BOLETÍN DÍA 22 JUICIO POR GENOCIDIO CONTINÚA

JUICIO POR GENOCIDIO CONTINÚA

Después de seis días de suspensión del juicio por genocidio, hoy el Tribunal de Sentencia  reanudó el debate oral y público cumpliendo con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, restituyendo al abogado Francisco García Gudiel  a la defensa del general Ríos Montt y anulando lo actuado durante algunas horas en las que “supuestamente” se quedó sin abogados de su confianza, pese a que todo el mundo fue testigo de que el abogado que lo asistió en ese tiempo era de su confianza.

En cumplimiento a la CC el Tribunal volvió a leer la acusación al general Ríos Montt  indicando los delitos por los cuales se le sindica y cómo él ordenó la ejecución de planes y estrategias que derivaron en la comisión de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

A la jornada de hoy se presentaron los abogados de la defensa pública penal designados para defender a los dos acusados. Sin embargo, al restituir al abogado de Ríos Montt, la abogada asignada para él, solicitó ser retirada de la defensa ya que el mismo general firmó un documento donde le indica que no es de su confianza y que él sí tiene los recursos para pagar un abogado privado.

En el caso de Rodríguez Sánchez, el defensor público también informó al Tribunal que el militar le expresó que no es de su confianza y que él sí tiene dinero para pagar su propio abogado, pese a que en la audiencia anterior el militar dijo públicamente que ya no cuenta con recursos económicos para pagar su abogado. Por tal razón Rodríguez Sánchez continúa con un abogado de la defensa pública penal. El Tribunal de Sentencia le hizo saber al acusado Rodríguez Sánchez que puede llevar a sus abogados de confianza, incluso a los que le abandonaron el 18 de abril.

En la audiencia de hoy también el Tribunal recordó a la defensa que quedan pendientes de interrogar a seis testigos y ver unos videos, por lo que solicitó que sean presentados en la próxima audiencia. La audiencia de debate se reinicia el jueves 2 de mayo a las 8.30 de la mañana, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

 

Guatemala, 30 de abril de 2013

Asociación para la Justicia y Reconciliación –AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

www.paraqueseconozca.blogspot.com

CONTINUA JUICIO POR GENOCIDIO

EL TRIBUNAL DE SENTENCIA HA NOTIFICADO QUE

EL JUICIO POR GENOCIDIO CONTINÚA

Por lo que invitamos y convocamos a la reanudación de las audiencias de

debate oral y público a partir de mañana martes.

Recordamos que el debate se encontraba llegando ya a su etapa final.

Esperamos contar con su presencia.

FECHA: MARTES 30 DE ABRIL

HORA: 08:30 DE LA MAÑANA

LUGAR: SALA DE VISTAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

Jornada internacional para exigir garantías para periodistas mexicanos

En México ser periodista se ha convertido en una labor de alto riesgo. Foto: Alma Magazine y reproducida por www.clases de periodismo.com

Bertha Rodríguez/Latinocalifornia.com

http://latinocalifornia.com/home/2013/04/jornada-internacional-para-exigir-garantias-a-periodistas-mexicanos/

Como cronistas de la historia en movimiento, los periodistas mexicanos han pasado de ser los protagonistas de un oficio otrora fascinante, a uno de los más peligrosos del mundo. Si antes ser periodista le daba al comunicador cierto prestigio y privilegios, ahora desempeñar ese trabajo se ha convertido en una especie de condena. Salir del país, vivir bajo el constante riesgo de ser violentado por el crimen organizado, los intereses de poder y el gobierno, o morir en la pobreza, pareciera ser la suerte de los periodistas.
Desde el 2000 a la fecha, han sido asesinados alrededor de 70 periodistas en México mientras que decenas han tenido que salir del país.
La violencia en contra de los comunicadores se recrudeció en el sexenio de Felipe Calderón, quien en el 2006, al asumir la presidencia, declaró la guerra al narcotráfico. Los carteles arreciaron la violencia en la disputa por las plazas y en este proceso cayeron más periodistas a manos del crimen organizado.
Anteriormente, como menciona la periodista y escritora mexicana Marcela Toledo, si decías que eres periodista, todo mundo quería ser tu amigo, además de que el periodismo representaba una carrera muy interesante. De hecho, hace algunos años en México era una opción de los periodistas si aceptaban sobornos por parte de los grupos de poder. Sin embargo, después vino la política de “plata o plomo” y luego esas dos opciones desaparecieron.
Algunos periodistas mexicanos han solicitado asilo político a Estados Unidos y a varios se les ha concedido. Otros, simplemente han emigrado como cualquier persona.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos de los periodistas han declarado en años recientes a México como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, incluso aún más  que países en guerra como Irak o Afganistán.
Ante esta situación, y a un año del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, periodistas mexicanos y defensores de derechos humanos realizaron este domingo 28 de abril, una jornada de protesta que incluye marchas y actos simbólicos para exigir al gobierno mexicano justicia para los periodistas asesinados y desaparecidos “y en solidaridad con quienes todos los días luchan contra el silencio y la impunidad”.  Garantías para el ejercicio periodístico, es otra de las demandas principales.
Las acciones se llevaron a cabo en ciudades de Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Los Ángeles, California.
En esta última ciudad, la campaña consistió en emitir una carta firmada por alrededor de 30 periodistas locales. Igualmente, durante la marcha del primero de mayo en Los Ángeles en demanda de una reforma migratoria, un grupo de periodistas portaremos pancartas para denunciar la grave situación de nuestros colegas en México. Antes de que arranque la marcha programada a las 16:00 horas, se presentará la obra de teatro “Silenced Screams” o Gritos Acallados, escrita por la periodista Marcela Toledo y que refleja la situación de violencia en contra de los periodistas en México.
A continuación, la carta distribuida a los medios de comunicación locales y difundida por las redes sociales por parte de periodistas en Los Ángeles.

DESDE LOS ÁNGELES, PEDIMOS PROTECCIÓN Y JUSTICIA

PARA PERIODISTAS EN MÉXICO

Los Ángeles, California, 28 de abril de 2013

A nuestros colegas en México, con afecto
A las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno
A la opinión pública

Quienes firmamos este documento, periodistas mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses que trabajamos en medios de comunicación en Los Ángeles, nos sumamos a Un día por el Periodismo, Jornada de Defensa por la Libertad de Expresión. Expresamos nuestra solidaridad con nuestros compañeros en México que a diario ponen en riesgo la vida para ejercer su profesión, así como con los familiares de quienes han sido asesinados y desaparecidos sin que se haga justicia.
A un año del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, y cuando otros nombres se han sumado a la lista de muertos y desaparecidos en ese estado en menos de tres meses, lamentamos la falta de acción por parte de quienes están a cargo de hacer justicia en esa entidad, para investigar y castigar a los culpables en los casos de periodistas que han sido agredidos.
Ya no es noticia que en México ejercer el periodismo puede costar la vida y que la impunidad es una situación común. Todos los días escuchamos la información que llega a través de nuestros compañeros en ese país, muchos de los cuales son nuestros amigos, nuestra familia. Nos enteramos de los casos de asesinato, de las denuncias de quienes son amenazados, de quienes sufren persecución por parte de aquellos a quienes investigan, de las agresiones por parte de las autoridades, el acoso del crimen organizado e incluso las amenazas de los empleadores a sus reporteros y editores. Hemos visto cómo nuestros colegas que salen a la calle tienen que hacerse cargo de su propia seguridad. Recibimos en California, Texas y otros estados, a quienes tienen que huir para salvar la vida ante las amenazas dejándolo todo atrás, como si ellos fueran los criminales.
Pedimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México que emprendan acciones concretas para proteger el ejercicio del periodismo y para hacer justicia en los casos de quienes han sido asesinados o están desaparecidos. Por nuestro derecho como periodistas a informar, y por nuestro derecho como sociedad a ser informados, nos sumamos a esta acción y extendemos la mano a nuestros colegas para recordarles que no están solos. Que no falte ni uno, ni una más.
Atentamente,
Periodistas de Los Ángeles y sur de California (ver firmas anexas)*

1. Lucero Amador, reportera, La Opinión
2. Cesar Arredondo, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, capítulo Los Ángeles (NAHJ-LA)
3. María Luisa Arredondo, fundadora y directora ejecutiva de Latinocalifornia.com
4. Zamná Ávila, asistente de editor de Random Lengths News. San Pedro, CA.
5. José Luis Benavides, profesor de periodismo, California State University Northridge, Los Ángeles
6. Agustin Durán, editor de noticias, HOY Los Ángeles
7. Manuel Gayol, editor, La Opinión
8. Ricardo Hernández, periodista, Los Ángeles
9. Victoria Infante, periodista, HOY Los Ángeles
10. Gabriel Lerner, director editorial, Huffington Post Voces
11. Antonio Mejías-Rentas, editor metropolitano, La Opinión
12. Yurina Melara, reportera y columnista, La Opinión
13. Fernando Mexía, corresponsal de la Agencia Efe, Los Ángeles
14. Marilú Meza, Reportera y productora de 24/7 News Source
15. René Miranda, fotógrafo independiente
16. Claudia Núñez, periodista, Los Ángeles
17. María Ortiz-Briones, reportera de salud, Vida en el Valle. Fresno, CA.
18. Katia Ramírez-Blankley, periodista independiente, La Opinión/Impremedia
19. Henrik Rehbinder, editorialista, La Opinión
20. Bertha Rodríguez-Santos, periodista independiente, colaboradora de LatinoCalifornia y bloguera de Alta Frecuencia.
21. María Teresa Sarabia, Estrella TV/National news, Revista TN Digital
22. Diego Sedano, director, Malaespina Producciones
23. José Luis Sierra, Productor, Noticiero nacional MundoFox
24. Rubén Tapia, director de Enfoque Latino, KPFK 90.7 FM Los Ángeles
25. Marcela Toledo, escritora, traductora, productora.
26. Eileen Truax, periodista independiente, directora de medios en español de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, capítulo Los Ángeles (NAHJ-LA)
27. Aitana Vargas, reportera, Los Ángeles, CA.
28. Rosario Vigil Aguilar, productora y conductora, Nuestra Voz en la Salud KPFK 90.7 FM Los Ángeles

*El nombre del medio o la organización para la que colabora cada periodista se ha incluido únicamente con propósitos de identificación. Los periodistas no representan la postura de su medio.

CENTROAMÉRICA.- Este 1 de Mayo: Luchemos contra la crisis capitalista, rescatemos las banderas del antiimperialismo y avancemos hacia la reunificación de Centroamérica!!

Jueves, 25 Abril 2013 19:42

 Declaraciones del PSOCA 

 

Nuevamente, los trabajadores de los países que conformamos la nación Centroamericana, nos preparamos para conmemorar un aniversario más de la masacre de Chicago, ocurrida el 1 de Mayo de 1886 en Estados Unidos, hace 127 años.


1.- Efectos de la ofensiva neoliberal
Desde entonces, la fecha del 1 de Mayo está asociada a las luchas obreras, por la jornada de 8 horas y la obtención de nuevas conquistas laborales y sociales. La actual crisis del capitalismo mundial está destrozando esas conquistas que fueron obtenidas con décadas de luchas y movilizaciones: la jornada de 8 horas es una ficción, tenemos que trabajar más por salarios que se deterioran día a día, producto de las devaluaciones o deslizamientos de las monedas en relación al dólar, y por los efectos de la inflación en cada país. Los ataques a la seguridad social se han multiplicado, la pensión de jubilación no permite vivir dignamente, etc.
A partir de 1990, cuando se produjo la derrota de las guerrillas y de la revolución en Centroamérica, enfrentamos una voraz ofensiva neoliberal que en el transcurso del tiempo ha desmantelado las pocas industrias, transformando a nuestros países en el agro de Estados Unidos, en vagones desvencijados que son arrastrados por la locomotora norteamericana.
La desarticulación de las economías de nuestros países, y la conversión de estos en pequeñas piezas accesorias, subordinadas y dependientes de la metrópoli norteamericana, han producido una desestructuración de las clases sociales. A su vez, este proceso decadente ha tenido graves repercusiones sobre el movimiento sindical, creando desconcierto y ausencia de una perspectiva clara.
La clase obrera que se formó en la década de los años 60 y 70 del siglo XX bajo el proceso de sustitución de importaciones impulsado por el Mercado Común Centroamericano (MCCA) ya no existe, y con ello han desaparecido una buena parte de las tradiciones sindicales y de lucha.
El nuevo rol que el imperialismo mundial asignó a nuestros países en la división internacional del trabajo es el de producción de materias primas y alimentos, brutal explotación de la mano de obra en maquilas y consolidación del área centroamericana como un polo turístico. La nueva clase trabajadora de las maquilas es extremadamente joven, compuesta en su mayoría por mujeres, madres solteras y jóvenes de ambos sexos excluidos de estudios universitarios, con bajísimos niveles de organización sindical, con escasa tradición de lucha y sometidos al esclavismo industrial. Esta clase obrera maquilera es un gigante dormido y encadenado.
Los permanentes planes de ajuste económico, los efectos devastadores de los tratados de libre comercio, especialmente el CAFTA-DR con Estados Unidos, y ahora el Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea, se han hecho sentir negativamente sobre el conjunto de la clase trabajadora, con sus consecuencias de desempleo, bajos salarios, desorganización y dispersión que ante la ausencia de luchas terminan en grandes oleadas migratorias de hermanos y hermanas que huyen de la miseria imperante...
LEER PUBLICACIÓN COMPLETA: http://elsoca.org/index.php/america-central/declaraciones-del-psoca/2885-centroamerica-este-1-de-mayo-luchemos-contra-la-crisis-capitalista-rescatemos-las-banderas-del-antiimperialismo-y-avancemos-hacia-la-reunificacion-de-centroamerica

Guatemala: Reconciliaciones a prueba de balas

 Sin duda alguna, asistimos en el escenario político a un reordenamiento de segmentos de la derecha (militar, política y económica) aparentemente con ocasión del procesamiento judicial a los dos generales.

Edelberto Torres-Rivas

A los sectores conservadores no les importa propiamente ni José Efraín Ríos Montt ni José Mauricio Rodríguez Sánchez, sino el mal ejemplo de ser juzgados a pesar de su condición de altos oficiales. El juicio de abril abrió ventanas que ya no es posible cerrar; por ahí se filtraron componentes de la cultura civil, se asienta una jurisprudencia que rompe el orden conservador: los militares son imputables. Se vieron imágenes de mujeres ixiles acusando en su propio idioma, dibujando con coraje escenas de una nueva época. La TV y la prensa presentaron testimonios del odio fratricida que antes negaron u ocultaron. A la derecha le preocupa hondamente que en Guatemala pueda haber otros juicios, muchos militares culpables.

Algunos comunicados lo han dicho de manera elemental: se juzga al soldado, al militar, al Estado, y es peligroso atacarlo. Después de una guerra civil el Estado es la contraparte de todo juicio penal. El de Guatemala ha sido demandado y condenado por la Corte Interamericana de Justicia más de tres veces. Si en el debate que hubo con ocasión de crear la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas se hubiese acordado poner en el Informe de la Verdad el nombre de los militares responsables de los mayores delitos cometidos, los juicios contra los culpables habrían sido innecesarios, pues la sola mención en el Informe era suficiente. Pero los representantes del Ejército argumentaron que no aceptaban el procedimiento de identificar a los responsables, lo cual era posible y que exigían que solo se responsabilizase a la Institución, es decir, al Estado. De ahí que la Memoria del Silencio sea una enorme acusación contra el Estado.

No hay que olvidar la larga tradición de inimputabilidad que los militares gozan como tales a partir del fuero especial de 1877. Cien años después, el Decreto Legislativo 41-96 estableció que los delitos o faltas cometidas por militares, deben ser juzgados por tribunales ordinarios (en el juicio de Xamán, los integrantes de la patrulla militar iban a ser juzgados por tribunales militares). Después de 1954 tuvieron varias leyes de amnistía, la última de las cuales cocinaron conjuntamente con “los Comandantes”, 48 horas exactamente antes de la firma del Tratado de Paz en diciembre de 1996.

El juicio de abril ha ampliado el horizonte informativo del que disponía la opinión pública nacional; con esa apertura ahora se sabe más y mejor sobre la horrorosa guerra que aquí hubo contra civiles, entre hermanos, que alcanzó un grado de maldad patológica por motivos que no se pueden justificar. Nadie ha analizado aún ¿por qué en defensa de la patria había que matar tanta gente? Matar en 18 meses unas 70 mil personas (130 diarias) es una locura homicida causada por una perversión de la razón*. En las guerras internacionales se matan enemigos nacionales, y hay nacionalismos perversos que llevan a excesos, pero hay leyes que la regulan. Dicen los sicólogos que el encono entre familiares es peor que entre vecinos. Talvez esa anormalidad explica las decenas de niños quemados, porque como lo ordenó un oficial, no se puede gastar tanto dinero en balas…

En las últimas semanas, se han hecho públicos dos fascículos de 20 páginas cada uno. Es difícil encontrarle sentido a ese esfuerzo editorial: contiene recuerdos que abren heridas, fotos que alimentan odios, notas apócrifas que confunden verdad y denuncia. Si los intelectuales que dirigen esa publicación se proponen la reconciliación como lo dicen, así no lo lograrán. El lenguaje intolerante que empiezan a usar es el equivalente a un retroceso a los tiempos de la prédica anticomunista. Recordemos que el anticomunismo no fue una ideología, sino una forma de mentalidad acusadora, de raíz emocional. La ideología se define como un sistema integrado de ideas con capacidad explicativa; el anticomunismo solo pudo definirse como negación: ató prejuicios y sospechas, fanatismo e ignorancias básicas, odios, miedos, todos componentes para conformar una visión “simplista y maniquea” de la sociedad. Esta confusión de ideas fue útil para crear un enemigo y destruirlo con su sola denominación: ¡ese es comunista!, la sospecha era culpa apodíctica, sentenciada por una forma extrema de fanatismo: la creencia que de poseer la verdad absoluta. Cuando esto sucede, es muy difícil la reconciliación.

*Este es un número aproximado de muertos y un cálculo previsible de tiempo, solo para reforzar la insania de lo ocurrido.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130428/domingo/227513/

Guatemala: Para salvar el país el muro de la impunidad debe caer

RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA

COMUNICADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Para salvar el país el muro de la impunidad debe caer

Guatemala está inmersa en el fango de la violencia y la corrupción y la sociedad entera está harta de promesas electorales para erradicarlas, que luego no se concretan por la falta de voluntad y capacidad de los gobernantes para enfrentar esas lacras. Por ello, la ciudadanía castigó a Colom y la UNE en las elecciones pasadas y, ahora, muchos cuestionan fuertemente al presidente actual y al partido en el gobierno. La paciencia está llegando a su límite, porque el acontecer nacional ha pasado de difícil a intolerable. Hay falta de justicia y los mayores esfuerzos desde el poder se concentran en garantizar la impunidad, desde la primera magistratura, pasando por las decisiones cómplices de la Corte de Constitucionalidad y el ámbito judicial, hasta la aparición de políticos renegados de sus anteriores “convicciones democráticas” que hoy se suman a la deshonra, así como gente que ha estado involucrada en los aparatos militares, tanto abiertos como clandestinos. La propuesta de estos al país es que para poder tener paz –como bien han dicho distinguidas personas: ¡de cuál paz están hablando!— hay que mantener la impunidad, negar que el Estado y sus fuerzas fueron responsables del 93% de los 200,000 crímenes de lesa humanidad y de guerra y, abiertamente, olvidar el genocidio, crimen que a la luz del derecho internacional no prescribe y todos los Estados deben llevar a juicio, aún si el crimen no se cometió en su territorio.

El crimen de genocidio es muy grave en el campo internacional. Aparte del Holocausto Judío a manos de los Nazis, se han caracterizado como tales las masacres cometidas en la ex Yugoeslavia, Rwanda, Cambodia y Guatemala. No fue fácil de caracterizar en nuestro caso, como lo describe el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, porque si bien las 440 masacres son innegables, lo difícil era demostrar que existía la intención de aniquilar a grupos de personas por su condición étnica. Eso lo demostró fehacientemente la Comisión y ha sido corroborado en los planes contrainsurgentes del Estado guatemalteco: “había que destruir a todo el pueblo Ixil, porque todo el pueblo era guerrillero” (incluidos niños menores y bebés no nacidos, semilla del pueblo Ixil). El genocidio, en ciertas zonas de Guatemala y en un cierto período de tiempo, está fuera de discusión; lo que falta es demostrar la responsabilidad individual a lo largo de toda la cadena de mando, ya sea que se haga en los tribunales guatemaltecos o en tribunales internacionales ad-hoc para juzgar crímenes de lesa humanidad, como en la ex Yugoslavia, Rwanda y Cambodia. Resultaría irónico que Ríos Montt, el inventor de los ilegales tribunales de fuero especial para ejecutar supuestos guerrilleros, terminara siendo juzgado en un tribunal internacional.

En Guatemala hay que recuperar la justicia y romper con la impunidad. Solamente así nuestro Estado casi-fallido podrá salir adelante. En caso contrario, criminales, narcotraficantes, mareros y sicarios se seguirán burlando de nuestras instituciones y de nuestra población y cometiendo todo tipo de crímenes, incluidos los más aberrantes, que son copia de las prácticas contrainsurgentes del período del conflicto. Mientras 200,000 crímenes bestiales sigan impunes, los nuevos criminales, muchos de ellos trasladados de los “escuadrones de la muerte” gubernamentales al “sicariato privatizado”, seguirán sumiendo a nuestro pueblo en el terror. Le han dado continuidad al “terrorismo de estado”, a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el “terrorismo pagado”, el cual solamente puede ser desmantelado con la eliminación de la impunidad. Nos sumamos al enérgico llamamiento que hacen las Naciones Unidas de que el juicio a Ríos Montt continúe. Es una aberración jurídica plantear que el juicio vuelva al estado en que se encontraba hace muchos meses o que cambie de manos para que empiece de cero. Ese retraso, una maniobra más para impedir la justicia, pretende seguir ocultando tanto la verdad como a los demás responsables, desde generales hasta magistrados.

Nosotros, parte de la diáspora guatemalteca regada por el mundo, contribuiremos con la divulgación más amplia posible de los hechos, ya condenados por la Historia, y trataremos de que se ejerza la mayor presión posible sobre el Estado guatemalteco. Recordamos al Presidente de la República que la Convención contra el genocidio establece, claramente, la obligación del Estado correspondiente de juzgar el delito. No hacerlo o negarlo es una transgresión de la Convención, que también amerita sanción. Al acercarse la conmemoración del Día de los Trabajadores, nos sumamos con determinación al clamor nacional: “Por la Justicia”. En función de ella, hay que dejar en libertad a los presos políticos, hay que aclarar los crímenes que hoy comete el sicariato privado y hay que desmoronar el muro de la impunidad que impide la justicia para las víctimas de la “guerra sucia” perpetrada por el Estado contra el Pueblo. Nos solidarizamos totalmente con los cientos de testigos que acudieron a prestar valiosos y valerosos testimonios a lo largo del período de audiencias. Les aseguramos que sus esfuerzos no serán en vano. Más temprano que tarde la justicia reinará en el territorio nacional.

Guatemala, 27 de abril de 2013

   Comité Ejecutivo de la RPDG

Guatemala: Nos agredieron y al momento me impactó un disparo

Nos agredieron y al momento me impactó un disparo

Publicado por: admin en abril 29, 2013 http://panoramanoticias.com/?p=1249

 Por Redacción Panorama Noticias , Ciudad de Guatemala  
Tras  el incidente    suscitado a las afueras de la mina  San Rafael  en Santa Rosa , el sábado 27 de abril,   Noticias Panorama   hablo con   Luis Fernando García Monroy de 18 años,  uno de los afectados  que se encuentra en el Hospital Roosevelt,  tras practicarle una  cirugía  en el rostro  debido a una  perforación  que le  causo serias lesiones . Dijo que fueron  emboscados  y atacados “Nos dirigiamos varias personas en un vehículo cuando nos pararon y luego nos agredieron, en el momento que me impactó un disparo quede inconsciente, nosotros veníamos de  trabajar no  nos metemos en problemas con nadie.   Y ahorita  las autoridades no nos han tomado declaraciones”
Por su parte  Azucena  García tia del afectado  dijo  que su sobrino tiene  tres lesiones serías en diferentes partes del cuerpo y solicita a las autoridades  se garantice la seguridad y los derechos de la población “Que se pongan la mano en la conciencia  ya que es injusto que agarren a gente inocente, gente trabajadora que no anda haciendo nada que no se mete, en problemas eso es Injusto,  Cuando debería sentarse y dialogar entre personas,  por eso se entiende que la gente es estudiada y no ¡bruta! Exclamo.
Los heridos en el incidente  son: Adolfo García, de 57años; su hijo Luis García, 18;  Wilmer Pérez, 17; Antonio Humberto  Castillo, 48;  Noé Aguilar Castillo.
Los  hechos se suscitaron ayer  a las 18:30 horas  cuando un grupo  de personas  fueron atacadas  cerca de una de las entradas a la mina.
Hasta el momento las autoridades  se encuentran  realizando  las  investigaciones  para establecer las cusas de los hechos.

BALAZOS CORTESÍA DE MINERA SAN RAFAEL: El día de ayer, 27 de abril de 2013, al rededor de las 6:30 pm, seguridad privada de la empresa MINERA SAN RAFAEL, S.A, accionaron sus armas contra seis pobladores que transitaban sobre la via publica.

Escena del Crimen, al fondo la empresa minera San Rafael y peritos del Ministerio Publico recabando evidencias

El día de ayer, 27 de abril de 2013, al rededor de las 6:30 pm, seguridad privada de la empresa MINERA SAN RAFAEL, S.A, accionaron sus armas contra seis pobladores que transitaban sobre la via publica.

Nuestros hermanos se dirigían hacia la Aldea el Volcancito,  Al pasar frente a los portones de la mina, guardias de seguridad privada, al bajo la orden de un chileno dispararon contra ellos. Además  es la misma persona que amenazo de muerte al uno de nuestros lideres.

 “Ordenó (el extranjero) a la seguridad que tiraran, que ellos están hartos ya de toda esa basura, refiriéndose a nuestra gente, los insultaron, luego cargaron sus escopetas y comenzaron a dispararles desde adentro”.

Anteriormente durante una manifestación pacífica nos amenazo a la con pasarnos los camiones de la empresa encima si nos  quitábamos del camino.

Luego de ocurrido el atentado contra nuestros hermanos, personal de la mina, intento borrar las evidencias pero, no pudieron porque nosotros lo impedimos hasta que llego el Ministerio Publico.

Los heridos son: 

 Adolfo García, de 57años y su hijo Luis García, 18; 

 Wilmer Pérez, 17; 

Antonio Humberto  Castillo, 48;  

Noé Aguilar Castillo, 27,  

Érick Fernando Castillo, 27.

Cuatro de los compañeros fueron trasladados al hospital nacional de Cuilapa, Santa Rosa, mientras que dos más, en estado grave, fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelth.

Según fuentes del Hospital Nacional de Cuilapa confirmaron que los hombres ingresaron ayer por la tarde con heridas de bala.

mientras que Verania López, portavoz del Hospital Roosevelt, confirmó que dos heridos ingresaron al nosocomio procedentes de Cuilapa.

"Luis Fernando García, de 18 años, presenta una herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de salida, y Adolfo Agustín García, tiene una herida de bala en la región lumbar. Ambos fueron referidos del hospital de Cuilapa y su ingreso fue a las 2:45 horas de este día.

Peritos del Ministerio Publico, Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos, se hicieron presentes hoy, para terminar de recabar evidencias.

Es lamentable y repudiable lo que le ha ocurrido a nuestros hermanos. EXIGIMOS QUE SE HAGA JUSTICIA...!

http://resistencapacificaelescobal.blogspot.com/2013/04/balazos-cortesia-de-minera-san-rafael.html

NO SEÑOR TRADUCTOR

No señor traductor
le dije vagina no estómago
no sé como se lo habrán enseñado a usted
pero yo sé la diferencia entre un golpe en el estómago y una violación
si señor traductor, una violación, con todas las letras
si señor traductor, muchas veces
sí señor traductor, los soldados
si señor traductor, tantos que perdí la cuenta
si señor traductor, sangré mucho
venga aquí señor traductor, 

... tome un poquito de agua para que pueda repetirlo conmigo muchas veces
ay señor traductor, siéntese, respire, tranquilícese, no tenga vergüenza
ay señor traductor, que usted tiene la edad de mis hijos?
Que no conoce a su padre?
Que su madre se parece a mí?
Qué tiene pena? 
Llore señor traductor,
seque sus lágrimas
ahora HABLE.

-Lucía Robles-

Guatemala: Difamación contra la defensora de derechos humanos Claudia Virginia Samayoa y allanamiento en las oficinas de UDEFEGUA

Claudia Virginia Samayoa

El 21 de abril de 2013 la defensora de derechos humanos Claudia Virginia Samayoa fue acusada, en un documento publicado por la Fundación Contra el Terrorismo, de intentar de culpar a laPolicía Nacional Civil (PNC) por enfrentamientos violentos entre ellos y  poblaciones locales.

Claudia Virginia Samayoa es la coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala – UDEFEGUA. Anteriormente, el 18 de abril de 2013, la oficina de UDEFEGUA en Nebaj, en el Departamento de El Quiché, fue allanada. UDEFEGUA apoya al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos para prevenir y responder a los riesgos de seguridad, a través del trabajo de monitoreo, verificación y apoyo. La organización también desempeña un papel esencial en la protección de los testigos en el proceso histórico de genocidio contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.

El 21 de abril 2013, La Fundación Contra el Terrorismo, una organización fundada por ex-officiales militares y personas que soportan al militar, publicó un documento de veinte paginas llamado 'La Farsa del Genocidio en Guatemala – Conspiración Marxista desde la Iglesia Católica'. En este documento se publicó una foto de Claudia Virginia Samayoa y la acusan de intentar de culpar a la PNC por enfrentamientos violentos entre ellos y poblaciones locales. La defensora de derechos humanos ha sido previamente sujeta de amenazas y declaraciones difamatorias, y fue sujeta de un llamamiento urgente de Front Line Defenders el 21 de noviembre 2012 cuando fue acusada de incitación de enfrentamientos violentos.

La oficina de UDEFEGUA en Nebaj fue allanada el 18 de abril de 2013, después de la emisión de la suspensión del caso sobre la responsabilidad de dos militares de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Como resultado de las continuas amenazas contra la organización UDEFEGUA había tomado precauciones de seguridad y no habían dejado computadoras o documentación en la oficina de Nebaj. Hay evidencia de que durante este allanamiento había un intento de búsqueda de información y de archivos. El allanamiento de la oficina fue denunciado a la policía en la tarde que ocurrió, y están esperando investigación adicional. UDEFEGUA están dispuestos a aclarar que sólo su organización fue afectada por el allanamiento.

Este incidente es lo último en una serie de amenazas y actos de intimidación contra defensores y defensoras que defienden testigos en el proceso de genocidio mencionado. Se produjó en un contexto de violencia e intimidación hacia los defensores y las defensoras de derechos humanos, incluso el asesinato y la criminalización en contra de los y las defensores de los derechos indígenas, y la impunidad de los autores de abusos contra los derechos humanos en Guatemala.

Front Line Defenders considera que UDEFEGUA ha sido el objeto de ataques por el solo motivo de su trabajo legítimo y pacífico como defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular su trabajo en la protección de los testigos en el proceso contra Efrían Ríos Montt.

http://www.frontlinedefenders.org/es/node/22452#.UXv7Ajs8biA.facebook

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La paz de los sholones

Según el teórico italiano Antonio Gramsci, los intelectuales son empleados del grupo dominante, encargados de generar consenso entre las masas sobre la dirección que imponen a la vida social quienes gobiernan (y sobre el modelo productivo que proponen); además de hacer las leyes que harán cumplir la dominación en momentos de crisis, cuando no haya consenso.

Por Justo Pérez*

"A pesar de contener pautas declarativas que pretendían mejorar la situación del país, los Acuerdos también pueden ser entendidos como una pausa a la barbarie militar, necesitada por las élites para aplicar el modelo económico neoliberal que el PAN instauró"

Es por ello que a Zury Ríos le brillaron los ojos cuando observó el rédito que podría obtener del comunicado hecho por doce antiguos funcionarios, reconocidos por ella como intelectuales, los cuales afirman en su texto que la acusación por genocidio es una “fabricación jurídica”; dirigida contra el Estado de Guatemala; que no corresponde a la voluntad de las víctimas y las mayorías del país; quienes aspiran dar vuelta al pasado y buscar la reconciliación; y que su juzgamiento produce el peligro de una inminente vuelta de la violencia política, a riesgo de destruir la paz. De lo anterior quedan muchos cabos sueltos, que los firmantes, como “intelectuales”, deberían explicar:

1) La mayoría participó como gestores en la negociación de la Paz, pero también como miembros del gobierno del PAN. Es decir, como intelectuales del partido. A estas alturas del historia, podemos observar que el PAN vio en la coyuntura la posibilidad de desarrollar un modelo económico neoliberal en el país, reformando la Ley de Minería, privatizando la energía eléctrica y otros servicios públicos. ¿No son ustedes entonces, parte de los causantes de la violencia y conflictividad que sí hay hoy en el país, cuando fraguaron la entrega de los recursos naturales a grandes capitales, sin prácticamente ningún beneficio para la sociedad, y sin el derecho de consulta de las poblaciones directamente afectadas?

2) Afirman que la acusación de genocidio es una “fabricación jurídica”. Vaya desafortunada descalificación. De un plumazo, descalifican los peritajes y la documentación presentada en la acusación que por años ha elaborado el Ministerio Público. Pero vamos a un cuestionamiento semántico: ¿No son los Acuerdos de Paz una “fabricación jurídica” también, en los términos que ustedes lo sugieren? Además de asegurar que los militares dejaran los desmanes (aunque todavía mataron a Gerardi, que no se olvida) permitiéndonos hablar −a medias−, ¿Cuáles son los logros objetivos de los Acuerdos de Paz? ¿Tenemos un Estado probo, insubordinado a los grupos de poder, eficiente? ¿Tenemos partidos políticos representativos y democráticos? ¿Se ha revertido la inequidad y miseria? ¿Logró el multiculturalismo la eliminación del racismo? ¿Tenemos una mejor institución policial, capaz de asegurar la integridad de su ciudadanía? ¿Tenemos un ejército desligado del crimen organizado? ¿No hubo una masacre perpetrada por las fuerzas armadas del Estado hace menos de un año? ¿En tiempos de Paz?

3) Afirman que el juicio es contra el Estado. Es falso, pues se acusa dos personas en particular. Pero vale también preguntarse si el Estado de Guatemala no debe rendir cuentas sobre sus actuaciones del pasado. Un Estado  colonial, militarista, autoritario, sobre el que pesan acusaciones por delitos de lesa humanidad. Si en cambio, su frase pretende deslegitimar lo hasta ahora logrado con el juicio, preguntamos ¿No es el juicio por genocidio la causa de que hoy se hable en el mundo de algún avance en términos de institucionalidad y justicia en Guatemala?

4) Con que arrogancia, afirman que el juicio por genocidio “no corresponde a la voluntad de las mayorías”, y más aún, “de las víctimas”. Explíquennos, ¿se hizo una encuesta de opinión o consulta a las víctimas antes de lanzar esta afirmación? ¿Es alguno de ustedes víctima de los desmanes que la población ixil sufrió durante el conflicto armado, como para asegurar que el juicio por genocidio no les resarce? ¿Creen que ese infierno se perdona con las firmitas de un par de “sholones”, y una bolsa de víveres?

5) ¿Qué los guatemaltecos, pero sobre todo, que las víctimas quieren dar vuelta al pasado? Vaya sugerencia facilona, más acorde a lo que pregonan las iglesias evangélicas y los “cerebros” de la Marro, que a la explicación de un estadista. ¿De verdad creen que las víctimas pueden dar vuelta al pasado sin justicia por los desmanes? ¿De verdad creen que se puede construir país, cuando cada vez que se cava para instalar un cimiento, se encuentra un cementerio clandestino? ¿Construir país, tomando como base delitos de lesa humanidad y genocidio impunes?

6) Aseguran que “esta acusación de genocidio implica −de consumarse− el peligro inminente de que la violencia política reaparezca”, lo que viene a desestabilizar los logros de la Paz. Aunque se permitió el fin de ciertos desmanes militares –que ustedes nos sugieren, volverán–vale preguntar ¿Por qué la búsqueda de justicia riñe con la Paz? Pero también, si ¿Hay paz hoy en Guatemala? ¿Con 16 muertos diarios? ¿Donde gana una oferta electoral de “mano dura”? ¿No es Guatemala hoy una jungla, en la que cualquier día podemos perder la vida? ¿No es creciente el hostigamiento y muerte de defensores de Derechos Humanos? ¿No se sigue ignorando, criminalizando y atacando la voluntad de las poblaciones que se oponen a la imposición de los proyectos extractivos, a los que el PAN dio plataforma?

El genocidio, los delitos de lesa humanidad y las desapariciones selectivas emprendidas por el Estado contra su población, diezmaron la organización social, provocando que lo dispuesto en los Acuerdos de Paz se llevara adelante en proyectos que no tuvieron oposición ni fiscalización política efectiva. A pesar de contener pautas declarativas que pretendían mejorar la situación del país, los Acuerdos también pueden ser entendidos como una pausa a la barbarie militar, necesitada por las élites para aplicar el modelo económico neoliberal que el PAN instauró.

En tanto, el comunicado, en vez de revertir, puede legitimar la violencia que desaten los gorilas. Si la violencia vuelve a surgir (¿cuándo acabó?), será porque este país no conoce su historia, y sus débiles –e intervenidas− instituciones no la han juzgado ejemplarmente. Por el momento en que decidieron lanzar sus apreciaciones, los intelectuales están coadyuvando a que la justicia, independiente e imparcial, procure la verdad y el juzgamiento ejemplar de los desmanes ocurridos, consolidado una institucionalidad que pueda velar para que no vuelvan a ocurrir. Así como coadyuvaron a un gobierno neoliberal cuya política económica genera hoy una enorme conflictividad social. Esto no es ninguna especulación.

¿Qué quieren legitimar los doce intelectuales? ¿Cuáles logros de la Paz? ¿O más bien, quieren que aceptemos el modelo económico instaurado a finales de los noventa, que además de propulsar la inequidad y conflictividad, tiene un origen criminal impune?

 * Guatemala (1985). Estudié Ciencias Políticas. Disfruto el cine, la música, viajar, y me esfuerzo en leer cuanto pueda. Inconforme con la desigualdad, conservadurismo, violencia y racismo presente en este pedacito de tierra (ahí, en medio de los bellos paisajes). Integrante del Grupo Intergeneraciona

lhttp://www.plazapublica.com.gt/content/la-paz-de-los-sholones

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El juicio por genocidio no es traición a la paz

Por Luz Méndez Gutiérrez(i) - Guatemala, 26 de abril de 2013

Este 26 de abril se cumple el 15º aniversario del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, quien dirigió uno de los informes de la verdad sobre el conflicto armado en Guatemala. Fue también un 26 de abril, de 1991, cuando se suscribió el acuerdo que marcó el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), proceso que culminó el 29 de diciembre de 1996.

Es muy significativo que estos dos aniversarios coincidan con el juicio por genocidio contra el pueblo ixil, que se desarrolla en los tribunales de justicia de Guatemala contra los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez.

Este juicio ha desatado el mayor debate público en Guatemala durante los últimos tiempos. En el marco de ese debate, un grupo de personas que ha ocupado altos cargos en el gobierno, algunos de los cuales fueron signatarios de los acuerdos de paz, se pronunció expresando que el juicio por genocidio constituye una traición a la paz.

En primer lugar, es necesario recordar que en los Acuerdos de Paz quedaron claramente reconocidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado de Guatemala asumió compromisos específicos para garantizar el ejercicio de estos derechos.

Resultado relevante de los Acuerdos fue la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), a la cual le fue asignada la misión de aclarar, en detalle y con toda objetividad, las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia vinculados con el conflicto armado, con el fin de hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad histórica, evitar que tales hechos se repitieran, así como contribuir a la conciliación y la democratización del país.

En el informe Guatemala: Memoria del Silencio, la CEH resaltó que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los años 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya, incluyendo la región ixil. La CEH documentó cómo la violencia sexual contra mujeres mayas fue un elemento constitutivo del genocidio, ya que fue utilizada con el objetivo de exterminar a las mujeres, por ser ellas las responsables de la reproducción física y cultural del colectivo que había sido catalogado como enemigo del Estado.
Con el fin de garantizar el acceso a la justicia y erradicar la impunidad, en los Acuerdos se incorporaron compromisos dirigidos a la creación o reforma de leyes, la construcción de institucionalidad y la reforma del sistema de administración de justicia.

Con relación al conflicto armado, en los Acuerdos de Paz se prohíbe expresamente la extinción de responsabilidad penal o amnistía por los delitos que son imprescriptibles de acuerdo con el derecho interno y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Al mismo tiempo, se declaró la extinción de responsabilidad penal por delitos políticos y delitos comunes conexos cometidos durante ese período.

Como resultado de los Acuerdos, en la Ley de Reconciliación Nacional se estableció que “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”(ii). Por todo ello los generales enjuiciados por genocidio no pueden ser amnistiados.

Con relación al Organismo Judicial y el Ministerio Público, en los Acuerdos de Paz el Gobierno se comprometió a respetar la autonomía y la libertad de acción de estas instituciones. En cumplimiento de este compromiso, el Ejecutivo está obligado a abstenerse de emitir opinión o influir de cualquier manera el actual juicio por genocidio.

El pueblo ixil tiene derecho a un juicio imparcial y con igualdad ante la ley. La reforma del sistema de justicia incorporada en los Acuerdos estuvo destinada a garantizar que el proceso judicial fuera “el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley”(iii).

Merecen reconocimiento las mujeres y hombres ixiles que tuvieron el valor de testificar en las audiencias públicas y exigir su derecho esencial a la justicia. Ellos relataron crímenes atroces que impactaron profundamente en la conciencia de amplios sectores de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional.

Las jóvenes generaciones tienen derecho al conocimiento de la verdad histórica sobre el conflicto armado. Este juicio ha significado la oportunidad para que esa verdad se conozca, proceso que había quedado truncado en gran medida después del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, perpetrado un día después de la presentación del informe Guatemala nunca más.

También merecen reconocimiento fiscales, juezas y jueces que en el juicio por genocidio han demostrado su compromiso con la justicia, su voluntad de poner fin a la impunidad, en medio de un sistema judicial que de manera abrumadora continúa bajo el control de los grupos dominantes en lo económico, político y militar.

No están traicionando la paz las organizaciones de víctimas y querellantes, así como tampoco las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de pueblos indígenas, los ciudadanos y ciudadanas que han acompañado el proceso judicial por genocidio. Lo que están haciendo es ejercer su legítimo derecho a exigir justicia. Con ello están contribuyendo a que se cumpla con el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz, para que éstos dejen de ser letra muerta y se conviertan en herramientas para la construcción de la democracia, la justicia social, el Estado pluricultural y multiétnico. Se trata de la paz sustentada en la verdad y la justicia, de la paz verdadera.

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(i) Luz Méndez participó en las negociaciones de paz formando parte del Equipo Político-diplomático de URNG; fue integrante del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, electa por las organizaciones de mujeres; participa en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.

(ii) Artículo 8, Ley de Reconciliación Nacional.

(iii) Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.

www.albedrio.org