Un
conglomerado de inversores extranjeros pretende construir urbes con
sus propias leyes, sistema tributario, control inmigratorio,
educación, salud y fuerzas de seguridad. Una suerte de zonas francas
dentro de un país libre. Se las denomina “Ciudades Modelo”. La
idea es de un gurú economista norteamericano, y ensayan instalarlas
en Honduras.
Supongamos
que un grupo de empresarios –influyentes, a nivel mundial- se reúne
en torno a una mesa, en cierta parte del planeta. Y que un laureado
economista anglosajón les aconseja montar una “pseudo ciudad
nueva”, dentro de un país soberano. Así, un grupo importante de
fábricas y empresas, tantas como para alzar una enorme metrópoli
fabril, deciden instalarse donde sea, pero cerquita del agua, con un
puerto que les permita salir prontamente al océano más cercano.
Imaginemos además que los congresistas nacionales de este país en
cuestión, reformasen la Constitución Nacional como para allanarle
el camino a las necesidades de las multinacionales interesadas. Pero
no sólo eso, sino que además, esas neo zonas comerciales, tendrían
sus propias leyes, escuelas, comercios, hospitales, fuerzas de
seguridad, convenios internacionales de comercio, exenciones
impositivas y demás libertades. ¿Ficción?
“Libre,
soberana e independiente”. Este es el lema histórico de Honduras.
Sin embargo, ese concepto de soberanía impoluta pareciera estar a
punto de ser mancillado. Este derecho popular que tiene por finalidad
elegir libremente gobernantes, promulgar leyes, y que sea respetado
cierto territorio, puede convertirse en un confuso agujero negro
legal cuando son los propios gobernantes y representantes del pueblo
quienes –al detentar patria potestad sobre un país- determinan el
futuro de un pueblo arbitrariamente.
Así
es el caso particular de Honduras. Con el 60% de su población por
debajo del umbral de la pobreza y la tasa de homicidios más alta del
mundo (91.6 por cada 100.000 habitantes en 2010, según la Oficina de
la ONU sobre las Drogas y el Crimen); un país que sufrió una
reciente humillación política, cuando el presidente elegido por el
voto popular en 2006, Manuel Mel Zelaya, fuera expulsado de su cargo
y su patria por un golpe cívico-militar, en 2009. Quien ocupó -de
facto- ese cargo fue el liberal Roberto Micheletti. En medio de un
escándalo internacional, Honduras volvió a celebrar elecciones (sin
observadores internacionales), en las que resultó escogido “Pepe”
Porfirio Lobo (desde enero de 2010), un licenciado en administración
de empresas y empresario agrícola de línea conservadora.
Con
el paso del tiempo parecieran revelarse con mayor claridad los
motivos de aquel golpe. El 12 de enero del 2011 fue presentado, en el
Congreso Nacional hondureño, el proyecto de decreto de las Ciudades
Modelo (CM) o Chárter Cities. Algunos meses antes, el terreno había
sido allanado con las reformas constitucionales necesarias, como para
facilitar el desenvolvimiento de las empresas inversoras extranjeras.
¿Pero
qué son las Ciudades Modelo?
Según
el artículo 329, de la reformada Constitución hondureña, “son
entes creados con el propósito de acelerar la adopción de
tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto
valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes
capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se
requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se
necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la
población de los servicios de educación, salud, seguridad pública
y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las
condiciones de vida de la región".
Sin
intervención ni regulación gubernamental, las CM o Región Especial
de Desarrollo RED (como se las llama en los documentos oficiales)
serían nuevos países creados artificialmente dentro de Honduras.
Una vez establecido el marco legal, la Ciudad Modelo tendría libre
albedrío para gobernarse, administrarse, firmar tratados, marcar su
política monetaria, contar con tribunales de justicia y policía
propios, hacer su presupuesto y hasta contraer sus propias deudas
internas o externas. Éstas no tendrán la obligación de transferir
recursos a Tegucigalpa, salvo por becas de estudio o catástrofes
nacionales. Es decir, no pagarían ningún tributo sobre sus
acciones.
El
proyecto es tildado por una gran parte de la sociedad y los
intelectuales hondureños como “excluyente y dirigido a clases
privilegiadas”. Este concepto de ciudad reúne una serie de
características curiosamente peligrosas para la soberanía de
cualquier Estado. Las Ciudades Modelo serían autónomas -en
referencia a los territorios incorporados-, y por lo tanto los
municipios perderían jurisdicción sobre los mismos.
En
cierta medida, una CM se asemeja a un paraíso fiscal; un territorio
caracterizado por aplicar un régimen tributario especialmente
favorable a “ciudadanos y empresas no residentes”. Estas ventajas
consisten, principalmente, en una reducción muy significativa -o
exención total- en el pago de los impuestos.
Pero,
¿a quién se le ocurrió todo esto? ¿Quién lo impulsa?
Aquí
es donde aparece la figura de Paul Romer. Norteamericano, neoliberal
radical, licenciado en la Universidad de Chicago donde estudió
matemática y física. Desde 1996, es Profesor de Economía en la
Graduate School of Business de Stanford. Con el tiempo dejó la
investigación académica para dedicarse a su propia empresa:
promover su proyecto de Charter Cities.
Romer
explica que, en las CM, la base del desarrollo no es la tecnología
ni el conocimiento, sino las “buenas normas”, leyes y costumbres
que permitan canalizar la energía creativa de las personas. Dice que
la causa del subdesarrollo de países son las malas leyes que no
incentivan la inversión de multinacionales, y sostiene que la
solución sería cambiar las normas y las reglas del juego.
Esas
“malas normas” de las que habla Romer, son sencillamente las
leyes del estado hondureño, promulgadas por su sistema legislativo,
para protección de los derechos laborales de los trabajadores, las
empresas estatales y las facultades de los consumidores, que –según
Romer- son los enemigos de la inversión privada.
Pero
paradójicamente, este ideólogo de las CM, a quien el Congreso
Nacional y el gobierno hondureño encomendaron que crease este tipo
de estructuras -para las cuales hizo modificar varios artículos de
la Constitución y llevar a cabo sus planes de inversión- renunció
repentinamente en los primeros días de septiembre. ¿Por qué? Adujo
discrepancias con las modificaciones realizadas a su propuesta y poca
transparencia por parte del gobierno.
Lo
peligroso de ese futuro promisorio que enarbolan las CM es que, para
que existan y prosperen, se debe -indefectiblemente- suspender el
sistema democrático. En teoría, el ente denominado Comité de
Transparencia, formado por notables entre los que se encontraba
Romer, regiría estos enclaves hasta que la población estuviese
preparada para la nueva democracia, y así evitar procesos de
corrupción. Un escenario de ribetes ciertamente utópicos y -a la
postre- poco concebibles en la práctica.
La
polémica se instaló también sobre la integridad de los notables
“transparentes” que conformarían este Comité de Transparencia,
el cual sería designado por el mismo gobierno de Porfirio Lobo. Pero
la salida de Romer, que indicaría en la lógica la caída general
del proyecto, abrió la puerta para el ingreso de un nuevo,
inesperado y misterioso actor al set de esta inverosímil historia.
Sin
Romer, ¿quiénes serían los inversionistas? No se sabe. O sí.
Existe un enorme manto de misterio, tanto que los mismos
congresistas, que hace un año aprobaron esta iniciativa casi por
unanimidad, ahora recularían ante la poca claridad que conlleva el
proyecto.
De
un momento a otro apareció un grupo inversor denominado MGK que
finalmente firmó el tan mentado convenio para construir las CM.
Cuando Romer se enteró de este convenio firmado a sus espaldas,
decidió renunciar. Repentinamente, y ante la poca claridad del
contrato, MGK lanzó su flamante sitio web en septiembre de este año,
ante lo cual, la prensa hondureña calificó a este sospechoso
accionar como el de una “empresa fantasma”.
Los
detalles del contrato son un misterio. Suscrito entre los privados y
el Gobierno -a través de la recientemente creada “Comisión para
la Promoción de Alianzas Publico-Privadas” (Coalianza)- son de
acceso exclusivo para los funcionarios. Estos alegan una cláusula de
confidencialidad, ante lo cual ni el periodismo ni ningún ciudadano
puede acceder a la información.
Michael
Strong, director ejecutivo y cara visible de MGK, oficializó la
vigencia del mencionado convenio, que tuvo como testigo al mismísimo
presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. “Grupo
MGK y el Gobierno de Honduras han unido fuerzas para proveer a los
hondureños con más trabajos y mejores condiciones de vida.
Esperamos poder ayudar a que Honduras se convierta en uno de los
países más prósperos del hemisferio occidental”, encabeza el
sitio www.grupomgk.com de reciente aparición.
MGK
le asegura a los hondureños que “las familias no vivirán con
miedo”, que los “hijos podrán andar en bicicleta por el barrio”
y que no tendrán que “arriesgar la vida para emigrar ilegalmente a
los Estados Unidos, comprometiendo la unidad de la familia para
encontrar mejores posibilidades”, entre otros beneficios.
La
empresa certifica además que acaba de suspender un proyecto similar
en Europa para dedicarse “exclusivamente a la futura intervención
en Honduras”. “A medida que el proyecto avance haremos muchos
anuncios emocionantes en nuestra labor para la creación de más
puestos de trabajo y una vida mejor para los hondureños”, agregó
la empresa en el mencionado sitio de internet.
LAS
ZONAS QUE SERÍAN CIUDADES MODELO
Coalianza
identificó tres zonas, como posibles espacios para la instalación
de Ciudades Modelo. Una de ellas está ubicada en el noreste, llamada
Punta Castilla y Valle de Sico y Paulaya, sector que –entre varias
ciudades- comprende a la Biósfera del Río Plátano. Esta reserva,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, está
comprendida por una selva tropical con flora y fauna diversa, en la
que miles de indígenas siguen viviendo en forma tradicional.
Una
segunda franja corresponde al noroeste, y el tercer sector está en
el extremo suroeste. La particularidad es que estas tres zonas se
encuentran sobre el mar y ya están desarrolladas. Además se
encuentran bajo jurisdicción de diversos gobiernos locales, que
perderían control sobre esos vastos territorios. Existen
municipalidades como las de Puerto Cortés y San Lorenzo, que podrían
perder sus puertos, pues pasarían directamente a manos de las RED.
LA
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Las
comunidades indígenas presentaron al menos 30 recursos de
inconstitucionalidad contra las Ciudades Modelo, de los más de 50
que fueron presentados, y que lograron detener momentáneamente este
proceso. Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh),
la etnia Garífuna (con 600 mil residentes en Honduras, Belice,
Guatemala, Nicaragua, y Estados Unidos), descendientes de esclavos
africanos e indios caribes, el proyecto enmascara la intención de
entregar "100 kilómetros cuadrados del territorio nacional al
capital financiero internacional", para permitir todo tipo de
ilegalidades, como el lavado de dinero.
“A
pesar de las supuestas buenas intenciones de los diputados y otros
equinos que manejan el destino del país, la ley aprobada subasta la
soberanía nacional al mejor postor, despreciando al pueblo
hondureño, al no informar apropiadamente los objetivos precisos de
las compañías inversionistas y las reglas del juego”, sentenció
la organización en un comunicado publicado en septiembre.
Cítrica
conversó con la periodista hondureña Eleana
Borjas Coello, de Conexihon, quien sostuvo que “si bien la última
de las noticias es que la Corte Suprema de Justicia
ha declarado como inconstitucionales a las Ciudades Modelo (con
cuatro votos a favor y uno en contra) no es garantía de nada aún”.
“Como no hubo unanimidad, la decisión pasará al Pleno de
Magistrados de la Corte”. El único juez que votó en contra se
lo vincula con tener intereses personales y una amistad cercana con
el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández,
principal impulsor del proyecto.
Borjas
Coello confirmó que Berta
Cáceres, coordinadora del COPINH, consideró que “la creación de
las Ciudades Modelos es la mayor entrega del territorio, de los
bienes comunes y de la naturaleza donde viven poblaciones. Es el
mayor enclave, la mayor entrega del país en estos 500 años. Nuestra
posición es firme. Vamos a seguir luchando en todos los espacios y
formas posibles”.
Agregó
que el COPINH y OFRANEH alzaron “la denuncia en la Relatoría
Espacial de Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, porque quieren saquear y privatizar nuestros ríos
en el caso de la hidroeléctricas , mineras y eólicas”.
La
coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda, manifestó que desde
el momento en que se aprobó la creación de las Ciudades Modelos
“fuimos categóricos como organización en oponernos una vez más a
la entrega del territorio. Se están entregando los territorios y los
recursos del pueblo hondureño”.
En
tanto, el partido Libertad y Refundación (Libre) que coordina Manuel
Zelaya, derrocado de la Presidencia hondureña en junio de 2009,
rechazó “categóricamente” la puesta en marcha de la ley de las
denominadas “ciudades modelo” porque “es una abominación
contra la soberanía nacional”.
Además,
existe una campaña de profesionales hondureños en la que -todos los
miércoles- se manifiestan en las afueras de la Corte Suprema de
Justicia para rechazar el proyecto. Entre ellos se encuentran la
reconocida periodista Sandra Marybel Sánchez (a quien hace unos días
un policía le pidió disculpas por haberla agredido en una
manifestación) y Jari Dixon Herrera, abogado y ex fiscal del
Ministerio Público.
El
debate está instalado en la sociedad hondureña y las posturas son
claras y férreas. Por un lado, los que apoyan al proyecto hablan
sobre la posibilidad de que este tipo de emprendimientos en zonas
supuestamente áridas y sin actividad económica ayuden al país a
desarrollarse, a crear fuentes de trabajo, dignidad y progreso en una
nación con altísimos niveles de pobreza y analfabetismo.
Por
el contrario, los detractores hablan sobre una deshonra de la
soberanía tanto en tierra como marítima, una suerte de golpe de
estado a la voluntad popular para habilitar actividades espurias de
capitales extranjeros que sólo se enriquecerán, y con el tiempo se
irán, dejando al país aún más pobre. Además de los trastornos
ecológicos que podría causar el hecho de instalar ciudades -exigen
un desmedido consumo energético y el agotamiento de energías
baratas- en zonas donde priman vergeles y ecosistemas sensibles.
Por
ahora, el Gobierno hondureño ha expresado que el futuro de las CM se
verá suspendido hasta que pasen las elecciones primarias de
noviembre próximo y que, a posteriori del acto eleccionario, se
avanzará con el debate legislativo en ese sentido. Las cartas están
sobre la mesa, pero las reglas del juego siguen siendo confusas.
homogenizante de pueblos y culturas. Sin embargo, estos pueblos indígenas, aquellos que no habían desaparecido a pesar del duro proceso colonial, y que hoy todavía viven, sonríen y luchan por sus derechos como personas y pueblos, simplemente dicen que no hay nada que celebrar.
En Colombia, los pueblos indígenas siguen poniendo los muertos en la lucha entre el ejército, paramilitares y las guerrillas. En los últimos meses, nuevamente ganaron un pequeño espacio en algunos medios de comunicación internacionales pues, cansados de ser asesinados, osaron expulsar a los actores armados de sus territorios, en especial al ejército, en el departamento del Cauca. Reivindicaban derechos reconocidos por el derecho internacional, pero también por la legislación colombiana y nunca aplicados por ésta, sino continuamente violados; derecho al territorio, derecho a la vida, derecho a la dignidad como personas y como pueblos. Pareciera que todos los poderes políticos y económicos pensaran que los derechos indígenas están bien para rubricarlos en la ley y ganar un reconocimiento internacional, pero son derechos que no obligan a ser cumplidos. Esperemos que la nueva etapa abierta en Colombia de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno suponga que los pueblos indígenas, una vez más, no sean ignorados y todos, indígenas y no indígenas, campesinos, mujeres…, caminen hacia la paz, pero una paz justa para todos y todas, incluyendo a estos pueblos.
Hoy el drama no solo no se ha cerrado por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino que continúa y se reaviva. El día 4 de octubre, a unos días de ese día 12 del mismo mes, ante la protesta masiva de la población en Totonicapán, a convocatoria de sus autoridades, 8 indígenas fueron asesinados y decenas heridos. El gobierno en un primer momento negó su responsabilidad e incluso argumentó que ni polícia ni ejército tenían armas de fuego. Sin embargo, las nuevas tecnologías permitieron que en minutos corrieran por las redes sociales fotografías de elementos del ejército guatemalteco armado de fusiles de asalto y disparando contra la población. El delito en esta ocasión: la protesta contra el alza del precio de la energía electrica, para una población que vive en la pobreza; también la oposición a las reformas constitucionales que el gobierno guatemalteco quiere aprobar y que suponen, entre otras medidas, el recorte de las atribuciones de las autoridades tradicionales en la impartición de la justicia. Claro que el gobierno del presidente (general retirado) Otto Pérez Molina sabe perfectamente cómo tratar estas situaciones, por algo su lema de campaña era “mano dura” y él mismo fue militar en activo durante los años del llamado genocidio maya.
