viernes, 22 de febrero de 2013

Mientras el presidente “Patriota” promueve las inversiones Europeas en el Río Polochic empresas extranjeras destruyen cultivos de Campesinos.

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Entre los días de 11, 12 y 14 de febrero, tractores y maquinaria pesada del ingenio 
azucarero Chabil Utzaj propiedad del grupo Nicaraguense Grupo Pellas, 
destruyó los cultivos que habían sido plantados por 78 familias de la Comunidad
Agua Caliente, en el municipio de Panzós, una de las 14 comunidades que
fueron desalojadas en marzo del 2011 en el Valle del Polochic. Estas familias 
son parte de las 769 familias que gozan de Medidas Cautelares por parte
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y son parte a las que
el presidente se comprometió a adjuntar tierras.

Ante la falta de cumplimiento a los compromisos del gobierno a dos años de los desalojos
violentos estas familias sembraron maíz, frijol y matas de banano para su alimentación a 
orillas del río Polochic, en terrenos que, de acuerdo con el artículo 122 de la constitución
de la republica, son reserva territorial del estado.


El 11 de febrero, las familias afectadas pidieron a los empleados de la empresa que se les 
permitiera recoger la cosecha, la cual estaría lista en un mes y les ayudaría a mitigar el 
hambre, No obstante, los trabajadores del ingenio no accedieron y procedieron a destruir 
y robar las siembras, una perdida que según los damnificados asciende a 2 mil quetzales 
por familia.

El gobierno patriota se había comprometido hace ya un año a garantizar alimentación, 
seguridad, vivienda y salud a las comunidades desalojadas en esta etapa de 
expansión de monocultivos para agro-combustibles sin embargo las comunidades
 campesinas continúan siendo impunemente despojadas y lanzadas a la calle sin que el
 gobierno tome acción alguna para mitigar el hambre de cientos de niños denuncio en 
conferencia de prensa una lidereza campesina.


La situación es critica, sobre todo para las mujeres que para garantizar si quiera uno o dos 
platos de comida para sus hijos que presentan graves índices de desnutrición, los hombres
 están estigmatizados y no califican para ser contratados para un proyecto que prometió: 
“trabajos y salarios”. Lo que se vive en la región es un acto inhumano pues la desnutrición, 
la falta de salud, vivienda y educación hace insostenible la presencia humana.
Diversas organizaciones sociales y populares aglutinadas en la campaña Vamos al Grano y la
 Marcha Indígena y Popular hicieron el llamado una vez más para que el gobierno actúe y se
 retomen los compromisos para garantizar la vida e integridad de los hombres, mujeres y niños 
que hoy en el Polochic Resisten a la Inversión Extranjera.

¿Yo, racista?



¿Yo, racista?

Lucha libre
Lucía Escobar
La Prensa del domingo cuenta que hay “brotes” de racismo en el deporte nacional.  A los futbolistas de apellidos indígenas y a los garífunas los insultan o los comparan con monos. Según el reportaje es algo común en los partidos. Los agredidos coinciden en que esto hiere sus sentimientos y ofende su dignidad. Los árbitros no hacen nada aunque constituye un delito punible. A algunos con solo modificar su  nombre, les cambia la suerte como al famoso Pin Plata, que podría llamarle a su autobiografía “Siendo Plata me fue mejor, la vida de Juan Carlos Puac, antes de la fama”.  O el increíble caso del destacado atleta Doroteo Guamuch Flores que cuenta que cuando ganó la maratón de Boston en 1952, tuvo que cambiarse el nombre “para comodidad de los cronistas que no podían pronunciarlo”, y así pasó  a llamarse Mateo Flores, nombre que hoy lleva el Estadio Nacional.  ¡Qué vergüenza ese racismo de Estado!  En Guatemala no hay brotes de racismo, hay un racismo completamente enraizado en la cultura, los chistes, el deporte, la sociedad, en el día a día del guatemalteco, en las aspiraciones de blanquear la piel, de aclarar el pelo, de hablar en inglés dentro de Guate, de estirarse de la nariz, de buscar en el árbol genealógico al abuelo español, en la vergüenza del apellido indígena, en la pena de la mancha mongólica, en el abuso de poder ante el otro, en el genocidio negado, en el “se te sale el indio”, en el “cuando era chiquita era canchita, en el  “hay que mejorar la raza ”. Aquí, no solo hay racismo, sino clasismo, esnobismo y negación. Todos somos racistas (menos yo, por supuesto).  @liberalucha
 >laluchalibre@gmail.com
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130220/lacolumna/225001/

jueves, 21 de febrero de 2013

Secretaría Agraria debe continuar

Opinión: elPeriódico, 21 de febrero de 2013
Ojalá los magistrados de la CC escuchen el rechazo campesino.
Miguel Ángel Albizures
Foto PBI

Hace ocho años se creó por decreto del Congreso, la Ley Marco de los acuerdos de paz, en la cual se reconoce el compromiso del Estado de realizar acciones para su cumplimiento. Anterior a esta ley, se constituyó por Acuerdo Gubernativo 136-2002, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA), que mal que bien ha estado resolviendo parte de la conflictividad agraria, pero ahora vienen, 11 años después, los diputados Ricardo Villate Villatoro y Leonardo Camey Curup del partido Lider, quién sabe para servir a qué intereses, a interponer un Recurso de Inconstitucionalidad para que esa secretaría sea desmantelada y se desconozca todo lo actuado. 

Ojalá y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ratifiquen el fallo que dieron en abril del 2003 cuando mandaron al carajo el recurso de inconstitucionalidad que presentaron Leonel Rodas y Jorge Rolando Rosales y por lo cual les aplicó multa a los abogados Augusto Alejandro Porras Ruano y Juan Francisco Arrazola Ponciano, al denegarles el recurso y fundamentar su fallo. 

Otros pretenden transformar la SAA en un viceministerio de asuntos agrarios, lo que a todas luces afecta la independencia con la que hasta el momento ha actuado, pues estaría sujeta a los intereses que defiende el nuevo Ministro de Agricultura, pero además, atrás del interés de los diputados ponentes, está el interés político del partido que representan, para crear mayor ingobernabilidad, pues al no atenderse los conflictos agrarios, generaría una serie de protestas y movilizaciones que no convienen al país ni al gobierno, pues en el agro hay más de 1,400 conflictos por atender y con justa razón, los campesinos tomarían carreteras para ser escuchados en sus demandas y ese papel, bien o mal lo ha estado jugando esa secretaría que debe buscar una eficiente coordinación con otras instituciones que atienden conflictos similares o que su acción es complementaria. 

Por ello, la CC debe declarar improcedente la petición, tomando en cuenta que la Secretaría Agraria, según su informe, ha recibido desde su creación hasta el 2012, 6 mil 16 casos, de los cuales han sido finalizados 4 mil 712. De ellos 3 mil 554 corresponden a disputa de derechos, 549 a ocupaciones, 80 a límites territoriales y 529 a regularización de tierras. Actualmente, la Secretaría está mediando y conciliando en 1,304 casos que se encuentran en proceso de resolución. Ojalá los magistrados de la CC, escuchen el rechazó de las organizaciones campesinas a la petición de inconstitucionalidad que hacen los diputados.

miércoles, 20 de febrero de 2013

25 de febrero Día de la Dignificacion de las víctimas del conflicto armado interno

CONMEMORACIÓN DEL 25 DE FEBRERO,
DÍA NACIONAL DE LA DIGNIFICACION DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El 25 de febrero de 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH presentó el Informe Memoria del Silencio, en el que se dan a conocer las atrocidades cometidas por las fuerzas represoras del Estado, en particular por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

Dicho informe establece que los hechos cometidos contra poblaciones indígenas son actos de genocidio. Informa además de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas contra población civil, tanto en el área urbana como en las comunidades del país. Nombra los hechos de violencia y represión que sufrió el pueblo guatemalteco en manos de un ejército que con la implementación de la estrategia contrainsurgente cometió delitos de lesa humanidad.

El Estado, a través del Programa Nacional de Resarcimiento, en cumplimiento con las recomendaciones del Informe de la CEH promovió que el 25 de febrero se conmemorara el “Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas”, para honrar a todos aquellos hombres y mujeres sobrevivientes, y dignificar la memoria de aquellas personas que fueron masacradas, ejecutadas y desaparecidas en manos del ejército por la política ejercida desde el Estado.

Es por ello que cada año familiares, sobrevivientes, colectivos y organizaciones sociales y de derechos humanos conmemoran esta simbólica fecha,  no sólo para recordar sino también para honrar la vida y lucha de campesinos, lideres estudiantiles y sindicalistas, académicos, religiosos, hombres, mujeres, niños y niñas, así como para demandar  justicia, resarcimiento y reparación integral porque no se puede dignificar a las víctimas mientras las graves violaciones a los derechos humanos permanezcan en la impunidad y los responsables no sean juzgados y encarcelados.

Este día también recordamos los ideales de lucha de todas aquellas personas  víctimas del conflicto armado, que no tuvieron miedo de callar las injusticias, que trabajaron para que en este país desaparecieran el racismo, la pobreza, la discriminación, y la exclusión, y que siempre defendieron la dignidad y libertad de su pueblo.

Guatemala: Asamblea de Pueblos de Huehuetenango Por La Defensa del Territorio


A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Por este medio les queremos compartir nuestra preocupación por las notas de prensa y la información difundida por  la empresa Hidro Santa Cruz el día de ayer 19 de febrero donde según versión,  50 hombres ocasionaron daños a las instalaciones del proyecto Cambalam, acusando de nuevo  y sin fundamento a los lideres y lideresas de la sociedad civil organizada de Barillas.
Sorprende este tipo de información, puesto que tenemos entendido que a partir de la fallida firma del convenio entre la municipalidad de Barillas y la empresa Hidro Santacruz el 14 de diciembre del 2012; los lideres y lideresas comunitarias de la sociedad organizada han mantenido un proceso de diálogo permanente con el Consejo Municipal así como la organización de 4 multitudinarias movilizaciones pacificas en las fechas 23/12, 07/01, 07/02, 15/02)  para exigir justicia y respeto a sus derechos colectivos en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho.
Y como seguimiento a este  proceso de incidencia pacifica y democrática de los pueblos; recientemente el viernes 15 de febrero la sociedad civil,  organizo la ultima reunión con el alcalde y su consejo llegando a importantes acuerdos y compromisos.  Pero declaraciones del representante de la empresa aparecidos en prensa libre el martes 19 de febrero 2013  indico que " Desde el viernes había presentado una denuncia por posibles ataques". Eso explica entonces la gran movilización de las fuerzas de seguridad por parte del Ministerio de Gobernación hacia Barillas ese día,  porque seguramente esperaban conflictos o mejor dicho provocaciones violentas para justificar el uso de la fuerza, pero al parecer las comunidades no se dejaron intimidar,  ni provocar,  ni mucho menos dejarse infiltrar porque  a pesar de la presencia policial, el evento se torno participativo y pacifico.
Es preocupante el papel que han  jugado los funcionarios del gobierno de Guatemala en este caso, porque lejos de contribuir a las soluciones, parcializan su  posición a favor de la empresa, primero las declaraciones emitidas en España por parte del presidente Otto Pérez donde asegura que en Barillas todo estaba resuelto y que tenia "control" sobre la oposición.  Estas declaraciones además de falsas son irresponsables porque se sigue desconociendo y deslegitimando la resistencia local y comunitaria contra el proyecto Cambalam.
Exigimos a las autoridades correspondientes investigar a profundidad de donde vienen estos tipos de provocaciones, porque podría ser la misma empresa la que este organizando estos actos vandálicos para seguir victimizandose y agudizar la conflictividad y frenar la lucha pacífica de la sociedad organizada de Barillas.
Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales su vigilancia y solidaridad para que en Barillas finalmente vuelva la paz,  se respeten los derechos humanos, sobre todo el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio "desarrollo".
Huehuetenango, febrero 20 de 2013
Asamblea de Pueblos de Huehuetenango -ADH-
Miembros del Consejo de Pueblos de Occidente

¡Desalojo violento de la Comunidad Monte Verde, municipio de Livingston, departamento de Izabal!
Por información proporcionada por comunidades vecinas nos hemos enterado que las doce familias que conforman la Comunidad Monte Verde que está ubicada en la Cuenca de Río Sarstún fueron desalojadas violentamente, hoy martes 19 de febrero, a las nueve de la mañana, por un contingente de aproximadamente 150 policías, acompañados por integrantes de la familia Millán, finqueros de la zona y por personal de Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- quienes a bordo de lanchas llegaron a la comunidad.
Los policías procedieron a destruir los cultivos de maíz, fríjol, plátano y banano e incendiaron las viviendas y pertenencias de las familias campesinas. Fueron detenidos Abelino Ical Caal, Pedro Moo Top, Marcos Moo Coc y Eduardo Icó Coc, entre ellos un menor de edad. Mujeres, hombres, niños y ancianos de las familias de la comunidad se encuentran dispersos en la montaña sin protección alguna.
Exigimos al Ministerio de Gobernación que cesen estas prácticas que violan los derechos elementales de las familias campesinas.
Exigimos al Ministerio de Gobernación que la fuerza púbica cumpla irrestrictamente los protocolos establecidos internacionalmente.
Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos hagan presencia en el lugar.

www.fgtoriello.org.gt

MANIFIESTO PÚBLICO DE RESPALDO AL CUC.


AUTORIDADES INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES 
DEL NORTE DE EL QUICHÉ
ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
MANIFESTAMOS:
Nuestra profunda preocupación ante las distintas agresiones e intimidaciones que viene siendo objeto el Comité de Unidad Campesina -CUC- en especial el dirigente Daniel Pascual por parte de sectores y personas inescrupulosas representantes de los más altos intereses económicos empresariales, políticos y de medios de comunicación del sector más recalcitrante y conservador del país, quienes también vienen haciendo señalamientos y acusaciones a líderes, lideresas, autoridades comunitarias y organizaciones de los pueblos indígenas de promover la conflictividad social, en casos extremos de terrorismo o de desestabilización, como una manera de deslegitimar las luchas sociales en defensa de los derechos colectivos como las tierras y el territorio.  Como caso concreto son los sucesos de las últimas semanas en la comunidad de San Antonio Las Trojes I del municipio de San Juan Sacatepéquez donde la municipalidad local y el COCODE de la comunidad, manipulados por los sectores y personas en mención particularmente por una empresa cementera, acusan al CUC y su dirigencia de violaciones a los derechos humanos de los habitantes de dicha comunidad.
Repudiamos estos actos de agresión, señalamientos y violencia. Y desde ya nuestra solidaridad con el CUC, su dirigencia y las comunidades de San Juan Sacatepéquez, exhortando a no dejarse llevar por las mentiras y manipulaciones mediante campos pagados y otros medios, toda vez son un mecanismo mediático para confundir a la población en general. Por tanto:
EXIGIMOS
A las instancias de Derechos Humanos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, populares, comunitarias, a las Autoridades Indígenas y al mismo Estado guatemalteco como garante del derecho a la vida a ser vigilantes de los diversos hechos de manipulación mediática, de agresiones y de criminalización de las luchas legítimas de los pueblos, así como a la integridad física del dirigente Daniel Pascual al igual que las y los demás líderes y lideresas indígenas y mestizos que cada día luchan por la defensa de sus tierras y territorios ante las nuevas invasiones que sufren por los grandes proyectos extractivos, convirtiendo territorios colectivos y ancestrales en propiedades privadas para el beneficio de empresas nacionales y transnacionales.
El Quiché 15 de febrero de 2013.