Tribunal de sentencia de Guatemala absuelve a líderes comunitarios y autoridades ancestrales

Por Aroldo Mateo

Después de 14 meses en prisión preventiva como consecuencia  de una persecución política que llevo la detención arbitraria de siete lideres comunitarios y autoridades ancestrales del departamento de Huehuetenango, Guatemala; Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Arturo Pablo Juan ambos detenidos el 26 de febrero de 2015 sindicados de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal; Bernardo Ermitaño López Reyes detenido el 2 de junio de 2015 sindicado del delito de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal, Mynor Manuel López Barrios detenido el 30 de noviembre de 2013 sindicado de atentado con agravación específica, instigación a delinquir, detenciones ilegales, amenazas, evasión, robo agravado, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar de Santa Eulalia, detenidos el 24 de marzo de 2015 sindicados del delito de detenciones ilegales, coacción e instigación a delinquir, finalmente la verdad y a justicia  llegó, la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, dictó una sentencia absolutoria para los defensores de la vida y de los recursos naturales.

Este acontecimiento  puso en claro la criminalización contra líderes comunitarios que han alzado la voz para defender sus recursos naturales y hacer valer sus derechos de una forma democrática. El desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales, la judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales, constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo en contra de los pueblos indígenas de Guatemala.

Esta sentencia absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los intereses de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, que desde hace varios años ha vulnerado la paz de las comunidades del territorio Q´anjob´al del departamento de Huehuetenango, al querer imponer un modelo de desarrollo sin consultar a las comunidades, en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo y como consecuencia utilizaron el sistema de justicia para detener a los defensores.

En el proceso se evidencio los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra de los líderes comunitarios fueron arbitrarias debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de los pueblos por el Ministerio de Energía y Minas.

La imposición del modelo extractivista en las regiones del país  constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el desarrollo, propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocación de crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.

En este proceso quedó vigente la necesidad de investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia de Huehuetenango como responsables directos de esta tragedia, al mismo tiempo, será necesario un resarcimiento digno a las víctimas de la criminalización por parte del Estado de Guatemala de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

La jueza Yassmín Bariios dijo públicamente creer en la inocencia de los defensores al no existir fundamentos en las declaraciones de las personas que los acusaban  ``las autoridades deben respetar a las comunidades, su forma de organización para devolver la credibilidad de la justicia en Guatemala´´.

Esta sistemática criminalización de las luchas comunitarias incluyó una campaña de difamación y descalificación de las  luchas legítimas, propiciada por las empresas y el mal gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, ahora  detenido por diversos delitos de corrupción.

Admitieron desconocer de los derechos indígenas y de la forma de organización para promover el desarrollo  e instaron a los pueblos a ejercer sus derechos defendiendo el territorio, los recursos naturales.

Por otro lado, llaman a la reflexión a los operadores de justicia a no criminalizar a los pueblos indígenas ya que es necesario fortalecer el estado de derecho en el país y a los empresarios, no criminalizar as conductas ancestrales de los pueblos indígenas marginados históricamente, ya que es necesario que prevalezca la dignidad humana en Guatemala.

Esta situación perversa provocó desestabilidad social, profundizó la estigmatización en contra de defensores de derechos humanos, el odio y racismo en contra de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.

Guatemala: ¡Y de nuevo “venimos a contradecir”[1]!

Gladys Tzul

Gladys Tzul Tzul[2]

Socióloga k’iche’.

Sí. Es tan vivo y presente ese “venimos a contradecir”, que era la frase que daba inicio a varios de los alegatos de las comunidades para recuperar sus tierras y para pedir que los criollos no las invadieran en plena época de la colonia española. Con mas de cinco siglos de perdurabilidad y consistencia las estructuras de gobierno comunal del norte de Huehuetenango siguen contradiciendo y defendiendo sus territorios. Fueron las mujeres y hombres de Santa Eulalia, Barillas, San Juan Ixcoy y San Mateo Ixtatán quienes dieron aviso a otros territorios indígenas que una embestida de despojo de tierras se venía contra las comunidades; hábilmente y con su estrategia comunal de deliberar y de producir discursos y prácticas políticas convocaron a consultas comunitarias para contradecir al modelo extractivo; se declararon territorios libres de minería; organizaron la resistencia y con ello fueron dando cátedra de cómo los pueblos se unen para defender territorios comunales y para defender el agua.  

Lo que ha sucedido en Huehuetenango en estos últimos años da para escribir crónicas y análisis de como las comunidades responden a la represión,  ha habido historias de muertes de maestros, de cierre de radios comunitarias, del encarcelamiento de autoridades comunales, de mucho dolor por la persecución de sus seres queridos.

Historias de q’anjobales ante un tribunal explicando que no han cometido delitos y  que lo que han hecho es defender la vida y el territorio porque así se los han encargado quienes los nombraron en asamblea; de mestizos que se unieron a las autoridades comunales para  defenderla vida; de esposas que sostienen la lucha en las comunidades.

Poco importaría la escritura, si esta tuviera efectos verdaderos de interrumpir la muerte, de liberar a los presos políticos, de evitar la construcción de hidroeléctricas, y de que las instituciones estatales no subordinen a las autoridades comunales.  

Si de algo sirve la escritura, que sea para apoyar el histórico acto de contradecir.  Por ello propongo tres puntos desde los cuales el juicio contra las autoridades comunales del norte de Huehuetenango exhiben el anquilosado corsé de la prolongada colonia en la república guatemalteca,  corsé al cual las comunidades responden y contradicen.  

a) Venimos a contradecir que los niñxs no son violentos, como se atrevió a decir una testigo que presentó el Ministerio Público para acusar a los presos políticos del  territorio q’anjobalano. Lo contradecimos porque somos hijxs de mujeres y hombres que día a día trabajan dignamente, de familias que desde tiempos inmemorables cuidan y cultivan los territorios comunales; aprendimos con nuestros padres y madres una serie de estrategias para organizar la vida en colectivo y para resistir a los despojos. Nuestra escuela política fueron las asambleas comunales, ahí comprendimos que las tensiones se tienen que regular y se equilibran al calor  de las amenazas;  que el trabajo comunal produce riqueza concreta: las fuentes de agua, los ríos, los caminos, las montañas y las fiestas, entre varias más.

Somos comunidades que hemos logrado conservar nuestras tierras  donde hoy día las empresas quieren poner sus hidroeléctricas. Nuestra política comunal hace posible nuestra vida, pero también hace posible la vida de varios cientos de miles más. Las montañas que cuidan en el norte de Huehuetenango surten de agua a gran parte de la población de Guatemala, incluyendo a las personas que osan decir que a los niños  son violentos.

b) Venimos a contradecir, al ministerio público. Las autoridades comunales no son agitadores. Son autoridades comunales y su función es defender el territorio. Haciendo una reflexión de corte histórico podemos nombrar que una de las funciones más importantes de las autoridades se puede resumir de la siguiente manera: “eran responsables de preservar la integridad territorial de sus comunidades frente a las incursiones de haciendas y otros pueblos”[3] No hay disociación entre autoridad comunal y asamblea comunal. Una no existe sin la otra y viceversa. Ser autoridad adquiere un carácter de obligación por vivir en comunidad. Las autoridades comunales encarnan la voluntad comunal, pero al mismo tiempo, éstas se encuentran sujetas a las decisiones de las asambleas comunales[4].  Son las comunidades con sus autoridades quienes por siglos se han hecho cargo de regular la vida comunal y con ellos han aportado al país. Todxs sabemos que donde  hay presencia de autoridades comunales, hay menos conflictos.

c) Venimos a contradecir, a las instituciones de justicia estatal del norte de Huehuetenango. Las autoridades comunales no boicotean a las instituciones estatales. Así lo testimonian los presos políticos, que manifestaron que su función es intermediar y coordinar con los representantes del Estado. Una de sus principales funciones es reducir los conflictos y los enfrentamientos. Las autoridades comunales permanentemente busca la coordinación de actividades, sino, no podríamos comprender que hayan logrado su pervivencia en el tiempo.

Aunque casi todo el tiempo tienen que lidiar con la subordinación de los funcionarios estatales, quienes muchas veces hacen gala de su explícito racismo. Muchos de nosotros sabemos que mientras las autoridades comunales son nombradas y designadas en asambleas, que son cargos honorarios de mucha responsabilidad y que tienen la obligación de conocer y respetar el funcionamiento de la estructura de gobierno comunal así como de las instituciones estatales.  Al contrario, los operadores de justicia del norte de Huehuetenango no tienen ni el mínimo conocimiento del contexto histórico donde trabajan, muchas veces son gente sin experiencia y que tratan con mucho irrespeto a sus usuarios. O, varios de ellos, aún y conociendo de las texturas histórico-políticas de los pueblos donde trabajan, deciden seguir el juego estatal y se hacen cómplices de subordinar a sus hermanos. Mientras las autoridades se acercan para hacer coordinación. Estos les responden con el desconocimiento y la represión.

Así pues, el destino que tengan los presos políticos del norte de Huehuetenango, marcará el rumbo del antagonismo entre comunidades indígenas y estado guatemalteco. Así de radical. El tribunal tiene la oportunidad de comenzar a hacer justicia, de liberarse del espíritu criollo que funda el  Estado guatemalteco. 

Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, y Mynor López. Aquí afuera los estamos esperando.

¡Libertad a los presos políticos!

[1] Tomo este extracto del título del libro de Arturo Warman, que estudia las luchas de los campesinos  del estado de Morelos, en México que reclamaban  sus tierras.  El Título del Libro se deriva de las palabras mismas  de los campesinos. 

[2] Agradezco a  Simón Antonio. Ramón Por invitarme a escribir para FGER. y noticiero Maya K’at.

[3] Tzul Tzul, 2016.  Sistemas de gobierno comunal indígena. Mujeres y tramas de parentesco. SOCEE. TZ’I’KIN  y Maya Wuh.

[4] Este punto se encuentra explicado en el peritaje que presente ante el juzgado de mayor riesgo en el juicio contra los presos políticos de Huehuetenango.