GUATEMALA: PRESOS SIN CAUSA

Abelino Chub Caal:  la injusticia judicial.

 Helmer Velásquez
Uno de los agravantes causales para el atraso democrático y violencia en contra de los sectores populares y sociales, es la reducida interpretación, que de los saberes democráticos y habilidades organizativas de la dirigencia social, tienen los reducidos núcleos de poder en este país. Ellos prefieren referirse a capital humano y por tal entienden a huestes de autómatas, que habiendo cursado lecciones técnicas en el INTECAP, son aptos para incrementar productividad y ganancias a los propietarios del capital, sin cuestionar derechos laborales, menos efectos ambientales de la producción. Son agradecidos. Esta interesada concepción de las tareas sociales del ser humano, concluye aviesamente, que los personajes del pueblo, sus dirigentes, aquellos investidos de sabiduría, autoridad social, responsables por el futuro humano y sus organizaciones, son los enemigos a vencer y arremeten contra ellos y familia. Este es el caso de Abelino Chub Caal y miles más.

Esta sociedad transitó de desaparición forzada, al encarcelamiento basado en calumnias. Las élites de poder, piensan que debemos agradecerles por ello. Se suavizó el castigo. Ahora los casos no se urden en los sótanos de la “inteligencia” militar, aunque cuentan con su concurso. Se fraguan bufetes de palacete y son financiados por jurásicos “emprendedores”, generadores de plusvalía manchada con sangre. Son los mismos que para expiar conciencia impulsan “novedosos proyectos comunitarios”: líos de lámina, tinacos plásticos. Innovadores huertos familiares y transmisión de avanzados conocimientos en confección de ropa y nutrición balanceada –que en su miseria jamás podrán aplicar. Vieja artimaña del merolico gachupín: espejos por riqueza natural. Para los comunitarios que no sucumben ante tanta bondad. Acuden a una estrategia violenta: encarcelarlos. Los delitos endilgados no son problema. Fiscales y jueces ad hoc, les darán forma y trámite: orden de captura, detención: mínimo tres años mientras se investiga y luego liberación por falta de mérito y lo más tenebroso sentencias de diez a cincuenta años de cárcel.

La construcción democrática de este país, es saboteada reprimiendo a la dirigencia social. Miembros del sistema Judicial se prestan a intereses espurios. Vivimos una etapa de capital y horca. El profesor Abelino Chub Caal, es víctima de aquella trama. Luego de tres meses de investigación el MP pidió su liberación, –mayo 2017– por no encontrar indicios de delito. El juez de instancia en Izabal, lo mantiene en prisión y ordena al MP investigar profundo. ¿Diligente juzgador o parte de la conspiración? El Consejo de la Carrera Judicial tiene la palabra. Mientras se averigua: Libertad para Abelino y cientos de presos sin causa.
causa.https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/12/14/presos-sin-causa/
Fotos: Pagina libertad para Abelino

GUATEMALA: COMUNICADO, ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

Ante la opinión pública

En ocasión de la libertad de 6 de los 10 presos políticos
del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos yde la persistente criminalización de defensores de derechos humanos de dicho departamento

Desde hace años el municipio de San Pablo está sufriendo una persecución y criminalización sin precedentes. No sólo autoridades mayas y comunitarias, también líderes sociales y ciudadanos comunes están siendo criminalizados, a fin de que no haya expresiones en contra de proyectos de explotación de bienes naturales; se busca entonces, que no se escuchen voces disidentes.

Damos la bienvenida a…

Damos la bienvenida a Fausto Sánchez, autoridad Maya Mam de San Marcos, quien siendo inocente estuvo privado de su libertad durante 2 años y 3 meses –dos veces absuelto de todo cargo por los tribunales del Organismo Judicial. Exigimos al Estado la reparación económica y moral derivada de su detención arbitraria y de la violación de sus derechos y de su familia.

Damos la bienvenida a Lorenzo Ramírez, Alfonso Chilel, Maribel Díaz, Marco Tulio Pérez y Simeón Mauricio Guzmán –algunos fueron inducidos a declararse culpables por el Ministerio Público, a cambio de condenas más leves, aunque no habían cometido ningún delito.En su mayoría pasaron más de 2 años en prisión; incluso, pasaron más tiempo en la cárcel al tiempo de su condena.

Denunciamos la continua criminalización…

Denunciamos la continua criminalización de Bruno Solís, Nery Santos y Heriberto Santos, a quienes se les sigue impidiendo su libertad con el uso frívolo de recursos judiciales; por ejemplo, el último recurso de casación presentado por parte del "querellante adhesivo", con el único fin de alargar la detención y la violación a los derechos humanos.

Denunciamos la ilegalidad de haber admitido a la Asociación Liga Pro Patria como "querellante adhesivo". Como la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lo dijera en su reciente comunicado, nos "preocupa sobremanera que en esta criminalización jueces, fiscales y abogados tengan algún nivel de participación para lograr criminalizar a las personas". Exigimos la imparcialidad del Organismo Judicial, quien debe rechazar y no dar trámite a espurias actuaciones.

Denunciamos la continua criminalización de Óscar Sánchez, a quién el Juez Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de San Marcos le suspendió el juicio con fecha 13 de marzo de 2017, sin justificar plenamente esta decisión. De esta forma, alarga el tiempo de medidas sustitutivas ilegales, que afectan su derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos.

Denunciamos el litigio de mala fe, evidenciándose en el uso reiterativo del recurso de amparo. Óscar Sánchez e Irineo Plutarco Clemente, fueron víctimas de esta mala práctica, ya que el Ministerio Público y los querellantes adhesivos hicieron uso de la acción de amparo de mala fe, en vez de usar los mecanismos procesales correspondientes; ellos recurrieron al amparo con el pretexto de cuestionar el cambio de delito legalmente resuelto por un juez competente en su oportunidad procesal. Es reprochable que la Sala Mixta del Departamento de San Marcos, haya admitido los amparos, que debieron de haber sido rechazados de plano, ya que no existía agravio, por tratarse de una resolución apegada a derecho.

Denunciamos que existe un número elevado de procesos contra autoridades mayas y comunitarias, en los que se les acusa por el delito de “plagio o secuestro”, cuando es notorio que este delito no procede en ninguna de estas causas penales; se constata que el afán de que se abra a juicio por el delito de plagio o secuestro, es mantener encarcelado a las autoridades y líderes e imponer una sanción mayor (inclusive la pena de muerte) y se trata por ello, de una estrategia de criminalización.

Denunciamos que es inaceptable el impulso de procesos penales de parte de los así llamados “testigos” o “víctimas, para lograr sentencias condenatorias; por ejemplo, la declaración de Casimiro Pérez, cuya credibilidad ya ha sido declarada nula en un proceso anterior (Causa 12005-2014-00385). Sin embargo, la empresa Hidro Sala S.A. y la Asociación Liga Pro Patria siguen insistiendo en su declaración, siendo la única finalidad criminalizar a líderes sociales.

Denunciamos que hasta la fecha la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, no ha resuelto los recursos de exhibición personal interpuestos ya hace más de tres meses, mientras que la referida garantía procesal, debería detectar detenciones arbitrarias e ilegales en forma inmediata e implementar medidas correctivas, dejando en libertad a las personas.

Dejamos constancia expresa de nuestro rechazo a nuevos procesos penales, iniciados en contra de Duarle Licardie y la continuación de los procesos penales en contra de Irineo Plutarco Clemente, Óscar Sánchez, José Mauricio López y Evelio Velásquez, así como un número considerable de órdenes de captura en contra de otros dirigentes comunitarios. Exigimos al Ministerio Público y a la Fiscal General un alto a la persecución penal de los líderes, autoridades mayas y comunitarias, defensores de derechos humanos.

Consideramos inaceptable que los procesos en contra de defensores de derechos humanos y autoridades comunitarias sean impulsados por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FCCO) del departamento de San Marcos. Demandamos que la Fiscal General revise esto de forma inmediata. De lo contrario podría estar aplicando una política criminal del "derecho penal del enemigo", que contradice la Política Criminal Democrática aprobada por el mismo Ministerio Público.

Rechazamos el continuo abuso de leyes para cometer ilegalidades

En vez de aplicarla ley en búsqueda de la verdad y justicia, se tuercen las leyes, códigos y artículos, lo cual es un abuso de poder y se hace con la única finalidad de cometer injusticias, ilegalidades y de perpetuar impunidades de sociedades anónimas que se dedican a la explotación de bienes naturales y territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Exigimos que se respete a las autoridades mayas, comunitarias y líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Recordamos que el Estado debe obligatoriamente consultar a los pueblos indígenas, sobre asuntos susceptibles de afectarlos en sus territorios.

Finalmente, expresamos nuestro apoyo a las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y apoyamos las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad que reafirman que no pueden otorgarse licencias para el uso de bienes naturales, mientras no se haya realizado una consulta a los pueblos indígenas que podrían resultar afectados.

Consejo Mam Te Txe Chman San Marcos
Consejo Sipakapense
Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA)
Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (ADIMA)
Movimiento de Trabajadores/as y Campesinos/as (MTC)
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Juventud Roja

Con el apoyo y acompañamiento de:

Alianza Política Sector de Mujeres
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH)
Asociación Barillense de Mujeres Indígenas Yalmotx
Asociación COMUNICARTE
Asociación Comunitaria para el Desarrollo (SERJUS)
Asociación Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria. Barcelona, España
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala NIMAJPU
Asociación de Desarrollo de la Mujer K'ak'a Na'oj (ADEMKAN)
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Asociación de Organizaciones para el Desarrollo de Colomba(ASODECO)
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Movimiento Nacional Uk´u´x Mayab´ Tinamit
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Asociación Para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU)
Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala (MEJORHA)
Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad (CEIBA)
Asociación Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Broederlijk Denle (BD)
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)
Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH)
Caritas Verapaz
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Análisis Forense y Ciencia Aplicadas (CAFCA)
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ)
Colectivo de Estudios Rurales Ixim
Colectivo Ecologista MadreSelva
Colectivo No'j
Colectivo Popular Otto René Castillo
Colectivo Prensa Comunitaria
Colectivo Tierra y Territorio - Madrid (Estado español)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comisión JPIC, Justicia, Paz e Integridad con la Creación (CONFREGUA)
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango
Convergencia por los Derechos Humanos
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Acción Sancarlista CUNOC
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Plataforma Agraria (PA)
Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International (PI)
Red de Mujeres Positivas en Acción
Sagrada Tierra
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unsitragua Histórica
Voces de Mujeres

Alba Cecilia Mérida, feminista, antropóloga, defensora del Territorio
Andrés Cabanas, periodista independiente
Agustín Rigoberto Calderón Lozano
Begoña Arreche Irigoyen, Barcelona, España
Carlos Pérez Guartambel, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) /   Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI)
Fernando Soto Tock
Leonor Hurtado, Defensora de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas
Helvi Mendizabal
Joaquín Raymundo González
Julia Esquivel
Manuela Picq, Profesora, Departamento de Ciencia Política, Amherst College (USA)
María Beatriz Lozano Pascual
María Eugenia Díaz Díaz
Mario Sosa, académico
Mónica Beatriz Calderón Lozano
Oscar Sierra
Sergio Duarte M.
verónica sajbin, feminista, maya K'iche'
Walter Emilio Cuc S., Director Ejecutivo de FGER


Guatemala, 17 de marzo del 2017.

GUATEMALA:: FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS SON VICTIMAS DE TORTURA

Comunicado Familias de Presos Políticos
Las organizaciones abajo firmantes nos preocupa la lenta justicia hacia la libertad de los presos políticos y por eso denunciamos que familias, especialmente esposas e hijas, de siete presos políticos de Huehuetenango están siendo víctimas de tortura porque son violados sus derechos humanos por la detención arbitraria de sus esposos y padres. Al mismo tiempo exigimos la libertad inmediata de estos presos políticos, cinco de los cuales llevan más de un año en prisión preventiva.

La privación de libertad de Bernardo Ermitaño López Reyes (don Taño), Sotero Adalberto Villatoro (don Tello), Francisco Juan Pedro (don Chico Palas), Arturo Pablo Juan, Mynor López, Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltazar, quienes son reconocidos como defensores del agua, la tierra y el territorio en el Norte de Huehuetenango. Es una experiencia traumática para sus hijas e hijos, así como para familiares y la comunidad en general.
El impacto emocional para las familias se refuerza porque recientemente algunos de ellos han sido sacados de prisión y conducidos a tribunales, con el pretexto de dar declaraciones y/o asistir a audiencias públicas, las cuales no han sido notificadas a los abogados de los líderes comunitarios.

Por estos hechos las familias temen constantemente por la vida de sus esposos y padres, lo que constituye una tortura psicológica por el temor a que no se les garantiza su seguridad, así como el acceso a los servicios de salud, ya que el estado de algunos de ellos se ha deteriorado por la falta de atención médica y medicinas.

Al igual que las esposas y familias de cada uno de ellos, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento estamos conscientes de lo importante de su lucha y manifestamos nuestro apoyo incondicional para seguir defendiendo el territorio de cualquier despojo que pretende hacer el gobierno de Guatemala en contubernio con empresas nacionales y extranjeras.

Convertir líderes comunitarios en presos políticos es una herramienta política utilizada por organismos del Estado. Es un recurso de poder para amedrentar, someter y destruir la capacidad de resistencia física, psicológica y política tanto de los detenidos, como de sus familiares, vecinas, vecinos y comunidades, ya que todas estas personas se oponen al despojo de sus bienes y territorio por parte de empresas como Hidralia (en Santa Cruz Barillas), Hidro San Luis y el Proyecto de Desarrollo Hídrico, S. A.

Por lo anterior:
Demandamos que se respete el debido proceso conforme a Derecho y que las audiencias no sigan siendo canceladas con el objeto de prolongar la prisión de estos siete líderes, eso significa detener de inmediato el litigio malicioso para favorecer intereses empresariales, que mantiene la fiscalía asignada.
Solicitamos que sean revisados integralmente los procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, para determinar si ha existido injerencia de empresas y funcionarios de este o el anterior ejecutivo, constituidos en CIACS, para la captura y el enjuiciamiento de los líderes comunitarios.
Dado que a los inculpados se les señala de cometer delitos a los que es posible aplicar medidas sustitutivas, exigimos al Organismo Judicial que les sean proporcionadas ya que en repetidas ocasiones se les han negado mediante alegatos improcedentes como posible peligro de fuga y de contaminación del proceso de investigación.
Hacemos un llamado a pueblos, comunidades, movimientos, sociedad civil organizada, personas en lo individual a solidarizarse con los presos políticos y sumarse a la lucha por la defensa del territorio. Convocamos a estar presentes, hoy 8 de junio, por la tarde, en la audiencia por ofrecimiento de pruebas en el caso de Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, y a la apertura del debate el 6 de julio, de los casos de don Taño López, Tello Villatoro, Chico Palas y Arturo Pablo.

Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos y que el gobierno de Guatemala garantice, ahora, la seguridad de cada uno de ellos en las cárceles donde se encuentran y proporcione la atención médica de calidad a quienes están enfermos, mientras se da trámite a su liberación.

Solicitamos a la comunidad internacional el acompañamiento y solidaridad, a las y los embajadores que se pronuncien en contra de la persecución y criminalización de la lucha social, actualmente hay más de cien presos políticos en toda Guatemala por defender la vida y el territorio.

Solicitamos que el Estado reconozca y asuma su responsabilidad en el daño causado a los derechos humanos de los familiares.
Si actualmente se realiza una consulta para reformar el sistema de justicia, proponemos igualmente se creen mecanismos de diálogo a fin de abordar un modelo de desarrollo que beneficie a las comunidades, reconociendo la diversidad de los Pueblos que existen en Guatemala tanto en el sistema de justicia, a través de un Pluralismo Jurídico, como en su desarrollo, ya que el extractivismo es una actividad ajena al sentir y pensar de los Pueblos Indígenas.

Ciudad de Guatemala, 8 de junio de 2016.

Familia de Rigoberto Juárez

Familia de Domingo Baltazar

Familia de Adalberto Villatoro

Familia de Arturo Pablo,

Familia de Mynor López

Familia de Francisco Juan (Don Chico Palas)

Familia de Bernardo Ermitaño López

Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, ADH

Asociación Feminista La Cuerda

Alianza Política Sector de Mujeres

Voces de Mujeres

Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres

Consejo Maya Mam de Huehuetenango

Colectivo de Estudios Rurales Ixim

Seminario Permanente de Metodología y Teoría Crítica

Asociación COMUNICARTE

Colectivo Clavel Rojo

Asociación Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas - REDMUCH

Actoras de Cambio

Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez – AFEDES

Mujeres con valor construyendo un futuro mejor – MUVACOFUM

Red Tz'ikin - Realizadores Independientes de Guatemala

Comisión de Apoyo a Presos Políticos, Barillas, Huehuetenango

Colectivo Madre Selva

Asociación de Mujeres Aq’ab’al

UNSITRAGUA Histórica

AFOPADI-Plataforma Agraria

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala - CEDFOG

Andrés Cabanas, periodista

Mario Estuardo López Barrientos

Jaime A. Chicas Zea

Laura Leticia Luja Jiménez

Laura E. Asturias

Tania Palencia Prado

Ana Silvia Monzón

Mirna Ramírez

Lily Muñoz, socióloga feminista

Leonor Hurtado –RPDG, Estados Unidos

Gabriela Diéguez - Estados Unidos

Rodrigo Diéguez - Alemania

María Luisa Rosal-Sagrada Tierra Guatemala

Magdalena Ixquiactap – Guatemala

Plataforma Catalana de Solidaridad con el pueblo de Guatemala