Pedro García Arredondo es culpable. Culpable por la quema de 37 personas en el interior de la embajada de España el 31 de enero de 1980. Culpable por intentar asesinar al exembajador español, Máximo Cajal, y al campesino, Gregorio Yujá, en el mismo acto. Culpable de asesinar a los estudiantes universitarios —ametrallados y con tiro de gracia incluido— Jesús España y Gustavo Hernández, dos días más tarde. El Tribunal B de Mayor Riesgo determinó que el exjefe del Comando VI de la Policía Nacional de Guatemala, fue el encargado de dirigir estos dos operativos.
Mañana y tarde, el lunes 20, el día para escuchar la sentencia contra García Arredondo se partió en dos fases.
Mañana
García Arredondo tiene una última oportunidad de defenderse. Frente al Tribunal —integrado por las juezas Jeannette Valdés, Sara Yoc y María Eugenia Castellanos—, y ante los acusadores —Ministerio Público (MP), junto a la Premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchú, y el querellante adhesivo, Sergio Vi—, García Arredondo plantea sus primeros y últimos argumentos. “El MP no pudo demostrar mi responsabilidad. Hubo y hay responsables, claro. Aquí debería estar Donaldo Álvarez Ruiz. Pero no lo está”, dice García Arredondo, acusando a su exjefe, quien se desempeñaba como Ministro de Gobernación cuando ocurrió la matanza, mientras observa a su alrededor, intentando refutar al MP que acredita que la orden de quemar la sede diplomática fue del acusado Arredondo.
Ningún otro jefe de policía, militar o funcionario del Gobierno al que el acusado sirvió, lo acompaña en el banquillo. El entonces presidente, Romeo Lucas García, el jefe de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, o el jefe del Cuerpo de Detectives, Manuel de Jesús Valiente Téllez, (estos dos últimos presentes el día de los hechos), ya murieron. En tanto que Donaldo Álvarez Ruiz, se encuentra prófugo de la justicia desde 1999.
“El mando era del Presidente”, señala García Arredondo. Y para defenderse se refiere a sí mismo en tercera persona: “Pedro era un jefe común y corriente. Pedro no dio la orden. Pedro era alguien que obedecía, que seguía instrucciones. Pero, para el MP Pedro manejó la operación”.
Diez minutos bastan para que el acusado rinda su declaración. Luego de su breve argumento de defensa, guarda silencio. Al finalizar, conforme las personas van saliendo de la pequeña sala de audiencias del tribunal, García Arredondo se desplaza solo del banquillo de los acusados hacia unas sillas laterales de la sala. Allí se queda sentado, inmóvil. Sus tres hijos se acercan a él con bocadillos y un jugo, y lo flanquean, impidiendo cualquier acercamiento. Se ve exhausto, más bien enfermo; con un tono amarillento. Finalmente accede a hablar con la prensa y menciona detalles que no dijo en su defensa ante el tribunal: “Todo es culpa de los campesinos, los terroristas, ellos se inmolaron”, acusa. Luego agrega datos de contexto, guiños políticos e ideología: habla de la relación entre el Comité de Unidad Campesina (organización a la que pertenecían la mayoría de los dirigentes campesinos asesinados) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). “El CUC recibía instrucciones del EGP y el padre de Rigoberta Menchú era dirigente del CUC”, señala.
“El mando era del Presidente”, señala García Arredondo. Y para defenderse se refiere a sí mismo en tercera persona: “Pedro era un jefe común y corriente. Pedro no dio la orden. Pedro era alguien que obedecía, que seguía instrucciones. Pero, para el MP Pedro manejó la operación”.
—¿Estuvo presente el día de la quema de la Embajada? —se le interroga.
—Pedro claro que estuvo presente. Como jefe tenía que estar presente. Pero quien era mi jefe superior era el jefe del Tercer Cuerpo.
—¿Fue el jefe del Tercer Cuerpo (Reynaldo Haroldo Paniagua Cordero) quien dio las órdenes?
—Éramos subalternos de él.
—¿Por qué no está él en el banquillo de los acusados? ¿Por qué cree que solo está usted?
—Él está muerto y los demás también. Soy el único sobreviviente de esta época —responde con voz debilitada y un aspecto que no tiene nada que ver con los relatos de arrogancia, prepotencia y terror, con las imágenes de los videos de la quema de la embajada ni las fotografías en los diarios de la época.
Luego de su intervención, tendrá que esperar seis horas para escuchar la sentencia.
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Mientras el exjefe del Comando VI presta la última declaración, una veintena de personas que ya no cabe en la pequeña sala de vistas, espera en el pasillo adyacente del 15 nivel de la Torre de Tribunales. En su mayoría son mujeres, están vestidas con el traje de Nebaj y ninguna sabe hablar español. Forman parte del grupo de unas 30 personas que han llegado con la intención de escuchar la sentencia desde El Tesoro, una Comunidad de Población en Resistencia (CPR) de la Sierra, asentada desde 1998 en Patulul, Suchitepéquez, después de permanecer en la montaña 12 años escondiéndose del Ejército.
“Son analfabetas del conflicto”, dice Miguel Reynoso, líder comunitario, a quien las mujeres buscan para atender las preguntas. Reynoso dice que la lucha de esta CPR es contra todos los victimarios, tanto García Arredondo como Efraín Ríos Montt. “Ellos piden un olvido inolvidable. Nosotros queremos que se haga justicia. También contra sus propios amigos, empresarios, millonarios, porque su pensamiento era terminar con los indígenas”. Reynoso agrega que a muchos de ellos también les asesinaron a familiares, él perdió a su hermano Francisco Reynoso en Nebaj y a un hijo de dos años, desaparecido en la montaña en 1988.
Tarde
Para Pedro García Arredondo lo siguiente es escuchar la sentencia. “Lo que ustedes decidan quedará en su consciencia”, le ha indicado al tribunal. Cerca de las cuatro de la tarde, prevalece inmóvil rodeado por sus abogados. Nada lo turba, ni siquiera cuando escucha las palabras de la juez presidenta, Jeannette Valdés, que cita un versículo bíblico: “El agua apaga el fuego que arde, Eclesiastés 3:30”, para dar inicio a la lectura de la sentencia.
La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia está abarrotada. En su mayoría, el público que la llena apoya a la parte acusadora. Son las mismas personas en la montaña —más de medio centenar en la montaña— que una hora antes de entrar a escuchar la sentencia, lucían emocionadas, ilusionadas luego de, como decían, “35 largos años de espera”, todos en la parte frontal del Palacio de Justicia.
“35 años de un fuego que no se olvida”, repetían.
Han llegado como parte de las CPR de Patulul, de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango y el área ixil, en Quiché. Y entre ellos, para recordar “el fuego de su memoria”, una mujer hacía una hoguera rodeada de los puntos cardinales con pétalos y tres hombres tocaban la marimba, en las afueras del Palacio de Justicia.
También está Rigoberta Menchú, que en un momento previo a la sentencia se une a la ceremonia y ofrece un breve discurso a los asistentes. El padre de la Premio Nobel de la Paz, Vicente Menchú, fue uno de los que falleció calcinado aquel día. Desde entonces, Menchú ha luchado en Guatemala y el resto del mundo por la justicia en los asesinatos cometidos el 31 de enero del 1980, convirtiéndose, en los años 90, en la cara visible de los familiares de asesinados y desaparecidos durante la guerra. Casi 16 años después de la primera denuncia y con una imagen pública cada vez más débil en Guatemala, Menchú ha tenido una presencia intermitente durante las audiencias previas a la sentencia, donde tampoco asistieron muchos familiares de víctimas de la quema. Sandra Vi, hija del querellante adhesivo, Sergio Vi Escobar, explica que la mayor parte de familiares no había tenido recursos ni tiempo para llegar a las citaciones, aunque otras personas han mencionan las rencillas internas entre organizaciones, que no han querido apoyar a la Fundación Rigoberta Menchú.
Sentadas en las escaleras del palacio de tribunales, un grupo de mujeres de Chajul, con coloridos tocoyales en el pelo, acompañan a Sergio Vi Escobar. Una de ellas es Ana Caba Caba, quien perdió a dos de sus cuñadas, ambas llamadas María Ramírez Anay, calcinadas en la embajada de España. El día de la masacre ella era “patoja” y todavía no estaba casada, pero afirma que ha llegado a apoyar la sentencia, que confía será en favor de las víctimas. “Cree que se va a hacer justicia por los seres humanos”, le traduce del ixil Teresa Escobar Raymundo, lideresa comunitaria, la única que habla español.
Todas ellas han escuchado el inicio de la audiencia. “Estamos aquí en nombre del pueblo de Guatemala para dictar sentencia”, como ha dicho la jueza Valdés. Está presente también personal del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), que han seguido todo el juicio donde han aportado más de 200 documentos como pruebas, el fiscal de derechos humanos, Orlando Salvador López y personal de esta fiscalía; está el diputado Amílcar Pop, de Winaq; y el embajador español en Guatemala, Manuel Lejarreta.
A Arredondo sólo lo acompaña uno de sus hijos, algunos familiares que se sientan en la primera fila, y el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, el único representante visible de la otra versión de los hechos.
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Es la jueza Sara Yoc Yoc la que lee los argumentos del tribunal para fundamentar la sentencia. Repasa los días previos a la toma de la embajada el 31 de enero de 1980. Explica que una delegación de campesinos había llegado a la capital para denunciar masacres, violaciones, desapariciones y secuestros en todo el altiplano guatemalteco. Detalla que durante semanas la Policía Nacional los mantuvo bajo vigilancia. Los siguió. Impidió que fueran escuchados.
Según el Tribunal, luego de escuchar tres meses de testimonios, la ocupación de la sede diplomática española fue pacífica. La policía, concluyen las juezas, se extralimitó en sus funciones. Cortaron las líneas telefónicas, impidieron la asistencia médica de parte de bomberos y Cruz Roja. “No escucharon en ningún momento las peticiones del embajador Cajal ni del excanciller Adolfo Molina Orantes para que se abstuvieran de ingresar en la embajada. Impidieron una vía diplomática. Violaron la autonomía diplomática de los convenios de Viena, como indicó uno de los testigos, al comportarse como bestias”, indica Yoc.
A las 11 de la mañana del 31 de enero de 1980, Pedro García Arredondo fue ubicado en las cercanías de la embajada, estaba a cargo de una veintena de agentes del Comando VI. Apareció rollizo, lento, sombrero tejano, bigote de charro, patillas largas, gestos de enfado. Tenía una orden que cumplir, indicó la juez Sara Yoc. Una orden que escuchó (y fue dicha ante el tribunal) la enfermera de la Cruz Roja, Odette de Arzú: “Sáquenlos a como dé lugar”. La misma orden que luego, según otros testigos, se tradujo en las radios de los agentes del Comando VI durante la operación como: “Que no quede nadie vivo”.
Una orden que escuchó (y fue dicha ante el tribunal) la enfermera de la Cruz Roja, Odette de Arzú: “Sáquenlos a como dé lugar”. La misma orden que luego, según otros testigos, se tradujo en las radios de los agentes del Comando VI durante la operación como: “Que no quede nadie vivo”.
"A este Tribunal le llama poderosamente la atención la presencia de agentes de particular con piochas y hachas abriendo la puerta de la embajada. El acusado sabía lo que iba a suceder y se ve que salió antes, captado por las cámaras de televisión del programa Aquí el mundo, presentada como parte de la defensa", dice Yoc. Argumenta también que todos, desde el presidente hasta el Procurador General de la Nación, tenían conocimiento de los hechos desde las 11 de la mañana.
La conclusión para Pedro García Arredondo: “El acusado ejecutó órdenes de superiores. La orden de matar a todos en la embajada. Aún si eran campesinos, como quedó probado durante este debate”. Fue el responsable de ordenar la quema de la embajada.
Entre las 37 personas que murieron calcinadas se encontraba el exvicepresidenteEduardo Cáceres Lehnhoff; el excanciller Adolfo Molina Orantes; el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol; los empleados de la embajada Luis Felipe Sáenz y María Teresa Villa, Nora Mena Aceituno, Lucrecia de Avilés, Miriam Rodríguez, Lucrecia Anleu, María Cristina Melgar y Mary de Barillas. También los estudiantes universitarios que acompañaron a la delegación de campesinos: Luis Antonio Ramírez Paz, Édgar Rodolfo Negreros Straube, Leopoldo Pineda, Sonia Magalí Welches Hernández y Blanca Lidia Domínguez. Así como los 22 campesinos: María Ramírez Anay, Gaspar Vivi, Mateo Sic Chen, Regina Pol Juy, Juan Tomás Lux, María Pinula Lux, Juan Us Chic, Trinidad Gómez Hernández, Mateo Sis, Víctor Gómez Sacarías, Juan Chic Hernández, Mateo López Calvo, Juan José Yos, Francisco Chen, Salomón Tabico, Juan López Yat, Fernando Antonio García, María Ramírez Anay, Vicente Menchú, Jorge Ángel Xoná, Francisco Tum y Gabino Mario Chupé, campesinos de Quiché.
Quedó probado, según dijo el tribunal, que todos murieron por quemaduras de cuarto grado y asfixia por monóxido de carbono. Los testigos indicaron que alguien había subido, con una especie de lanzallamas, cuando todavía había señales de vida. La juez Yoc explicó que se trataba de Adolfo Cruz Tepez, mano derecha de García Arredondo. Tepez, en las imágenes presentadas por la fiscalía aparecía cargando un cilindro: “No es razonable afirmar que las tres bombas molotov encontradas entre los cadáveres fuera suficiente para acelerar el fuego en el interior de la embajada”, indicó la juez Yoc. La hipótesis del tribunal se enfocó en relatar que había un fuego previo, que incluso pudo haber gas pimienta, pero que el fuego tuvo que haber sido acelerado de una forma externa, por la forma de las llamas desde el interior de la sede diplomática.
Dos días después, el 2 de febrero de 1980, Pedro García Arredondo fue ubicado por el tribunal dirigiendo otro operativo. Esta vez, en los alrededores del Paraninfo Universitario, lugar en donde se llevaría a cabo el sepelio de los campesinos asesinados. En una fotografía, Arredondo —de bigote, patillas largas y el gesto inmutable de fastidio detrás de unas gafas oscuras— aparece sosteniendo un arma de fuego. Según da lectura la juez Yoc, no hay duda de la participación de García Arredondo al frente del Comando VI, en un intento de controlar los cortejos fúnebres organizados por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tampoco dudan de la muerte de los estudiantes Jesús España y Gustavo Hernández bajo las órdenes del acusado.
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Para cada uno de esto delitos el Ministerio Público había solicitado una condena de 1,240 años (30 por cada uno de los 37 asesinados, 50 por delitos de deberes contra la humanidad, 40 por la muerte de los dos estudiantes, y 40 más por el intento de asesinato del embajador Cajal y el campesino Yujá). No obstante, el Tribunal B de Mayor Riesgo decidió tomar sólo una de las 37 muertes ocurridas el 31 de enero de 1980 y sumarlelas muertes restantes, además del asesinato en grado de tentativa y los delitos de lesa humanidad. En total, por la orden de quemar a 37 personas, Arredondo fue condenado a 50 años de prisión. Se le sumaron otros 40 por el asesinato de los dos estudiantes universitarios durante el sepelio de los campesinos. En total, dictó la sentencia: 90 años en prisión.
Una vez que el tribunal ha decidido no responsabilizar al Estado de Guatemala por los actos cometidos por García Arredondo, como funcionario público, los grilletes vuelven a ser colocados en sus brazos para trasladarlo a prisión. Lo más probable es que el exjefe de sección de la Policía Nacional, quien desde 2012 cumple una pena de 70 años de prisión por la desaparición del estudiante Edgar Sáenz Calito, y los 90 que le sumó la sentencia por la quema de la embajada de España, pase el resto de su vida dentro de la cárcel.
Y los años de prisión podrían incrementarse si el MP continúa con las investigaciones en su contra. Según los archivos desclasificados de la embajada de Estados Unidos de los años 80, el Comando VI está vinculado con los asesinatos del alcalde y candidato presidencial, Manuel Colom Argueta y el diputado Alberto Fuentes Mohr. Mientras que otros documentos vinculan a este cuerpo policial con asesinato del líder estudiantil Oliverio Castañeda de León. El MP también investiga a Pedro García Arredondo por la desaparición de 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores en 1981, cuando ya era jefe del Cuerpo de Detectives.
Mientras García Arredondo, ya condenado, comienza a caminar hacia la salida de la sala de vistas, se escuchan los gritos de decenas de personas que han presenciado la sentencia: “¡Asesino! ¡Asesino!”. Quienes gritan, en un inicio, no son los vecinos de las comunidades, son asistentes capitalinos. Al terminar la audiencia, las juezas desaparecen y toda la atención se vuelca hacia Rigoberta Menchú: “Por fin, 35 años después, he visto como se hace justicia”, dice.
Manuel Lejarreta, el actual embajador español considera que ha sido una sentencia favorable. “Se ha impartido justicia, se ha encontrado a un culpable”, indica. “Eso dignifica la memoria de las familias y aunque sólo haya un acusado es importante. Fue un crimen tremendo y los familiares de las víctimas al fin encuentran justicia”.
Moisés Galindo, el abogado que dirigió la defensa de García Arredondo, rodeado por los reporteros, asegura que apelará el fallo, que no ha sido un juicio justo. “Como todos los casos del conflicto armado interno en Guatemala, este también se caerá. Se necesitaba un señalado, pero su responsabilidad, en verdad, no se pudo probar”, señala.
Sergio Vi, hijo del catequista asesinado dentro de la embajada, y segundo querellante adhesivo, se queda solo, dando vueltas por la sala. Lleva puesta la chaqueta ceremonial de Chajul, color granate; en su mirada hay satisfacción. “La sentencia es un reconocimiento por la lucha de todos”, dice.
http://www.plazapublica.com.gt/content/la-justicia-apaga-un-fuego-que-ardio-durante-35-anos
