Para los gobiernos presididos por generales del Ejército entre 1978 y 1985, los universitarios, los sindicalistas, los políticos de oposición, los obreros y los campesinos representaban una amenaza que debía ser aniquilada. Una prueba de las operaciones contrainsurgentes es el Diario Militar, descubierto en 1999 y que guarda el fichaje de cómo 183 personas fueron detenidas ilegalmente por su vinculación con organizaciones subversivas. Entre ellas, cuatro dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos.
Efraín Ríos Montt había sido derrocado, mediante un Golpe de Estado, por el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Era agosto de 1983, el terror que ensombrecía las aldeas del Occidente del país apenas terminaba. La dinámica que el Ejército había establecido para continuar con la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) se mudaba ahora a la capital, pues las modificaciones estratégicas contemplaban una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de comenzar a caminar hacia la democracia. Pero, sería una democracia sin oposición de las organizaciones de izquierda.
Una izquierda que en esos años estaba dividida en varios frentes guerrilleros y partidos políticos desgranados por la aplastante contrainsurgencia de principios de los ochenta. El plan que seguía la DSN era la lucha contra el comunismo. El principio de bipolaridad entre el hemisferio occidental capitalista y el hemisferio oriental comunista era marcado en Latinoamérica desde los gobiernos militares aliados a las fuerzas económicas regionales contra los grupos subversivos, tratando desde la clandestinidad algunos, y desde la lucha abierta y frontal otros, de hacerse con el poder.
El Manual de Guerra Contrasubversiva, de1978, citado por el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1999, definía al enemigo interno como “aquellos individuos, grupos u organizaciones que tratan de romper el orden establecido, siguiendo consignas del comunismo internacional, mediante la llamada guerra revolucionaria (…) los no comunistas que también tratan de romper el orden interno, igualmente son enemigos”.
Es decir, quien se opusiera al régimen de turno, con ideas políticas de izquierda o no, era enemigo del Estado. Y así como se definió el enemigo interno, también se planificaron estrategias militares para acabar con él. Los planes Victoria 82, Firmeza 83, Reencuentro institucional 84 y Estabilidad 85 sirvieron como pilares de la contrainsurgencia desde donde el Ejército y la Policía Nacional confrontaron a las organizaciones guerrilleras, políticas y a la sociedad civil que las apoyaba.
Estos cuatro planes conforman el contexto en el que el Diario Militar, un documento que fue publicado en 1999, se realizó para registrar las detenciones ilegales de personas vinculadas a las organizaciones insurgentes. Sobre todo el Plan Firmeza 83, que establecía –según el general Héctor Alejandro Gramajo– que el objetivo era reducir y desarticular la acción de la subversión marxista–leninista.
El archivo de la muerte
Un documento único en Latinoamérica sobre la vigilancia y persecución del Estado hacia la ciudadanía fue revelado por la investigadora Kate Doyle, del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, y que elPeriódico publicó en exclusiva el 20 de mayo de 1999, el cual recoge los operativos para capturar a 183 militantes o colaboradores de varias organizaciones guerrilleras.
Según la investigación de la Secretaría de la Paz La autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional, fue el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) el más asediado por las fuerzas armadas estatales en el Diario Militar con 107 detenciones, el 57 por ciento de los casos. La Organización del Pueblo en Armas (Orpa) fue atacada como segunda fuerza con 33 secuestros, mientras que a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) le sustrajeron a 27 de sus integrantes y al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), ocho. El Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim cuenta con dos víctimas, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), una, y los cinco restantes pertenecieron a movimientos populares o sindicatos.
Los estudiantes del PGT
Desde que en 1978 fuera asesinado Oliverio Castañeda de León, dirigente estudiantil del grupo Frente –el grupo político universitario que salió de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT)– la situación en las asociaciones de estudiantes en la Universidad de San Carlos tomó un rumbo sobre la clandestinidad para proteger a sus miembros de los ataques contrainsurgentes de las fuerzas armadas.
Cuando el gobierno de Mejía Víctores asumió el poder bastaron nueve días para comenzar con los secuestros ilegales detallados en el Diario Militar. Pero, fue en mayo de 1984 cuando se registran 34 detenciones. Ese mes fueron desaparecidos los siete integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).
Rosario de Cuevas participó en una intensa campaña para encontrar a Carlos Cuevas. Fue asesinada junto con su bebé meses después.
Fue el martes 15 de mayo cuando a Beatriz se le oscureció la vida; su esposo Otto Estrada había quedado, como todos los días, de pasar por ella a su lugar de trabajo. Las alertas ya se sentían desde los años anteriores por la intimidación y persecución de las autoridades hacia los estudiantes y militantes del partido. Además, desde meses atrás había comenzado la ofensiva contra todos, que hasta abril se había capturado a 113 personas.
A las 11:00 horas las noticias radiales señalaron que hubo una balacera cerca de la iglesia La Recolección. Beatriz no pudo dejar de pensar en Otto, “yo en ese momento sentí un fuerte dolor en el corazón”. Cuando se dio cuenta de que la puntualidad de su esposo para ir a traerla se había alterado, lloró, la angustia la atormentó y el presentimiento de que algo había sucedido la llevó a la casa de sus suegros. Otto había ido a dejar al hijo de ambos, que apenas tenía un año, a la casa de sus padres. Cuando Beatriz llegó, ella y sus suegros preguntaron al unísono “¿Y Otto?”. Otto no estaba, Otto ya nunca más fue visto.
Las fichas informativas de cada capturado en el Diario Militar registran el nombre del detenido, su seudónimo, la organización a la que pertenecía, la fecha, hora y dirección de su captura y un breve repaso sobre el operativo. Para identificar el paradero de cada detenido se escribía: “300”, “se fue con Pancho”, “se fue +”, para hacer alusión a su asesinato. También se escribió que algunos fueron liberados o trasladados a cuerpos de la Policía, a la Dirección de Inteligencia o un destacamento militar.
En el registro de Otto René Estrada Illescas se detalla un manuscrito que dice “01-08-84: 300”.
Lucía también recuerda el 15 de mayo como un día oscuro. Su hermano Carlos Cuevas ya no fue visto más allá de ese martes. Según el Diario Militar, también fue capturado a inmediaciones de la iglesia La Recolección ese día. Desde enero de 1983, ella salió al exilio porque se había recrudecido la persecución. Rosario, la esposa de Carlos, fue quien notificó a su cuñada y a su suegra.
Cuevas fue un caso paradigmático por ser el hijo del exrector de la Universidad de San Carlos, Rafael Cuevas del Cid (1970-1974), por lo que la batalla por recuperarlo fue intensa desde el extranjero y con comunicación entre distintas organizaciones de derechos humanos, embajadas y gobiernos de América Latina y Europa.
La ficha de Carlos coincide con la de Otto en el manuscrito “01-08-84: 300”.
Meses después, Rosario, la esposa de Carlos, fue asesinada junto con el bebé que había procreado con él.
Pero, aunque Otto y Carlos fueron capturados (y posiblemente ejecutados) juntos, ese martes otro miembro de la AEU también fue detenido en otro operativo. Era un martes de persecución que también coincide en otras fichas del Diario Militar. Una ola de operativos dio resultado para detener a varias personas ese día.
Aura Elena cuenta la historia de su hermano Rubén Amílcar Farfán. Fueron años intensos de persecución. Rubén ya había sido capturado en 1980 por elementos de la Policía Nacional por su trabajo en el Sindicato de la Dirección de Caminos. Fue golpeado y llevado al cuerpo policial, posteriormente fue liberado por la intervención del exrector de la Universidad de San Carlos, Saúl Osorio.
En marzo de 1984, fue el primer intento por secuestrar a Rubén Amílcar en su casa. Aunque fue el 15 de mayo cuando se produjo la desaparición efectiva.
Aura Elena recuerda que todas las mañanas ella despertaba a su hermano dando un golpetazo a la puerta de su habitación que topaba con su cama. Ella también escuchó una noticia radial sobre altercados en la Universidad a eso de las 11:00 horas. A las 18:00 horas llegaron cuatro hombres armados sin identificación a buscar a su madre. Aura atendió la puerta, le dieron un papel con números de placas y le anunciaron que su hermano había sido secuestrado.
La ficha de Rubén Amilcar Farfán registra que fue capturado en la 12 avenida y 9a. calle de la zona 1, a las 16:00 horas, y “al poner resistencia fue 300”.
Cinco días después del secuestro de los tres integrantes de la AEU, sucede otra detención el domingo 20 de mayo. Esta vez los elementos de las fuerzas armadas se llevaron a Sergio Leonel Alvarado Arévalo.
La ficha de Sergio explica que fue detenido frente a la sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 9 capitalina. Y “05-06-84 fue 300”.
Los secuestros sin registro
Un día después de la desaparición de Sergio, el 21 de mayo, Héctor Interiano, quien había asumido la Secretaría General de la AEU luego de la muerte de Oliverio, ya no se comunicó con Elizabeth, su esposa. El domingo él la había llamado para decirle que se reunirían a las 18:30 en un restaurante de comida rápida, pero le advirtió “si no llego en 20 minutos, te vas”. Ella esperó hasta las 19:00 horas y él nunca apareció.
Así también le sucedió a Isabela, quien, inundada en lágrimas, cuenta cómo su pareja Gustavo Castañón había quedado con ella de llamarla a las 17:00 horas ese lunes. La situación era mucho más preocupante por lo que habían dialogado sobre la posibilidad de salir del país. Ya no lo pudieron discutir más porque el teléfono sonó una vez, ella no pudo contestar, y nunca volvió a sonar de nuevo. Isabela nunca volvió a escuchar la voz de quien sería su esposo en pocos meses.
Así como los otros seis, Irma Marilú Hichos fue capturada ese lunes sin que haya noticias sobre su paradero.
La detención de estos tres últimos integrantes de la AEU no fue registrada en el Diario Militar. Aunque sucedieron en el mismo contexto que las otras desapariciones del PGT.
La fuerza desde el dolor
Beatriz, Aura Elena, Elizabeth, Lucía, Isabela y Rosario fueron víctimas junto con sus parejas y hermanos de los daños colaterales de la desaparición forzada. La incertidumbre del paradero de los estudiantes hizo que todas buscaran intensamente en los hospitales, las morgues, los cuerpos policiales, las calles y en todo tipo de lugares durante esos años. Fue así como se conformó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización que pretendía presionar al gobierno para que diera información sobre sus compañeros.
Aura Elena Farfán cuenta que se reunieron varias veces con Mejía Víctores, y que a veces, borracho, las atendía para decirles que no tenía información sobre sus familiares.
En cambio, el rector de esa época, Eduardo Meyer, les aseguraba que sus familiares estaban vivos y que él intercedería por ellos. Aunque nunca hizo nada, afirma Aura Elena. Una postura que los familiares de las víctimas asumían como complicidad del rector con el gobierno de Mejía Víctores.
Hasta este día, ninguno de los siete estudiantes ha aparecido, aunque ya fueron encontradas ocho personas que se registran en el Diario Militar.
“El dolor lo transformamos en fuerza”, sentencia Lucía Cuevas. Mientras que Elizabeth recuerda los últimos momentos de la madre de Héctor. “Ella ya estaba muy enferma, no dormía en su habitación, pero en sus últimos días solicitó que la trasladaran con insistencia”, cuenta. Y susurraba “la foto…el muchacho”. Se refería a la fotografía de su hijo que colgaba en una pared de su recámara, quería estar con su hijo al final de su vida. Aunque fuera solo su imagen en un cuadro.
“El dolor lo vamos a tener toda la vida, hasta el final de nuestra vida. Porque siempre nos vamos a preguntar dónde están”, concluyó.
Sentencia de la CIDH
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Guatemala por la ineficacia de las investigaciones sobre los desaparecidos que se registran en el ‘Diario Militar’. Una sentencia que obliga al Estado de Guatemala a averiguar la verdad sobre los responsables de esa persecución y a establecer dónde están los desaparecidos. Una sentencia que el anterior secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, intentó frenar al trasladar al Congreso una iniciativa que desconociera las resoluciones de la CIDH, aunque no lo logró, pues el Ministerio Público trabaja actualmente en la investigación del caso.
PAVEL GERARDO VEGA PVEGA@ELPERIODICO.COM.GT
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