GUATEMALA:: FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS SON VICTIMAS DE TORTURA

Comunicado Familias de Presos Políticos
Las organizaciones abajo firmantes nos preocupa la lenta justicia hacia la libertad de los presos políticos y por eso denunciamos que familias, especialmente esposas e hijas, de siete presos políticos de Huehuetenango están siendo víctimas de tortura porque son violados sus derechos humanos por la detención arbitraria de sus esposos y padres. Al mismo tiempo exigimos la libertad inmediata de estos presos políticos, cinco de los cuales llevan más de un año en prisión preventiva.

La privación de libertad de Bernardo Ermitaño López Reyes (don Taño), Sotero Adalberto Villatoro (don Tello), Francisco Juan Pedro (don Chico Palas), Arturo Pablo Juan, Mynor López, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, quienes son reconocidos como defensores del agua, la tierra y el territorio en el Norte de Huehuetenango. Es una experiencia traumática para sus hijas e hijos, así como para familiares y la comunidad en general.
El impacto emocional para las familias se refuerza porque recientemente algunos de ellos han sido sacados de prisión y conducidos a tribunales, con el pretexto de dar declaraciones y/o asistir a audiencias públicas, las cuales no han sido notificadas a los abogados de los líderes comunitarios.

Por estos hechos las familias temen constantemente por la vida de sus esposos y padres, lo que constituye una tortura psicológica por el temor a que no se les garantiza su seguridad, así como el acceso a los servicios de salud, ya que el estado de algunos de ellos se ha deteriorado por la falta de atención médica y medicinas.

Al igual que las esposas y familias de cada uno de ellos, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento estamos conscientes de lo importante de su lucha y manifestamos nuestro apoyo incondicional para seguir defendiendo el territorio de cualquier despojo que pretende hacer el gobierno de Guatemala en contubernio con empresas nacionales y extranjeras.

Convertir líderes comunitarios en presos políticos es una herramienta política utilizada por organismos del Estado. Es un recurso de poder para amedrentar, someter y destruir la capacidad de resistencia física, psicológica y política tanto de los detenidos, como de sus familiares, vecinas, vecinos y comunidades, ya que todas estas personas se oponen al despojo de sus bienes y territorio por parte de empresas como Hidralia (en Santa Cruz Barillas), Hidro San Luis y el Proyecto de Desarrollo Hídrico, S. A.

Por lo anterior:
Demandamos que se respete el debido proceso conforme a Derecho y que las audiencias no sigan siendo canceladas con el objeto de prolongar la prisión de estos siete líderes, eso significa detener de inmediato el litigio malicioso para favorecer intereses empresariales, que mantiene la fiscalía asignada.
Solicitamos que sean revisados integralmente los procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, para determinar si ha existido injerencia de empresas y funcionarios de este o el anterior ejecutivo, constituidos en CIACS, para la captura y el enjuiciamiento de los líderes comunitarios.
Dado que a los inculpados se les señala de cometer delitos a los que es posible aplicar medidas sustitutivas, exigimos al Organismo Judicial que les sean proporcionadas ya que en repetidas ocasiones se les han negado mediante alegatos improcedentes como posible peligro de fuga y de contaminación del proceso de investigación.
Hacemos un llamado a pueblos, comunidades, movimientos, sociedad civil organizada, personas en lo individual a solidarizarse con los presos políticos y sumarse a la lucha por la defensa del territorio. Convocamos a estar presentes, hoy 8 de junio, por la tarde, en la audiencia por ofrecimiento de pruebas en el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, y a la apertura del debate el 6 de julio, de los casos de don Taño López, Tello Villatoro, Chico Palas y Arturo Pablo.

Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos y que el gobierno de Guatemala garantice, ahora, la seguridad de cada uno de ellos en las cárceles donde se encuentran y proporcione la atención médica de calidad a quienes están enfermos, mientras se da trámite a su liberación.

Solicitamos a la comunidad internacional el acompañamiento y solidaridad, a las y los embajadores que se pronuncien en contra de la persecución y criminalización de la lucha social, actualmente hay más de cien presos políticos en toda Guatemala por defender la vida y el territorio.

Solicitamos que el Estado reconozca y asuma su responsabilidad en el daño causado a los derechos humanos de los familiares.
Si actualmente se realiza una consulta para reformar el sistema de justicia, proponemos igualmente se creen mecanismos de diálogo a fin de abordar un modelo de desarrollo que beneficie a las comunidades, reconociendo la diversidad de los Pueblos que existen en Guatemala tanto en el sistema de justicia, a través de un Pluralismo Jurídico, como en su desarrollo, ya que el extractivismo es una actividad ajena al sentir y pensar de los Pueblos Indígenas.

Ciudad de Guatemala, 8 de junio de 2016.

Familia de Rigoberto Juárez

Familia de Domingo Baltazar

Familia de Adalberto Villatoro

Familia de Arturo Pablo,

Familia de Mynor López

Familia de Francisco Juan (Don Chico Palas)

Familia de Bernardo Ermitaño López

Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, ADH

Asociación Feminista La Cuerda

Alianza Política Sector de Mujeres

Voces de Mujeres

Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres

Consejo Maya Mam de Huehuetenango

Colectivo de Estudios Rurales Ixim

Seminario Permanente de Metodología y Teoría Crítica

Asociación COMUNICARTE

Colectivo Clavel Rojo

Asociación Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas - REDMUCH

Actoras de Cambio

Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez – AFEDES

Mujeres con valor construyendo un futuro mejor – MUVACOFUM

Red Tz'ikin - Realizadores Independientes de Guatemala

Comisión de Apoyo a Presos Políticos, Barillas, Huehuetenango

Colectivo Madre Selva

Asociación de Mujeres Aq’ab’al

UNSITRAGUA Histórica

AFOPADI-Plataforma Agraria

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala - CEDFOG

Andrés Cabanas, periodista

Mario Estuardo López Barrientos

Jaime A. Chicas Zea

Laura Leticia Luja Jiménez

Laura E. Asturias

Tania Palencia Prado

Ana Silvia Monzón

Mirna Ramírez

Lily Muñoz, socióloga feminista

Leonor Hurtado –RPDG, Estados Unidos

Gabriela Diéguez - Estados Unidos

Rodrigo Diéguez - Alemania

María Luisa Rosal-Sagrada Tierra Guatemala

Magdalena Ixquiactap – Guatemala

Plataforma Catalana de Solidaridad con el pueblo de Guatemala

Transnacionales y saqueo. Lo poco que reportan de extracción, no compensa los grandes daños que provocan.

Miguel Ángel Albizures

Los años de resistencia, especialmente de las mujeres de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad que protegían las instalaciones de la mina, por fin han dado resultado. Lejos quedó el día en que una de las mujeres, exponiendo su vida, atravesó su carro frente a la máquina de la muerte, la excavadora que intentaba entrar a las instalaciones, para dar inicio, en esa forma, ese 1 de marzo del 2012, a la prolongada resistencia.

Los recientes allanamientos que el Ministerio Público (MP), realizó en las instalaciones de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), y en otros inmuebles relacionados con la empresa, dejan al descubierto el saqueo que realizan, no solo de oro y plata, sino incluso de posibles piezas arqueológicas que fueron encontradas en las excavaciones, y de las cuales los personeros mantenían silencio. Por fin, las fuerzas de seguridad que acompañaron a los fiscales del MP, han servido para descubrir los ilícitos de una transnacional y no para proteger sus intereses, como hasta hace muy poco tiempo lo venían haciendo.

La continuidad de las actividades de la transnacional, que le importó poco las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, eran descaradas, nos consta a quienes hemos apoyado la lucha de las comunidades, que los trabajos continuaban, pues no solo se veía desde lo alto a los trabajadores, sino la maquinaria, por lo que las declaraciones del abogado y de uno de los empresarios, no solo son falsas, sino representan un amenaza de enjuiciar a Guatemala por las “pérdidas” que han tenido.

El Ministerio Público en los allanamientos, incautó 282 sacos con concentrado de oro y plata y ya el 9 de mayo, había sido detenido un picop y cuatro trabajadores de la mina con 19 costales, y no se hizo caso a las denuncias que se hicieron con anterioridad que se estaba sacando mineral por medio de un helicóptero. Las migajas que estas empresas transnacionales dejan al país, de lo poco que reportan de extracción, no compensa los grandes daños que provocan, por lo que esa concesión por 25 años, que se dio sin previa consulta con las comunidades, debe ser revisada y suspendidas las operaciones de por vida. Las mujeres de La Puya, merecen un monumento, porque a diferencia de los diputados, los gobiernos y sus ministros de Energía y Minas, ellas sí defienden, hasta con su vida, los intereses del país. Esto sin dejar de reconocer la lucha de los hombres de las comunidades que han estado a la par de ellas y sufrieron los garrotazos de los policías que utilizaron los empresarios en defensa de sus mezquinos intereses. El saqueo de oro y plata que hacen las empresas transnacionales, debe terminar.

http://elperiodico.com.gt/2016/06/09/opinion/transnacionales-y-saqueo/

GUATEMALA: ARRAIGAN A REPRESENTANTES DE LA MINA LA PUYA

Pobladores de San José del Golfo piden la suspensión del proyecto minero Derivada VII. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El juzgado Cuarto del Ramo Penal ordenó el arraigo de Daniel William Kappes y Héctor Jacinto Vaides Medina, representantes legales de la mina La Puya, en San José del Golfo. 
Por G. Sánchez y J. Gramajo

La jueza Anabella Acevedo Estévez decidió arraigar a Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., (Exmigua) y Vaides Medina, gerente general de esa compañía, luego de ser denunciados por los delitos de Desobediencia y Explotación Ilegal de Recursos Naturales.

Kappes y Vaides Medina no pueden salir del país mientras se mantiene vigente la orden de arraigo. 

La querella que promovió el arraigo de los representantes legales de la empresa minera fue planteada por el diputado Juan Ramón Lau porque pobladores de la Puya denunciaron que Exmigua continuó operando en San José del Golfo, pese a que fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia en febrero, y se reafirmó el cese de actividades por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo último. 

Exmigua administra el proyecto Progreso VII Derivada, y desde el comienzo ha tenido oposición de los pbladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Por por varios años se mantuvo un plantón que evitaba que se activaran las operaciones libremente en el área.

Clausuran inmuebles 

Las instalaciones del proyecto minero Progreso Derivada VII,  ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la finca Soprana fueron allanadas el pasado lunes; el Ministerio Público (MP) los clausuró luego de efectuar las diligencias. 

Los fiscales localizaron más de 74 sacos con mineral en polvo, además se localizó lo que se cree son piezas arqueológicas que habrían sido encontradas durante la excavación.

La Fiscalía maneja como hipótesis que aunque la mina está cerrada por orden constitucional, algunos empleados de la empresa extraían el material de forma ilegal y lo almacenaban en otros lugares.

A las 21.45 horas de este lunes el MP informó que en la Finca Soprana se localizaron otros 100 sacos de productos, además de otra pieza arqueológica.

Resalta el hecho que en los inmuebles también fue localizada una guacamaya roja, dos loros y plantas que se creen son marihuana.


“La indagación continuó, y se hizo la primera operación para que las personas no siguieran con la explotación en el área, en virtud de que se estableció que incumplieron con la orden de las cortes de suspender los trabajos”, explicó Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Fueron 74 sacos con material que podría contener oro extraído de manera ilegal. (Foto Prensa Libre: Cortesía PNC)

http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/arraigan-a-representantes-de-minera-la-puya

Guatemala: Militares van a juicio por crímenes en Creompaz

Militares van a juicio por crímenes en Creompaz

El Juzgado de Mayor Riesgo A decidió enviar a ocho de 10 militares a juicio, acusados de delitos de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en al menos 535 crímenes durante parte del conflicto armado, entre 1960 y 1996.

Ismael Segura Abularach y Gustavo Rosales García, dos de los 10 militares sindicados, fueron declarados en libertad de manera inmediata, mientras ocho más enfrentarán juicio oral y público por delitos de lesa humanidad.Los acusados aguardan la decisión de la Jueza de Mayor Riesgo A. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

El debate lo conocerá el Tribunal de Mayor Riesgo A por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, que está integrado por la jueza Yassmin Barrios, quién ya dictó una sentencia condenatoria contra Efraín Ríos Montt por genocidio, en mayo de 2013.

Los 10 militares fueron capturados el pasado 6 de enero por su responsabilidad en supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz "Creompaz", en la zona militar 21 de Cobán.

Este lugar, según las denuncias, "fue utilizado como centro clandestinos de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones".

La investigación del Ministerio Público (MP), señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 535 crímenes entre 1978-1990.

Jueza Claudette Domínguez comienza a emitir fallo de audoencia de apertura a juicio por #CasoCreompaz. @prensa_librepic.twitter.com/Je2w78XOnk— Jerson Ramos (@jramos_pl) 7 de junio de 2016

Entre los detenidos figura al exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala (1978-1982) Fernando Romeo Lucas García.

También van a juicio los oficiales retirados José Antonio Vásquez García, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito, Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz Morales, José Antonio Vásquez y Raúl Dehesa Oliva.

Completa la lista de militares Luis Alberto Paredes Nájera, quien ha sido separado temporalmente de este caso debido a que, según análisis forenses, está incapacitado para enfrentar el proceso penal.

http://www.prensalibre.com/guatemala/guatemala/decidiran-si-se-enjuicia-a-militares-por-delitos-lesa-humanidad

GUATEMALA, COMUNICADO APG: ASESINATO DEL PERIODISTA VICTOR HUGO VALDEZ CARDONA

COMUNICADO No. 15-06-2016
LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA (APG) protesta de la manera más enérgica por el asesinato del periodista Víctor Hugo Valdez Cardona, perpetrado por individuos que se conducían en una motocicleta, este martes 7 de junio por la mañana, mientras hacía deporte en la 1a. calle 6a. avenida de la zona 1, de la cabecera del departamento de Chiquimula, cerca de la municipalidad.

El comunicador Valdez Cardona conducía un programa televisivo de corte cultural en una estación de cable local. Él no tenía enemigos, ni recibió amenazas de muerte informó su hija Marlis Valdez.

Este nuevo hecho de sangre vuele a enlutar al gremio periodístico local y nacional.

Esta Comisión ve totalmente inaceptable que el clima de inseguridad que prevalece en contra de los guatemaltecos y en especial de los comunicadores sociales, se siga incrementado arrebatándole la vida a numerosos seres humanos, que están a merced de la delincuencia que no ha sido combatida con efectividad por el gobierno de turno.

Exigimos la localización, captura y consignación inmediata de los responsables, para que se esclarezca este alevoso crimen y se dicten las sentencias que correspondan. Asimismo solicitamos se realicen las acciones necesarias para dar con el paradero de los responsables intelectuales de este deleznable crimen que han provocado sufrimiento a sus familiares, pérdida al gremio y han creado un ambiente de temor indeseable.

Esta Comisión solicita a las autoridades medidas inmediatas de prevención y protección efectivas, tanto en la capital como en los departamentos, lugares donde los comunicadores viven condiciones bastante más peligrosas para el gremio.

Solicitamos a las entidades de prensa nacionales e internacionales estar atentas del cumplimiento de nuestras exigencias para no lamentar la muerte de nuestros colegas.

Guatemala, 07 de junio 2016

MARIO LOPEZ LARRAVE ¡VIVE! PROHIBIDO OLVIDAR

MARIO LÓPEZ LARRAVE

El 8 de junio de 1977 fue ejecutao extrajudicialmente el defensor de la clase obrera guatemalteca: Mario López Larrave, este hecho fue ejecutado por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Lopez Larrave trabajo toda su vida por una Guatemala diferente. Brindó la asesoría necesaria a clase obrera por medio de la Escuela de Orientación Sindical, así como la creación de sindicatos a nivel nacional. Uno de los principales éxitos en su inmensa trayectoria profesional fue la formación del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) el cual fue una manifestación del grado de madurez y unidad que se estaba desarrollando en el movimiento sindical guatemalteco. Al tiempo que continuaba con su trabajo de asesoría a la clase trabajadora. La trayectoria de vida de López Larrave siempre estuvo determinada por su defensa constante de los sindicatos, así como velar por la unidad de las organizaciones de la clase trabajadora.

Compartimos un articulo de 2009 en homeje al compañero de los de siempre:

"Usted, compañero, es de los de siempre. De los que nunca se rajaron, ¡carajo! De los que nunca incrustaron su cobardí­a en la carne del pueblo. De los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre.

" Otto René Castillo.

Foto: Mauro Calanchina

Mario López Larrave (articulo escrito en el 2009)

Empresarios en pacto con los militares.

Miguel Ángel Albizures

A algunos les molesta que recordemos personajes como Mario López Larrave, que fue un ejemplo que muy pocos del gremio de abogados imitaron o se acercaron a la calidad de personas que como él, conjugaron lo ético con el amplio conocimiento del derecho y el servicio desinteresado a la clase obrera. En abril pasado hubiera cumplido 80 años de edad, pero el lunes 8 de junio se cumplieron 32 años de haber caído asesinado por los esbirros de esa época que actuaron respondiendo a un plan premeditado por los políticos de extrema derecha agazapados en el mal llamado movimiento de liberación nacional, y de elementos del sector económico que no soportaban la presencia en las discusiones de un destacado laboralista, a quien no podían vencer con argumentos rebuscados ni retorciendo la legislación laboral a su favor.

López Larrave se graduó de Abogado y Notario en 1958, año en que muchos de los nuevos abogados sólo buscaban ganar dinero, él se interesó en el derecho laboral, en cómo defender a los trabajadores de los patronos que los explotaban y esquilmaban. Era la época en que la “liberación” había disuelto por decreto las organizaciones sindicales y la persecución a la dirigencia era implacable. Como profesional se quedó dando clases en la Facultad de Derecho, de la cual fue secretario y decano. Durante su gestión se creó la Escuela de Orientación Sindical y la Práctica y Secretaría de Derecho Laboral del Bufete Popular. Desde entonces también se comenzó a estudiar la materia de Derecho Procesal del Trabajo.

Es difícil desligar al sector económico recalcitrante de esa época, de su complicidad en el asesinato de López Larrave, pues en 1977 eran los momentos de auge del movimiento sindical al cual él apoyaba decididamente y asesoraba en los diferentes conflictos surgidos por la firma de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Matthew Brooke, en un importante análisis de las “Implicaciones de los empresarios en el conflicto” publicado en el Inforpress de la semana pasada, se pregunta refiriéndose a los empresarios: ¿Sólo fue responsabilidad moral? Y cita el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi): “Esta situación llevó (a) un sector mayoritario de la dirigencia empresarial a establecer un pacto con la cúpula militar en el Gobierno para desarticular el movimiento popular, considerado un brazo más de la insurgencia. La alianza desató la peor ola de represión contra las organizaciones populares en la historia del país”, y en medio de esa ola fue asesinado Mario López Larrave y otros destacados profesionales.

Guatemala Ratifica su Solidaridad y Apoyo al pueblo y Gobierno de la Hermana República Bolivariana de Venezuela

Nuevamente las fuerzas oscurantistas y retrógradas de la derecha latinoamericana, junto a los poderes empresariales de Venezuela enemigos de la democracia, del pueblo y de las políticas que benefician a las grandes mayorías históricamente oprimidas, en contubernio con el Gobierno Estadounidense y empresarios norteamericanos, así como los medios de comunicación serviles a éstos intereses, impulsan un Plan para desestabilizar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y darle un golpe de Estado al Presidente Nicolás Maduro, el cual conlleva medidas tales como: 

1) Boicotear la economía venezolana a través del acaparamiento y desabastecimiento de productos de consumo popular, la especulación económica y en los precios;

2) Especular con el tipo de cambio, generando un mercado negro distante del tipo de cambio oficial, con el objeto de generar descontento en la población que recibe remesas de los Estados Unidos;

3) El financiamiento externo y principalmente norteamericano a los partidos políticos de derecha para comprar votos e impulsar desde la Asamblea Legislativa un Golpe de Estado, tal y como lo intentan hacer en Brasil;

4) La organización y  financiamiento de grupúsculos de choque como parte de la estrategia para generar hechos de violencia en contra de los funcionarios públicos, la población y la infraestructura gubernamental, para posteriormente victimizarse y responsabilizar al Gobierno a través de campañas mediáticas orquestadas;

5) Una conspiración de los medios de comunicación venezolanos e internacionales de derecha, para impulsar una estrategia mediática internacional para desgastar, a través de la difusión de información falsa, montada y tergiversada, al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, utilizando y victimizando a los grupúsculos desestabilizadores para hacer ver que el Gobierno Venezolano está impulsando acciones de represión, situación que es totalmente contraria, pues, quien es víctima de la violencia desestabilizadora es el Presidente Maduro, su Gobierno y el pueblo venezolano;

6) El financiamiento y la utilización de personajes nefastos a nivel latinoamericano, que en concordancia con la estrategia mediática internacional, tales como Álvaro Uribe y Luis Almagro Secretario General de la OEA impulsan mensajes para dividir a la población venezolana, motivar y justificar la violencia de los grupos desestabilizadores, justificar a toda costa una intervención e invasión militar de los Estados Unidos a costa de la vocación pacífica del pueblo Bolivariano de Venezuela y de la libre autodeterminación y soberanía de los venezolanos.

7) El intento fallido de Luis Almagro a través de la OEA con el apoyo de 5 países de aplicar la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, otro elemento más del plan de intervención. 

Todos estos elementos integran la estrategia y las tácticas para justificar e impulsar un Golpe de Estado y la intervención militar de los Estados Unidos, al estilo imperialista en

Latinoamérica, como se dio en Guatemala en el año de 1954 cuando en alianza con grupos oligárquicos y militares traidores dieron un Golpe de Estado al Presidente Jacobo Árbenz Guzmán, hasta la época actual en donde quieren dar un Golpe de Estado en Brasil y ahora en creciente proceso en Venezuela. 

Ante estos acontecimientos el Presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, está defendiendo la institucionalidad del país, defendiendo la vocación pacífica y democrática del pueblo, buscando la estabilidad económica de Venezuela ante el boicot, para lo cual ha declarado un Estado de Excepción y de Emergencia Económica con el objeto de impedir que los grupos empresariales sigan realizando acciones perversas de desabastecimiento, acaparamiento y especulación.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, encontró que la solicitud para la consulta de revocatoria del mando del Presidente Maduro, planteada por la derecha venezolana, contiene firmas de personas que han fallecido y que no son venezolanas, por lo que dicha solicitud es ilegal y a la vez se convierte en un delito cometido por quienes están solicitando dicho referéndum.

A esta situación expresamos:

1. Nuestro rechazo total a las estrategias de la derecha venezolana y el intervencionismo norteamericano, para generar desestabilización y crear condiciones para dar un Golpe de Estado al Gobierno legítimamente electo del Presidente Nicolás Maduro, para lo cual exigimos que los Estados Unidos dejen de: brindar apoyo económico  y político para los grupúsculos desestabilizadores; financiar a los partidos políticos de derecha; impulsar campañas mediáticas distorsionadas y falsas en contra de Venezuela.

2. Nuestra exigencia a los grupos de desestabilizadores que impulsan hechos violentos y políticos y quieren dar un Golpe de Estado, se abstengan de hacerlo, respetando la vocación pacífica y democrática del pueblo venezolano y a participar a través de los medios políticos establecidos en las elecciones nacionales, proponiendo a la población sus candidaturas para la Presidencia como corresponde en el año 2018.

3. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con el Gobierno Bolivariano de Venezuela, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro y todo su Gabinete de Gobierno.

4. Nuestra solicitud a los medios de comunicación internacionales a ser democráticos, veraces e imparciales en la información que transmitan sobre los acontecimientos en Venezuela.

5. Nuestro apoyo y respaldo y solidaridad a Telesur, un medio independiente, objetivo y veraz que acompaña las luchas de nuestros pueblos, Telesur sufre la agresión de los poderes económicos y políticos de la derecha, así como los medios hegemónicos.

Coordinadora Guatemalteca de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela

Comité Promotor Red  Internacional de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo Guatemala.

 

Guatemala, 3 de junio de 2016.