POR NUESTRO DERECHO A LA TIERRA

POR NUESTRO DERECHO A LA TIERRA,

 el problema de la tierra en Guatemala.

19 minutos español 2001

La comisión de Tierras está apoyando diversos procesos de legalización de tierras en comunidades que ya tienen más de medio siglo de vivir en ellas y no hay forma que se las legalicen. Actualmente se lucha para que el gobierno les agilice los títulos.

Este documental se hizo acreedor al Premio de mejor reportaje en el cuarto Festival ICARO a la Creación en Vídeo a nivel centroamericano, realizado en el mes de noviembre del año 2001 en Guatemala.

30 AÑOS ASOCIACIÓN COMUNICARTE 1990 -2020

MES DE JULIO Y AGOSTO COMPARTIREMOS EL ARCHIVO DE DOCUMENTALES

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

DEVOLVIENDO LAS IMÁGENES A LOS ACTORES, LOS TESTIMONIOS DE LAS VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO.

Hablar hoy de Memoria Histórica o de Memoria Colectiva, es hablar del trabajo que COMUNICARTE viene desarrollando desde 1990.

GUATEMALA: EL ETERNO PROBLEMA AGRARIO

— Miguel Ángel Albizures
El problema fundamental sigue siendo la tenencia de la tierra en pocas manos y mientras eso no se resuelva, los conflictos agrarios van a continuar y cada vez con más fuerza.

La sexta avenida, entre quinta y cuarta calles está prácticamente tomada por campesinos, hombres y mujeres que se trasladaron a vivir ahí –frente a Casa Presidencial– porque fueron expulsados violentamente de comunidades en donde vivían, y según lo dicen, están dispuestos a continuar resistiendo hasta tanto el gobierno no les dé una respuesta clara y concreta a sus peticiones que tiene relación con la restitución de las tierras que históricamente les pertenecen.

Todos ellos han llegado de Petén, Izabal, Quiché, Santa Rosa, Escuintla y las Verapaces, pero la problemática agraria está presente a lo largo y ancho del país porque no se ha respetado la posesión histórica de la tierra y las fuerzas de seguridad se han puesto al servicio incondicional de la oligarquía y de las grandes compañías mineras que explotan oro, plata, cobre, níquel, plomo y otros minerales y de quienes les interesa ocupar más tierra para la siembra de palma africana o caña. La tierra, está claro, no es para quien la trabaja, sino para quienes cuentan con el apoyo de los gobiernos para expulsar a las comunidades y tienen recursos para mantener la semiesclavitud en el país.

En lo que va del presente año, doce comunidades han sido afectadas violentamente, en varias de ellas quemadas sus casas, sus chamarras, las pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias han sido abandonadas a su suerte. A nadie le importa la mirada triste de los niños viviendo en condiciones totalmente infrahumanas, ni mucho menos el llanto de las madres que se han quedado solas con sus hijos porque el padre fue asesinado o refundido en la cárcel por luchar en defensa del territorio, por su derecho a la tierra o en contra de las mineras e hidroeléctricas.

Tal como lo señala un dirigente comunitario “El Estado tiene toda la obligación de responder a las demandas de la población afectada por este sistema que nos desaloja, nos criminaliza, nos discrimina y encima nos quieren expulsar de nuestros territorios para proteger sus intereses con empresarios corruptos que impulsan la impunidad en el país”.

El problema fundamental sigue siendo la tenencia de la tierra en pocas manos y mientras eso no se resuelva, los conflictos agrarios van a continuar y cada vez con más fuerza. Y si la criminalización, la represión y la persecución siguen siendo la respuesta del gobierno, no les extrañe que de quinientos pasen a ser miles los que acampen por la Casa Presidencial, el Palacio y las Cortes. El grito por el derecho a la tierra y el respeto al territorio, se escucha en todo el país, si los grandes terratenientes, finqueros, ganaderos, empresarios y el gobierno que les sirve, no quieren oír, aténganse a las consecuencias. La violencia, está demostrado, genera más violencia y las llamadas mesas de diálogo no han servido para nada, sólo para seguir engañando al campesinado.
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/30/el-eterno-problema-agrario/

GUATEMALA: PLANTÓN PACIFICO, COMUNIDADES DESALOJADAS FORZOSAMENTE Y DESPLAZADAS INTERNAS POR EL ESTADO DE GUATEMALA CONSTITUYEN COMUNIDAD FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Familias provenientes de distintas comunidades desalojadas de manera forzosa por el Estado de Guatemala, en los departamentos de Petén, Izabal, las Verapaces, Quiché, Santa Rosa y Escuintla, constituyen una comunidad indígena y campesina, denominada “Comunidad Indígena y campesina de desalojados de manera forzosa y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”, el cual exige al Gobierno de Guatemala, soluciones a la problemática agraria que afecta a las familias y comunidades, la reinstalación de las comunidades desalojadas, el cese a los desalojos y el cese a las políticas represivas, violentas, asesinas y criminalizadoras, implementadas por el Gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.

Las familias que constituyen la comunidad, manifiestan venir preparados para quedarse el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno asuma compromisos y defina soluciones a la problemática que los afecta; “Las familias desalojadas exigimos al Presidente que deje de desalojar a las familias que viven en las comunidades, que deje de perseguirnos y llamarnos invasores y terroristas por el hecho de exigir que se cumplan nuestros derechos, no queremos más violencia, más criminalización ni asesinatos” expresó Lorenzo Pop, en representación de las comunidades de las Verapaces.

“Las Comunidades indígenas y Campesinas presentes, exigen al Estado de Guatemala el cumplimiento de su legítimo derecho a su Territorio, es motivo de repudio ver como el Gobierno Actual, antepone intereses de un sector de poder económico, por encima de los derechos inherentes, inalienables y constitucionales de los Pueblos Originarios, implementando políticas criminalizadoras, represivas, violentas y asesinas en contra de las comunidades que defienden su territorio y su derecho a la vida”, expresó Julian Marcelo Sabuc, coordinador Nacional del CCDA.

Éste mismo día se hizo entrega a la Secretaría general de la Presidencia, un memorial con las exigencias de las comunidades constituidas en la “Comunidad Indígena y campesina de desalojados de manera forzosa y de desplazados internos por el Estado de Guatemala”.
CCDA Presente. 

COMUNICADO DE PRENSA DEL 20 DE NOVIEMBRE

El Comité Campesino del Altiplano, CCDA, y la Asamblea Permanente de Comunidades desalojadas y desplazadas por parte del Gobierno de Guatemala, a la opinión pública, a los medios de comunicación nacionales, internacionales y alternativos, y a la Población en General, MANIFIESTA:

Durante mucho tiempo hemos entablado mesas de negociación con altos funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, con la finalidad de resolver los graves problemas agrarios en distintos puntos del país, sin que hasta el momento hallan resultados concretos y viables para las comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Hemos sido flexibles en nuestras peticiones a tal grado de priorizar entre miles de casos, tan solo 147 conflictos que no representa ni si quiera el 10% de las comunidades que hoy en día no tienen la certeza jurídica de su territorio, esto a pesar de que muchos de los casos las comunidades se han asentado en sus tierras por décadas, incluso siglos, por lo que históricamente ese territorio les pertenece pero aun así, las maniobras oscuras de ciertos sectores se las intenta arrebatar con maniobras ilegales.

La semana recién pasada la asamblea se reunió con líderes y lideresas de 50 comunidades desalojadas de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal, Escuintla, Peten, El Quiche y Santa Rosa, y dimos un plazo de 10 días para el gobierno en turno a través de las instituciones relacionadas al tema agrario dieran una solución a las hermanas y hermanos afectados por los desalojos que han dejado como resultado, Comunidades completas desplazadas en zonas montañosas.

Esto solo demuestra el interés de este Gobierno por acaparar las tierras que con mucho esfuerzo hemos trabajado y las hemos vuelto útiles para las cosechas, ahora ellos lo quieren para seguir con su modelo de desarrollo extractivo, acaparador y explotador que lo único que ha demostrado es la miseria, la exclusión, la discriminación y el racismo para nuestros pueblos originarios.
En esa ocasión también denunciamos el exceso de la fuerza pública para ejecutar un desalojo supuestamente pacifico, procesos en donde participaban cientos de elementos de la Policía Nacional Civil quienes en lugar de realizar su trabajo que es cuidar a la ciudadanía, pasaron a ser parte de los empresarios corruptos e impunes que son favorecidos por el Estado.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO:
La Asamblea de Comunidades desalojadas y desplazadas, se encuentran en asamblea permanente y hemos acordado tomar medidas de hecho durante los siguientes días, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, de territorio, culturales y constitucionales de los habitantes de las comunidades desalojadas.
Exigimos:
• Al Estado de Guatemala Presidido por el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, el cese inmediato de los desalojos forzados y desplazamientos internos, producto de sus políticas represivas, criminalizadoras, violentas y destructivas, cometidas en contra de las comunidades originarias de los departamentos de Izabal, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Santa Rosa y Quiché.
• Demandamos al Estado que resuelva inmediatamente las demandas de tierra de las comunidades, ya que ellos son la base fundamental para la producción de alimentación y auto sostenibilidad de las familias para la generación de ingresos. 
• La depuración de los integrantes del pacto de la corrupción e impunidad en el Congreso de la República que buscan continuamente atentar en contra del bienestar de las grandes mayorías favoreciendo únicamente intereses de sectores de corrupción, del crimen organizado, el narcotráfico, transnacionales y sectores de poder económico, incrementando la impunidad, y la legislación perversa, sumado a que no dudamos que ellos también sean parte de esa secta que desaloja a diestra y siniestra a las comunidades de nuestros hermanos y hermanas.

• Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la aprobacion de medidas cautelares para las familias desalojadas de manera forzada y desplazados internos, consecuencia a las políticas de este Gobierno.
• Solicitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, su vigilancia al cumplimiento de los derechos humanos de las familias desalojadas, y acciones en contra del Gobierno de Guatemala y sus instituciones, debido a la ola de acciones represivas en contra de las comunidades, en las que se han violentado derechos humanos a hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, habitantes de las comunidades.
• A la CICIG, la investigación de las instituciones y los órganos de justicia que han incurrido en ilegalidades al otorgar autorización de desalojos extrajudiciales y anómalas en contra de las comunidades.
Guatemala, 20 de noviembre de 2017
CCDA PRESENTE EN LA LUCHA.

TRANSNACIONALES, OLIGARQUÍA Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. EL CASO GUATEMALA

TRANSNACIONALES Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Jesus González Pazos

Recientemente, delegaciones de distintos países latinoamericanos y europeos compartíamos reflexiones sobre la guerra y el nuevo escenario posible que se abre con los acuerdos de paz en Colombia. Esto ocurría en una pequeña comunidad embera, cerca de la ciudad de Medellín. En esa situación, las autoridades tradicionales nos sorprendían cuando señalaban que hablar de ordenamiento territorial da a entender que es necesario ordenar la tierra. Sin embargo, la naturaleza siempre estuvo ordenada, en equilibrio. Nos decían que es el sistema dominante quien la ha desordenado; luego, lo importante, lo urgente, es “ordenar” el sistema que impacta negativamente contra los territorios, contra los derechos y contra la vida. 

Es un hecho escasamente reconocido que en demasiadas ocasiones, las palabras más sabias no necesariamente se encuentran en los seminarios académicos ni en las grandes conferencias mundiales de economistas o políticos. Por el contrario, la experiencia de cientos, miles de años de comunidades y pueblos a lo largo del planeta es la que se traduce en verdadero conocimiento, tal y como las palabras de más arriba nos transmiten. Es el sistema el problema, pues es éste el que está ocasionando desequilibrios, injusticias, explotaciones sin fin, empobrecimiento para las grandes mayorías, aumento de las brechas de desigualdad, machismos y feminicidios o el cambio climático. Son éstas, junto con otro largo etcétera, algunas de las consecuencias más graves que hoy sufrimos, pero la causa, por mucho que se nos trate de ocultar reside en ese sistema dominante que prima los intereses y beneficios económicos de las élites por encima de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y pueblos, reprimiendo además la protesta cuando ésta se produce. Se nos sigue queriendo mostrar, en el mejor de los casos, solo el dedo (consecuencias) para que no podamos ver la luna (causas).   

Se presenta en estos días el informe titulado “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala”. En el mismo, se evidencia, a través del caso paradigmático de este país centroamericano, cómo la criminalización de las protestas sociales en defensa de los territorios y sus recursos naturales es una estrategia articulada al servicio de las transnacionales y oligarquías locales, para la protección de los intereses políticos y económicos de estas élites y estructuras. Así mismo, este informe deja patente cómo el estado, a través de los sucesivos gobiernos y en el marco del sistema capitalista neoliberal, hace dejación permanente de su obligación de protección y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, de las grandes mayorías, pero de forma especial de los pueblos indígenas, campesinos y de sus derechos sobre los territorios que habitan. 

Esta investigación e informe consiguiente toma como centro el caso de Guatemala por ser el paradigma de este tipo de actuaciones y procesos en todo el continente latinoamericano. De alguna forma, se podría decir que desde los Acuerdos de Paz (1996) que pusieron fin a la larga guerra en este país, se fueron poniendo las bases para el asentamiento del sistema que hoy definimos como neoliberal. La liberalización y privatización de sectores estratégicos, junto al dominio absoluto de los mercados y sus intereses por encima de la política y de las necesidades de las grandes mayorías, son piedras angulares que abrirán y entregarán el país a transnacionales energéticas, mineras, agroindustriales, etc. Guatemala es un país barato y los ingentes beneficios de la explotación de la biodiversidad y otros recursos naturales hacen de este territorio un espacio fácil y cómodo para esta actividad sin control y para el beneficio de todo tipo de transnacionales. Cuentan, desde el principio con la facilidad que da la liberalización de sectores estratégicos (aguas, tierras, hidrocarburos, riquezas minerales…) y, por lo tanto, fáciles de apropiar y explotar por estas estructuras económicas. Cuentan con la oligarquía local que desde sus ámbitos de dominación social y, sobre todo, institucional y legislativo, se convertirán en aliados inmejorables para la entrada y asentamiento de estas transnacionales. Y cuentan con el apoyo del estado que no impone sino irrisorios impuestos a la explotación y aprueba las leyes necesarias que les dan cobertura legal y, cuando es necesario, articula procesos de criminalización contra la justa protesta social de comunidades y pueblos que demandan la defensa de sus territorios y de una vida digna en los mismos. A partir de ahí, líderes y lideresas, autoridades tradicionales y comunidades serán difamados, estigmatizados, acusados y perseguidos hasta su encarcelamiento o muerte, todo ello con el fin de acabar con la protesta. 

Así, los casos analizados en el informe mencionado, que tienen como protagonistas a empresas españolas, se convierten en paradigmas de las actuaciones de la práctica totalidad de transnacionales y oligarquías locales en la globalidad de Guatemala. Porque, desgraciadamente, no es posible concluir que esos casos son la excepción, sino que por el contrario se puede afirmar que son una constante en el país y en el marco de acción del sistema neoliberal hoy dominante. Y por esto último, debe de entenderse también que estas prácticas tienen un ámbito territorial que traspasa las fronteras de un estado determinado, para alcanzar cuando menos también el ámbito continental. El sistema económico y político hoy preponderante en la gran mayoría de América Latina hace que lo que este informe presenta como caso Guatemala, fácilmente podría entenderse como caso Perú, Colombia, Brasil o Argentina. 

Todo ello porque las condiciones globales que hoy se convierten en dominantes tienen que ver con la liberalización absoluta (desregulación) del comercio y las finanzas, con la privatización de muchos de los sectores que hasta entonces habían sido responsabilidad pública, es decir, del estado, con las grandes y rápidas disminuciones (recortes) del gasto social, con el arrinconamiento del estado a un papel de mero gestor de las decisiones macroeconómicas que tomarán ahora los mercados o élites económicas. Tiene que ver también con los ataques constantes y cooptación de los sindicatos y la disminución de la capacidad de presión de las y los trabajadores, así como con la constante precarización del trabajo y del descanso. Por ello, si hablamos de las consecuencias más visibles e inmediatas de estas políticas neoliberales hablaremos de la precarización de la vida o, dicho con otras palabras, del empeoramiento evidente de las condiciones mínimas para una vida digna de las grandes mayorías. Por contra, y en paralelo, se produce un aumento exponencial de los privilegios y beneficios de unas élites cada vez más enriquecidas. Es la llamada acumulación por desposesión (D. Harvey) y el aumento enorme de la brecha de desigualdad, inequidad y las pérdidas de derechos sociales, laborales y políticos de esas mayorías, aunque siempre con un acento de gravedad en las mujeres.

Así el correlato de este nuevo marco brevemente descrito más arriba, serán países y sociedades que traspasan la puerta hacia el siglo XXI, como se suele decir popularmente, con su entrega barata, regalada, a las transnacionales que entrarán a operar en todos ellos sin ningún control por parte del estado y llevándose ingentes beneficios ya que no pagarán prácticamente impuestos ni sus inversiones se traducirán en mejoras de las condiciones de vida de las mayorías. La otra cara de esta misma moneda será la concentración, más si cabe, del poder político y económico. Y los propagandistas de este sistema seguirán diciéndonos que no es para tanto, que debemos mantenernos en nuestra burbuja de cierto bienestar; en suma, que es mejor que sigamos mirando el dedo para no ver la luna. Pero la luna está ahí fuera, solo hay que salir. 

Jesus González Pazos

Miembro de Mugarik Gabe

2017/11/07

INFORME COMPLETO:

http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-transnacionales-Guatemala.pdf

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE DEFENSORAS, DEFENSORES Y AUTORIDADES ORIGINARIAS DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS DE AMÉRICA LATINA

Encuentro Latinoamericano sobre “Estrategias de protección para la defensa del territorio”

30, 31 de mayo y 1 de junio 2017. Casa Xitla, Tlalpan, Ciudad de México

Declaración organizaciones participantes en el Encuentro Latinoamericano de Defensoras, Defensores y Autoridades Originarias de los pueblos y territorios de América Latina. 1

Defensores y defensoras, autoridades originarias de los pueblos y territorios de América Latina nos hemos reunido en la ciudad de México para compartir y analizar nuestras realidades, luchas, desafíos y esperanzas.

Vemos con indignación el avance de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que saquea los bienes naturales, que avasalla los territorios y destruye la vida en todas sus formas. Es un sistema basado en un nuevo colonialismo que genera nuevas formas de esclavitud entre las poblaciones que habitan los territorios devastados por una insaciable codicia. Es un sistema que considera los cuerpos de las mujeres otro territorio a ocupar y a ganar como botín de guerra. Sus impactos se viven con intensidad particularmente en las poblaciones indígenas, rurales, negras, afrodescendientes, mestizas-rurales y quilombolas.

Vemos con dolor cómo se deterioran las aguas, los bosques, las tierras de nuestra región. Y cómo se criminaliza, se judicializa y se estigmatiza a quienes defendemos estos bienes comunes. Vemos con preocupación el acelerado proceso de reconcentración de la tierra y de la riqueza en cada vez menos manos, lo que está generando en nuestro continente monstruosas y peligrosas desigualdades.

Vivimos rodeados de impunidad, de corrupción, de censura, de compra de conciencias, de militarización, sicariato, de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos. Vivimos en narcoestados en los que la vida no vale nada y las leyes son empleadas para reprimir a quienes alzamos la voz y trabajamos porque estos problemas desaparezcan.

Los poderes formales -gobiernos e instituciones-, los poderes fácticos -grandes capitales, transnacionales, narcoactividad, iglesias conservadoras, medios de comunicación cómplices- están fortaleciendo este modelo económico neoliberal y patriarcal que ha hecho del dinero el dios a quien servir a costa de la Vida, arrasando derechos civiles y políticos, derechos culturales, derechos ambientales, todos los derechos conquistados en tantos años para nuestros pueblos.

No aceptamos la manipulación que estos poderes hacen de la historia de nuestros pueblos ni el discurso que pretende hacernos creer que la destrucción de nuestros territorios y el saqueo de nuestros recursos naturales traerán desarrollo, progreso y bienestar.

Consideramos inaudito que en pleno siglo 21 y con el reconocimiento cada vez amplio de la comunidad internacional de los derechos para todo ser humano se continúe encarcelando y asesinando a defensores y defensoras de las aguas, los bosques, las tierras y el territorio.

El saqueo y las injusticias, el abuso del poder ha dejado grandes huellas y duelos aun no resueltos en nuestros pueblos y comunidades. Hemos visto desarticularse el tejido social comunitario y debilitarse los sistemas normativos, culturales e históricos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de sus territorios. Hemos visto desaparecer la autonomía municipal y la de los territorios. Hemos visto incrementarse los feminicidios, la violencia sexual, el tráfico y la negociación con los cuerpos de las mujeres, la fragmentación de las familias, el desplazamiento forzado de poblaciones que dejan atrás sus hogares, sus afectos, sus recuerdos. Hemos visto vivir a mucha de nuestra gente en incertidumbre y permanente zozobra, con el temor diario de perder la vida.

En el día de hoy, también en el de mañana y en el de pasado mañana, en cada uno de nuestros países, en cada territorio de Nuestra América, una defensora, un defensor, una persona, será asesinada, encarcelada, desaparecida, torturada, amenazada, violada o desterrada por defender derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es para enfrentar tanta muerte que defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente quienes defienden el medioambiente y los territorios estamos tejiendo alianzas estratégicas que sean duraderas y que nos permitan protegernos mejor y fortalecer la organización, las resistencias y la acción política.

Hacemos un llamado a otros pueblos, a académicos, intelectuales progresistas, organizaciones y movimientos sociales, populares y comunitarios a respaldar con decisión y pasión estas luchas y resistencias y a no permitir que avance más este modelo patriarcal, neoliberal y depredador de los bienes naturales, porque si sigue avanzando terminará destruyendo a toda la Humanidad y la vida.

Queremos decirles que, en medio de tanto esfuerzo, seguimos vivos y vivas. Y que nos sentimos alegres de mantener nuestro compromiso de luchar por la Vida. Por la vida de todo las formas de vida. Por la libertad, la justicia y la permanencia de la memoria. Por un futuro mejor para todas y para todos. Por el planeta, nuestra casa común.

En Ciudad México en el primer día del mes de junio de 2017

Organizaciones firmantes y país.

Parlamento Mapuche Río Negro – Argentina

Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – Bolivia

Comissao Pastoral Da Terra (CPT) – Brasil

Movimento Sem Terra – Brasil

Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos – Brasil

Terra de Direitos – Brasil

Anamuri – Chile

Red de Defensa de los Territorios – Chile

Pueblo Mapuche, Comunidad Juan Kurrin – Chile

Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Colombia

Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya – Colombia

Equipo Jurídico Pueblos – Colombia

Movimiento Ríos Vivos – Colombia

Proceso Comunidades Negras – Colombia

Asociación Norte por la Vida (UNOVIDA) – Costa Rica

Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – Ecuador

Asociación de Mujeres de Santo Tomás (Momujest) – El Salvador

Unidad Ecológica Salvadoreña – El Salvador

Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir – Guatemala

Comité Campesino del Altiplano (CCDA) – Guatemala

Consejo de Pueblos K’iche’ CPK – Guatemala

Consejo Mam – Guatemala

Coordinadora Ecuménica y Social en Defensa de la Vida en Zacapa y Chiquimula – Guatemala Gobierno Ancestral Plurinacional Izabal – Guatemala

Jóvenes Organizados en Defensa de la Vida – Guatemala

Madre Selva – Guatemala

Resistencia Pacífica La Puya – Guatemala

Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) – Honduras

Comunidad el Listón – Honduras

Comunidades Zacate Grande ADEPZA – Honduras

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – Honduras

Movimiento Ambientalista de Olancho – Honduras

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz – Honduras

Organización de Mujeres Miskitas – Honduras

Organización Fraternal Negra Hondureña – Honduras

Alianza Sierra Madre – México

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio – México

Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ) – México

Colectivo de Mujeres Hilamos Vida – México

Cooperativa la Tosepan Sierra Norte de Puebla – México

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra – México

Movimiento en defensa del río San Pedro Libre – México

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) Chiapas – México

Tribu Yaqui – México

Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio – México

Movimiento de Mujeres Segovianas – Nicaragua

Movimiento Segoviano Llegó la Hora de la Acción del Pueblo – Nicaragua

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP) – Panamá

Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – Perú

Pueblo Shiwilu de la Amazonía – Perú

Rondas Campesinas femeninas de Bambamarca – Perú

1Este encuentro fue organizado por Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Fondo Acción Urgente – América Latina (FAU-AL), Front Line Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Just Associates (JASS), Pan para el Mundo, Protection International y en coordinación con Aluna Acompañamiento Psicosocial, Comité por la Libertad de Expresión Honduras (C-Libre), Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú, Programa Somos Defensores, Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) y la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) y contó con la participación de distintas defensoras y defensores quienes elaboraron este comunicado.
http://im-defensoras.org/2017/06/declaracion-organizaciones-participantes-en-el-encuentro-latinoamericano-de-defensoras-defensores-y-autoridades-originarias-de-los-pueblos-y-territorios-de-america-latina/