Sabemos que la situación que vive Guatemala amerita un cambio profundo.
Por Miguel Ángel Albizures
Sin duda alguna seguiremos apoyando a Juan Francisco Sandoval, y ojalá que su destitución y la toma de la más importante fiscalía sea el último disparate que comete la fiscal general, porque si la presión del pueblo sigue tendrá que irse con sus berrinches y arbitrariedades a otra parte, pero además tendrá que entregar cuentas ante la justicia, no solo por el golpe que ha dado a la democracia y a la lucha contra la corrupción, sino también por la filtración de información a sus allegados, a quienes la FECI tenía en investigación, incluyendo al presidente de la República.
La destitución del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) fue un acto a todas luces ilegal, según lo establece la propia Ley Orgánica del Ministerio Público. La situación pone a prueba a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues la máxima autoridad de la institución responsable de la persecución penal ha violentado las leyes nacionales e internacionales, que juró defender y hacer cumplir. Si es una decisión personal, si hubo acuerdo con el presidente de la República o recibió presiones, ella lo sabe y deberá esclarecerlo. Lo mínimo sería la reinstalación inmediata del fiscal Sandoval y la destitución de la fiscal general, pero también su enjuiciamiento por violar las leyes.
Muchos participamos en las protestas, donde más de 150 pelones exigíamos la renuncia del presidente y de ella como parte del Pacto de Corruptos; lo que no esperábamos era que la fiscal contribuyera a encolerizar al pueblo y que su decisión se convirtiera en el punto de quiebre que esperábamos para unificar fuerzas, y decir de una vez por todas ¡fuera!, pues precisamente el día de hoy los pueblos salen a las calles y carreteras para manifestar su repudio a la situación imperante y exigir su renuncia y la del presidente. A pesar de los riesgos que representa la pandemia del COVID-19, la gente se ha cansado de esta situación y decidió volver a las calles a defender la incipiente democracia, a no permitir que se sigan enriqueciendo con los dineros del pueblo. Por eso el paro de hoy es un hecho contundente.
Sabemos que la situación que vive Guatemala amerita un cambio profundo, estructural, en todas las instituciones; es decir, iniciar el proceso de refundación, de construcción de un nuevo Estado. La evidente cooptación del sistema de justicia, Ministerio Público y Cortes, así como del Congreso de la República, es un hecho atroz; todos se tapan con la misma chamarra y ponen oídos sordos a las investigaciones sobre los desfalcos que se realizan de las arcas del Estado o los negocios sucios que les deja dividendos.
Por ello, se necesita una transformación profunda que revolucione todo el sistema, lo cual se puede lograr con la presión ciudadana para que renuncien los responsables, pero hay que cambiar el reemplazo; dejar el país en manos de los mismos ya nos llevó en 2015 a otro desastre que hoy pagamos. Lo que necesitamos con urgencia es una asamblea constituyente que siente las bases de un proceso eleccionario verdaderamente democrático. Es lo que debimos enrutar desde 1985 y en 1996 (con los Acuerdos de Paz), pero poco a poco los poderes políticos y económicos nos han ido alejando de esa utopía de país democrático, incluyente, con justicia social para todas y todos.
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