junio de 1982, pp. 6.
https://elperiodico.com.gt/domingo/2017/06/04/los-ninos-que-regresaron-de-un-paseo-por-el-infierno-parte-i/